Siguiendo la estela del Pleno del Congreso, el Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la ley orgánica que deroga el artículo del Código Penal que castigaba con cárcel, y más concretamente con hasta tres años de prisión, a los piquetes de huelga si llevaban a cabo coacciones en defensa del ejercicio del derecho a huelga, reconocido en la Constitución con el rango de derecho fundamental. La ley orgánica ha salido adelante con 139 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones y sin incluir enmiendas, por lo que no tendrá que volver a pasar por el Pleno del Congreso –donde fue aprobada con 189 votos a favor, 155 en contra y ocho abstenciones– y su aprobación es definitiva.
El artículo del Código Penal que castigaba con cárcel a los piquetes estaba en vigor desde 2015, cuando fue aprobado por la mayoría absoluta del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Seis años más tarde, ha sido derogado por la mayoría encabezada por los socios de gobierno PSOE y Unidas Podemos y por el grueso del denominado bloque de investidura, encabezado por las formaciones de izquierda soberanista ERC y EH Bildu. Y es que la medida formaba parte del programa tanto del pacto de gobierno de PSOE y Unidas Podemos como del acuerdo de investidura con formaciones como ERC y EH Bildu.
La derogación de este artículo del Código Penal –que ha salido adelante después de que el Pleno del Senado votara y rechazara las dos propuestas de veto presentadas por PP y Vox, partidarios de mantener las penas de cárcel– supone una victoria para los piquetes y para el derecho a huelga, después de que cientos de piquetes hayan sido procesados, y algunos de ellos condenados y encarcelados, por el delito hasta ahora tipificado en el artículo del Código Penal derogado este miércoles, el 315.3.
“La derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que permitía imponer penas de cárcel a las personas participantes en piquetes es una muy buena noticia para la clase trabajadora”, ha declarado a LUH la abogada laboralista Silvia Gambarte. “El ejercicio del derecho de huelga y los piquetes que participan en ellas para informar, reivindicar y proteger los derechos de los trabajadores jamás deberían haber sido criminalizados de esa manera, porque la defensa de los derechos de los trabajadores no es ningún delito” ha añadido.
Las mayores y más efectivas coacciones, las de la patronal
En este sentido, huelga tras huelga se demuestra que las mayores y más efectivas coacciones no son precisamente las llevadas a cabo por los piquetes –a quienes hasta el Tribunal Constitucional reconoce sus funciones no sólo de “información” y “propaganda” sino también de “persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar trabajando”– en defensa del ejercicio del derecho a huelga, sino las llevadas a cabo por la patronal en contra del ejercicio de ese derecho.
Los dos sindicatos mayoritarios del Estado español, UGT y CCOO, han celebrado este miércoles en un comunicado conjunto la derogación definitiva del artículo del Código Penal que “criminalizaba el derecho de huelga” y “por el que han sido encausados, de manera injusta, cerca de 300 sindicalistas sólo por ejercer ese derecho fundamental”. Ambos sindicatos han destacado que, además de un “derecho fundamental reconocido en la Constitución”, la huelga es la “manifestación de la libertad sindical” y la “máxima expresión democrática del conflicto social que no se ha podido solucionar por la vía del diálogo” y han asegurado que “sin derecho a huelga no hay democracia ni Estado social”. Asimismo, han instado a los grupos que han derogado el artículo 315.3 del Código Penal a “continuar en esta línea de recuperación de los derechos y libertades arrebatados a la ciudadanía” por el Gobierno del PP “durante los años de la crisis” derogando también la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana –más conocida como Ley Mordaza– “por impedir el ejercicio libre de los derechos de expresión, reunión y manifestación”.
La derogación del artículo del Código Penal que castigaba con cárcel a los piquetes de huelga ha coincidido con el 90º aniversario de la proclamación de la II República, definida en el artículo 1 de la Constitución de 1931 como una “república democrática de trabajadores de toda clase”.
