El país ibérico es una de las puertas principales para el ingreso de drogas a Europa.
España es una de las puertas principales para el ingreso de drogas a Europa. Las fuerzas de seguridad luchan para frenar el narcotráfico pero la erradicación del crimen organizado está llena de dificultades, y uno de los mayores obstáculos es la capacidad que tienen las mafias de reinventarse para intentar evadir a los cuerpos de seguridad.
Sus métodos han cambiado para evitar importantes detenciones, los jefes de la droga apuestan por ser más discretos. «Han dejado de tener la visibilidad tan notoria que tenían grandes narcotraficantes tanto en España como en Sudamérica. Se ha producido un fenómeno como la atomización de los grupos criminales«, dijo a RT el inspector jefe de la Sección Cuarta de Cocaína de Madrid de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Alberto Morales.
Los expertos señalan que es un mito que las bandas criminales lleguen a España simplemente para descansar, o para refugiarse. Consideran que las mafias organizan desde el sur de ese país el tráfico de la droga de toda Europa. Unas organizaciones sin grandes nombres propios, globalizadas y que se abren a cualquier negocio delictivo posible.
«Dan todo tipo de servicios»
«Ahora esas líneas se han ido difuminando y hay organizaciones que dan todo tipo de servicios. Quien antes solo se dedicaba al tráfico ilícito, también resulta que puede repartir mujeres y dedicarse a la trata y sacar marihuana al resto de Europa«, comenta el periodista especializado en organizaciones criminales Manuel Marlaska.
En España, en 2019 se incautaron 38 toneladas de cocaína y cerca de 350 toneladas de hachís. La Policía y Guardia Civil detuvieron a más de 20.000 narcotraficantes en solo un año, operaciones que han obligado a las mafias a modificar su actividad.
Cada vez es más habitual que las organizaciones criminales que reciben la droga en España compartan los gastos de transporte de un mismo alijo de cocaína, de esta forma reducen los costes y también diversifican el riesgo de una posible incautación.
Las bandas delictivas buscan cualquier resquicio para introducir la droga en el destino final. Las mafias son conscientes de que las fuerzas de seguridad solo alcanzan a registrar el 3 % de las mercancías que entran por los puertos de España. Además, la reforma de enjuiciamiento criminal en teoría facilitaba colocar micrófonos en casas y poner balizas en los coches, pero en la práctica, según los propios agentes, ha sido una medida contraproducente.
«Eso está dificultando muchísimo la lucha contra el crimen organizado. Y ese problema lo han detectado las organizaciones criminales. Ahora, a la Policía se le ha podado unos brazos que tenían y eso lo que implica, es un crecimiento de actividades criminales», sostiene Marlaska.
El tráfico de drogas produce grandes fortunas. De acuerdo con la Policía, el blanqueo de capitales y las investigaciones patrimoniales son el punto débil de los narcotraficantes. Sin embargo, los extraordinarios beneficios de las mafias sirven para reinvertir en la propia organización. «Ellos están a la vanguardia de la tecnología y a la vanguardia de los métodos de ocultación», aseveró el inspector jefe de la Sección Cuarta de Cocaína de la UDYCO.
Entre los hogares de bajos ingresos, el 30 % asegura haber gastado todos sus ahorros para hacer frente a la crisis tras la llegada de la pandemia.
La situación económica en EE.UU. se hace más grave. Según una encuesta, casi el 40 % de las familias estadounidenses se han enfrentado a problemas financieros debido a la crisis por la pandemia del covid-19, incluso a pesar de haber recibido ayudas gubernamentales.
En este contexto, activistas y ONG alertan de que el problema se está agravando.
Daniel del Pielago, director de la organización Empower DC, y sus compañeros llevan días tratando de conectar a personas necesitadas con programas de ayuda para el pago del alquiler. Trabajan a contrarreloj, los fondos federales se han agotado y desde el Ayuntamiento han puesto una fecha límite para recoger solicitudes.
Con el covid-19 «se pone la situación hasta más terrible, así que es algo que nosotros estamos haciendo para decir que estos problemas existen y hay que hacer más. No podemos hacer estos programas que tienen fecha de expiración porque se va el dinero. La gente va a seguir con hambre, va a seguir necesitando vivienda, va a seguir necesitando medicina, así que tenemos que hacer algo más», comenta Del Pielago.
Aunque el pago del alquiler y la hipoteca son prioritarios, los expertos temen que no se vea más allá. Millones de estadounidenses tienen problemas para pagar las facturas de suministro. Se calcula que más de uno de cada cuatro estadounidenses luchan por cubrir gastos habituales.
Actualmente, solo la capital y otros tres estados mantienen moratorias que impiden cortar la energía o el agua. Aunque no hay datos nacionales de carácter oficial, por ejemplo, solo en California durante la pandemia se ha acumulado una deuda ciudadana por impago de agua y electricidad de unos 2.700 millones de dólares.
Un ejemplo es Tamara Green, quien explica que perdió su trabajo y desde entonces no ha podido conseguir otro: «Estuve recibiendo el beneficio por desempleo, pero luego esa ayuda dejó de llegar, creo que hubo algún tipo de complicación en la oficina, así que no cobré nada durante siete meses y por ese motivo estoy atrasada en el pago de las facturas».
Entre los hogares de bajos ingresos, el 30 % asegura haber gastado todos sus ahorros para hacer frente a la crisis tras la llegada de la pandemia.
Los estadounidenses afroamericanos y latinos continúan siendo los grupos más castigados. No solo en los impagos de vivienda o de gastos comunes, también a la hora de conseguir algo para comer.
La situación es dramática en el caso de los adultos con niños a cargo, uno de cada ocho asegura no tener suficientes alimentos.
En organizaciones como Bread for the City aseguran que, debido al aumento de la pobreza, actualmente han eliminado todos los requisitos de acceso a su banco de alimentos.
Kendrick Thomas, responsable de comunicación, señala que se encuentran distribuyendo más alimentos que jamás antes en la historia de la organización. «Están llegando más clientes de manera constante. Tenemos a miembros de la comunidad que nunca antes habían oído hablar de nuestra organización, Bread for the City y que ahora utilizan nuestros servicios todo el tiempo. Hemos distribuido casi más de 400.000 pañales este último año fiscal. Hemos entregado de 700 a 1.000 bolsas de comestibles en un solo día, nunca habíamos hecho tanto antes», expone.
La demanda y la necesidad es tal, que incluso han decidido abrir un nuevo servicio de ropa donde cada persona puede obtener gratuitamente un máximo de 25 prendas.
Kyah Campbell, responsable de voluntariado en la organización, dice que con la pandemia muchos de sus usuarios «se han enfrentado a desahucios, por lo que tienen que empezar desde el principio. Esto significa que no tienen ropa, muebles; no tienen nada. Entonces vienen a nosotros en busca de ayuda y se supone que debemos intervenir, nosotros lo hacemos y por ejemplo les ayudamos a obtener toda la ropa que necesitan para vestir a toda la familia».
Si hay algo en lo que coinciden tanto expertos como activistas es que, de no haber sido por las ayudas gubernamentales frente a la crisis, la situación en este país habría sido dramática.
De los hogares encuestados que actualmente aseguran tener dificultades económicas, el 67 % dice haber recibido asistencia pública. Ahora esos recursos se agotan y se acerca un invierno de altos precios de la energía e inflación en los alimentos.
Los peruanos protestan ante un supuesto “golpe” del Congreso nacional contra el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, a través de una ley.
El sábado, las calles de Lima (capital peruana) fueron escenario de cientos de personas que rechazaban un supuesto “golpe” del Congreso de Perú, tras la aprobación de una ley que intenta delimitar las facultades de control del presidente Castillo.
La ley, que interpreta la “cuestión de confianza”, establece las circunstancias en las que el Ejecutivo puede y no puede solicitar la herramienta constitucional, utilizada para respaldar al Gabinete de ministros. Es más, conforme a los manifestantes, con la referida ley se limitarían los poderes de Castillo para disolver la cámara.
“Estamos reclamando aquí una situación del aspecto legal del Congreso para las situaciones democráticas del país. Nos quieren decir que han sacado un artículo en el cual determinan que tienen el derecho para bajar al presidente Castillo”, condenó un manifestante peruano, Eduardo Huaman.
Otro grupo de los manifestantes solicitaron que se cierre el Congreso del país, debido a que pensaban que no se ha hecho nada en cuatro meses y solo ha obstruido los deberes gubernamentales de la Administración de Castillo.
Cabe destacar que la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso del país, sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando. Además, mediante esta cuestión, el Ejecutivo puede equilibrar poderes con el Legislativo cuando este quiera pedir la destitución de un ministro o el primer ministro, o cuando se oponga a una política del Gobierno.
Desde su inserción en la Constitución, la cuestión de confianza ha sido utilizada por presidentes para evitar censuras a los Gabinetes de ministros por parte de la oposición en el Congreso. En el 2019 fue utilizado por el entonces presidente Martín Vizcarra para cerrar el Congreso tras una ilegal elección de nuevos miembros del TC.
Aunque el actual Parlamento insiste en que no se están recortando los derechos del Ejecutivo, no es un secreto la intención de gran parte de la oposición de vacar al mandatario Pedro Castillo, por lo que la aprobación de esta ley estaría dejando el camino libre.
Pedro Castillo asumió las riendas del país andino para el período 2021-2026, después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo proclamara en agosto ganador del balotaje del 6 de junio frente a Keiko Fujimori, tras el conteo del 100 % de votos.
Evo Morales dice que el jefe de la OEA admitió su culpa en el golpe de Estado de 2019 en Bolivia al negarse a participar en un foro político sobre este caso.
“Al tratar de escapar, [Luis] Almagro y sus cómplices admiten su culpa” en el golpe de Estado de 2019 orquestado por la derecha, escribió el sábado el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), en su cuenta en Twitter.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y otros dos miembros de su Secretaría se abstuvieron de asistir el viernes a una reunión con expertos para debatir sobre el golpe de Estado en Bolivia que derrocó al Gobierno legítimo de Morales.
“En su propia casa, los representantes de la OEA que debían responder por la falsa denuncia de ‘fraude’ se esconden y niegan dar la cara ante 20 embajadores que buscan la verdad del golpe de Estado”, criticó Morales, quien es además el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
El foro, organizado por Bolivia, México y Argentina, se celebró el viernes, en la sede de la OEA en Washington, capital estadounidense, y debatió el informe del organismo hemisférico que alimentó el golpe de Estado tras afirmar que había ocurrido un “fraude” en las elecciones presidenciales de 2019 en las que Morales fue reelegido.
Las tres delegaciones, junto con los expertos independientes que participaron en el evento, aseguraron que no hay evidencias a favor de un fraude electoral en los comicios del 2019.
Este domingo, un editorial del periódico boliviano El Pueblo tildó de “funesto” el papel desempeñado por la OEA y Almagro durante la asonada, y denunció que el jefe de la OEA “no tiene la ética necesaria para hacerse responsable de sus acciones que costaron vidas en el país”.
Tras la reelección de Morales en las Presidenciales de 2019, el país se enfrentó con una ola de caos y agitación, ya que la oposición no reconoció el resultado e inició una serie de protestas, con el apoyo de los altos mandos policiales y militares, por lo que el mandatario tuvo que renunciar y salir del país para evitar el derramamiento de sangre en las calles.
Ante esta coyuntura, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales para ello, lo que enfureció a los partidarios de Morales, quienes salieron a las calles y enfrentaron con una brutal represión policial.
Un año después, con el Movimiento al Socialismo en el poder tras el triunfo de Luis Arce en las elecciones de octubre, Áñez fue detenida de manera preventiva por diversos delitos de terrorismo y sedición por el caso golpe de Estado.
Quién a estas alturas confía en la Justicia española o no ha leído ni escuchado ninguna noticia en los últimos diez años por lo menos o padece una grave insuficiencia cognitiva.
Lo ocurrido con el escaño de Alberto Rodríguez puede parecerles caso menor… Pataleta lo llamaban algunos conspicuos miembros del Psoe, con el cinismo característico de esta patética claque que mantiene el partido. Eliminar de forma abyecta el acta de diputado de una persona que representa a casi 70.000 votantes es una bofetada radical en toda la escuadra democrática abriendo la puerta a desmanes varios
Analicemos el caso: Alberto Rodríguez es denunciado por un policía ultraderechista (sí, ultraderechista confeso) que en ¡2014! le propinó una patada durante una manifestación. No hay prueba alguna, más que la declaración del policía. No hay testigos del acto agresivo. Nadie vio nada, ni los compañeros del policía. Ni grabaciones. Nada. Declaración, contra declaración.
Al diputado se le condena a una pena de un mes y medio de cárcel sustituida por una multa de 540 euros que ya ha satisfecho. La condena del tribunal es por mayoría, nada de unanimidad que sería requerida ante el desliz y la entidad de la sentencia. Cinco votos en contra (los de jueces conservadores, algunos de ellos cargos anteriores del PP) y tres en contra (los jueces progresistas, que incluso hacen público su desacuerdo y muestras discordancias graves con la sentencia). Condena ideológica clara que niega la presunción de inocencia y condena con la única prueba que aporta verbalmente el denunciante.
El pago de la multa se efectúa por lo que no debería haber inhabilitación de ningún tipo según la ley que dice que una pena de multa no supone inhabilitación.
Se conmina en voz del genuino Marchena que solicita a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que requiera el acta de diputado a Rodríguez, ésta a su vez consulta a los letrados del Congreso que confirman que la multa no es privativa de inhabilitación afirmando que no procede solicitar el acta de diputado… pero Marchena, cual patrone mafioso, sigue presionando y Batet cede entregando la cabeza del diputado a la furia judicial conservadora. No se sigue el criterio de los letrados de las Cortes, que no son vinculantes pero sí están ahí, para algo servirán, pensamos. Y con esto, queridas mías, se confirma el asalto sangriento del poder judicial al legislativo. Con una grandiosa contundencia que nos deja sobrecogidas porque en el poder del Congreso es donde está la voz del pueblo. Votamos a los diputados/as son nuestros/as representantes, cosa que el poder judicial se lo pasa por el arco del triunfo.
Se comentaba que la señora Batet andaba llorosa ante tamaña componenda pero ni por asomo se planteaba la dimisión de un puesto que se ve obligado a tragar un sable de considerables dimensiones y queda sumido en la indignidad. ¿Dimitir? ¿Dignidad política? ¿Qué es eso?
Podría decir sin temor a exagerar que esto es un difuso y bien diseñado golpe de estado. Claro que las educadas voces psoistas me llamarán histérica…A lo que les responderé que la tarea de Judas Iscariote les va como anillo al dedo. Siempre habrá un domado Psoe (me niego a llamarles socialistas) para realizar el trabajo sucio de la derecha, para plegarse , como domados y doblados de cerviz ciudadanos bien adiestrados. Asquito profundo que dan.
Cuando la derecha clama por el tongo en las elecciones con ese mal perder característico de la poca práctica democrática optando por la judicialización de la política arman el zafarrancho para obviar lo votado y doblar el espinazo democrático no hay delante de las huestes infectas un frente firme que les mantenga a raya. Al contrario, desde siempre, esta izquierdita de salón cree que tragando sables, haciéndose la buena, los otros, domeñaran la furia. Y es justo al contrario. Si algo valora un ultra auténtico (no hago distingos entre las dos derechas, son ultramontanas de libro) es la contundencia en la respuesta. Además les da igual. Montan el pifostio por todo ¿por qué no ir a por todas? Si ser buenecitas solo explaya sus ansias de sangre.
Quienes nos quedamos en perplejidad constante viendo la dificultad de jueces y fiscales para identificar a M. Rajoy, en dictar sentencias justas y en tiempo (antes de prescribir o de morir “accidentalmente” los acusados, Villarejo dixit) en Gürtel, Púnica y etc. Quienes vemos con espanto al rey Emérito darse la gran vida a nuestra costa mientras se nos desgrana en comisión parlamentaria las vergüenza de un CESID o como las cloacas policiales deben suministrar al anterior jefe del estado bromuro para que no se tire hasta a la escoba y escuchamos como surgen sonoros nombres en los Pandora papers sin que nadie mueva ni una ceja, que cada día nos sorprende una nueva noticia en el desvarío nacional de corruptos a cascoporro. Mientras todo eso ocurre, observamos la contundencia en juzgar algo inverosímil, dictar sentencia condenatoria y presionar al Congreso para eliminar a un diputado, que no es problema personal, como él apuntó, sino de representación. Han hurtado el voto a casi 70.000 canarios.
El claro viraje del trilero Sánchez en el congreso reciente ha sido claro. El abrazo de Vergara con González era esto. De siempre se supo que Sánchez pactaba con UP a regañadientes, como la novia/o que se casa con el suplente porque el ideal no quiere. El ideal de Sánchez y su troupe (que troupe, madre…escuchando a la “lumbrera” de Iván Redondo que dicen que era el listo del grupo, una se da cuenta de cómo serán los tontos) siempre fue Cs. El amor brillaba en los ojos del trilero Sánchez, cuando contemplaba a Rivera pero el “con Rivera no…” sonó muy alto y al final no quedó otra que asumir un matrimonio sin amor son UP.
Desde el minuto uno sobraba una parte de la coalición. Y más ahora, que aparece una persona con brillo de liderazgo y parece aunar conformidad en las diversas vías de la izquierda. Cierto es que nos conformamos con poco, que no es oro lo que reluce pero la imagen de Yolanda Díaz emerge con la suficiente fuerza como para dar un ligero resquemor a esa derecha psoistica que se vio representada en el abrazo tóxico entre González y Sánchez. Dicen que cerraban heridas y lo que ocurría es que trasvasaba el veneno acomodaticio, burgués y traidorzuelo del pasado al presente. Que tampoco hacía mucha falta porque pocos, muy pocos personajes políticos hemos visto con una capacidad tal de travestismo político como Sánchez, capaz de decir algo y lo contrario en horas sin despeinarse ni inmutarse.
Que se expulse de la Cámara a un diputado ejemplar mientras se traga cada día los carretones de mierda política que tragamos dice mucho y mal del sistema. Y dice mucho y mal de nosotras como pueblo. Y perdonen, también dice mucho y mal del partido de Alberto Rodríguez (que con buen sentido abandonó el sábado por la tarde) que no es capaz de arropar a su diputado dando un puñetazo en la mesa hasta hacerla saltar por los aires.
Un partido que no hace frente común en defensa de sus electores y de sus miembros es un partido chicle. Un partido que no ofrece confianza porque le faltan agallas y capacidad endogámica para defender a los/as suyos.
Y si fuera necesario salir del gobierno, se sale. Por supuesto, porque UP, solo puede perder confianza y votos estando en un gobierno indecente que con una mano empuña puñal traidor y con la otra toma prestado el apoyo de los 35 diputados que le confirman como gobierno. Salir ya de una gestión donde nunca debieron estar. Marcharse con una tangana de cuidado y llenar las calles como lo hizo tiempo anterior y tan buenos resultados electorales obtuvo de una postura clara encarnando a la inmensa minoría que no nos sentimos representadas por un gobierno vergonzante.
No es el gobierno de la izquierda. Ni tan siquiera es el gobierno de una socialdemocracia decente. Es un puñetero gobierno pusilánime que maquilla de izquierdita cobarde lo que es solo un amasijo de políticas derechizadas y vacías de contenido. Apuesto lo que quieran a que acuerda la Reforma Laboral dejándola igual o peor, con mucha semántica de una pseudoprogresía vacía de contenido. Ejemplos tenemos varios: Propuesta de Ley de Memoria Histórica, Propuesta de Ley de control de alquileres… Por no hablar de las collejitas cariñosas que se les da de vez en cuando a las eléctricas, obviando que fue precisamente el gobierno de Felipe González el que nacionalizó las empresas del grupo Rumasa… Poder se puede. Hacer se debería hacer pero no se atreven… o no quieren porque luego las puertas giratorias no funcionan.
El golpe de estado que la judicialización del poder ejecutivo y legislativo realiza cada día nos demuestra el pertrecho de interés de una derecha salvaje y una izquierda domada. Pero muy domada.
El lewfare de cada día ha funcionado de forma directa dando en plena línea de flotación de la democracia. Hoy más que nunca el puñetazo en la mesa es la única opción. Porque a lo de Alberto Rodríguez seguirán más casos. Estamos bien seguras.
«Casado nos habló de ETA por la mañana en el Congreso y Villarejo, por la tarde y en el mismo sitio, de Rajoy. El PP sabía lo que iba a decir el excomisario en la comisión del Congreso que investiga la trama Kitchen porque se lo adelantamos en Público antes de que fuera al Parlamento, pero de eso no dice nada. El PP, como Vox, prefiere hablar de ETA, que desapareció hace diez años y hacer mucho ruido con el dolor de las víctimas, que es lo más ruin que se le puede hacer a alguien que no obtiene consuelo».