BARCELONA
ACTUALIZADO:
Jéssica Albiach (Valencia, 1979) afronta sus primeras elecciones como cabeza de lista de En Comú Podem con el objetivo de reforzar al espacio político para convertirlo en un actor clave que haga posible un cambio de gobierno en Catalunya. Ahora mismo, sin embargo, los comuns son la única fuerza que aboga por una alianza a tres con ERC y PSC, que tanto Pere Aragonès como Salvador Illa rechazan frontalmente. Muy crítica con el actual Ejecutivo autonómico, también lamenta el electoralismo del PSOE en cuestiones como la regulación del precio de los alquileres o los indultos a los presos políticos.
¿Qué tipo de Govern prevé que tendrá Catalunya tras las elecciones?
Lo que deseo claramente es un gobierno de izquierdas. Hace mucho tiempo que tenemos en Catalunya un gobierno que no está dando respuestas a las necesidades que hay encima de la mesa. Hay debates importantes que se han ido posponiendo, como el modelo productivo del país o que tenemos un sistema económico que es injusto y que está dejando a mucha gente atrás. La principal fractura que tiene Catalunya es la desigualdad y necesitamos darle una salida progresista, por la izquierda, a la crisis que tenemos.
También necesitamos un gobierno que crea en la mesa de diálogo. Hemos conseguido arrastrar al Partido Socialista, pero durante todo este tiempo hemos visto como Junts per Catalunya no creía en ella. Necesitamos que en los dos gobiernos haya fuerzas que crean en el diálogo como la única manera de canalizar la solución al conflicto entre Catalunya y España. Y necesitamos un gobierno que ponga a las personas y a los cuidados en el centro y que entienda que la transición ecológica ya no es para dejar un futuro mejor, sino que es el gran impulso para que la gente no pierda su trabajo en la industria y necesitamos también dar protección a los pequeños y medianos empresarios.
¿Qué papel puede tener la mesa de negociación en la resolución del conflicto político?
Para nosotros es una mesa que es urgente, porque arrastramos un conflicto desde hace mucho tiempo, que está generando mucho sufrimiento y hay temas por resolver. Obviamente lo primero es la libertad de los presos políticos, la entendemos como una urgencia en términos humanitarios, porque hablamos de la vida de personas; en términos jurídicos, porque retorcieron el código penal para poderlos condenar por sedición; y en términos políticos, porque si queremos que en la mesa de diálogo haya una negociación sincera, necesitamos la libertad de los dirigentes independentistas.
Hasta que consigamos el referéndum no podemos quedarnos de brazos cruzados y por eso necesitamos un calendario de reuniones, un plan de trabajo y una propuesta, que debe ser acordada por los dos gobiernos y votada por los catalanes. Necesitamos poder avanzar en el autogobierno, el blindaje del catalán y en la reforma del sistema de financiación para poder mantener adecuadamente los servicios públicos, porque es un sistema que es injusto con Catalunya y vemos como hay otros territorios que se están aprovechando de este sistema, mientras en paralelo están haciendo dumping fiscal.
Esta propuesta de mejora del autogobierno, blindaje competencial y reforma de la financiación suena un poco a la música del Estatut de hace 15 años.
Aquí la alternativa es quedarnos de brazos cruzados hasta que alcancemos el referéndum o batallar por ello y mientras tanto ir dando pasos. Y consideramos que esta es una propuesta que puede llegar a más acuerdos.
¿Como se hace para llegar a un referéndum acordado si depende de un cambio en la correlación de fuerzas en el Estado?
Hemos visto como el PSOE en otros momentos de su historia ha defendido el referéndum. Y nosotros insistimos en que si queremos llegar a cumplir nuestro programa, donde aparece el referéndum pactado, necesitamos tener más fuerza. En el Gobierno español tenemos cinco ministros por diecisiete del PSOE.
Están solos defendiendo un Govern que implique En Comú Podem, PSC y ERC, aunque no necesariamente con los tres actores dentro del Ejecutivo. ¿Lo ven factible aunque tanto Aragonès como Illa lo rechazan?
Es que considero que es la única alternativa al Govern de JxCat y ERC que tenemos ahora. Las relaciones entre ellos dos están rotas. Hace un año el propio presidente Torra dijo que la legislatura no tenía más recorrido, porque no había confianza ni lealtad entre los socios. Y lejos de revertirse, la situación se ha ido agravando. Teniendo claro que tenemos programas bastante diferentes, no entenderíamos la incapacidad de acuerdo entre las fuerzas de izquierdas para poder sacar adelante al país. Sería una noticia muy mala repetir esta fórmula que vemos que ha fracasado, y que no ha servido para avanzar nacionalmente ni social.
Si el Govern a tres que proponen no es factible y sólo lo integran dos partidos, ¿la preferencia sería el Partido Socialista, con quien ya gobiernan en Barcelona y en el Estado?
Lo que tenemos claro es que los diputados y diputadas de En Comú Podem estamos trabajando a favor del cambio, en ningún caso servirían para investir a nadie para que las cosas sigan igual y para hacer un Govern que no transforme la realidad.
Proponen un escudo social catalán, con medidas como una renta Covid. ¿En qué consistiría? ¿Y cómo se financiaría?
La renta Covid es una ayuda específica en forma de complemento para las personas que trabajan o están en paro pero no llegan al salario mínimo. Es un complemento para todas las trabajadoras pobres, para que puedan tener unas condiciones dignas de vida. Para financiarla, por un lado, tenemos una reforma fiscal, que no ha terminado de ponerse en marcha. Y esta debe ser la legislatura de la fiscalidad verde, es importante que haya un Govern que se la crea. El impuesto sobre vehículos contaminantes ha quedado parado con la pandemia, pero hay dos más, los de los barcos y grandes empresas contaminantes, que no se han desarrollado.
El impacto recaudatorio de la fiscalidad verde, sin embargo, no es muy elevado, es mayor la de los impuestos de Sucesiones, Patrimonio o el IRPF.
La parte que tiene más impacto presupuestario es Sucesiones, que JxCat quiere derogar. Por otro lado, tenemos los fondos europeos, también la posibilidad de alcanzar el 2,2% del déficit [autonómico], que son unos 5.000 millones más, y luego estamos trabajando en una reforma del sistema de financiación.
¿Las ayudas que ha impulsado el Govern han sido insuficientes?
Yo no he dejado de insistirle al vicepresident Aragonès que no es el momento de parar el grifo, sino de hacer políticas expansivas. Hemos visto cómo ha costado mucho que se empezaran a dar las ayudas, como no se ha llegado a acuerdos con los principales sectores afectados … Estos días se están poniendo en marcha nuevas ayudas, independientemente de que estemos en campaña es una buena noticia que se abra el grifo, porque hasta ahora se ha ido mucho con el freno puesto.
Hace unos días salía una estadística de la Comisión Europea que indicaba como el Estado español es el que menos esfuerzo fiscal ha hecho para afrontar la crisis. Se puede pensar que las ayudas del Gobierno, del que forman parte, también han sido insuficientes.
Consideramos que el Gobierno siempre tiene que ir a más. Pero cuando se hizo este cómputo no se incluyó la política de los ERTE, que para nosotros fue la gran apuesta. Intermón Oxfam decía que 700.000 personas no han caído en la pobreza gracias a los ERTE. Han permitido que mientras el PIB ha caído tres veces más que en la crisis de 2008, el paro ha caído la mitad [que entonces]. Si se incluyen los ERTE las ayudas se sitúan en poco más del 5%, por encima de lo que han puesto en marcha otros países europeos.
Pero no tenemos que hacer una política triunfalista y ahora mismo estamos trabajando en dos medidas que consideramos prioritarias. La primera es que también se den ayudas directas a los sectores más impactados por la crisis y hay reticencias dentro del Gobierno. Pedro Sánchez debería entender que son necesarias, estaríamos hablando de unos 10.000 millones. Y, por otro lado, está la ley de regulación del precio de los alquileres. Fue aprobada en Catalunya y vimos que el PSC votó en contra, porque decía que por tema de competencias no nos correspondía a nosotros regularlo, y ahora a nivel del Gobierno central nos encontramos como el PSOE tiene congelada la ley hasta que pase la campaña electoral. Es injusto e irresponsable que esté jugando electoralmente con la regulación del precio del alquiler, cuando es una necesidad urgente.
¿El PSOE también hace electoralismo con los indultos y la tramitación de la reforma del delito de sedición?
Sí, absolutamente. Hace meses que Jaume Asens está hablando con Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, la vicepresidenta Calvo y cuando lo empezaban a ver claro llega una convocatoria electoral y eso se está retrasando. Asens y otros expertos prepararon el borrador de la reforma y el ministro Campo [Justicia] lo tiene sobre la mesa, o en un cajón. Lo que está claro es que lo están deteniendo. Y lo mismo ocurre con los indultos. Son temas con los que los partidos no deberían estar jugando.
En el programa defienden ir hacia una economía plural transformadora, donde pese menos el sector privado lucrativo, democratizar los sectores estratégicos, fomentar la economía social y solidaria, garantizar el control democrático del sistema financiero … En esto es muy similar al de la CUP. ¿Por qué cuesta tanto que los dos partidos se entiendan?
Con las compañeras de CUP coincidimos en el Parlament en muchas votaciones en temas sociales, económicos, de defensa del territorio o en medidas feministas. Pero vemos que cuando llegan determinadas votaciones decisivas, como por ejemplo investir a Torra o a Puigdemont, terminan facilitando la investidura, pero cuando llega el momento de votar para que Pablo Iglesias pueda ser vicepresidente del Estado nos encontramos con una negativa. Y ahora nos volvemos a encontrar con que la CUP no cierra la puerta a investir a Laura Borràs, que habla de derogar el impuesto de Sucesiones.
¿Como se deberían gestionar los fondos europeos para evitar que beneficien sobre todo a las grandes empresas?
Fue paradójico, porque nos encontramos que Junts, ERC y la CUP votaron en contra del decreto estatal sobre los fondos europeos con el argumento de que en buena parte iban a grandes empresas, y luego cuando hemos visto el listado de empresas de los proyectos a través de los cuáles la Generalitat quiere invertir nos encontramos a Naturgy o a Suez. Es importante que durante la tramitación del decreto nos pongamos a trabajar para que los fondos deben ir a parar también a las pymes. Debemos pensar también que con las energías renovables no se puede dar un pelotazo y nos preocupa que acaben siendo grandes empresas las que vayan al territorio y elijan directamente. Hay un liderazgo público, que vaya de la mano de los municipios y que de manera democrática y participada podamos escoger para que estas energías renovables no se conviertan en una burbuja.
En la gestión de los fondos también deben participar los ayuntamientos. Hasta ahora creo que la Generalitat no lo ha hecho bien, porque ha funcionado más como una ventanilla única que marcando cuáles debían ser las líneas de los proyectos. Haría falta una mesa con las entidades, los agentes sociales y los agentes económicos para ver cuáles son las necesidades del país, no son las empresas que nos las tienen que decir, sino que es lo público quien ha decir cuál es el país que queremos.
También defienden el fortalecimiento de los servicios públicos. ¿Tiene la sensación de que ahora es más fácil alcanzar un consenso político para conseguirlo porque hay un apoyo social mayoritario?
Yo estaba convencida de que dentro de la desgracia de la pandemia se había abierto una ventana para blindar lo público porque se había creado un consenso a nivel social, pero este consenso no llega a trasladarse al ámbito político. Hace unos días en un debate electoral sólo la CUP y nosotros hablábamos de desprivatizar y de deshacer este entramado sociovergente en el que al final no sabes lo que es público, lo que privado, lo que es concierto, lo que está externalizado y donde hay afán de lucro. El resto en ningún caso cerraban el paso al afán de lucro y que haya gente que estuviese haciendo negocio con nuestra vida y nuestra salud. Hay consenso social, pero desgraciadamente veo como algunos partidos quieren continuar con esta colaboración público-privada, que es muy perversa.
Proponen que en 2030 el parque de vivienda pública en Catalunya sea del 15%, cuando ahora es del 1,5%. ¿Cómo se hace?
Pues mira, sólo este año el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo 2.000 viviendas públicas, mientras el Govern de la Generalitat está haciendo 30. No necesariamente se deben construir más pisos, sino que debemos incorporar pisos de grandes propietarios y de fondos buitres en el parque de vivienda pública, deben tener la obligación de poner parte de los pisos vacíos en alquiler social.
También está el proyecto de hacer una nueva Ley de barrios, que implicaría rehabilitar los barrios que están más degradados y esto genera también empleo, determinar en ellos zonas verdes, fomentar en ellos los huertos urbanos, también incorpora la parte de la Catalunya vaciada, fomentando puntos de venta directo de los productos agrícolas y ganaderos o mejorando el transporte público y la accesibilidad. A diferencia de la ley de barrios del Maragall la financiación sería una parte de la Generalitat, una parte del Estado y una parte de fondos europeos, serían 5.000 millones en cinco años.
