elDiario.es ha sido testigo directo de los pagos en metálico de los opositores a un alto cargo y dos inspectores del supervisor bancario. Uno de ellos interrumpió la grabación de las clases para explicar su sistema de cobros, que tiene lugar en sus domicilios particulares, bares y un coworking

Investigación — En billetes y sin recibo: el gran negocio de tres inspectores del Banco de España con la formación de opositores

La tarde del 8 de octubre, viernes, varios veinteañeros desfilaron por la jamonería DBellota —un local de la calle Fuencarral, pleno centro de Madrid, que funciona como bar y tienda de embutidos ibéricos— siguiendo un mismo ritual. Entraban, buscaban con la mirada a un hombre sentado en una de las mesas ubicadas al fondo y acudían a su encuentro. Algunos se sentaron a conversar y pidieron refrescos o cañas. Otros saludaron brevemente y se marcharon. Todos depositaron discretamente el dinero en efectivo.

«Pagué más de 10.000 euros en mano durante 18 meses y no vi nunca facturas ni recibís»

Alumnos de diferentes promociones de la academia en la sombra creada por trabajadores del Banco de España relatan cursos enteros de pagos en metálico y entregas de sobres trimestrales cercanas a los 1.000 euros. Nunca recibieron documento alguno que pueda acreditar esos pagos que reportaron a uno de los preparadores 8.000 euros mensuales

Exclusiva — En billetes y sin recibo: el gran negocio de tres inspectores del Banco de España con la formación de opositores

Opera como una academia en la sombra creada ‘ad hoc’ para preparar las oposiciones al Banco de España, donde trabajan como inspectores o altos cargos tres preparadores: el director del departamento de Resolución, Alberto Casillas Cuevas, su hermano Juan, inspector de la entidad, y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole, como desvela en exclusiva este miércoles elDiario.es.

Vídeo – Así explicaban los pagos en metálico los inspectores del Banco de España: «Pagáis mi casa de Boadilla, en la de mi hermano o en ese bar»

Los tres profesores cobran la misma tarifa a los alumnos, 160 por asignatura y mes, y es habitual que se recomienden unos a otros cuando aparece un aspirante que pretende obtener una plaza en el supervisor bancario. Así lleva siendo durante el último lustro gracias al boca a boca entre los alumnos. elDiario.es ha hablado con decenas de ellos durante los últimos meses. La mayoría tiene estudios económicos y no llega a la treintena.

Los jóvenes fueron entrando en el local a cuentagotas siguiendo la rutina de cada final de trimestre. Tocaba pagar las clases de Estadística y Matemáticas correspondientes a julio, septiembre y octubre (en agosto no se impartieron). 160 euros al mes por cada una de las dos asignaturas que imparte este profesor: 960 euros en cada entrega, 40 menos del tope máximo para los pagos en efectivo desde el pasado julio cuando Hacienda los limitó a 1.000 euros dentro de las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Las instrucciones de pago las había dado el propio preparador en una de las últimas clases de septiembre. Al final de su exposición, interrumpió el sistema de grabación —tanto Juan Casillas como su hermano Alberto suelen grabar las sesiones por si algún alumno no puede asistir— y detalló «para los nuevos» cómo debían hacerse los pagos. Ofreció tres posibilidades: en su casa de Boadilla del Monte; en el domicilio en el centro de Madrid de su hermano Alberto, también preparador; o en el citado establecimiento de la calle Fuencarral. «Cualquiera de las tres opciones, fenomenal», dijo a los alumnos sin ofrecer en ningún caso la posibilidad de realizar los pagos por transferencia bancaria o plataformas de micropagos como Bizum. Su explicación puede verse en el siguiente vídeo.

Este periódico ha acreditado que esos pagos se realizaron exactamente como pidió el profesor. En metálico y en persona. Los abonos a través de otras fórmulas que dejan rastro son excepcionales en esta academia en la sombra montada por profesionales del Banco de España y suelen reservarse a personas que viven fuera de Madrid, donde residen los tres preparadores, según han contado varios alumnos a esta redacción y ha podido comprobar en persona una periodista de elDiario.es que ha estado semanas asistiendo a las clases y ha sido testigo de esas entregas en efectivo.

La misma semana de la cita en la jamonería, Alberto Casillas Cuevas, hermano de Juan y jefe del departamento de Resolución del Banco de España, también había ido citando en su casa del distrito de Salamanca de Madrid a la veintena de alumnos que asisten telemáticamente a las clases de Contabilidad que imparte durante tres horas cada semana. Actualmente tiene al menos dos grupos diferenciados por niveles a los que cobra con similar tarifa y procedimiento que su hermano y la tercera inspectora de la entidad: 160 euros mensuales a pagar en mano y en efectivo. Entre reunión y reunión de su trabajo en el supervisor bancario, recibe en el mismo despacho desde el que imparte su asignatura por Zoom. Si dispone de tiempo, propone a los estudiantes tomar algo por la zona para resolver dudas o comentar cómo llevan el estudio.

El primer lunes de octubre muchos de esos alumnos ya habían preparado otras cantidades, también con dinero en metálico, para entregar en un coworking ubicado en un sexto piso en la Glorieta de Cuatro Caminos, en Madrid, a la inspectora Patricia Navarro-Rubio Poole, nieta de quien fuera gobernador de la entidad entre 1965 y 1970, un cargo al que accedió tras haber sido ministro de Hacienda en la dictadura y procurador en Cortes. Los alumnos abonaron ese día las clases de Sistema Financiero. Otros 160 euros por cabeza cada mes a cambio de recibir las explicaciones de la asignatura en vídeos que requieren de un usuario y contraseña para poder acceder e incluyen una marca de agua con el nombre del opositor. De esa forma, evita que pueda ser difundido y, en caso de que ocurra, poder cazar a quien pretenda seguir sus clases sin pasar por caja.

Sobre las 20.30 horas de ese lunes cuatro de octubre, la inspectora salió de la oficina abrazada a una carpeta con el dinero dentro. Detrás de ella, varias de las opositoras que acababan de efectuar los pagos. Patricia Navarro-Rubio había permanecido en esa sala dos horas y media recogiendo las cantidades en efectivo y departiendo con los alumnos, que aprovechan esos encuentros para comentar sus avances en los estudios y preguntar dudas.

Alumnos consultados sostienen que hay más empleados del Banco de España que ofrecen servicios similares por los mismos precios para preparar a los opositores que aspiran a ocupar una plaza de inspector o a otras similares en la entidad, un extremo que esta redacción no ha podido confirmar. Este sistema de clases particulares lleva funcionando al menos desde 2016 y las cantidades recibidas varían. Uno de los preparadores, Juan Casillas, ha llegado a percibir 8.000 euros mensuales en metálico por impartir dos asignaturas a grupos de más de veinte alumnos en anteriores ejercicios. El desembolso por parte de los alumnos también es elevado: algunos han llegado a pagar más de 10.000 euros por año y medio largo de formación.

Según la normativa de Hacienda, la preparación de oposiciones está exenta de IVA y, por tanto, no existe la obligación de expedir factura. Es así desde 2013 cuando la Dirección General de Tributos, tras años de controversia, resolvió en una consulta vinculante que las clases de preparación de oposiciones son materias incluidas en los planes de estudio del sistema educativo español y, en consecuencia, están exentas de ese impuesto. Estos ingresos, en todo caso, deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF. Además, deben reflejarse en el Libro de Registro de Ingresos.

elDiario.es se ha puesto en contacto con los tres profesionales del Banco de España. Alberto Casillas y Patricia Navarro-Rubio respondieron por teléfono que no iban a hablar de este tema y no contestaron a ninguna de las preguntas que les fueron remitidas por correo electrónico acerca del número de alumnos, el sistema de cobro o sus declaraciones de impuestos. Tampoco lo hizo Juan Casillas, al que esta redacción remitió las mismas preguntas por email y a través de mensajes de WhatsApp que sí leyó.

Los tres inspectores tienen concedida la compatibilidad para ejercer una segunda actividad que otorga la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No obstante, algunos de los permisos no cuadran con las actividades que vienen ejerciendo durante los últimos años. Este miércoles, tras desvelar elDiario.es el gran negocio de estos tres empleados públicos, ambas instituciones se han pasado la pelota ante la posibilidad de depurar posibles responsabilidades.

En el Banco de España afirmaron estar «valorando» la información publicada «por si procediese llevar a cabo alguna actuación» al tiempo que insisten en que el primer paso debería darlo, en todo caso, la citada Oficina. En el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de quien depende la Oficina de Conflicto de Intereses, defienden, por su parte, que corresponde al Banco de España iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si hay un supuesto o no de infracción a la legislación de incompatibilidades, dijeron a elDiario.es fuentes de ese departamento.

El Gobierno de coalición explicó que no podía tumbar por completo la legislación laboral de Rajoy, pero se comprometió a desmontarla a través de los llamados «elementos más lesivos». En la reforma laboral que se plantea para este año son básicamente tres. El PSOE asegura que el compromiso es conjunto, pero Unidas Podemos ve diferencias en el contenido

 PSOE y Unidas Podemos mantienen la pugna por la reforma laboral que marcará el futuro de la coalición

La reforma laboral ha enfrentado a los dos partidos que conforman el Gobierno. La legislación que negocia desde hace meses el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales recoge la derogación los «aspectos más lesivos» de la regulación de Rajoy de 2012, como los denominó el Gobierno de Pedro Sánchez, y otras reformas estructurales clave en el mercado de trabajo español, como la reducción de la temporalidad. Yolanda Díaz ha asegurado este lunes que parte del ala socialista del Gobierno no quiere derogar la reforma del PP y le ha pedido al partido claridad al respecto. Sánchez ha respondido que «todo el Gobierno» está comprometido a llevar a cabo una «modernización de la legislación laboral», ha dicho, «con vocación de consenso».

Bajo la proclama de «derogar la reforma laboral del PP» han estado, según el momento, diferentes medidas del marco legal del Gobierno de Rajoy. En estos momentos, en la legislación que negocia Trabajo con los agentes sociales dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, se concreta en estos tres (o cuatro) aspectos:

– En primer lugar, la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, que afecta a cuestiones clave como el salario. Esta medida pretende evitar que las empresas utilicen convenios propios para precarizar las condiciones en un sector determinado y compitan a la baja devaluando salarios. Además, los sindicatos suelen insistir en que reequilibra la negociación colectiva. Los sindicatos de sector suelen ser más potentes, y tienen más fuerza para negociar frente a las patronales, que los representantes del comité de empresa de muchas compañías, donde en ocasiones hay más temor a enfrentarse a los empresarios. Las patronales defienden por su parte que da más «flexibilidad» al mercado de trabajo.

– En segundo lugar, la recuperación de la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. Es decir, la prórroga de los convenios una vez caduca su vigencia hasta que los empresarios y sindicatos acuerden uno nuevo. Rajoy limitó la ultraactividad a un año. También se subraya como una medida necesaria para devolver poder a los trabajadores en la negociación con las empresas, ya que algunas no muestran ningún interés en pactar un nuevo convenio al ser conscientes de que, si no lo hacen, el anterior decae al año.

– En tercer lugar, endurecer la posibilidad de aplicar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por el empresario e intentar acabar con las comisiones ‘ad hoc’ en estas negociaciones, muy criticadas por su escaso poder frente a la empresa. Trabajo propuso que se puede aplicar esta medida en una situación que justificara un despido colectivo, para evitar esta situación.

Se suma siempre a este paquete, aunque no es propiamente dicho desmontaje de la reforma laboral del PP, un cuarto elemento: la revisión de la subcontratación para evitar la devaluación de las condiciones laborales. El ejemplo más recurrente es la precarización de las ‘kellys’, las limpiadoras de habitaciones de hotel que han sido externalizadas en muchos hoteles y las subcontratas han empeorado sus condiciones de trabajo previas. Aquí, Trabajo propuso a los agentes sociales fijar que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas sea «el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata». De nuevo, los empresarios rechazan restringir esta vía de «flexibilidad» para las compañías.

Según ha expresado Yolanda Díaz, parte del Ejecutivo estaría, pese a lo acordado, a favor de la primacía del convenio de empresa sobre el del sector. Este lunes, el gobernador del Banco de España ha apoyado esta medida de la reforma del PP y, al ser preguntada al respecto por los medios de comunicación, Nadia Calviño ha evitado desvelar su parecer al respecto. Sí ha destacado la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección del trabajador y la «flexibilidad» del mercado de trabajo.

La vicepresidenta primera, que se erigía a finales de la semana pasada como coordinadora de la reforma laboral –en un movimiento que Unidas Podemos tachó de «injerencia»–, no se ha sumado al discurso de su Gobierno sobre la necesidad de derogar la legislación de 2012, que incluso ha valorado positivamente en el pasado. Recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa es un compromiso expreso del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

De los «elementos más lesivos» a los «más urgentes»

Para entender qué «derogación de la reforma laboral» está sobre la mesa en estos momentos, conviene echar la mirada atrás. PSOE y Unidas Podemos tenían en sus programas electorales, y en sus proclamas constantes desde la oposición, la «derogación de la reforma laboral del PP». Sin matices. Cuando ambos partidos llegaron a La Moncloa –primero los socialistas en solitario y luego en coalición con Unidas Podemos–, las formaciones aterrizaron esta idea. La derogación sería parcial.

En el Gobierno monocolor del PSOE, con la ministra Magdalena Valerio al frente de Trabajo, se acuñaron los conceptos «elementos más lesivos» de la reforma de Rajoy y «Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI». El plan era desmontar solo algunas cuestiones de la legislación del PP, que el Gobierno señaló como más perjudiciales, y elaborar una nueva regulación laboral para hacer frente a nuevos retos del mercado de trabajo.

Los «elementos más lesivos» consistían, básicamente en: recuperar la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios colectivos y se incorporaba una necesaria revisión de la subcontratación. La entonces ministra Valerio avanzó con los sindicatos un texto legal sobre estas cuestiones, muy desarrollado, pero el Gobierno del PSOE entonces no las aprobó por no obtener el respaldo de los empresarios.

Con el Ejecutivo de coalición, el Ministerio de Trabajo acabó en manos de Unidas Podemos. En concreto, de Yolanda Díaz. El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos recogía textualmente esta formulación: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012». Tras esta premisa general, el texto acordado entraba en detalle en algunos elementos que se consideraron «más urgentes» de tumbar. Estos incluían la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad y, además, el despido por bajas médicas.

El pacto de coalición abordaba también –aunque fuera de esos puntos «más urgentes»– la necesidad de «limitar» la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y la revisión de los llamados «descuelgues» de los convenios colectivos.

Una derogación por «fases»

La ministra Yolanda Díaz explicó poco después de tomar la cartera de Trabajo que «técnicamente» no era derogable toda la reforma laboral del PP, algo que «sería irresponsable», según apuntó en una entrevista en El País. El marco legal que aprobó al Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 era muy extenso y el Ejecutivo de coalición argumentó que no era factible tumbarlo por completo. Además, aseguraba tampoco se quería volver a la regulación previa tal cual, con la que persistían importantes problemas del mercado laboral, como el alto paro y la excesiva temporalidad.

Así, el nuevo plan impulsado por Díaz era una derogación parcial o ‘desmontaje’ de varios elementos de la legislación de Mariano Rajoy a lo largo de varias fases. La primera consistía en eliminar el despido por bajas médicas, que es la única medida que se ha aprobado hasta la fecha. En segundo lugar, se proponía abordar los elementos «más urgentes» y, en el largo plazo, reformar otras cuestiones de la reforma del PP –se llegó a mencionar, por ejemplo, el despido colectivo– mientras se abordaba una amplia modernización del marco laboral en cuestiones como la reducción de la temporalidad, el elevado desempleo, una revisión de la jornada para mejorar la conciliación y otros retos del mercado de trabajo.

Pero llegó la pandemia. La crisis sanitaria interrumpió los planes legislativos del Gobierno, centrados durante meses en los ERTE y la protección frente a esta crisis. Hace unos cinco meses, el Ministerio de Trabajo recuperó la negociación semanal del desmontaje de la regulación del PP, de los elementos «más urgentes», que se incluyeron en la reforma laboral comprometida a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, junto a otras medidas estructurales: la revisión de los contratos formativos, de los contratos para reducir la excesiva temporalidad y la creación de los ERTE permanentes para evitar los despidos masivos en épocas de crisis. Yolanda Díaz ha insistido este lunes en que negoció este paquete con el presidente Pedro Sánchez.

Ahora, los partidos que forman el Ejecutivo se han emplazado a hablar para examinar el acuerdo de coalición en lo que afecta a la reforma laboral. En el primer encuentro, de este lunes por la tarde, no ha habido consenso. En el PSOE aseguran que su compromiso con el desmontaje de la reforma del PP se mantiene, pero en Unidas Podemos denuncian que una parte del Gobierno quiere que se mantenga el ‘statu quo’. En estos días se desvelará si las diferencias internas son una cuestión más de coordinación interna y primacía del liderazgo de Calviño o Díaz, o si se trata de un cambio de parecer respecto al pacto de Gobierno.

Yolanda Díaz pide al PSOE que «aclare» su postura sobre la reforma laboral: «No va de quién lidera, sino de qué haremos»

 

El tribunal condena al partido de Pablo Casado como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impago del impuesto de Sociedades en 2007 de la empresa que realizó las obras. Impone otros dos años de cárcel a Bárcenas y vuelve a dar por acreditada la «contabilidad paralela» del PP, como ocurriera en la sentencia de Gürtel

La Audiencia Nacional ha dictado este jueves la sentencia del segundo gran juicio a dos décadas de irregularidades en el Partido Popular. El fallo recalca la existencia de una caja B en el partido con la que se pagó parte de las obras de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid y condena al principal acusado, el extesorero Luis Bárcenas, a dos años de prisión. El tribunal condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007.

La verdad judicial choca, por tanto, con los testimonios en el juicio de los máximos responsables del partido entre 1990 y 2018, que comparecieron como testigos. Entre ellos, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos. Con diferentes fórmulas, todos negaron haber conocido la existencia de una contabilidad paralela en el partido y haber recibido los supuestos pagos a su nombre escamoteados a Hacienda que recogen los papeles de Bárcenas. Pero seis testigos sí reconocieron haber percibido el dinero que aparece en los manuscritos del extesorero.

El fallo, como ya hiciera la sentencia del juicio de la Primera Época de Gürtel, alude en repetidas ocasiones a la «contabilidad paralela» del Partido Popular, que da por acreditada, así como a los papeles de Bárcenas, las anotaciones manuscritas donde el tesorero de la formación anotaba entradas y salidas del dinero negro procedente de los empresarios. La Sala relata cómo Bárcenas desempeñó el cargo de gerente del PP desde 1990 a junio de 2008, un periodo en el que gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política como donaciones privadas “a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

Respecto a la veracidad de los ‘papeles de Bárcenas’, la ponente, María Fernanda García Pérez, recupera el argumento de la defensa de Unifica –la empresa que realizó las obras– que, en su informe final, aludía que los papeles de Bárcenas no tienen por qué ser todo verdad o todo mentira: “Cabe otra opción, y es que sea verdad alguna anotación”.

En la sentencia de la pieza separada del caso Gürtel conocida como “papeles de Bárcenas”, la Sala condena a Bárcenas como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de la Empresa Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares y le impone una multa de 1,2 millones de euros.

El tribunal condena al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García a dos años y 9 meses de prisión y multa de 2,6 millones de euros como autores de un delito contra la Hacienda pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Por contra, la Sala absuelve a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez y la empleada de Unifica Laura Montero. En el caso de Bárcenas, Urquijo y Belén García, los tres quedan absueltos de los delito más graves de los que estaban acusados, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental.

En el caso del extesorero del PP, el tribunal le aplica la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores, si bien, apunta, fueron los registros practicados en la sede del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación. Al ex tesorero del PP, también se le aplica, junto con los otros dos condenados, la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por otra parte, se rechaza las dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.