Mes: septiembre 2018

Cosas que Franco no hizo por mucho que se repitan…

por adminBIBLIOTECA / Educación / Narcopolítica / NOTICIASDeja un comentario en Cosas que Franco no hizo por mucho que se repitan…

 

No puedo evitar ver con tristeza cómo algunos comparten estos días fotos de Franco atribuyendo a su dictadura logros que no le corresponden; para los que estéis cansados de propaganda y noticias falsas aquí tenéis la verdad:

Franco no creó la seguridad social – La seguridad social se inicia a través de la comisión de reformas sociales de 1883 y es en 1900 cuando se comienzan a aplicar estas políticas. La seguridad social queda institucionalizada en 1908 a través del instituto nacional de previsión.

Franco no creó las magistraturas de trabajo – Las magistraturas de trabajo se aprueban por la ley de jurados mixtos del 7 de Mayo de 1931 por parte del ministro de trabajo Francisco Largo Caballero.

Franco no creó las vacaciones pagadas – Las primeras vacaciones pagadas se aprobaron en 1918 a los funcionarios del estado, en 1919 a los capitanes y oficiales de la marina mercante y en 1931 la ley de contratos de trabajo en su artículo 56 lo reconocía para todos los trabajadores.

Franco no creó el sistema de pensiones – En 1919 el instituto nacional de previsión establece la imposición de la obligatoriedad de las pensiones y es en 1931 cuando se recoge constitucionalmente y se desarrolla como un seguro unificado para todos los trabajadores.

Franco no industrializó España – La guerra destruyó la industria Española y la época de autarquía comprendida entre 1939 y 1957 acabó con los restos. España no recupera el nivel industrial previo a 1936 hasta el año 1970 según datos del banco mundial.

Franco no creó pantanos – Los pantanos fueron programados en el plan badajoz de 1933 y desarrollados por el ministro de Industria Indalecio Prieto. El plan badajoz comenzó a gestarse a principios del siglo XX.

Franco no fundó ni Telefónica ni Iberia, – Telefónica se funda por iniciativa privada en 1924 e Iberia de forma similar en 1927.

Franco no estableció las primeras ayudas a las familias numerosas – Las primeras ayudas a familias numerosas se establecen el 21 de Junio de 1926 a través del Real Decreto Ley de protección a las familias numerosas de funcionarios públicos y de clase obrera.

Franco no creó las VPO – Las viviendas de protección oficial se crean mediante la ley de casas baratas del 13 de junio de 1911 y se desarrolla a través de un sistema de fundaciones que comienzan a ofrecer viviendas protegidas en 1913.

Franco no nos metió en la ONU – La ONU bloqueó la entrada de España por ser una dictadura, diez años después se desbloquea la entrada por presión de EEUU. Para informarse sobre esto véase “La cuestión Española”.

España no era la 8ª Economía del mundo a su muerte – fue la 10ª según datos del BM, durante la restauración en el siglo XIX y principios del XX era la 6º según la misma fuente.

Con Franco el paro no era inapreciable – La monitorización del paro no empieza en España hasta 1973, pero raro es que hubiera paro después de una guerra y en los años posteriores.

Franco sí cobraba impuestos – solo que su gestión además de corrupta era ineficiente. La aplicación del IVA tampoco se hacía en ningún país europeo hasta los inicios del proyecto económico europeo.

Ah, y para los que dicen que a Pedro Sánchez no lo ha votado nadie y por tanto no tiene legitimidad que sepan que España es una monarquía parlamentaria por lo que el ciudadano no puede elegir ni al primer ministro ni al presidente (Rey) del país.

A ver si esto lo compartís en lugar de compartir la basura que se ve estos días.

El Gobierno aparca el impuesto a la banca «para no ser tildados de peligrosos izquierdistas»

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CARLOS SEGOVIA

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El líder socialista aseguró ayer en la Cadena Ser que sólo plantea ya el de las transacciones financieras

El Gobierno generó ayer un caos con su política tributaria sin explicar por qué daba bandazos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparca ahora el impuesto a la banca sin dar detalles de por qué, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en privado hace unos días a representantes de Podemos que quieren dar una imagen de moderación ante los inversores.

«Lo que nos dice la ministra es que no quieren ser tildados de peligrosos izquierdistas, no es broma», afirma a EL MUNDO el responsable económico de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, que está participando en reuniones de Unidos Podemos con la titular de Hacienda. Fuentes del Ministerio se remiten a lo anunciado por Sánchez y declinan comentar las reuniones de Montero con Unidos Podemos, que «deben ser discretas».

El propio Sánchez ha defendido hasta por escrito la creación de un impuesto a la banca y otro a las transacciones financieras para recaudar 2.000 millones con los que financiar la subida de las pensiones, pero ha cambiado de opinión.

El líder socialista aseguró ayer en la Cadena Ser que sólo plantea ya el de las transacciones financieras, que implica gravar la compra de acciones en Bolsa, sin explicar por qué no continúa adelante con el de la banca. La presión del sector financiero ha sido fuerte y la Asociación Española de Banca y la Confederación de Cajas de Ahorros llegaron a hacer en julio un comunicado conjunto advirtiendo que tal impuesto tendría consecuencias para el crédito y para la recuperación económica.

El impuesto a las transacciones financieras está acordado por el grueso de los países europeos y, en versión muy moderada de la llamada Tasa Tobin, estaba ya siendo preparado por el anterior Gobierno del PP, entre otros de la Eurozona. El planteamiento del PSOE hasta ahora es establecer un gravamen general del 0,1{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} sobre la compra de acciones y dejar fuera las adquisiciones de deuda y de productos derivados.

«No puede ser que se renuncie al impuesto a la banca y que sólo se pretenda poner otro ridículo a las transacciones financieras. Así no va a haber acuerdo ni habrá Presupuestos», afirma Sánchez Mato, que asegura trabajar de forma coordinada con el equipo de Podemos.

Unidos Podemos reclama un gravamen general mínimo del 0,3{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}, no sólo por recaudación, sino para limitar la especulación financiera, y exige que el gravamen alcance también a los productos financieros derivados. El secretario de Economía del PSOE, Manuel Escudero, era partidario de aplicar al menos un 0,01{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} de gravamen a los derivados, pero Montero es reticente con el mismo argumento de no crear alarma ante los inversores, según Sánchez Mato.

Éste considera imprescindible gravar también los dividendos de grandes empresas internacionales, pero el Gobierno quiere elevar al 15{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades sobre la base imponible, no sobre el resultado contable, lo que según el economista de IU deja fuera de la tarta unos 3.000 millones.

El presidente del Gobierno sí confirmó una subida del impuesto sobre el gasóleo por fines medioambientales. «Todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto», dijo el presidente que, al tiempo, excluyó que pueda ser aplicado a los transportistas.

En la misma mañana, la ministra de Industria, Reyes Maroto, presentó la subida como «un globo sonda» por ser «una idea todavía sin desarrollar», según informa desde Santander Matías G. Rebolledo. Maroto se mostró satisfecha, por el contrario, del apoyo fiscal brindado al sector de automoción. Fuentes de Industria aseguran a este diario que la ministra no está en contra del impuesto y que su desafortunada declaración obedeció a que no fue avisada a tiempo del anuncio que había hecho el presidente del Gobierno.

Por su parte, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aboga por una implantación escalonada.

Origen de los latifundios en España. (de Isabelita la guarra y Fernando el capuyo)

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JORNALEROS Y LATIFUNDIOS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

https://youtu.be/BjkZaVDteGM
Jornaleros segando

Durante el siglo XIX la estructura de la economía española siguió teniendo rasgos preindustriales: la mayoría de la población siguió viviendo de la agricultura y con unas condiciones de vida muy difíciles. La persistencia de un minifundismo de subsistencia en el norte y del latifundio en el suroeste garantizaba la miseria de un campesinado que carecía de capacidad de compra, lo que hacía que fuera difícil el despegue de la actividad industrial y comercial. Las reformas liberales y la desamortización en esta centuria no hicieron sino empeorar las condiciones de vida de la población rural y reforzar la mala distribución de la tierra. La desamortiación de Mendizábal incrementó la desigual distribución de la tierra y puso las propiedades rústicas de la Iglesia en manos de la oligarquía, mientras que la de Madoz tuvo gravísimas consecuencias y deterioró ostensiblemente las condiciones de vida campesina, al privar a los más humildes del acceso a las tierras comunales, buena parte de ellas vendidas durante el proceso desamortizador.

En el campo español, a parte de los grandes propietarios existían tres tipos de campesinos:
–pequeños agricultores propietarios, abundantes en el norte de España y no sometidos al régimen señorial;
-pequeños arrendatarios, que arrendaban tierras a los señores y debían de pagar por ello unas rentas. En el norte de España sus contratos eran ventajosos, eran fijos o enfitéuticos; en el sur y centro de España eran a corto plazo y móviles, lo que ponía en difícil situación a los campesinos.
–jornaleros, mayoritarios en Extremadura, Andalucía Occidental y La Mancha, trabajaban para el señor en los grandes latifundios como simples asalariados a cambio de sueldos miserables, estando sometido a una fuerte estacionalidad (trabajaban solo en las temporadas de recolección y siembra).
Especialmente crítica fue la situación del campesinado en el suroeste del país: allí existía una gran masa de jornaleros sin tierras que vivían al límite y sufrían hambrunas periódicas, a la que se unía un nutrido grupo de pequeños campesinos arrendatarios sujetos a duras condiciones que les obligaban a pagar cuantiosas rentas a los grandes terratenientes, verdaderos señores feudales de la edad contemporánea.

En este texto de la editorial Anaya se puede cuantificar la pobreza y el hambre que asolaba a los campesinos jornaleros a comienzos del siglo XX.

Como ya dijimos, la presencia de jornaleros era especialmente relevante en amplias áreas del suroeste peninsular (en el mapa inferior en verde), en las actuales regiones de Extremadura, sur de Castilla-La Mancha y Andalucía centro-occidental, incluyendo también al Alentejo portugués.
Propiedad agraria en la España del siglo XX
En estas áreas, la presencia de una gran masa de obreros del campo, favoreció el desarrollo del movimiento obrero, surgiendo ya en el siglo XIX importantes revueltas agrarias en estas zonas, especialmente durante el sexenio democrático. En el primer tercio del siglo XX las ideologías obreristas se afianzaron en estas zonas, siendo mayoritaria la UGT en Extremadura y la Mancha, mientras que el anarquismo lograba más apoyos en Andalucía.
Sobre las condiciones de vida de los jornaleros en el primer tercio del siglo XX dice lo siguiente la hispanista Helen Graham («Breve historia de la Guerra Civil», Espasa-Calpe,2006):
Los jornaleros agrícolas del «sur profundo» consideraban a la Iglesia un pilar que perpetuaba el orden terrateniente que los oprimía. El sur de España estaba dominado por los latifundios, enormes fincas labradas por campesinos sin tierras cuyas vidas eran una lucha constante contra el hambre. El modelo de fincas inmensas en las que se cultivaba una sola cosecha significaba que los jornaleros dependían de una única fuente de ingresos de la que no disponía más que durante parte del año, en las épocas de siembra y recogida. En ausencia de cualquier prestación de asistencia pública u otras formas de auxilio para los necesitados, esta dependencia convertía casi en esclavos a los pobres sin tierra, a disposición de los terratenientes y administradores de fincas. Los jornaleros recibían un trato brutal de los capataces y la policía rural, la odiada guardia civil que disparaba a la gente sin trabajo que recogía bellotas y leña en las tierras de los latifundistas. El hecho de que el sacerdote del lugar se aliara siempre con el terrateniente y el cabo de la guardia civil hizo de los jornaleros feroces anticlericales y convirtió a la religión en el sur en un tema divisorio en la política y la clase social. El abuso sistemático contra los desamparados hizo endémica la violencia en esta sociedad rural tan reprimida. Pero las periódicas revueltas de esclavos protagonizadas por los jornaleros eran reprimidas con facilidad por la policía, no menos tras la Primera Guerra Mundial que en los periodos anteriores.
Durante la II República, el conflicto agrario estalló con toda su fuerza y su solución se convirtió en una prioridad para los gobiernos de izquierdas y para los sindicatos y partidos obreros. Los sectores derechistas, por su parte, también pusieron toda la carne en el asador para evitar toda posible reforma agraria, lo que ralentizó el proceso y enconó los ánimos de ambas partes. Una muestra del aumento de la conflictividad social en este periodo es el testimonio del militante obrero Juan Misut, que permite hacerse una idea clara de la situación en el sur latifundista durante la República

En los dos mapas inferiores se muestra en primer lugar el porcentaje de la superficie total agraria de los años 30 en manos de latifundios de más de 250 ha., y en segundo lugar los conflictos agrarios en España durante la II República.

Porcentaje de la superficie ocupada por latifundios de más de 250 ha
Conflictividad agraria durante la II República

En 1932 el gobierno de izquierdas de Manuel Azaña puso en marcha la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Aquí presento las consideraciones de uno de los padres de la ley, así como un extracto de dicha ley, ambos publicados en libros de texto de la editorial Anaya. Muy interesante es el documental producido por el Instituto para la Reforma Agraria durante la II República sobre la situación de los yunteros y jornaleros extremeños y que recientemente ha sido recuperado del olvido. Los YUNTEROS era un colectivo especialmente abundante en el sur de Cáceres y toda la provincia de Badajoz y su situación eran muy dura, aunque diferente del simple jornalero. Contaba con una yunta de mulas que le permitía cultivar la tierra del terrateniente en régimen de arrendamiento. Dependía, como el jornalero, del latifundista pero podía obtener su propia cosecha de la que tenía que ceder como pago un porcentaje abusivo al propietario.

Los años de posguerra fueron también de extremas dificultades para los obreros del campo, en un contexto de hundimiento general de la producción agrícola y una fuerte carestía. Entre 1940 y 1945 las hambrunas asolaron las zonas rurales de mayoría jornalera en el suroeste peninsular. El problema del latifundismo y la mala distribución de la tierra fue perdiendo peso progresivamente, a la vez que España comenzaba un rápido proceso de industrialización y urbanización a partir de los años 60 y 70 del siglo XX. La emigración afectó especialmente a jornaleros y junteros y de esa forma la presión sobre la tierra se volvió más soportable y los índices de pobreza menos apabullantes. A pesar de estos cambios, en el agro extremeño-andaluz pervivieron hasta bien entrados los 70 situaciones de explotación y sometimiento inadmisibles; estas situaciones se recogieron de forma magistral en la película Los santos inocentes (Mario Camus, 1984), de la que aquí recojo un fragmento.

                    

Del sufrimiento de millones de personas condenadas al hambre y a condiciones de vida y de trabajo que rayaban la servidumbre se hicieron eco importantes intelectuales de los años 30. Fue el caso del combativo Miguel Hernández, con su emotivo poema titulado El niño yuntero, y también del comprometido Rafael Alberti, que escribió este bello poemita sobre la pobreza de la Extremadura jornalera:
LOS NIÑOS DE EXTREMADURA
Los niños de Extremadura
van descalzos.
¿Quién les robó los zapatos?
Les hiere el calor y el frío.
¿Quién les rompió los vestidos?
La lluvia
les moja el sueño y la cama.
¿Quién le derribó la casa?
No saben
los nombres de la estrellas
¿Quién les cerró las escuelas?
Los niños de Extremadura
son serios
¿Quién fue el ladrón de sus juegos?
En los años 30, durante la República y la Guerra Civil, los jornaleros se adhieron mayoritariamente a los sindicatos obreros y muchos de ellos participaron como milicianos en defensa de la República. De ello dan fe los numerosos carteles propagandísticos que hacían hacían referencia al problema agrario y trataban de movilizar a los jornaleros.
Cartel del POUM durante la Guerra Civil
También numerosas canciones de guerra hacían referencia a sus reivindicaciones, como esta versión de una conocida canción del primer tercio de siglo XX:
En la plaza de mi pueblo
dijo el jornalero al amo
nuestros hijos nacerán
con el puño levantado
con mi arado abro los surcos
con mi arado escribo yo
páginas sobre la tierra
de miseria y de sudor
esta tierra que no es mía
esta tierra que es del amo
la riego con mi sudor
la trabajo con mis manos
pero dime compañero
si estas tierras son del amo
si nunca lo hemos visto
trabajando en el arado.
En la plaza de mi pueblo
dijo el jornalero al amo
nuestros hijos nacerán
con el puño levantado
que mi voz suba hasta el monte
que mi voz baje al barranco
hasta que los jornaleros
se apoderen de los campos.

Otros grupos de rock actual también puesto música a las reivindicaciones históricas y las durísimas condiciones de vida de los jornaleros del sur de España durante los últimos doscientos años. Ese es el caso del grupo Marea con su canción Pan duro, en este caso en interpretada en colaboración con el conocido cantante Fito.

Jornaleros extremeños esquilando en los años 50.
El esquilador de la izquierda en la foto es el padre del autor de este blog.
Por último y en el campo de la narrativa, quisiera añadir también aquí la referencia a dos títulos indispensables para conocer las condiciones de vida en el agro español. Además del trabajo de Miguel Debiles en el que se basa la ya citada película de Mario Camus, habría que destacar la mordaz novela de José Saramago sobre los jornaleros del Alentejo portugués titulada Alzado del suelo y la desconocida obra de la periodista Olga Merino con el ilustrador título de Espuelas de papel. La primera puede, en buena medida, extrapolarse al sur español y la segunda nos cuenta una historia de jornaleros andaluces en el contexto de la guerra civil y su posterior emigración a la Cataluña industrial.
 Blanca Galicia Paredes
Esta entrada va enfocada a analizar el origen de los latifundios en España desde La Reconquista cristiana.
Los verdaderos orígenes de los latifundios se hallan en la Reconquista y la desamortización y no en los factores naturales económicos y sociales, con los que se pretenden justificar,
A medida que se efectuaba la Reconquista cristiana, la mayor parte de los terrenos se repartían entre las órdenes militares, los nobles que figuraban como caudillos y el clero. Las fértiles tierras andaluzas y extremeñas fueron muy codiciadas por los castellanos. La Iglesia, las órdenes militares y toda nuestra aristocracia procuró sacar una buena parte de este preciado botín.
Los latifundios nacieron de un hecho guerrero y político; la naturaleza no ha tenido la más mínima intervención en este engendro.
La expulsión de los moriscos en Andalucía occidental en 1610 facilitó el ensanchamiento de estas propiedades y despobló más los campos, imposibilitando su laboreo posterior.
La situación económico y social fue agravandose desde este momento, y la historia nos indica que los siglos XVII y XVIII fueron de una enorme decadencia económica y social en nuestra patria, a pesar de nuestras colonias americanas.
Los privilegios de que disfrutaba el Concejo de la Mesta, al que pertenecían los grandes títulos, impidieron el desarrollo de la agricultura, haciendo prevalecer la ganadería, a la que ellos se dedicaban, imposibilitando la vida del pequeño propietario, que veía destruidos sus sembrados con gran frecuencia por los ganados de aquellos, dueños de terrenos comunales y de propios, ya que aprovechaban sus pastos. Así se entiende que en vez de disminuir, se agrandase la gran propiedad, quedándose con las tierras de los pequeños agricultores.
La gran masa de terrenos comunales permitía que llegasen algunas migajas de su riqueza. Además los bienes de las comunidades religiosas eran cultivados en arrendamiento por estos modestos agricultores.
La desamortización de todos estos bienes efectuaba para aliviar la situación de Hacienda pública e intensificaba la explotación del suelo, aunque ninguno de estos móviles se realizara, es el hecho más trascendental después de la Reconquista como creador de nuevos latifundios. Se realizó tan torpemente que no sirvió para mejorar la situación de los trabajadores y, en cambio, vino a aumentar el poder de los ricos.
Los latifundistas hicieron lo que más convino a sus intereses.
A día de hoy, los latifundios se concentran en torno a más del 40{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} en las provincias de Cáceres y en gran parte de andalucía como en Ciudad Real, Huelva, Sevilla, Córdiba, Cadiz o Granada.
Le siguen Salamanca, Ávila, Toledo, Badajoz, Jaén, Málaga y Albacete con una concentración del 25{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} al 40{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}.
Con un 10{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} a un 25{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea}  Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid y Segovia. Hasta un 10{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} provincias como Castellón, Guadalajara, Zamora, Palencia y Valladolid.
El resto de provincias de la zona septentrional y meridional, reflejan aún sin cantastrar.

En 1977, la cuarta parte aproximadamente de las tierras andaluzas las ocupaban 229 cortijos, con más de 2.500 hectáreas cada uno. Al mismo tiempo hay 279.120 fincas con menos de cinco hectáreas. (INE. Anuario 1977. Páginas 529-553). «Ha sido un prurito -de la busguesía terrateniente andaluza- tener tantos cortijos como hijos». (Miguel Artola. El latifundio, siglos XVIII-XX).

¡¡Los que no tienen miedo, juntos!! Testimonios de distintos de lugares de este país luchando contra lo mismo, la puñetera corrupción.

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https://www.youtube.com/watch?v=n-gDlZkcSkA

-Luis Escribano (Justicia por la Sanidad) -Ana Garrido (Denunciante caso Gurtel). -Roberto Macias (Denunciante UGT). -José Maria Castillejos (productora de Pocoyó). -Julita Gomez Tutelado de mayores de Madrid. -Lola Mesa (fraude tesorería general de la SS en Cádiz). -Sonia Peral (denunciante acoso a menores en centros escolares). -Jaime González (denunciante cártel del fuego, caso Infoca). -Mario Díez (Denunciante Kote Cabezudo-Justicia Poética). -Daniel Tejero (Policía Local de Puente Genil, denunciante de abuso sexual a menores).

Perla Negra, Trama Eólica, Enredadera… los jueces hacen saltar la tapa de la alcantarilla en Castilla y León

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Tres sumarios de corrupción atenazan a la Junta y al PP de Juan Vicente Herrera y extienden la sospecha sobre adjudicaciones y obras públicas

El presidente tuvo que pedir perdón hace un año después de que su número dos resultase imputado en un sumario por la compra de un edificio público

El PP pretende que un detenido en la operación Enredadera presida la comisión en la que el responsable de Fomento de la Junta informe de sus tratos con Ulibarri

Laura Cornejo
Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas.
EdificioPerla Negra de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que da nombre a uno de los casos de corrupción de la Comunidad.

Un imputado en la trama Enredadera –la red de empresarios y políticos que amañaba concursos públicos en diferentes instituciones de toda España– va a presidir la comisión parlamentaria en las Cortes de Castilla y León donde el consejero de Fomento del Gobierno regional, Juan Carlos Suárez-Quiñones, deberá explicar sus tratos con el constructor José Luis Ulibarri.

El titular de Fomento en el gabinete de Juan Vicente Herrera –no imputado en este caso– aparece citado en el sumario por las conversaciones interceptadas por la policía en las que ofrece una obra sin concurso y anuncia otras que el Gobierno planeaba a Ulibarri, un influyente empresario de la obra pública y los medios de comunicación, encarcelado como cabecilla de la trama Enredadera.

Manuel García, diputado regional y alcalde de Villaquilambre, que fue detenido en la misma operación y todavía está imputado, es quien va a decidir el orden del día o la pertinencia de las preguntas al responsable de Fomento en el debate parlamentario. En el sumario figura como la persona que facilitó pliegos de concursos en su ayuntamiento a Ulibarri, además de oficiar de mediador para que otros alcaldes hicieran lo mismo.

En esa comisión que tendrá lugar el próximo miércoles, el consejero de Fomento, Juan Carlos Súarez-Quiñones, intentará justificar la llamada que hizo a Ulibarri en febrero de 2018 en la que dijo al constructor: «Yo soy la administración».  Le estaba proponiendo hacerse cargo de los trabajos de una carretera que habían sido adjudicadas a una empresa que se arruinó y entró en concurso de acreedores.

Suárez-Quiñones, juez de profesión, enmarca la llamada en el devenir normal de su actividad política y asegura que no hay nada ilegal y que no está siendo investigado. La propia UDEF señala en uno de sus informes que se habría cometido un delito de prevaricación y revelación de secretos.

Además, en  declaraciones a eldiario.es cuando estalló el escándalo, Suárez-Quiñones reconoció que había llamado a Ulibarri «porque se había quejado de que tenía pocas adjudicaciones» y que se había sentido maltratado anteriormente por los medios de comunicación del empresario. « El Mundo (de Valladolid) me metía unas hostias [sic]», recordó. Precisamente esa condición de propietario de medios es la que otorgaba a Ulibarri una «asombrosa capacidad de influencia», según la Fiscalía, ya que premiaba o castigaba a los políticos con informaciones.

Suárez Quiñones ha tenido que salir al paso estos días de otra información adelantada por eldiario.es: meses antes de que llamase a Ulibarri para ofrecerle la obra, los dos estuvieron comiendo y, según Ulibarri, el consejero le adelantó información sobre  «cuatro obras buenas» que iban a salir.

Los diferentes tomos del sumario retratan a Ulibarri como un empresario todopoderoso  que maniobraba para poner y retirar cargos públicos a su antojo si no se atendían sus intereses en diferentes instituciones del PP regional.

Y la decisión del PP de mantener como presidente de la comisión que investigará el caso precisamente a uno de los dirigentes imputados ha levantado una gran polvareda en la región. ¿Pudo evitarse? Sí. Los grupos de la oposición habían pedido que la comparecencia de Suárez-Quiñones fuese en Pleno. El Grupo Parlamentario Popular se opuso y sólo quedaba la fórmula de la comisión, extraordinaria u ordinaria, y se optó por esta última. Es una manera de restar trascendencia a otro escándalo de corrupción, el último en una autonomía donde hace tiempo que saltó la tapa de la alcantarilla.

Perla Negra

Antes los medios de comunicación habían destripado las comprometidas relaciones de dirigentes del PP de Castilla y León con importantes empresas para hacer negocios millonarios con la obra pública y las concesiones del Gobierno de Juan Vicente Herrera tirando de los sumarios Perla Negra y Trama Eólica.

En el Parlamento regional el Partido Popular, que gobierna sin mayoría absoluta gracias al apoyo de Ciudadanos, se ha visto obligado a abrir sendas comisiones de investigación cuyas presidencias se ha reservado.

Gracias a ese control, el PP ha decidido quién debía comparecer y quién no, y después ha paralizado la comisión desde hace dos años y medio. Durante ese tiempo, se ha revuelto a la hora de dar explicaciones con un «dejemos trabajar a la justicia».

El caso Perla Negra toma su nombre del apodo con que se conoce a un edificio de la Consejería de Economía en Valladolid. Su historia comenzó en 2005. Economía quería unificar todas las sedes de empresas públicas en un solo inmueble porque estaban dispersas en oficinas alquiladas en el centro de la ciudad. El entonces consejero y vicepresidente, Tomás Villanueva, optó por una fórmula de alquiler con opción a compra de un edificio, previo encargo de construcción, en Arroyo de la Encomienda, a cinco kilómetros de la ciudad. El concurso de adjudicación se amañó, el precio fue inflado y de todo ello se benefició presuntamente una constructora que ya tenía en su haber condenas firmes por facturas falsas y delitos fiscales.

Aparece también en la causa el estudio de arquitectura madrileño que reformó la sede del PP en Génova con dinero negro. Unifica Servicios Integrales consiguió a dedo –sin concurso, expediente o resolución de ningún tipo– el encargo de dividir el interior del edificio: fueron más de cuatro millones de euros en facturas.

Entre los imputados en la causa, los responsables de la constructora y la promotora y varios cargos de Economía de la Junta y de empresas públicas. El que fue consejero, Tomás Villanueva, también tuvo la condición de investigado hasta que falleció inesperadamente hace un año.

Trama Eólica

Prácticamente en paralelo, porque fue en la misma etapa, se armó la Trama Eólica. Según se desprende de la investigación y de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, ex altos cargos de la Junta y empresarios afines recibieron autorizaciones de parques de molinos de viento que luego les compraban las compañías eléctricas, que repartieron al menos 80 millones de euros.

Los protagonistas son prácticamente los mismos que en el caso Perla Negra: cargos y ex altos cargos de la Consejería, el consejero ya fallecido, y hasta los empresarios que construyeron el edificio. La Junta optó por pronunciarse cuando no había más remedio: en ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, o cuando eldiario.es publicó  que un empresario le había alertado del «abuso de poder».

En esa ocasión, Herrera, que mantiene un estricto control de la prensa a través de su política de ayudas y publicidad, convocó a los medios de urgencia e intentó restar importancia a una información que le preocupaba.

El goteo de las investigaciones se volvió indisimulable hace un año con la imputación de quien había sido número dos de Herrera. El presidente regional asumió, con la boca pequeña, la necesidad de dar explicaciones en sede parlamentaria. Se eligió la misma fórmula que se utilizará ahora para la Enredadera; una comisión ordinaria, en este caso de Economía. El PSOE quería que compareciese en la comisión de investigación y el PP quiso evitarlo a toda costa. Temía una batería de preguntas difíciles a Herrera, quien siempre había respaldado al consejero y vicepresidente y había eludido la responsabilidad de la Junta de Castilla y León aun con cargos imputados.

Herrera esgrimió en su defensa que se trataba de «caso de corrupción de personas pero no política», aunque finalmente pidió perdón. Fue la última vez que lo hizo.

Un concejal del PP factura 860.000 euros con su bufete mientras cobra un sueldo público de 2.574 euros mensuales

por adminBIBLIOTECA / Educación / Narcopolítica / NOTICIAS / Partidos políticosDeja un comentario en Un concejal del PP factura 860.000 euros con su bufete mientras cobra un sueldo público de 2.574 euros mensuales

Antonio Avilés, concejal de Economía y teniente de alcalde en Tres Cantos, administra un despacho que desde su creación a mediados de 2013 ha facturado 863.326 euros

Dice que subcontrata la mayoría del negocio de su principal cliente, la empresa de seguridad Casesa, al que acaba de perder por lo que este año su volumen de negocios «ha caído de una manera brutal»

Tiene reconocida la compatibilidad para ejercer actividades privadas con una dedicación del 95{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} al Consistorio y prepara otra firma de servicios jurídicos llamada Zasca Legal SL

Antonio M. Vélez
El concejal Antonio Avilés (derecha), junto al director general de la Fundación de la Universidad Autónoma, Fidel Rodríguez.
El concejal Antonio Avilés (derecha), junto al director general de la Fundación de la Universidad Autónoma, Fidel Rodríguez. UAM

Antonio Ángel Avilés García, edil del PP en el Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid), compatibiliza sus funciones como concejal de Desarrollo Local de esta próspera localidad al norte de Madrid, donde tiene un sueldo público de 2.574 euros netos mensuales, con su actividad privada en un bufete que desde su creación en 2013 hasta 2017 ha facturado 863.326 euros y ha logrado beneficios de 129.010 euros, según datos del Registro Mercantil.

El despacho en cuestión, Estudio Jurídico Lex Quantur, tiene como administrador único a Avilés y desde 2014 ha facturado una media cercana a los 200.000 euros anuales. En 2017, su cifra de negocios fue de 203.705,97 euros, similar a la de 2016, y registró un beneficio neto de 31.350 euros, un 44{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} más, según las cuentas anuales que acaba de depositar.

La firma, con un empleado (un hombre), domicilio en la capital de España y una oficina en la Plaza de Cristo Rey de Madrid, se constituyó el 29 de julio de 2013. Su objeto social es «la prestación de servicios jurídicos, propio de la abogacía, incluida la actuación ante Tribunales y Árbitros, por medio de abogados que tengan la condición de socios o presten servicios profesionales para la sociedad».

Avilés subraya a eldiario.es que su actividad privada es completamente legal, dado que el régimen de incompatibilidades de los ediles es mucho más laxo que el de los altos cargos de la Administración del Estado. En su caso, tiene reconocida la compatibilidad para ejercer actividades privadas con una dedicación del 95{14c88425e8fe9d97faae8feb4c9704a1f54f6c24ede33d0414f3cb3e373d26ea} al consistorio, donde es el responsable de las áreas de Comercio, Economía y Empleo. Tres Cantos, con 46.000 habitantes y un presupuesto que supera los 44 millones de euros, está gobernada por el PP desde 2007.

«No tengo ninguna sensación de que esté haciendo nada inmoral ni amoral, cumplo todas mis funciones aquí con unos resultados bastante aceptables. Yo creo que la política no se debe vivir de ella», señala Avilés, que defiende que «con muchos sacrificios», alternar la actividad política con una profesión liberal le permite «ser más libre».

En conversación telefónica, explica que la «importante» cifra de negocios de su despacho se explica porque «hasta este año» contaba con un cliente que «desafortunadamente» ha perdido, las empresas de servicios de seguridad Casesa y Ombuds, recientemente fusionadas. Su bufete tenía un contrato firmado con ellas por el que Avilés cobraba una «iguala» a cambio de prestar servicios de asistencia jurídica en determinados pleitos. Cuando estos se producían fuera de Madrid, «la mayoría» de los casos, subcontrataba el servicio a otros abogados con los correspondientes gastos.

De ahí que en estos cuatro años y medio el resultado neto de su bufete se haya quedado en algo menos de 130.000 euros. «El beneficio no es tan abultado», subraya el concejal y abogado, que dice que este año la facturación «ha caído de manera brutal», tras perder a su mejor cliente, Casesa.

Según contó Vozpópuli, esta es la empresa que tenía las cintas de Cristina Cifuentes robando cremas en un Eroski que, tras salir a la luz en abril, precipitaron su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras destapar eldiario.es el escándalo de su máster.

Afiliado al PP desde 1984, Avilés lleva desde 2007 como concejal en el Ayuntamiento tricantino, al que se incorporó como director Técnico Jurídico y de Recursos Humanos en 2005. Concejales de la oposición destacan que su figura en el consistorio perdió peso tras la marcha a la presidencia de Red Eléctrica del que fue alcalde entre 2007 y 2012, José Folgado. Con el exsecretario de Estado de José María Aznar en la alcaldía, en 2011 Avilés llegó a  firmar licitaciones como alcalde «accidental» de la localidad.

Zasca Legal

Ahora, el edil tiene en la cabeza otros proyectos profesionales alejados de la política y también relacionados con la abogacía. Recientemente ha dado de alta una nueva empresa denominada Zasca Legal SL, dedicada a «servicios de asesoramiento legal y fiscal», y el pasado 16 de julio solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el  registro de esa denominación comercial.

«Me pareció un nombre con bastante pegada desde el punto de vista de la imagen», explica Avilés, que dice que le hace «mucha ilusión tener registrado un nombre tan llamativo», aunque aclara que ese nuevo bufete no tiene todavía actividad. Zasca Legal está concebido, dice, teniendo en cuenta que «la abogacía tiende a sistemas mucho más anglosajones» y que la nueva normativa europea permite publicitar este tipo de firmas. «La profesión de la abogacía nunca va a pasar de moda y la política sí es algo pasajero», remata.