Una investigación de Lighthouse Reports, en colaboración con lamarea.com y elDiario.es, analiza el papel de la ganadería industrial en el ecocidio.
Tubería procedente de una granja en el término municipal de Fuente Álamo expulsa los purines directamente sobre el terreno. LIGHTHOUSE REPORTS
Los peces muertos se volvían a contar por toneladas en las playas del Mar Menor (Murcia) el pasado verano. Era la segunda vez que ocurría desde 2019 y las imágenes abrieron los telediarios del país. Lo que no se vio y obvió el Gobierno de Murcia es el crecimiento explosivo de macro-granjas y la contaminación de aguas por los vertidos de purines procedentes de la ganadería porcina. Así lo advertía el informe Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) unos meses antes, en marzo de 2019.
El documento hacía hincapié en la “alta concentración” de cerdos –casi 680.000 cabezas “en pocos municipios”–. Esto viene acompañado de la problemática sobre su tratamiento de residuos, su almacenaje y la dispersión sobre parcelas agrarias: “Está asociada a presiones derivadas del manejo de residuos ganaderos en explotación (filtración y desbordamiento de balsas) y a los derivados de la gestión de purines en agricultura (superficie agraria asociada a explotación, transporte, manejo y tratamiento del estercolado)”, se explica en el citado informe.
Sin embargo, y a pesar de conocer el documento, el Gobierno de la Región de Murcia no tomó ninguna medida al respecto. “No responde a la realidad de la zona, es decir, a la verdad”, ha respondido la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente a las cuestiones enviadas por un equipo de periodistas de la organización internacional de periodismo Lighthouse Reports, elDiario.es y lamarea.com. Las afirmaciones se basan “exclusivamente en un control visual de 5 balsas de almacenamiento sin ningún otro tipo de comprobación o estudio”, añade la Administración autonómica. El informe, no obstante, explica que se seleccionaron un 10% del total de 500 balsas de la zona, es decir, 50.
Ahora, Lighthouse Reports, en colaboración con estos dos medios españoles, ha llevado a cabo durante los últimos meses una investigación que pone de nuevo en evidencia la responsabilidad de la cría intensiva de cerdos en el ecocidio de paraje natural. El estudio incluye entrevistas a decenas de personas implicadas, pruebas fotográficas de las explotaciones tomadas con drones, la revisión de documentos públicos y diferentes peticiones de transparencia.
La relación de las macrogranjas porcinas con la muerte del Mar Menor
Las actividades agrarias han sido señaladas como las culpables principales del deterioro del ecosistema, y han puesto en pie de guerra a gran parte de la población murciana. Carol Rivière es vecina de San Pedro del Pinatar (Murcia) y portavoz de la plataforma Por Un Mar Menor Vivo. Ella ha vivido muy cerca el desastre, a escasos metros de la orilla de la laguna: “En 2019, cuando se produjo el primer ecocidio, no pude ni bajar, pero el olor y las imágenes que luego vi no se me han borrado de la mente”, confiesa.
Rivière se refiere a la rápida degradación que ha sufrido el Mar Menor en los últimos años. Aunque a ella le cuesta hablar del tema, desde ese año se involucró en la lucha por tratar de salvar la albufera, en la cual no se baña desde 2016. Rivière tiene claro el importante papel que juega la agricultura, pero cree que se está denostando la responsabilidad de la ganadería y, más en concreto, de las explotaciones intensivas de porcino. “Cuando yo hablo con mis vecinos no tienen conciencia de que las granjas de cerdos supongan un problema. Al estar lejos del Mar Menor, creen que no afecta”, explica. Algo que corrobora una pareja que desayuna frente a la laguna: “No, no, las granjas están más en el interior de Murcia. Aquí cerca no hay”, comentaban.
En términos ambientales, los purines están considerados como el principal problema derivado de las explotaciones intensivas de porcino. Según una investigación de la Fundación Nueva Cultura del Agua y el MITECO, en estas macrogranjas se producen alrededor de 2 metros cúbicos de purines por cerdo al año, cuya concentración de nitrógeno es 40 veces superior a la de las aguas residuales. Entre sus principales impactos se incluye la contaminación por nitratos de los acuíferos y de las aguas superficiales por materia orgánica y amoníaco, y las emisiones de metano, amoníaco y gases nitrosos. Como consecuencias principales de esto se encuentra la visibledegradación del ecosistema y la contaminación de agua potable a la que pueden acceder los vecinos de la zona.
En Murcia en general y en el área de influencia del Mar Menor en particular, la concentración de grandes explotaciones es tal que, según denuncian desde la Coordinadora de Lorca y el Valle del Guadalentín, “no hay suficiente tierra para echar todos los purines que se producen en la región”. Tal y como explican algunos expertos como Jose Luis Arostegui, investigador en Hidrogeología del Instituto Geológico y Minero (IGME) y miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, la contaminación por residuos ganaderos también acaba filtrándose al Mar Menor. “Hay que evitar los vertidos porque el aporte del acuífero viene de una descarga por un proceso natural. Si ese agua que se está transfiriendo está contaminada, transfiere de forma natural ese agua al Mar Menor, que está encima.”, explica.
A ello se suman, además los problemas que tienen las balsas de recogida de purines dentro de las propias granjas. El decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas recoge la obligatoriedad de impermeabilizar las balsas de purines en las explotaciones. Un hecho que, de acuerdo con los datos oficiales, parece que ha venido siendo la excepción en lugar de la norma. Así, según el mencionado análisis del MITECO de marzo de 2019, más del 90% de las balsas de purines de la industria porcina “no cumple las normas estipuladas de construcción (principalmente en lo concerniente a la impermeabilización), lo que origina un gran riesgo de infiltración, lixiviación y escorrentía”.
Granja porcina en el término municipal de Fuente Álamo. LIGHTHOUSE REPORTS
El equipo de Lighthouse Reports ha comprobado sobre el terreno de la cuenca del Campo de Cartagena la situación de estas balsas de desechos que, debido a sus deficiencias, resultan potencialmente peligrosas para el medioambiente. Las fotografías obtenidas muestran residuos ganaderos vertidos directamente al medio, balsas sin aparente impermeabilización artificial, grandes montones de estiércol acumulados sobre la tierra y en definitiva, un retrato del maloliente panorama de las macro-granjas de Fuente Álamo (Murcia), en las proximidades del Mar Menor.
La reconocida abogada ambientalista Victoria Hormigos es una de las expertas que ha revisado las fotografías realizadas para esta investigación. Tras analizarlas, destaca la existencia de una gran tubería procedente de una de las granjas que expulsa los residuos líquidos fuera de las balsas directamente al medio natural. Hormigos considera que podría tratarse de presuntos vertidos ilegales, aunque señala que son las autoridades quienes deben validarlo sobre el terreno.
Tubería procedente de una granja en el término municipal de Fuente Álamo expulsa los purines directamente sobre el terreno. LIGHTHOUSE REPORTSEscorrentía de purines en una granja en el término municipal de Fuente Álamo. LIGHTHOUSE REPORTS
En otros casos, como sucede en las siguientes fotos, la abogada aprecia aparentes vertidos que podrían deberse al desbordamiento de los depósitos. Una problemática recogida en el informe del MITECO donde se denuncia “una deficiencia en el cálculo del volumen necesario de almacenamiento”, lo que acaba provocando que “un alto porcentaje de las balsas presenten pérdidas por rebosamiento”. En este caso, las fotos que pueden verse a continuación pertenecen a una granja situada a escasos metros de un colegio en la pequeña localidad de La Pinilla, también en el término municipal de Fuente Álamo.
Grandes estanques de purines en una granja a escasos metros de un colegio público en La Pinilla. SLIGHTHOUSE REPORTS
Las imágenes respaldan los datos del Ministerio, en cuyo estudio se asegura que “parte de estos residuos pueden infiltrarse en el terreno, lo que produce una contaminación de las aguas superficiales y subterráneas que afectan directamente al estado del Mar Menor”. Se aportan, además, en el citado informe, cálculos estimados de la cantidad de purines del sector porcino que pasarían acuífero: 152.744 kg de nitrógeno/año, “siempre y cuando no se llenen más de una vez al año las balsas”. A ello habría que sumar más de 100.000 kg de emisiones de nitrógeno a la atmósfera en forma de amoniaco. Unos datos que, según argumentan varios de los expertos consultados, se quedarían cortos puesto que las balsas se llenan varias veces al año.
De esta forma, se estima que solo el sector porcino situado en la cuenca vertiente del Campo de Cartagena aporta al menos un 17% del total del nitrógeno que acaba en el acuífero del Mar Menor. A pesar de ello, la cabaña porcina no ha parado de crecer en Murcia: entre 1997 y 2020 ha pasado de 1,5 millones de cabezas a más de 2,1 millones. Aunque hay picos y valles en la serie histórica, desde 2013 no ha dejado de aumentar, produciéndose el mayor crecimiento entre 2019 y 2020, con 220.000 cerdos más en toda la comunidad, en un momento en el que la problemática del Mar Menor es sobradamente conocida por las autoridades.
Solo en el entorno del Mar Menor, el Gobierno de Murcia reconoce haber aprobado la ampliación de 39 granjas desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, lo que ha supuesto más de 35.000 cerdos más en la zona de influencia de la laguna. Teniendo en cuenta los datos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, esto representa unos 70.000 metros cúbicos de purines más cada año, el equivalente a 21 piscinas olímpicas llenas de heces. Asimismo, explican que en la actualidad tienen 2 peticiones de creación de nuevas granjas y 9 de ampliación en dicha zona pero subrayan que “esto no quiere decir que finalmente consigan la autorización”.
Desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente remarcan que las balsas “están impermeabilizadas de forma natural, método que está reconocido por la legislación nacional”. En defensa de este tipo de protección se remiten a un estudio –”este sí científico y sobre el terreno”, explican– elaborado por investigadores de una cátedra de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) patrocinada por el Ayuntamiento de Fuente Álamo para la “gestión ambiental para la sostenibilidad de la ganadería intensiva de porcino”.
Este informe reconoce que las balsas estudiadas no son completamente impermeables pero defiende que “la afección al subsuelo se considera muy somera y no se evidencia riesgo para el acuífero” (ni por tanto, para la contaminación de cuencas como el Mar Menor). Este estudio en concreto se refiere a una muestra de 8 balsas de las 500 que se localizan en la región.
Esta última afirmación pertenece al director de la cátedra de la UPCT, Ángel Faz Cano, también dirigente de otra cátedra en la misma universidad sobre la “Gestión sostenible de purines: una necesidad prioritaria en medio ambiente y ganadería”. Dicha cátedra cuenta con el patrocinio de la gigante cárnica CEFUSA, suministradora de El Pozo y también parte del conglomerado empresarial Grupo Fuertes, con una enorme presencia en la agroindustria de la comunidad.
La dejadez y la “manipulación política” que mata al Mar Menor
Sin embargo, y a pesar de que solo el sector porcino aporta al Mar Menor, como mínimo, 1 de cada 6 kg de nitrógeno, un informe de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino del Gobierno de Murcia elaborado en 2019 y obtenido gracias a la Ley de Transparencia, reconoce que no se estaban controlando los nitratos procedentes de las explotaciones ganaderas. En este documento, firmado por el ex director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de Murcia, Francisco Jose González Zapater, se admite que desde que se aprobó el decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor y la entrada en vigor de la ley con el mismo fin, “únicamente han trabajado en la aplicación de ambas normas y en la legislación en materia de nitratos, 2 personas”. Unos medios, que a vista de los datos disponibles resultan insuficientes para una problemática tan importante.
Pintada en la desembocadura de la rambla del Albujón. LIGHTHOUSE REPORTS
“Las balsas y el reparto de los purines en las tierras no se está controlando porque no pasarían ninguna inspección. Todos los ayuntamientos saben los problemas que hay pero les da igual. No hacen nada”, denuncian desde la Coordinadora de Lorca y el Valle del Guadalentín, cuyos miembros están acostumbrados a encontrarse con ilegalidades y problemas al lado de sus casas.
La aprobación de la citada ley de protección del Mar Menor es posterior a este informe, aunque las consecuencias señaladas se extienden hasta el presente. En él ya se reconocía que “los purines y otros estiércoles, mal gestionados, suponen un riesgo para el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena y para el Mar Menor”. Por ello, y dada la concentración de explotaciones porcinas existentes, este instrumento “prohíbe la implantación de nuevas explotaciones porcinas y su ampliación”en las zonas colindantes al Mar Menor. Asimismo, se crea -a través de su artículo 58- un registro electrónico de movimientos de deyecciones ganaderas. Sin embargo, a pesar de la emergencia que requiere la situación, este instrumento no se ha puesto en marcha hasta agosto de este año, en el momento en el que se producía una de las grandes muertes masivas de seres vivos en la laguna.
A pesar de todo ello, las acciones determinadas por el gobierno murciano para responder a esta crisis no han surtido efecto en el presente. Así lo afirma la bióloga Julia Martínez, también directora ejecutiva de la Fundación Nueva Cultura del Agua y ex-miembro del anteriormente citado Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Martínez ocupó el cargo entre 2016 y 2017, cuando decidió abandonarlo por la “manipulación política” existente, como también hicieron otros 8 de 18 miembros del grupo: “Era una absoluta pérdida de tiempo. Lo que hacíamos no valía para nada, las decisiones ya estaban tomadas”, admite Martínez.
Por otro lado, Aróstegui, pese a permanecer en el organismo en calidad de experto en Hidrología, admite que podría hacerse más: “No se está actuando sobre el acuífero. Se está monitorizando un poquito pero estamos muy lejos de lo que, en mi opinión, habría que hacer”. Reconoce que la ganadería porcina en la zona “es importante” y recomienda prestar más atención al uso agrícola de los purines, así como la impermeabilización de las balsas en las granjas.
Otras voces apuestan por medidas más radicales, en el sentido etimológico del concepto: es decir: ir a la raíz del problema. En este sentido, las moratorias parecen no ser suficientes. Un estudio sobre la vulnerabilidad ambiental de los ecosistemas relacionados con la industria porcina, realizado por investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad Complutense de Madrid, defiende que la cuenca vertiente del Mar Menor “debería paulatinamente reducir y/o concentrar las explotaciones ganaderas intensivas en suelos de carácter industrial menos proclives a dañar los ecosistemas vulnerables donde actualmente se ubican”.
María Giménez Casalduero, jurista y coautora del estudio, explica además que otro gran problema del modelo integrador (el predominante en la industria porcina, basado en la adquisición de varias fases productivas por una gran empresa a un ganadero particular) es que resulta realmente difícil determinar quién es el responsable de los delitos medioambientales que puedan producirse. Al ser un modelo productivo que engloba a varios titulares, no queda claro quién tiene la responsabilidad ambiental”, explica Giménez, actual coordinadora de partido Más Región. “Es un modelo de producción industrial que coloca al ganadero integrado en una situación de total desequilibrio frente a la gran empresa”.
Entre las conclusiones de la investigación también se denuncia un “abuso de la excepcionalidad” legislativa por parte de los responsables políticos. Esto, unido a la dejadez administrativa que denuncian los colectivos activistas como Coordinadora Lorca y Valle del Guadalentín, acaba derivando en una sensación de impunidad respecto al sector porcino: “No se está controlando porque no pasarían ninguna inspección. El problema es que hay tantos políticos en la empresa como empresarios en la política. El sector ha colocado a tantísimas personas en la administración que ahora prácticamente trabajan para ellos.” explican desde la plataforma.
A través de una petición de transparencia, los investigadores de Lighthouse Reports, lamarea.com y elDiario.es han podido saber que el SEPRONA –el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil– ha denunciado únicamente 51 infracciones de 14 granjas porcinas en el área de influencia del Mar Menor en más de cuatro años (desde 2016 hasta el presente). Si tenemos en cuenta solo aquellas relacionadas con las balsas y los purines, la cifra desciende a 8 casos: 5 por contar con balsas de purines sin impermeabilizar o por no acreditar su impermeabilización; 2 por tener balsas que revosan; y 1 por rellenar inadecuadamente el libro registro de gestión de estiércoles y purines. Unos datos que, por otro lado, no sorprenden a Hormigos: “Existe una clara inactividad de la Administración pública a la hora de atender las infracciones medioambientales realizadas por las explotaciones intensivas” explica.
Cartel reclamando la protección del Mar Menor en Los Alcázares. LIGHTHOUSE REPORTS
Desde la Consejería Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente no han impuesto ninguna sanción a granjas porcinas por problemas derivados del almacenamiento de estiércoles y purines en el ámbito de influencia del Mar Menor desde octubre de 2019, el momento en el que un informe de la propia consejería reconocía no estar actuando sobre esta problemática. Únicamente cuentan con una propuesta de apertura de 3 expedientes sancionadores, actualmente en fase de redacción. Desde la citada fecha solo se han realizado 40 inspecciones en la zona, es decir, menos de dos inspecciones al mes, según los datos enviados a este equipo de investigación.
De esta forma, la inactividad institucional sigue afectando directamente al estado ecológico del Mar Menor. Las valoraciones de los expertos tampoco son optimistas con el futuro de la cuenca: “El acuífero no se va a recuperar. Necesitaríamos muchísimas décadas”, comenta Arostegui. “Cuando se contamina un acuífero es la señal de que la contaminación está muy avanzada y de que es casi irrecuperable”. Ante una situación que sólo parece poder ir a peor, destaca aún la falta de responsabilidades y una respuesta efectiva que tome en consideración la dimensión ganadera del problema. Los vecinos y vecinas de la región, sin embargo, no se resignan a perder el paraje natural en el que se han criado. El pasado 7 de octubre, el centro de Murcia se llenó de miles de personas que pedían “futuro” para la laguna apenas un mes y medio después del último gran episodio de mortandad marina: “No pararemos hasta volver a tener un Mar Menor vivo, para nuestra generación y para las generaciones futuras”, terminó una de las portavoces.
Las diferentes administraciones de Estados Unidos, sin excepción, siempre han aplicado una política de intervención en los asuntos internos de Venezuela.
George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump o Joe Biden, cualquiera sea el nombre de los presidentes estadounidenses, que han centrado su política exterior para Latinoamérica han tenido como conducta el agredir a la Revolución Bolivariana, fijando sus garras en tratar de destruirla y con ello lograr el control, principalmente de sus reservas de hidrocarburos y otras riquezas minerales del país sudamericano.
Las administraciones estadounidenses en las últimas dos décadas, sin excepción, con su intromisión en los asuntos internos de Venezuela, han usado diversas herramientas de presión: políticas, diplomáticas, económicas, mediáticas, uso de mercenarios, acciones propias de la guerra híbrida (1) todo ello bajo el marco de una política de máxima presión para destruir el proceso chavista, bajo el eufemismo de manipulador de implementar también en Venezuela la estrategia de las “revoluciones de colores”. Un proceso desestabilizador que ha contado con el apoyo servil de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por el cuestionado político uruguayo Luís Almagro, la complicidad de países europeos (Francia, el Reino Unido, Holanda, España) que ambicionan el petróleo venezolano y de cancillerías latinoamericanas (Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay), que obedecen el mandato de Washington comportándose como aquellos yanaconas al servicio del poder imperial, apoyando una política hostil contra un país hermano y así deteriorar drástica y dramáticamente el nivel de vida de la población venezolana y generar con ello, una reacción adversa de la sociedad contra el Gobierno.
En esa política de enfrentamiento, en que se utiliza a gobiernos aliados de Washington también han servido a esos propósitos, golpistas venezolanos, que no han dudado en traicionar a su país sometiéndola a los objetivos de destrucción digitados desde Washington. Una política que ha tenido una expresión tan surrealista como traicionera, el día que un político de segunda línea, se autoproclamó presidente en una plaza caraqueña en febrero del año 2019. Tal fue el caso del político derechista Juan Guaidó, designado por el gobierno del expresidente Donald Trump y la vieja guardia derechista venezolana para “liderar” una oposición decidida a derrocar al Gobierno presidido por Nicolás Maduro, con todas las armas que proporciona la estrategia del Golpe Suave (2)
En estos casi tres años de un gobierno tan fantasioso como aliado del golpismo, surgido desde las oficinas de la Casa Blanca y el edificio vecino de la OEA en la ciudad de Washington, Guaidó y su círculo han recibido ilegalmente 30 mil millones de fondos pertenecientes al Estado venezolano, para llevar a cabo las maniobras políticas de desestabilización, pero también para su enriquecimiento personal. En una operación de rapiña y expolio, sin que los organismos internacionales y gobiernos que se llenan la boca respecto a la democracia y el respeto a las leyes internacionales, testigos de la manera del cómo se ha esquilmado a Venezuela, pero sin emitir palabra alguna de condena: Robo de fondos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y, el saqueo de las reservas de oro depositadas en bancos europeos. El control de la empresa Monómeros a manos del Gobierno colombiano, tras permanecer en manos del ficticio gabinete de Guaidó desde agosto del año 2019, apropiándose de cientos de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano (3)
Guaidó, de la mano de su padre putativo, primero Trump y hoy Joe Biden trata de mantenerse a flote como el líder de una oposición venezolana dividida, que tendrá su primera prueba de fuego en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, frente a un Chavismo que cuenta con elementos de mejora económica en el país gracias al precio del petróleo, que se espera no sea una maldición, sino que un aliciente a mantener las líneas de diversificación de la matriz productiva, que amplíe el abanico de productos generados en la propia Venezuela.
Mientras existe diálogo entre la oposición y el Gobierno, Guaidó sigue manteniendo su conducta golpista, con menos intensidad que al inicio de su autoproclamación, donde ha cesado su discurso del llamado al “cese de la usurpación” pero sigue con su tarea de tratar de derrocar al Gobierno de Maduro, violando la constitución venezolana, y sin tener propuestas concretas para resolver las situaciones que complican al país en múltiples campos. Un Guaidó que cuenta con el apoyo de Washington y su afán destructivo, porque es un títere obediente a los hilos con que se le maneja y seguirá recibiendo el apoyo de su padre putativo. Esto será así, mientras cumpla de manera clara e incuestionable las instrucciones que emanen del cuartel general de la oposición al Gobierno de Maduro.
Necesidad de Justicia
Más temprano que tarde el cese del cabildeo por parte de Occidente a favor de Guaidó lo empujará a salir, no sólo de la arena política de Venezuela, sino también del país, para terminar refugiado en España o Estados Unidos, donde los cientos de millones de dólares robados al pueblo venezolano serán aceptados sin chistar. Pero, no se puede ni debe olvidar que el trabajo de inestabilidad generado por Guaidó a instancias de su patrón estadounidense debe ser llevado a la justicia, pues parte importante del deterioro de la situación económica y humanitaria del país se debió al propio pedido de Guaidó y los suyos para lograr sus objetivos políticos a costa del sufrimiento de millones de sus compatriotas. La justicia contra tanto crimen cometido a costa del sufrimiento de millones de venezolanos alcanzará más temprano que tarde a Guaidó y a los suyos.
El Gobierno venezolano, por su parte, busca estabilizar la situación de manera pacífica, denunciando urbi et orbi la política de Estados Unidos contra Venezuela y la utilización que se ha hecho de venezolanos para propiciar daño a su propio país. En su intervención en el 76.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) celebrada el día 22 de septiembre (4) el mandatario venezolano exigió el levantamiento de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra la economía y la sociedad de Venezuela, calificándolas como una “persecución financiera, monetaria, comercial, económica, energética, sistemática, cruel y criminal. Igualmente rechazamos el secuestro y robo de miles de millones de dólares en cuentas bancarias en Estados Unidos y el oro de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela depositados en bancos londinenses”. Maduro destacó también, en su alocución el hecho que los diálogos con la oposición habían logrado atraer hacia la negociación a amplios sectores de la oposición para que volvieran “a la política, a la Constitución y al camino electoral”.
Por su parte, en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac) el día 19 de septiembre del 2021, el presidente Maduro (5) mostró su estatura ganada a pulso, en años de batalla contra los mayores poderes del mundo enfatizando que la política internacional debe estar al servicio del derecho internacional y pasar la página del divisionismo y del acoso que se ha ensañado contra Venezuela, como también contra Cuba y Nicaragua. En palabras francas como certeras sostuvo, en clara referencia a los nuevos lacayos de Washington en Sudamérica, además de Iván Duque de Colombia, me refiero a Luis Lacalle Pou presidente de Uruguay y Miguel Abdo del Paraguay “tendríamos suficientes piedras, para tirar contra algunos de ustedes, pero no vinimos a tirar piedras, venimos a tender las manos para el trabajo, para el diálogo y para la unión de los grandes aconteceres”. Para ciegos, sordos y mudos, además de mancos como es el caso de Guaidó y los suyos el mensaje de la unidad representa simplemente una línea de trabajo que no lo asumirán y ante ello, los pueblos de Latinoamérica deben sepultar en el basurero de la historia a políticos serviles a Washington más que a sus propios pueblos.
1. La guerra híbrida es uno de los numerosos conceptos que hoy se utilizan por los estudios relativos a temas de defensa para definir las “nuevas guerras” del siglo XXI. Concebida para advertir de una tipología de conflicto que parece integrar el empleo de medios convencionales e irregulares. Definido originalmente en el año 2002 para advertir de las tácticas empleadas por la insurgencia chechena contra el Ejército ruso durante la Primera Guerra de Chechenia —1994-96— (Nemeth, 2002), el término guerra híbrida fue empleado por primera vez de manera oficial en la Estrategia Nacional de Defensa estadounidense en 2005, para explicar la combinación de dos o más amenazas de tipo tradicional, irregular, catastrófico o disruptivo (Department of Defense [DoD], 2005). Sin embargo, no fue hasta la publicación del artículo: La guerra del futuro: la llegada del conflicto híbrido (2005), del general James N. Mattis y el teniente coronel Frank G. Hoffman, cuando la designación adquirió contenido teórico; y fue en la guerra de agresión del sionismo contra Hezbolá cuando tuvo lugar su primera gran manifestación práctica. https://www.redalyc.org/pdf/4762/476248923004.pdf
2. El llamado “golpe blando” o “golpe suave” es una estrategia de “acción no violenta” ideada por el politólogo y escritor estadounidense Gene Sharp, a finales del siglo pasado, y ampliamente utiliza en el mundo durante la última década mediante el uso de armas psicológicas, sociales, económicas y políticas». En ese sentido, Sharp expone que “en los Gobiernos, si el sujeto no obedece los líderes no tienen poder. Estas son las armas que en la actualidad se usan para derrocar Gobiernos sin tener que recurrir a las armas convencionales”.
Por ello, Sharp apuesta por una serie de medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional.
3. Monómeros: compañía petroquímica filial de PDVSA, que produce fertilizantes para el sector agrícola y alimentos para animales a base de concentrados de fósforo, calcio y sodio y que ha sido usurpada por el Gobierno colombiano a instancias de Washington y de la cual la oposición venezolana se ha beneficiado con cientos de millones de dólares.
Un nuevo episodio de violencia policial en EE.UU. ha quedado registrado en un vídeo que muestra a agentes disparando y matando a un afroamericano en una tienda.
El miércoles, fueron difundidas las imágenes de una cámara corporal de los oficiales de la Policía estadounidense, quienes el pasado 6 de octubre dispararon a un hombre negro durante una intervención policial en un supermercado en la ciudad de Rochester, en el norte del estado de Nueva York, causándole la muerte.
En el vídeo, que pertenecía a la cámara del agente que disparó a Simran Gordon, de 24 años de edad, se ve al oficial entrando en la tienda, para luego desenfundar su arma y pedir al afroamericano sacar las manos de sus bolsillos.
Sin embargo, nada más el joven trata de huir entre los pasillos del supermercado, el policía le persigue y cuando le alcanza, se escuchan varios disparos.
Aun así, se ve en el vídeo que tras el tiroteo, el oficial sigue gritando a Gordon que “suelte su arma”, mientras el joven ya está en el suelo y obviamente es alcanzado por las balas. En este marco, el agente alegó más tarde que Gordon estaba armado y fue él que disparó el primer tiro.
Pese a los reportes de la Policía estadounidense, varios miembros de la familia de Gordon han destacado a los medios locales que no creen en la versión policial y exigen justicia. “No fue un intercambio de disparos. No fue un tiroteo. Fue totalmente un asesinato”, señaló Lyndon Gordon, el tío de Gordon, ante la prensa.
El abogado de la familia, Yousef Taha, por su parte, resaltó a la agencia francesa de noticias AFP que hará un llamado a la Fiscalía General para que lleve a cabo una investigación “completa y transparente” sobre el homicidio. “La publicación de los vídeos nos ha dejado con más preguntas que respuestas”, agregó.
Durante los últimos años, los tiroteos protagonizados por la Policía con consecuencias fatales y otras formas de brutalidades contra las minorías étnicas han suscitado multitudinarias protestas y duras críticas por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles a nivel mundial.
De acuerdo a un estudio elaborado por las Universidades de Míchigan, Rutgers y Washington, los afrodescendientes tienen 2,5 veces más probabilidades de morir a manos de agentes blancos.
Marine Le Pen, candidata presidencial francesa, visita la Exposición Empresarial Defensa, Versalles, Parías, 14 de octubre de 2021. (Foto: AFP)
La ultraderechista Le Pen asegura que desmantelará todos subsidios a la energía renovable y las turbinas eólicas si llega a ser presidenta de Francia en 2022.
La candidata presidencial de extrema derecha francesa Marine Le Pen, ha afirmado este jueves que se opone a energías eólicas y solar, y ha prometido poner fin a todos los subsidios a la energía renovable y eliminar las turbinas eólicas del país, y en cambio, impulsar la construcción de nuevos reactores nucleares en el caso de que gane las elecciones previstas para abril de 2022.
“Si salgo elegida, pondré fin a toda construcción de nuevos parques eólicos y lanzaré un gran proyecto para desmantelarlos”, ha dicho la aspirante del partido Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) en una entrevista con la radio local RTL.
Tras considerar el sol y el viento como energías intermitentes y no renovables, Le Pen ha recalcado que, en un eventual gobierno suyo, se quitarán los subsidios ascendidos a entre 6000 millones y 7000 millones de euros al año que reciben empresas que desarrollan las llamadas energías limpias.
Por otro lado, la candidata del RN ha dicho que, si llega al Elíseo, apoyaría la industria nuclear francesa mediante la construcción de varios reactores nuevos, financiando una mejora importante de las actuales instalaciones y respaldando la construcción de pequeños reactores modulares, como lo propuso el actual presidente Emmanuel Macron.
En este sentido, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la ministra del Medio Ambiente de Francia, Barbara Pompili, ha rechazado las declaraciones de Le Pen y ha explicado que, al desmantelar las turbinas de viento, Francia perderá alrededor de 8 % de su producción de electricidad, mientras que el consumo aumentará alrededor del 20 % para 2035.
“Al menos que la señora Le Pen sepa cómo construir plantas de energía nuclear en menos de 10 años, nos llevaría a un apagón”, ha planteado Pompili.
El jefe de Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso, está bajo fuego por su implicación en casos de corrupción y evasión fiscal que sacan a la luz papeles de Pandora.
En su más reciente intento de defensa, el empresario tuvo que reconocer que sí tiene abundante patrimonio en el extranjero.
Entretanto, una comisión de la Asamblea Nacional, dominada por el correísmo, está investigando a Lasso por su implicación en delitos fiscales.
El expresidente Rafael Correa consideró las acusaciones contra Lasso como un escándalo descarado muy difícil de ocultar.
A su vez, el exaspirante a la Presidencia de Ecuador, Andrés Arauz ha llamado a la dimisión de Lasso o su destitución vía juicio político.
La ley ecuatoriana prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.
El pasado 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presentó la indagación sobre cuentas en paraísos fiscales que implica a varios dirigentes políticos, entre ellos a Lasso, al presidente chileno, Sebastián Piñera y el expresidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.
La Habana (Prensa Latina) Con su cosmovisión en armonía con la naturaleza y una sabiduría ancestral que intentan mantener de generación en generación, las comunidades indígenas viven en una lucha continua para preservar riquezas culturales y tradiciones.
