El sol entró en erupción con una llamarada masiva, lo que provocó un apagón de comunicaciones temporal en algunas partes de la Tierra.
La erupción, que se produjo el jueves en el lado que apunta a la Tierra, tuvo una magnitud X1 y duró aproximadamente media hora, llegando a su punto máximo a las 15:35 (GMT), según los datos del Centro de Meteorología Espacial de Estados Unidos y del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Física de la Academia de las Ciencias de Rusia.
El centro estadounidense ha afirmado que la llamarada fue lo suficientemente poderosa como para causar temporalmente un fuerte apagón de radio en la parte soleada de la Tierra, con el foco en América del Sur, y provocar interferencias en sistemas eléctricos y de radio, así como sobrecargar las auroras boreales.
La erupción estuvo acompañada de una eyección de masa coronal, una onda de partículas cargadas, que pueden tardar unos días en llegar a la Tierra, y según los pronósticos, podrían alcanzarla el sábado.
elDiario.es ha sido testigo directo de los pagos en metálico de los opositores a un alto cargo y dos inspectores del supervisor bancario. Uno de ellos interrumpió la grabación de las clases para explicar su sistema de cobros, que tiene lugar en sus domicilios particulares, bares y un coworking
La tarde del 8 de octubre, viernes, varios veinteañeros desfilaron por la jamonería DBellota —un local de la calle Fuencarral, pleno centro de Madrid, que funciona como bar y tienda de embutidos ibéricos— siguiendo un mismo ritual. Entraban, buscaban con la mirada a un hombre sentado en una de las mesas ubicadas al fondo y acudían a su encuentro. Algunos se sentaron a conversar y pidieron refrescos o cañas. Otros saludaron brevemente y se marcharon. Todos depositaron discretamente el dinero en efectivo.
«Pagué más de 10.000 euros en mano durante 18 meses y no vi nunca facturas ni recibís»
Alumnos de diferentes promociones de la academia en la sombra creada por trabajadores del Banco de España relatan cursos enteros de pagos en metálico y entregas de sobres trimestrales cercanas a los 1.000 euros. Nunca recibieron documento alguno que pueda acreditar esos pagos que reportaron a uno de los preparadores 8.000 euros mensuales
Opera como una academia en la sombra creada ‘ad hoc’ para preparar las oposiciones al Banco de España, donde trabajan como inspectores o altos cargos tres preparadores: el director del departamento de Resolución, Alberto Casillas Cuevas, su hermano Juan, inspector de la entidad, y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole, como desvela en exclusiva este miércoles elDiario.es.
Vídeo – Así explicaban los pagos en metálico los inspectores del Banco de España: «Pagáis mi casa de Boadilla, en la de mi hermano o en ese bar»
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Los tres profesores cobran la misma tarifa a los alumnos, 160 por asignatura y mes, y es habitual que se recomienden unos a otros cuando aparece un aspirante que pretende obtener una plaza en el supervisor bancario. Así lleva siendo durante el último lustro gracias al boca a boca entre los alumnos. elDiario.es ha hablado con decenas de ellos durante los últimos meses. La mayoría tiene estudios económicos y no llega a la treintena.
Los jóvenes fueron entrando en el local a cuentagotas siguiendo la rutina de cada final de trimestre. Tocaba pagar las clases de Estadística y Matemáticas correspondientes a julio, septiembre y octubre (en agosto no se impartieron). 160 euros al mes por cada una de las dos asignaturas que imparte este profesor: 960 euros en cada entrega, 40 menos del tope máximo para los pagos en efectivo desde el pasado julio cuando Hacienda los limitó a 1.000 euros dentro de las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Las instrucciones de pago las había dado el propio preparador en una de las últimas clases de septiembre. Al final de su exposición, interrumpió el sistema de grabación —tanto Juan Casillas como su hermano Alberto suelen grabar las sesiones por si algún alumno no puede asistir— y detalló «para los nuevos» cómo debían hacerse los pagos. Ofreció tres posibilidades: en su casa de Boadilla del Monte; en el domicilio en el centro de Madrid de su hermano Alberto, también preparador; o en el citado establecimiento de la calle Fuencarral. «Cualquiera de las tres opciones, fenomenal», dijo a los alumnos sin ofrecer en ningún caso la posibilidad de realizar los pagos por transferencia bancaria o plataformas de micropagos como Bizum. Su explicación puede verse en el siguiente vídeo.
Este periódico ha acreditado que esos pagos se realizaron exactamente como pidió el profesor. En metálico y en persona. Los abonos a través de otras fórmulas que dejan rastro son excepcionales en esta academia en la sombra montada por profesionales del Banco de España y suelen reservarse a personas que viven fuera de Madrid, donde residen los tres preparadores, según han contado varios alumnos a esta redacción y ha podido comprobar en persona una periodista de elDiario.es que ha estado semanas asistiendo a las clases y ha sido testigo de esas entregas en efectivo.
La misma semana de la cita en la jamonería, Alberto Casillas Cuevas, hermano de Juan y jefe del departamento de Resolución del Banco de España, también había ido citando en su casa del distrito de Salamanca de Madrid a la veintena de alumnos que asisten telemáticamente a las clases de Contabilidad que imparte durante tres horas cada semana. Actualmente tiene al menos dos grupos diferenciados por niveles a los que cobra con similar tarifa y procedimiento que su hermano y la tercera inspectora de la entidad: 160 euros mensuales a pagar en mano y en efectivo. Entre reunión y reunión de su trabajo en el supervisor bancario, recibe en el mismo despacho desde el que imparte su asignatura por Zoom. Si dispone de tiempo, propone a los estudiantes tomar algo por la zona para resolver dudas o comentar cómo llevan el estudio.
El primer lunes de octubre muchos de esos alumnos ya habían preparado otras cantidades, también con dinero en metálico, para entregar en un coworking ubicado en un sexto piso en la Glorieta de Cuatro Caminos, en Madrid, a la inspectora Patricia Navarro-Rubio Poole, nieta de quien fuera gobernador de la entidad entre 1965 y 1970, un cargo al que accedió tras haber sido ministro de Hacienda en la dictadura y procurador en Cortes. Los alumnos abonaron ese día las clases de Sistema Financiero. Otros 160 euros por cabeza cada mes a cambio de recibir las explicaciones de la asignatura en vídeos que requieren de un usuario y contraseña para poder acceder e incluyen una marca de agua con el nombre del opositor. De esa forma, evita que pueda ser difundido y, en caso de que ocurra, poder cazar a quien pretenda seguir sus clases sin pasar por caja.
Sobre las 20.30 horas de ese lunes cuatro de octubre, la inspectora salió de la oficina abrazada a una carpeta con el dinero dentro. Detrás de ella, varias de las opositoras que acababan de efectuar los pagos. Patricia Navarro-Rubio había permanecido en esa sala dos horas y media recogiendo las cantidades en efectivo y departiendo con los alumnos, que aprovechan esos encuentros para comentar sus avances en los estudios y preguntar dudas.
Alumnos consultados sostienen que hay más empleados del Banco de España que ofrecen servicios similares por los mismos precios para preparar a los opositores que aspiran a ocupar una plaza de inspector o a otras similares en la entidad, un extremo que esta redacción no ha podido confirmar. Este sistema de clases particulares lleva funcionando al menos desde 2016 y las cantidades recibidas varían. Uno de los preparadores, Juan Casillas, ha llegado a percibir 8.000 euros mensuales en metálico por impartir dos asignaturas a grupos de más de veinte alumnos en anteriores ejercicios. El desembolso por parte de los alumnos también es elevado: algunos han llegado a pagar más de 10.000 euros por año y medio largo de formación.
Según la normativa de Hacienda, la preparación de oposiciones está exenta de IVA y, por tanto, no existe la obligación de expedir factura. Es así desde 2013 cuando la Dirección General de Tributos, tras años de controversia, resolvió en una consulta vinculante que las clases de preparación de oposiciones son materias incluidas en los planes de estudio del sistema educativo español y, en consecuencia, están exentas de ese impuesto. Estos ingresos, en todo caso, deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF. Además, deben reflejarse en el Libro de Registro de Ingresos.
elDiario.es se ha puesto en contacto con los tres profesionales del Banco de España. Alberto Casillas y Patricia Navarro-Rubio respondieron por teléfono que no iban a hablar de este tema y no contestaron a ninguna de las preguntas que les fueron remitidas por correo electrónico acerca del número de alumnos, el sistema de cobro o sus declaraciones de impuestos. Tampoco lo hizo Juan Casillas, al que esta redacción remitió las mismas preguntas por email y a través de mensajes de WhatsApp que sí leyó.
Los tres inspectores tienen concedida la compatibilidad para ejercer una segunda actividad que otorga la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No obstante, algunos de los permisos no cuadran con las actividades que vienen ejerciendo durante los últimos años. Este miércoles, tras desvelar elDiario.es el gran negocio de estos tres empleados públicos, ambas instituciones se han pasado la pelota ante la posibilidad de depurar posibles responsabilidades.
En el Banco de España afirmaron estar «valorando» la información publicada «por si procediese llevar a cabo alguna actuación» al tiempo que insisten en que el primer paso debería darlo, en todo caso, la citada Oficina. En el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de quien depende la Oficina de Conflicto de Intereses, defienden, por su parte, que corresponde al Banco de España iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si hay un supuesto o no de infracción a la legislación de incompatibilidades, dijeron a elDiario.es fuentes de ese departamento.
El Gobierno de coalición explicó que no podía tumbar por completo la legislación laboral de Rajoy, pero se comprometió a desmontarla a través de los llamados «elementos más lesivos». En la reforma laboral que se plantea para este año son básicamente tres. El PSOE asegura que el compromiso es conjunto, pero Unidas Podemos ve diferencias en el contenido
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acompañado de las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, entre otras, en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Villar POOL/Archivo
La reforma laboral ha enfrentado a los dos partidos que conforman el Gobierno. La legislación que negocia desde hace meses el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales recoge la derogación los «aspectos más lesivos» de la regulación de Rajoy de 2012, como los denominó el Gobierno de Pedro Sánchez, y otras reformas estructurales clave en el mercado de trabajo español, como la reducción de la temporalidad. Yolanda Díaz ha asegurado este lunes que parte del ala socialista del Gobierno no quiere derogar la reforma del PP y le ha pedido al partido claridad al respecto. Sánchez ha respondido que «todo el Gobierno» está comprometido a llevar a cabo una «modernización de la legislación laboral», ha dicho, «con vocación de consenso».
Bajo la proclama de «derogar la reforma laboral del PP» han estado, según el momento, diferentes medidas del marco legal del Gobierno de Rajoy. En estos momentos, en la legislación que negocia Trabajo con los agentes sociales dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, se concreta en estos tres (o cuatro) aspectos:
– En primer lugar, la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, que afecta a cuestiones clave como el salario. Esta medida pretende evitar que las empresas utilicen convenios propios para precarizar las condiciones en un sector determinado y compitan a la baja devaluando salarios. Además, los sindicatos suelen insistir en que reequilibra la negociación colectiva. Los sindicatos de sector suelen ser más potentes, y tienen más fuerza para negociar frente a las patronales, que los representantes del comité de empresa de muchas compañías, donde en ocasiones hay más temor a enfrentarse a los empresarios. Las patronales defienden por su parte que da más «flexibilidad» al mercado de trabajo.
– En segundo lugar, la recuperación de la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. Es decir, la prórroga de los convenios una vez caduca su vigencia hasta que los empresarios y sindicatos acuerden uno nuevo. Rajoy limitó la ultraactividad a un año. También se subraya como una medida necesaria para devolver poder a los trabajadores en la negociación con las empresas, ya que algunas no muestran ningún interés en pactar un nuevo convenio al ser conscientes de que, si no lo hacen, el anterior decae al año.
– En tercer lugar, endurecer la posibilidad de aplicar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por el empresario e intentar acabar con las comisiones ‘ad hoc’ en estas negociaciones, muy criticadas por su escaso poder frente a la empresa. Trabajo propuso que se puede aplicar esta medida en una situación que justificara un despido colectivo, para evitar esta situación.
Se suma siempre a este paquete, aunque no es propiamente dicho desmontaje de la reforma laboral del PP, un cuarto elemento: la revisión de la subcontratación para evitar la devaluación de las condiciones laborales. El ejemplo más recurrente es la precarización de las ‘kellys’, las limpiadoras de habitaciones de hotel que han sido externalizadas en muchos hoteles y las subcontratas han empeorado sus condiciones de trabajo previas. Aquí, Trabajo propuso a los agentes sociales fijar que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas sea «el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata». De nuevo, los empresarios rechazan restringir esta vía de «flexibilidad» para las compañías.
Según ha expresado Yolanda Díaz, parte del Ejecutivo estaría, pese a lo acordado, a favor de la primacía del convenio de empresa sobre el del sector. Este lunes, el gobernador del Banco de España ha apoyado esta medida de la reforma del PP y, al ser preguntada al respecto por los medios de comunicación, Nadia Calviño ha evitado desvelar su parecer al respecto. Sí ha destacado la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección del trabajador y la «flexibilidad» del mercado de trabajo.
La vicepresidenta primera, que se erigía a finales de la semana pasada como coordinadora de la reforma laboral –en un movimiento que Unidas Podemos tachó de «injerencia»–, no se ha sumado al discurso de su Gobierno sobre la necesidad de derogar la legislación de 2012, que incluso ha valorado positivamente en el pasado. Recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa es un compromiso expreso del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
De los «elementos más lesivos» a los «más urgentes»
Para entender qué «derogación de la reforma laboral» está sobre la mesa en estos momentos, conviene echar la mirada atrás. PSOE y Unidas Podemos tenían en sus programas electorales, y en sus proclamas constantes desde la oposición, la «derogación de la reforma laboral del PP». Sin matices. Cuando ambos partidos llegaron a La Moncloa –primero los socialistas en solitario y luego en coalición con Unidas Podemos–, las formaciones aterrizaron esta idea. La derogación sería parcial.
En el Gobierno monocolor del PSOE, con la ministra Magdalena Valerio al frente de Trabajo, se acuñaron los conceptos «elementos más lesivos» de la reforma de Rajoy y «Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI». El plan era desmontar solo algunas cuestiones de la legislación del PP, que el Gobierno señaló como más perjudiciales, y elaborar una nueva regulación laboral para hacer frente a nuevos retos del mercado de trabajo.
Los «elementos más lesivos» consistían, básicamente en: recuperar la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios colectivos y se incorporaba una necesaria revisión de la subcontratación. La entonces ministra Valerio avanzó con los sindicatos un texto legal sobre estas cuestiones, muy desarrollado, pero el Gobierno del PSOE entonces no las aprobó por no obtener el respaldo de los empresarios.
Con el Ejecutivo de coalición, el Ministerio de Trabajo acabó en manos de Unidas Podemos. En concreto, de Yolanda Díaz. El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos recogía textualmente esta formulación: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012». Tras esta premisa general, el texto acordado entraba en detalle en algunos elementos que se consideraron «más urgentes» de tumbar. Estos incluían la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad y, además, el despido por bajas médicas.
El pacto de coalición abordaba también –aunque fuera de esos puntos «más urgentes»– la necesidad de «limitar» la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y la revisión de los llamados «descuelgues» de los convenios colectivos.
Una derogación por «fases»
La ministra Yolanda Díaz explicó poco después de tomar la cartera de Trabajo que «técnicamente» no era derogable toda la reforma laboral del PP, algo que «sería irresponsable», según apuntó en una entrevista en El País. El marco legal que aprobó al Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 era muy extenso y el Ejecutivo de coalición argumentó que no era factible tumbarlo por completo. Además, aseguraba tampoco se quería volver a la regulación previa tal cual, con la que persistían importantes problemas del mercado laboral, como el alto paro y la excesiva temporalidad.
Así, el nuevo plan impulsado por Díaz era una derogación parcial o ‘desmontaje’ de varios elementos de la legislación de Mariano Rajoy a lo largo de varias fases. La primera consistía en eliminar el despido por bajas médicas, que es la única medida que se ha aprobado hasta la fecha. En segundo lugar, se proponía abordar los elementos «más urgentes» y, en el largo plazo, reformar otras cuestiones de la reforma del PP –se llegó a mencionar, por ejemplo, el despido colectivo– mientras se abordaba una amplia modernización del marco laboral en cuestiones como la reducción de la temporalidad, el elevado desempleo, una revisión de la jornada para mejorar la conciliación y otros retos del mercado de trabajo.
Pero llegó la pandemia. La crisis sanitaria interrumpió los planes legislativos del Gobierno, centrados durante meses en los ERTE y la protección frente a esta crisis. Hace unos cinco meses, el Ministerio de Trabajo recuperó la negociación semanal del desmontaje de la regulación del PP, de los elementos «más urgentes», que se incluyeron en la reforma laboral comprometida a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, junto a otras medidas estructurales: la revisión de los contratos formativos, de los contratos para reducir la excesiva temporalidad y la creación de los ERTE permanentes para evitar los despidos masivos en épocas de crisis. Yolanda Díaz ha insistido este lunes en que negoció este paquete con el presidente Pedro Sánchez.
Ahora, los partidos que forman el Ejecutivo se han emplazado a hablar para examinar el acuerdo de coalición en lo que afecta a la reforma laboral. En el primer encuentro, de este lunes por la tarde, no ha habido consenso. En el PSOE aseguran que su compromiso con el desmontaje de la reforma del PP se mantiene, pero en Unidas Podemos denuncian que una parte del Gobierno quiere que se mantenga el ‘statu quo’. En estos días se desvelará si las diferencias internas son una cuestión más de coordinación interna y primacía del liderazgo de Calviño o Díaz, o si se trata de un cambio de parecer respecto al pacto de Gobierno.
El tribunal condena al partido de Pablo Casado como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impago del impuesto de Sociedades en 2007 de la empresa que realizó las obras. Impone otros dos años de cárcel a Bárcenas y vuelve a dar por acreditada la «contabilidad paralela» del PP, como ocurriera en la sentencia de Gürtel
Sede nacional del Partido Popular en la calle Génova. Ricardo Rubio / EUROPA PRESS POOL/AFP7
La Audiencia Nacional ha dictado este jueves la sentencia del segundo gran juicio a dos décadas de irregularidades en el Partido Popular. El fallo recalca la existencia de una caja B en el partido con la que se pagó parte de las obras de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid y condena al principal acusado, el extesorero Luis Bárcenas, a dos años de prisión. El tribunal condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007.
La verdad judicial choca, por tanto, con los testimonios en el juicio de los máximos responsables del partido entre 1990 y 2018, que comparecieron como testigos. Entre ellos, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos. Con diferentes fórmulas, todos negaron haber conocido la existencia de una contabilidad paralela en el partido y haber recibido los supuestos pagos a su nombre escamoteados a Hacienda que recogen los papeles de Bárcenas. Pero seis testigos sí reconocieron haber percibido el dinero que aparece en los manuscritos del extesorero.
El fallo, como ya hiciera la sentencia del juicio de la Primera Época de Gürtel, alude en repetidas ocasiones a la «contabilidad paralela» del Partido Popular, que da por acreditada, así como a los papeles de Bárcenas, las anotaciones manuscritas donde el tesorero de la formación anotaba entradas y salidas del dinero negro procedente de los empresarios. La Sala relata cómo Bárcenas desempeñó el cargo de gerente del PP desde 1990 a junio de 2008, un periodo en el que gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política como donaciones privadas “a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.
Respecto a la veracidad de los ‘papeles de Bárcenas’, la ponente, María Fernanda García Pérez, recupera el argumento de la defensa de Unifica –la empresa que realizó las obras– que, en su informe final, aludía que los papeles de Bárcenas no tienen por qué ser todo verdad o todo mentira: “Cabe otra opción, y es que sea verdad alguna anotación”.
En la sentencia de la pieza separada del caso Gürtel conocida como “papeles de Bárcenas”, la Sala condena a Bárcenas como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de la Empresa Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares y le impone una multa de 1,2 millones de euros.
El tribunal condena al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García a dos años y 9 meses de prisión y multa de 2,6 millones de euros como autores de un delito contra la Hacienda pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Por contra, la Sala absuelve a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez y la empleada de Unifica Laura Montero. En el caso de Bárcenas, Urquijo y Belén García, los tres quedan absueltos de los delito más graves de los que estaban acusados, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental.
En el caso del extesorero del PP, el tribunal le aplica la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores, si bien, apunta, fueron los registros practicados en la sede del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación. Al ex tesorero del PP, también se le aplica, junto con los otros dos condenados, la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por otra parte, se rechaza las dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.
El Congreso de Perú sufre una grave baja en su popularidad luego de conocerse que 7 de cada 10 peruanos des prueba su gestión.
El ex oficial mayor del Congreso José Elice explica que si bien le plazo máximo es de 80 días, este podría acortarse si las partes responden con celeridad. El tribunal constitucional deberá resolver a la brevedad, pues es un secreto la intención de la oposición, mayoría en el parlamento, de promover una moción de vacancia en contra de Pedro Castillo.
Este nuevo intento de desestabilización del país no ha pasado desapercibido en la población, cansada de la crisis política que aumenta la preocupación tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
La directora ejecutiva de DATUM, Urpi Torrado analiza los motivos de esta alta taza de desaprobación y de la baja en la aprobación que pasó del 30% al 21% en un mes.
Esto se ve reflejado en las protestas que ocurren en la capital del país. Este lunes durante la presentación del gabinete por le voto de investidura ante el pleno del congreso, los pedidos para cerrar el congreso se escucharon en las voces de miles de ciudadanos, que se apostaron frente al palacio legislativo. Por lo pronto se espera una pronta resolución por parte del Tribunal Constitucional, para evitar una nueva crisis.
Alegan que son los sujetos beneficiarios de los seguros de hogar de las propiedades.
Viviendas amenazadas por la lava del volcán de La PalmaBorja Suarez / Reuters
Algunos bancos están comunicando a los clientes que han perdido sus viviendas u otras propiedades al ser sepultadas por la lava del volcán de La Palma, en las islas Canarias (España), que deberán pagar la totalidad del préstamo hipotecario que tuvieran contratado con el dinero que les sea ingresado del Consorcio de Seguros.
Diversas familias afectadas han trasladado una queja a las administraciones de la isla al considerar que se trata de una práctica «impropia» de la situación de excepcionalidad que se vive desde la entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja, el pasado 19 de septiembre, con millares de personas desplazadas de sus hogares, muchas de las cuales han perdido incluso su residencia habitual.
De momento se está estudiando la situación para comprobar si es viable llevar a cabo una denuncia individual o colectiva. «Aunque en casi todos los casos el dinero de la tasación no compensa el valor de la vivienda arrasada por el volcán, la entidad bancaria impone el pago del préstamo», indican los denunciantes en eltime.es, un periódico digital de La Palma.
Algunos juristas consideran que la obligación principal del préstamo consiste en un pago determinado y obligatorio mensual, y que solo si no se cumple con ese pago se podría ejecutar la cláusula que hipoteca el bien inmueble y reclamar el importe íntegro adeudado.
Por otro lado, el objeto del seguro es la vivienda, no el préstamo. De manera que una vez desaparecida la propiedad, el cliente sigue teniendo la obligación de pagar el préstamo.
Sin embargo, la versión de los bancos es muy diferente. Consideran que el seguro de hogar se otorgó como requisito para conceder la hipoteca y que en él se incluyó una cláusula que sitúa como beneficiario del seguro al propio banco, en el caso de que ocurra una catástrofe.
Desde que comenzó esta situación excepcional, el Consorcio de Seguros ha cubierto el 10 % de los 1.100 expedientes abiertos en la isla, lo que ha supuesto más de 13 millones de euros en indemnizaciones.
El ex mandatario de Uruguay durante su visita en México dio una magistral respuesta a una periodista de la cadena internacional Bloomberg quien le preguntó sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, “Tengo que respetar la casa en la que estoy, porque tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano”. El líder uruguayo aprovechó también para enviar un mensaje alentador a los jóvenes.
Lo peor de ser periodista es incitar a una persona a hablar mal de otras
Presentamos un informe sobre la reforma en materia eléctrica. El objetivo es garantizar a las familias del país tarifas justas por el servicio de energía y proteger minerales estratégicos, que son bienes de la nación, como el litio. Queremos que todos sepan por qué conviene la reforma constitucional al pueblo. Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. En el periodo neoliberal se intentó debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa sin fines de lucro, para actuar en beneficio de particulares. El país no está cerrado a la inversión extranjera, sin embargo, quedará estipulado en la ley que todo negocio deberá llevarse a cabo con ganancias razonables. Si no se hace la reforma a la Constitución, las empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico. A las y los legisladores les recordamos que, a diferencia de los tiempos anteriores, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones. Este es un asunto de interés público. La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, precisó que la reforma eléctrica consiste en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucional. Se propone en el artículo 25 que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 —correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo—; no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. En los artículos transitorios se establece que la CFE es un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad en el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado para que se integre nuevamente como una sola empresa. Trabajarán en interconexión sus empresas: Generación, Distribución, Transmisión, Comercialización, Procura, entre otros. Para apoyar su productividad y rentabilidad, existirán como subsidiarias sus filiales CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. A partir de la reforma el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. La reforma eliminará los contratos legados porque impactaban severamente en las finanzas de la empresa. También se cambiará el despacho de la electricidad para garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema. Esto ayudará a mejorar las tarifas eléctricas. La energía eléctrica en el país es un asunto de seguridad nacional y un derecho humano. Cada mes vigilamos que las tarifas no sean por arriba de la inflación para cuidar la economía familiar. En cuanto a la protección del litio, la secretaria de Energía indicó que no se otorgarán concesiones y no constituirán un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. Agradecemos al presidente Joe Biden su disposición a trabajar de manera conjunta en la atención a las causas de la migración y el desarrollo regional. El 9 de noviembre visitaremos la sede de la ONU porque México asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de este organismo. Hablaremos sobre lo que consideramos el principal problema del mundo: la corrupción, un mal que produce la desigualdad.
Tres manifestantes se enfrentan a 18 meses de cárcel en un proceso en el que también hay tres policías imputados por delitos de lesiones.
Momento de la inmovilización y detención del activista antimonárquico Luis Ocampo.Twitter / @Coordinadora25S
Esta semana se ha celebrado en España el juicio por los sucesos ocurridos durante una manifestación antimonárquica en 2014. En él, Luis Ocampo y otros dos activistas hacen frente ante la Audiencia Provincial de Madrid a la acusación de atentado contra la autoridad en un proceso en el que la Fiscalía pide para ellos penas de 18 meses de prisión.
Los hechos sucedieron el 4 de octubre de 2014, cuando la organización Coordinadora 25S convocó una manifestación que, bajo el lema ‘Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción’, pretendía denunciar la corrupción de la institución monárquica, ya por entonces envuelta en numerosas polémicas, y reivindicar su apuesta por una República.
Los incidentes se saldaron con seis heridos, cuatro de ellos agentes de Policía, y tres detenidos, a los que se sumó una detención posterior un mes después. Fruto de ello, la Fiscalía presentó denuncias contra cuatro manifestantes, mientras que no acusó a ningún agente por excederse de sus funciones.
El juicio debía haber tenido lugar en junio, pero problemas de salud de Ocampo hicieron que fuera pospuesto hasta estos 15 y 16 de noviembre.
La fallecida abogada Doris Benegas es otra de las personas que iban a enfrentarse a este proceso. Estaba presente en aquella movilización y, según testigos, fue golpeada, detenida y posteriormente presa en los calabozos de Moratalaz.
Historia de un polémico juicio
Luis Ocampo es médico y activista desde hace años. Miembro del colectivo Coordinadora contra el Narcotráfico en el Barrio de los Pajarillos de Valladolid, su ciudad de origen, también ha participado activamente en otras organizaciones como la Coordinadora 25S o Izquierda Castellana.
Tras la intervención policial en la que este activista fue detenido, Ocampo tuvo que ser ingresado en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Se le detectó un cuadro de presíncope y sintomatología compatible con isquemia coronaria aguda, además de varias lesiones, especialmente en las muñecas. Además, pocos días después, ya en su ciudad natal, se le diagnosticó en el Hospital Universitario Río Hortega desprendimiento traumático vítreo en el ojo derecho.
Ocampo ha mantenido siempre que fue agredido por agentes de la UIP sin ningún motivo. Narra cómo la concentración, que reunió alrededor de 2.000 personas y que había sido convocada en la Puerta del Sol, tenía la intención de dirigirse hasta la plaza de Neptuno, como muchas otras que se sucedieron en aquellas fechas. «Cuando empezamos a caminar había una formación de antidisturbios que nos cerraba el paso. Intentamos hablar y negociar con ellos exponiéndoles que era una manifestación pacífica«, cuenta.
«Sin mediar ninguna motivación, empezaron a cargar», afirma Ocampo, que sostiene que los agentes con su acción intentaban «separar la primera línea», a quienes portaban la pancarta, que fueron reducidos y tirados al suelo: «Nos separaron y contra el resto no cargaron».
«Hay imágenes en las que se ve cómo golpean a una mujer y le hicieron una brecha de 5 centímetros y 1 centímetro de profundidad», sostiene el activista. «A mí me tiraron al suelo y llegué a tener hasta a tres policías encima de mí, dos de manera permanente, para esposarme», dice Ocampo, que apunta que en la posición en la que se encontró durante varios minutos, en decúbito prono, tumbado boca abajo e inmovilizado, no tenía «ninguna capacidad objetiva de resistencia». De hecho, califica el tipo de detención sufrida como «un acto de tortura express», como ha manifestado durante estas dos jornadas de juicio.
Ocampo no fue la única persona que necesitó ser ingresada, permaneciendo hasta la madrugada siguiente en un centro hospitalario. La mujer «a la que le habían abierto la cabeza» también necesitó de internamiento. Una vez dados de alta, ambos, junto a Doris Benegas, fueron conducidos a la comisaría general de Moratalaz y posteriormente al Juzgado de Instrucción. «Nos tomó declaración pero no nos dejó hablar», afirma este médico sobre la jueza de instrucción, hecho que consta en los siguientes procedimientos judiciales.
La cuarta persona procesada es detenida alrededor de un mes después. Fue identificada con posterioridad y se le acusa de portar una bandera y de intentar agredir a los antidisturbios en el casco con el mástil.
Las abundantes imágenes de lo ocurrido, así como videos, tomados por diferentes participantes en la protesta, son esgrimidas por los procesados y por su defensa para argumentar que las detenciones fueron gratuitas y que quienes ejercieron violencia en esa jornada no fueron los activistas, sino efectivos de las fuerzas de orden, miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), también conocidos como antidisturbios.
Manifestación antimonárquica tras la coronación de Felipe VI en la Puerta del Sol de Madrid, el 19 de junio de 2014.Gonzalo Fuentes / Reuters
De hecho, este lunes más de una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre las que se encuentran la Coordinadora 25S e Izquierda Castellana, han expresado su apoyo a los tres procesados subrayando, precisamente, que hay «gran cantidad de material» audiovisual «que refleja cómo ocurrieron los hechos realmente».
Policías imputados
Durante la instrucción de este caso, la jueza encargada de conocer el proceso no observó delito alguno en las actuaciones de ningún agente, aunque sí vio indicios de delito en las de los manifestantes que ahora son juzgados.
Tras numerosos recursos de la defensa de los procesados, finalmente también tres miembros de la UIP se sentarán en el banquillo de los acusados. Aunque la Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de estos agentes, la defensa de los manifestantes solicita 24 meses de prisión para uno de ellos y 12 meses de privación de libertad para los otros, acusándoles de un delito de lesiones.
Una de las acusaciones contra estos agentes procede, tras el fallecimiento de Doris Benegas, de una acusación civil interpuesta por la hija de Benegas y Ocampo.
Precisamente la negativa de procesar a los policías por parte de la jueza instructora, corregida en varias ocasiones por la Audiencia Provincial, se encuentra en el origen de la dilación del proceso, que, a pesar de abarcar una causa relativamente sencilla, lleva ya más de seis años de demora.
La polémica actitud de la Fiscalía
Durante estas dos jornadas Ocampo califica el procedimiento seguido como «totalmente correcto», con un tribunal que ha dejado intervenir a todas las partes sin limitación para explicar todas las circunstancias que han considerado pertinentes. Sin embargo, ha destacado de manera negativa la actitud de la Fiscalía, a la que califica de «impresentable».
«La Fiscalía parecía la abogada defensora de los policías, era patético y grotesco», sostiene el activista, que se pregunta «cómo una funcionaria pública de la Administración de Justicia se puede prestar a ello».
Aparte de los diferentes testigos que han ratificado la versión de los tres manifestantes, se cuenta con videos y abundante material fotográfico, cuya autenticidad nadie ha cuestionado. Sin embargo, Ocampo opina que la interpretación que se hace de ellos «es increíble» y que nunca había visto «una disociación tal de la realidad por parte de la Policía y la fiscal».
Crisis institucional en crecimiento
Los hechos que se juzgan ahora, seis años después, se enmarcan en el comienzo de una crisis institucional que, desde el nacimiento del movimiento 15M, surgió como contestación a la respuesta que las instituciones españolas, y también europeas, dieron a la crisis económica que se inició en 2008.
El trasvase de enormes cantidades de dinero público para rescatar entidades privadas, como fue el caso de las organizaciones financieras, y el endeudamiento creciente de los países del sur de la Unión Europea, seguido de las políticas de austeridad que provocaron ingentes recortes en los servicios públicos y una pérdida de soberanía, se vieron acompañados, en el caso de España, de un profundo cuestionamiento de las estructuras surgidas de la Transición, entre ellas la Monarquía.
En 2014, cuando la manifestación convocada por Coordinadora 25S tuvo lugar, hacía solo unos meses que se había producido la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de su hijo y sucesor, el actual monarca español Felipe VI.
Precisamente, en el marco de las movilizaciones sociales iniciadas tres años atrás y que todavía eran muy activas, y de la crisis de popularidad de la institución monárquica, las manifestaciones republicanas se encontraban en el ojo de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, según cuenta Ocampo. De hecho, tan solo una semana antes de la protesta origen de este proceso judicial, Benegas había elaborado y presentado una querella criminal por vulneración de derechos fundamentales durante el proceso de coronación de Felipe VI.
«Se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole»
La querella estaba dirigida contra Cristina Cifuentes, en ese momento delegada del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, competente en materia de seguridad ciudadana y responsable de las fuerzas del orden en ese territorio. Ocampo señala que en 2014 «se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole», por lo que llegaron a presentar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la violación de derechos fundamentales durante ese periodo.
«La posición de Cristina Cifuentes fue la de no permitir que hubiera ninguna manifestación crítica hacia la Monarquía«, defiende el portavoz de Coordinadora 25S.
Protección a la Corona
La protección a la institución de la Corona está en la base de la intervención policial que se produjo ese 4 de octubre, en opinión de Ocampo, en un momento en el que la institución está más en entredicho que nunca. «No por el origen franquista de la Monarquía«, recuerda el activista sobre el nombramiento de Juan Carlos I como sucesor en la Jefatura de Estado por Franco tras jurar los principios del movimiento nacionalcatólico, «sino porque no hay futuro para este país con el actual régimen monárquico», opina.
Ahora, la celebración de este juicio sucede en un momento crucial para la supervivencia de la institución monárquica en España al coincidir con el incesante goteo de informaciones que presuntamente vinculan a Juan Carlos I con diferentes casos de corrupción que habrían jalonado prácticamente los casi 40 años de su Jefatura de Estado y que se habrían prolongado más allá de su abdicación. Para Ocampo, el juicio que se celebra ahora está de «absoluta vigencia», porque «no cabe ninguna duda de que lo que se decía en el lema de la manifestación es cierto«.
Igualmente, el proceso coincide con el hecho de que un exmonarca se haya visto prácticamente obligado a abandonar el país: Juan Carlos I se encuentra desde al menos el 3 de agosto residiendo en los Emiratos Árabes Unidos. Además, su hijo le privó de la asignación de la retribución pública que venía percibiendo desde 2014, de casi 200.000 euros anuales, aunque el erario español sigue haciéndose cargo de parte de sus gastos, como los de seguridad.
El exmonarca de España, Juan Carlos I, en la final del Roland Garros 2019 en París.Martin Bureau / AFP
El comunicado que Felipe VI emitió el mismo día que se decretaba el estado de alarma para luchar contra la pandemia de coronavirus, además, dejaba clara la veracidad de las informaciones que apuntaban a la existencia de instrumentos jurídicos para ocultar dinero al fisco español en paraísos fiscales, el conocimiento que de ello tenía la Casa Real desde hacía al menos un año y el distanciamiento del actual monarca de su predecesor al renunciar incluso a posibles futuras herencias de dudoso origen.
En estas circunstancias se vuelve a poner en entredicho la protección que la legislación y las instituciones ofrecen a la Corona en España. El principal instrumento jurídico es el delito contemplado en el Código Penal español de injurias y calumnias contra la Corona. La tipificación de este delito ha sido motivo de controversia entre diferentes fuerzas políticas españolas, pero también motivo de señalamiento desde instituciones internacionales que apuntan que no se puede dar mayor protección a una persona por encima de las demás, que se vulnera el principio de igualdad ante la ley y que las penas impuestas son, además, desproporcionadas, en este supuesto.
Por su parte, otras instituciones del Estado, como el Congreso, también han cerrado filas, aunque sin unanimidad, alrededor de la Casa Real y, en concreto, del rey emérito. Así, esta semana se ha asistido por enésima vez al veto de la Mesa de la Cámara a la propuesta de investigación de las finanzas del exmonarca. La propuesta, esta vez de Unidas Podemos, fuerza integrante de la coalición de Gobierno, ha sido rechazada con el voto de las fuerzas conservadoras (PP, Ciudadanos y Vox), a las que se ha sumado el Partido Socialista, su socio en el Gobierno. Ni siquiera ha sido posible una investigación parlamentaria de las actividades del exjefe de Estado posterior a su abandono del cargo, de manera que el Hemiciclo ha interpretado la inviolabilidad que la Constitución española otorga al rey como una inviolabilidad vitalicia, aun después de dejar el trono, que protege también sus actividades privadas.
En este marco el conflicto entre libertad de expresión y la especial protección a la Monarquía ha venido produciendo choques cada vez más frecuentes durante los últimos años. «Lo que sabemos ahora se sabía hace 20 y 30 años, pero se tapaba. Muchos activistas fuimos procesados por denunciarlo», señala Ocampo.
Multiplicación de las protestas
Las protestas dirigidas contra la Monarquía se han amplificado en los últimos años con dos puntos de inflexión. El primero fue el conocido accidente en Botsuana en 2012 del entonces rey Juan Carlos, que dio lugar a su inédita petición de perdón y a que comenzaran a aparecer noticias relacionadas con su vida privada y sus poco transparentes negocios.
El segundo, significativo sobre todo en Cataluña, tuvo lugar en 2017. Con motivo del referéndum independentista, el rey Felipe VI protagonizó una dura intervención televisada que avivó la llama independentista en esa región y que encendió las alarmas sobre la violación de la neutralidad que la figura del rey debía observar con respecto a todos los ciudadanos y a las diferentes ideologías.
En este contexto, en las últimas décadas se han vivido episodios judiciales que han dado la vuelta al mundo por, entre otros, no ser homologables a las legislaciones de los países del entorno. Por ejemplo, en 2007 España vivió el secuestro de una publicación por primera vez en más de veinte años. La revista satírica El Jueves publicó un número en cuya portada aparecía un dibujo de los entonces príncipes Letizia y Felipe manteniendo relaciones sexuales, en referencia a una política familiar llevada a cabo por el entonces presidente Zapatero. Como cabía esperar, generó el conocido efecto Barbra Streisand, multiplicando el número de suscriptores de la publicación, aunque sus responsables fueron condenados a una sanción económica.
Más tarde llegaron la cascada de quemas de fotos del rey. Se inició también en 2007 con un acto en Girona, Cataluña. Tras la imputación penal de los responsables centenares de fotos ardieron por todo el país como protesta y se multiplicaron a su vez las imputaciones.
Incluso varias pitadas en campos de fútbol llegaron a los tribunales. En una de esas ocasiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una multa de 14.400 euros para Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció y promotor de la pitada al rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey de fútbol que se disputó en el estadio Camp Nou de Barcelona el 30 de mayo de 2015. Se le acusó de los delitos de injurias al rey y de ultraje a España. Finalmente, Espot fue condenado a pagar 7.200 euros.
Entre 2019 y 2020, Londres tuvo la mayor pérdida de población desde la Segunda Guerra Mundial. Este declive sin precedentes en tiempos de paz estuvo impulsado por un éxodo masivo de migrantes, que tuvo su epicentro en Londres y que está relacionado con el Brexit y con la pandemia de covid-19. Cerca de 1,3 millones de extranjeros se fueron de Reino Unido entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, según datos del Centro de Excelencia de Estadística Económica (ESCOE) de Reino Unido. De esa cifra, más de la mitad, unas 700.000 personas, se fueron de Londres, tradicionalmente una de las ciudades más bulliciosas y atractivas del mundo. En este video Inma Gil explica qué hay detrás de este éxodo masivo reciente.
Otro factor que fue determinante para los estadounidenses decidir mudarse fueron los incentivos fiscales, pues “las ciudades en los estados con impuestos sobre la renta bajos o nulos atraen a la mayoría de la gente”. Lugares como Florida y Texas manejan una tasa de impuesto sobre la renta individual marginal máxima de cero.
