El destructor USS Benfold navega por el mar de la China Meridional, 12 de julio de 2021. (Foto: cpf.navy.mil)
EE.UU. confirma que su buque de guerra entró en el mar de la China Meridional para “desafiar” los reclamos de Pekín sobre las aguas en disputa.
A través de un comunicado emitido el lunes, la Flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos confirmó que el buque de guerra USS Benfold navegó cerca de las disputadas islas Paracelso, en el mar de la China Meridional, como parte de una operación destinada a reafirmar la libertad de navegación en la zona.
“El 12 de julio, el USS Benfold (DDG 65) hizo valer los derechos y libertades de navegación en las cercanías de las islas Paracelso, de conformidad con el derecho internacional”, se lee en el texto.
De este modo, reza la nota, Estados Unidos “desafía” las reclamaciones marítimas del gigante asiático sobre las aguas de la zona. La demanda china representa “una grave amenaza para la libertad de los mares”, agregó.
De igual modo, la flota norteamericana afirmó que la operación se realizó en defensa a los derechos, libertades y usos lícitos del mar reconocidos en el derecho internacional.
Esto se produjo después de que las Fuerzas Armadas de China informaran el mismo día, de que habían ahuyentado a un buque de guerra estadounidense que entró ilegalmente en aguas chinas cerca de las islas en disputa.
El mar de la China Meridional se ha convertido en uno de los muchos puntos conflictivos de la tensa relación entre Pekín y Washington, ya que este último rechaza lo que denomina reivindicaciones territoriales ilegales del gigante asiático, que, a su vez, alerta del plan de EE.UU. para militarizar la zona y desatar provocaciones.
Moscú critica al Occidente por no reaccionar ante la implicación de agentes estadounidenses en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise.
Según informaron el lunes medios estadounidenses, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. confirmó que al menos uno de los detenidos por las autoridades haitianas en relación con el magnicidio de Moise trabajó como “fuente confidencial” de esta agencia. En el asesinato del presidente haitiano, de acuerdo con las autoridades del país caribeño, participaron al menos 28 personas, muchas de ellas mercenarios colombianos contratados a través de una empresa de seguridad con sede en el estado de Florida (sureste de EE.UU.).
Al respecto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, ha denunciado este martes que el Occidente hace la vista gorda ante las injerencias de EE.UU. y sus medidas hostiles en otros países.
“¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están las declaraciones del G-7? ¿Por qué los activistas de derechos de EE.UU. aún no se han puesto nerviosos? De hecho, existe una razón terrible para todas esas cosas”, ha manifestado Zajárova mediante un mensaje emitido en su canal de Telegram.
La vocera rusa ha señalado también que ha partido hacia Haití una delegación interinstitucional norteamericana para analizar la situación en torno a la empresa militar privada estadounidense cuyos empleados están acusados de haber participado en el asesinato del presidente haitiano.
En este sentido, “la noticia principal”, conforme a Zajárova, es el hecho de que varios detenidos en relación con el homicidio de Moise eran informadores de las fuerzas del orden estadounidenses, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE.UU.; “pero eso es algo diferente”, ha agregado la portavoz rusa.
Tras el asesinato de Moise en su residencia en Puerto Príncipe (capital haitiana) el pasado miércoles, cada día se revelan más aristas de la implicación de EE.UU. y su aliado colombiano en lo sucedido, pese a que Washington alega estar preocupado por la crítica situación en Haití.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó de los planes para asesinarlo en los últimos dos desfiles militares.
“Tenían preparado un atentado contra mí el 24 de junio en el Bicentenario de Carabobo este año, otro atentado con drones [aviones no tripulados], lo disipamos, lo tumbamos, lo neutralizamos, primera vez que lo digo, porque todavía la investigación está a fondo, hasta llegar a quien movió todo”, manifestó el lunes Maduro en una reunión de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional (AN) celebrada en el Palacio de Miraflores.
Asimismo, tras mostrar su ira ante dicho ataque, indicó que se había ideado otro atentado para el pasado 5 de julio.
Cabe indicar que el 24 de junio, Venezuela conmemoró los 200 años de la Batalla de Carabobo contra el imperialismo y el Día del Ejército Bolivariano.
Fin de sanciones, única opción para que México sea la sede del diálogo con la oposición
El jefe de Estado venezolano, en otra parte de sus declaraciones, aclaró que está a favor de que México sea la sede del diálogo con la oposición, pero antes señaló que se debe cumplir una serie de condiciones: la primera, que se levanten las sanciones contra Venezuela; la segunda, que los sectores políticos reconozcan los Poderes Públicos y su constitucionalidad; la tercera, que todos los sectores renuncien a los planes violentos; y la cuarta, incorporar a todos los sectores.
Elecciones regionales de Venezuela: ¿Cómo y cuándo se realizarán?
Las declaraciones de Maduro se producen mientras que el país sudamericano tiene previsto celebrar elecciones de gobernadores y alcaldes el 21 de noviembre. De hecho, estos comicios se llevarán a cabo como parte del proceso de diálogo entre las principales fuerzas políticas en el país.
En este sentido, varios analistas advierten de los intentos de EE.UU. y la derecha golpista, liderada por el opositor Juan Guaidó, de ilegitimar el sistema democrático de Venezuela para justificar sus agresiones al país suramericano.
La Misión SOS Colombia documentó con testimonios las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, el Esmad y el Ejército.
Un nuevo informe elaborado este lunes por la Misión SOS Colombia, una delegación integrada por activistas, políticos y periodistas, documenta que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares reprimieron las protestas sociales en el país con el empleo de técnicas de combate y una estrategia militar similar a la que utilizan para combatir a los actores armados.
Tras recibir 180 denuncias directas de víctimas en el marco del paro nacional y revisar 70 informes de organizaciones sociales, la Misión SOS Colombia concluyó que las violaciones de derechos humanos en Colombia por parte de agentes estatales han sido «graves, sistemáticas y generalizadas» en el territorio.
Uno de los delegados, Matías Vallejos, afirmó en conferencia de prensa que en el marco de las manifestaciones sociales se utilizaron «técnicas de combate» que tuvieron el objetivo de «lesionar y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno«.
En ese sentido, la Misión SOS Colombia identificó tres actores responsables de las violaciones a los derechos humanos:
Fuerza Pública: engloba a la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), las fuerzas militares, el Ministerio de la Defensa y la Presidencia.
Paramilitares: se trata de grupos armados que habrían actuado en complicidad con la fuerza pública.
Civiles armados que actúan en conjunto con la fuerza pública, principalmente como infiltrados en las protestas sociales. Algunos de estos sujetos incurrieron en la confrontación y seguimiento selectivo a líderes de las protestas.
La delegación denunció que las autoridades hicieron un «uso excesivo y desproporcionado de la fuerza» en contra de manifestantes. Esto tras documentar que los uniformados realizaron disparos a corta distancia de forma horizontal, apuntando al rostro y la cabeza de los civiles, y que utilizaron municiones no permitidas y «proyectiles hechizos» fabricados con material cortopunzante. También emplearon «acciones de terror y control social» con toques de queda y golpearon a inconformes cuando se encontraban heridos o no representaban ninguna amenaza.
Además, los integrantes del Esmad habrían lesionado a manifestantes con armas blancas y de fuego, según constató la Misión SOS Colombia.
En el marco de las protestas antigubernamentales, el Estado colombiano realizó montajes judiciales, mediante la implantación de pruebas, para judicializar a más personas.
Demandas de una Policía civil
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés Tello, hizo un llamado al Gobierno de Iván Duque para atender las recomendaciones de organismos de derechos humanos que piden separar a la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa.
Maltés Tello lamentó que el Gobierno colombiano desestimó los llamados de la comunidad internacional, que pidieron no emplear militares para reprimir la protesta social.
«Se recomienda al Gobierno separar la Policía del Ministerio de Defensa y que esta dependa de un ministerio de carácter civil», remarcó Maltés Tello en declaraciones a RT.
En ese sentido, el activista llamó al Gobierno de Duque a privilegiar el diálogo sobre la represión y a detener «el uso excesivo de la fuerza» contra los manifestantes.
Confirman muerte de manifestantes
Por otra parte, este fin de semana se confirmó la muerte de dos manifestantes que habían sido reportados como desaparecidos desde hace más de un mes.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz confirmó que el manifestante Alquimedez Santana fue encontrado sin vida en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Desde el 27 de mayo se había reportado la desaparición de este activista.
En tanto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó este lunes el fallecimiento de Duván Felipe Barros Gómez, de 17 años, quien se encontraba desaparecido desde el 5 de junio.
Mientras que el Gobierno de Bogotá informó que pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación del caso, desde la Fundación Nydia Erika Bautista denunciaron que Barros Gómez fue víctima de desaparición forzada en el marco de la protesta social realizada en el Portal de Las Américas, en la localidad de Kennedy.
La persecución de Julian Assange es «un ataque a la libertad de prensa», afirman los autores de la carta.
Más de un centenar de personalidades de la política, el periodismo y las artes en Alemania reclamaron la liberación del fundador del sitio digital WikiLeaks, el australiano Julian Assange, detenido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Reino Unido.
En una carta abierta, los 120 firmantes instaron a Angela Merkel a defender los derechos de Assange en la visita que la canciller alemana tiene previsto realizar al presidente estadounidense, Joe Biden, en Washington este mes.
En junio se cumplieron nueve años desde que Assange se refugió en la legación diplomática ecuatoriana en Londres para no ser extraditado, aunque en abril de 2019 el Gobierno de Ecuador le retiró la inmunidad y desde entonces el periodista está detenido en la prisión de Belmarsh, en Londres. Ahora Assange se encuentra a la espera de la decisión de su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a 175 años de prisión por su trabajo periodístico, incluidas sus denuncias de los crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán.
«La persecución de Julian Assange es un ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, que debe ser rechazado con toda determinación», afirma la carta.
Los firmantes piden la liberación de Assange, que presenta graves problemas de salud. El cautiverio lo está sumiendo en una «profunda depresión y desesperación», según informó su compañera sentimental, Stella Morris, en una reciente visita a Belmarsh, después de que a ella y a sus dos hijos se les negara cualquier contacto directo con Assange durante ocho meses. El mal estado de salud también fue el principal argumento de la justicia británica en su sentencia del 4 de enero de 2021, que «prohibía la extradición a una custodia estadounidense imprevisiblemente larga».
Asimismo, le ruegan a Merkel que ayude a «tender puentes en el caso de Julian Assange» y que en sus conversaciones con el presidente estadounidense en Washington, «deje claro lo importante que es, en aras de la defensa de la libertad de prensa, retirar los cargos contra el fundador de WikiLeaks para que pueda recuperarse en libertad con su familia».
La Policía haitiana cifró en 28 los individuos que asesinaron al presidente Jovenel Moïse. De ellos, 2 son haitiano-estadounidenses y 26 colombianos, algunos de los cuáles siguen prófugos. En Bogotá confirman que los hombres armados en cuestión son sus exmilitares. El senador colombiano Iván Cepeda asegura que su país sirve como laboratorio de mercenarios para EE.UU.
La Cancillería rusa afirmó que está convencida que «las autoridades cubanas están tomando todas las medidas necesarias para restablecer el orden público en beneficio de sus ciudadanos».
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró este lunes que «sigue el desarrollo» de la situación en Cuba, donde el pasado fin de semana hubo varias concentraciones de opositores, y tachó de » inaceptable «cualquier intento de desestabilizar el país desde el extranjero.
«Estamos convencidos de que las autoridades cubanas están tomando todas las medidas necesarias para restablecer el orden público en beneficio de sus ciudadanos, en el marco de la Constitución nacional y de la legislación interna vigente», afirmó la Cancillería rusa en un comunicado.
El ministerio subrayó que Moscú considera «inaceptable la injerencia externa en los asuntos internos de un Estado soberano y cualquier otra acción destructiva que fomente la desestabilización de la situación en la isla».
En medio de la crisis provocada por la pandemia de covid-19, el pasado domingo salieron a protestar grupos de opositores al Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel en el municipio de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, al suroeste de la ciudad de La Habana; en la ciudad de Santiago de Cuba y en varios punto de la capital cubana.
Al respecto, el mandatario, que se trasladó San Antonio de los Baños, donde también hubo una manifestación en respaldo a su Gobierno, aseguró que no permitirá que nadie manipule la situación del país caribeño, al tiempo que calificó estos actos de «provocación sistemática que promueve la contrarrevolución».
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel en San Antonio de los Baños, 11 de julio de 2021Alexandre Meneghini / Reuters
«No permitiremos que nadie manipule nuestra situación, ni que defiendan una causa que no es cubana, una causa que es meramente anexionista, y a eso convocamos a los comunistas y revolucionarios del país», afirmó Díaz-Canel. «La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios», añadió.
Una pandemia agravada por el bloqueo
La situación de salud pública en Cuba, en medio de la crisis por el coronavirus, se ha visto agravada debido al bloqueo económico impuesto desde hace décadas por EE.UU., que se ha recrudecido en los últimos años.
«De manera muy cobarde, muy sutil, muy perversa, a partir de las situaciones más complicadas que tuvimos en las provincias, estos del imperio yankee empiezan ahora a aparecer con doctrinas de intervención para fortalecer el criterio de que el Gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación», dijo el mandatario.
Díaz-Canel, además, pidió levantar el bloqueo sobre la isla. «¿Eso no es genocidio? ¿Eso no es crimen de lesa humanidad? Yo creo que la vida [y] la historia nos demuestran qué está detrás de todo esto, de acabar con la revolución cubana», aseveró.
En las últimas semanas, Cuba atraviesa una nueva ola del coronavirus, registrando cifras récord de contagios y fallecidos. Esta emergencia sanitaria se agrava en la isla, debido, en parte, al bloqueo que mantiene sobre la isla EE.UU., que dificulta el acceso a medicamentos e insumos para la producción de vacunas.
Las consecuencias del bloqueo
De acuerdo con la información proporcionada por la Cancillería de Cuba, durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021) se aplicaron 243 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba; de ellas, 55 solo en 2020, las que sobresalieron por «su sistematicidad e intencionalidad».
En materia de salud, las afectaciones ascendieron a casi 200 millones de dólares entre abril y diciembre de 2020; cifra que supera en 38 millones a la reportada entre abril de 2019 y marzo de 2020.
Además, la Administración Trump aumentó las restricciones a los viajes, impuso nuevas multas contra bancos extranjeros que operan activos financieros relacionados con La Habana, restringió el envío de remesas y amplió la lista de organismos y organizaciones cubanas con las que las instituciones estadounidenses tienen prohibido establecer contacto, entre otras medidas.
El pasado mes de junio, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que exige el fin del bloqueo comercial, económico y financiero de EE.UU. contra la isla desde hace seis décadas. En ese momento, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que los daños ocasionados por esta medida superan los 147.000 millones de dólares y acusó a Washington de aprovechar la pandemia para aumentar la presión contra la isla.
Por su parte, Sergio Gregori, director de la película documental ‘Unblock Cuba’, afirmó que la injerencia de EE.UU. «en la vida y el desarrollo de Cuba es algo que viene ocurriendo desde el principio de la propia fundación del país», agregando que Washington está proporcionando «un apoyo explícito» a las protestas en la isla.
El mandatario argentino pidió que ese tipo de sanciones «se terminen en el mundo», y aseguró que «no hay nada más inhumano» que mantenerlas en medio de una pandemia.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió este lunes a las protestas registradas en Cuba contra el desabastecimiento y el manejo de la pandemia, y coincidió con su par mexicano, Manuel López Obrador, en repudiar ante todo las sanciones económicas que EE.UU. mantiene en contra de la isla.
«No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que tengo claro, como dijo Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa lo que pasa, terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable y también a Venezuela», dijo el mandatario durante una entrevista concedida a Radio 10.
Fernández recordó que en las últimos dos reuniones del G20 pidió «por favor que se terminen los bloqueos en el mundo», especialmente en el contexto del coronavirus.
«No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país. Cuando bloquean a un país, bloquean a una sociedad, y eso es lo menos humanitario que existe», dijo.
Con respecto a las protestas ocurridas el fin de semana en Cuba, Fernández admitió que «no conoce exactamente la dimensión» de las demandas, pero consideró que de cualquier manera «todas esas cosas las tienen que resolver los pueblos» en forma soberana.
«No soy yo quien debe decirle a los pueblos lo que tienen que hacer; ni Argentina ni ningún país del mundo», señaló el presidente argentino. Y añadió: «Sí tenemos que favorecer la paz y que los pueblos encuentren el diálogo y el camino de salida».
Este lunes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a EE.UU. de aplicar contra su país «una política de asfixia económica» con el objetivo de provocar «estallidos sociales». El mandatario aseguró que Washington «ha tratado de imponer acciones para desacreditar al Gobierno y la revolución y fracturar la unidad del pueblo«.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó al Departamento de Estado y la USAID de financiar a una empresa que habría desencadenado la campaña mediática contra la isla.
El pasado mes de junio, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó casi unanimemente una resolución que exige el fin del bloqueo comercial, económico y financiero de EE.UU. contra Cuba.
En las dos ocasiones anteriores los fiscales encontraron justificado el accionar del sargento Tyler Longman y no impusieron medidas disciplinarias.
En 2019, el estadounidense Michael Chad Breinholt, de 31 años, fue asesinado por una miembro del Departamento de Policía de West Valley City (Utah) mientras se encontraba esposado dentro de una comisaría. Recientemente, casi dos años después, el periódico The Salt Lake Tribune tuvo acceso a las imágenes sin editar de una cámara corporal policial que ofrece una visión más amplia de los hechos.
Breinholt había sido arrestado el 23 de agosto de 2019 luego de aparecer ebrio en el lugar de trabajo de su novia, la cual les comentó a los dos oficiales que llegaron a la escena que temía por la salud mental de su pareja. Al parecer había ingerido una alta cantidad de ciertas pastillas junto con alcohol, con el propósito de suicidarse. Los agentes descubrieron que Breinholt había manejando un coche en ese estado, por lo que lo esposaron y lo llevaron a una comisaria. El detenido no portaba armas, pero una prueba de alcoholemia reveló que su nivel en sangre era más de tres veces el límite legal en Utah.
El material audiovisual muestra a Breinholt en la estación de Policía, esposado y sentado en una sala mientras está siendo procesado por el delito de conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas. En un momento, el sujeto llora y pide ayuda; luego se deja caer al suelo y, tras ser atendido por un equipo médico, insta a los oficiales a que lo lleven a un instituto de salud mental, a lo que los agentes se niegan.
Más adelante se produce una pelea en la que Michael intenta agarrar el arma de uno de los uniformados, pero no está claro si realmente puso la mano en la pistola. En ese instante, el sargento Tyler Longman entra corriendo en la habitación donde sucede el forcejeo, le agarra la cabeza a Breinholt y antes de dispararle le grita: «Estás a punto de morir, amigo mío», asegura el diario.
La Policía de West Valley City había publicado en 2019 un video editado de nueve minutos de los hechos. The Salt Lake Tribune logró acceder a la cinta completa gracias a la intervención de un comité del estado de Utah y tras una disputa de seis meses, ya que el departamento se rehusaba a hacerla pública mientras estuviese en curso la investigación.
ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD
La tercera vez que mata a alguien
Durante el análisis del caso, quedó al descubierto que no era la primera vez que Longman disparaba su arma y mataba a alguien estando en servicio. Esta era la tercera ocasión que se veía involucrado en un tiroteo y en las dos anteriores los fiscales encontraron justificado su accionar y el agente no enfrentó medidas disciplinarias. Tras la muerte de Breinholt, el comité de revisión de incidentes del Departamento de Policía lo absolvió y solo lo puso bajo licencia administrativa. Menos de dos meses después regresó a su puesto.
Actualmente el proceso sigue pendiente y a la espera de que el fiscal de distrito del condado de Salt Lake, Sim Gil, decida si el disparo fue justificado o no y si se presentarán cargos contra Longman. Se desconoce cuánto se tomará una decisión y por qué la revisión legal ha sido tan demorada. Entre tanto, la familia de Michael planea demandar a la Policía, según su abogado, Colin King. «Ese uso de la fuerza fue total y completamente injustificado. Era un joven que estaba esposado a la espalda, que tenía [varios oficiales] en la habitación controlándolo. Si esto no es una fuerza excesiva, no sé qué es», afirma el letrado.
La madre de Michael, Susan Neese, esperaba que el sargento responsable de la muerte de su hijo hubiera sido disciplinado o que se hubiera tomado alguna acción significativa antes del disparo. «[Los oficiales] no le fueron de ayuda, contribuyeron a su depresión. Y el hecho de que este fuera el tercer asesinato del oficial Longman, ¿cómo es posible que un oficial pueda permanecer en la fuerza y portar un arma?«, se pregunta.
La Policía de West Valley City se negó a responder preguntas sobre el tiroteo mientras el fiscal de distrito no anuncie su veredicto. El abogado de Longman también se abstuvo de comentar.
