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Baldoví, sobre Alberto Rodríguez: «Un buen diputado está en su casa mientras Espinosa de los Monteros, condenado por fraude, está en el Congreso»

Estos puntos son constatados por dos de los magistrados que integraban el tribunal, que emitieron un voto particular abogando por la absolución. En este voto se ponía en duda la idoneidad del testimonio del agente como única prueba al considerar que no contaba con los tres criterios que debe cumplir: credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia. Así, sostienen que la prueba practicada en el juicio está «muy lejos» de ser suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

Aumenta el lío jurídico

Pero si la condena ya levantó la indignación tanto en el entorno de Podemos como la del propio Rodríguez, que en sede judicial había avisado de que agotaría todos los recursos y llegaría incluso a la Justicia Europea, la aplicación de la pena ha causado todavía mayor revuelo.

La defensa de Rodríguez sostenía que la sentencia no conllevaba la pérdida de escaño y el informe solicitado a los letrados del Congreso por la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, avalaba esa tesis.

Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instancia que ha condenado al diputado debido a su aforamiento, requirió a Batet que le comunicará el inicio del cumplimiento de la pena impuesta, lo que se interpretó como una presión para la retirada del escaño, aunque sin especificarlo.

Finalmente Batet, contra el criterio de los letrados del Hemiciclo, decidió retirar el acta a Rodríguez que, además de anunciar la dimisión de todos sus cargos en Podemos, llegó a comunicar que se querellaría contra la propia presidenta del Congreso, aunque ya ha informado de que ha cambiado de opinión en este extremo.

Como han explicado diversos juristas, como Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, la inhabilitación para el sufragio pasivo no hace perder al diputado el cargo, si no que sólo le impediría presentarse a unas elecciones durante el tiempo que dure la inhabilitación.

Sin embargo, la ley del Régimen Electoral General sí contempla que los condenados en sentencia firme a penas privativas de libertad no pueden ostentar un cargo electo. Las dudas jurídicas, en este caso, radican en si se debe tomar como base para valorar la incompatibilidad la pena de prisión o los 540 euros de multa por los que fue conmutada.

Los letrados del Congreso optaron por esta segunda opción en un informe muy motivado. Consideran que se debe tener en cuenta la pena de multa, por ser la aplicada realmente y para no dar prioridad a una pena de prisión inexistente. Además, apuntan a que las dudas deben resolverse en el sentido más favorable al derecho fundamental a la participación política –siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional–.

Por su parte, la sala del Supremo tiene potestad para hacer cumplir su fallo, la inhabilitación para sufragio activo, pero no la tiene para indicar al Parlamento cómo interpretar la legislación, en este caso, la normativa electoral.

El último movimiento de Rodríguez

El último movimiento, hasta ahora, se ha producido este mismo martes. Alberto Rodríguez ha remitido un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que solicita la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia y en el que arremete duramente contra la presidenta del Congreso.

El ya exdiputado acusa a Batet de «arrogarse competencias propias y exclusivas del Supremo» y de «sustituir la pena impuesta por otra de distinta naturaleza y mayor lesividad». Además, sostiene que Batet «acordó modificar la sentencia dictada por el Supremo siguiendo, y asumiendo como propia, la petición realizada en el Congreso de los diputados por el Partido Vox», la formación de ultraderecha.

Reacciones

Desde que se conoció la sentencia y la posterior decisión de la presidenta del Congreso, se han producido multitud de reacciones, pero la que ha tenido mayor repercusión ha sido la de la secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que ha sostenido que Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demostraban que no estuvo en el lugar del altercado y que «el objetivo era quitarle el escaño».

«El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», concluyó la líder de Podemos en Twitter.

Esta postura, unida a las tensiones por la derogación de la última reforma laboral, ha dado pie a multitud de rumores sobre la posibilidad de que se produjera una ruptura de la coalición de gobierno. Si se llegara a producir, el presidente Pedro Sánchez estaría abocado a convocar elecciones anticipadamente, en un momento en que las encuestas parecen señalar cierto fortalecimiento de las formaciones de derecha y extrema derecha.

Hasta Europa

A 8 años de ‘Rodea el Congreso’: piden cárcel para 21 manifestantes mientras la Justicia europea condena a España por no investigar abusos policiales

La intención de Rodríguez de agotar los últimos recursos posibles en España hace que, con toda seguridad, el caso se acabe dirimiendo en Europa, en un contexto en el que la Justicia española se ha llevado algunos reveses en los últimos tiempos.

El caso más flagrante es el de los líderes del proceso independentista catalán, con el expresidente regional Carles Puigemont como cabeza más visible. En este caso no han sido los tribunales europeos, sino los de hasta tres Estados, Alemania, Bélgica e Italia, los que no han accedido a las pretensiones de extradición del magistrado Manuel Marchena, que es el mismo juez que ha presidido el tribunal que ha condenado al diputado de Podemos.

Esta vez la bofetada podría ser aún más sonora, al afectar al germen mismo de la democracia, después de las voces que se alzan denunciando que ha sido un golpe de la judicatura al poder legislativo y que podría originar una crisis parlamentaria si desemboca en el desencuentro de las dos únicas formaciones políticas que en la actualidad están en condiciones de formar Gobierno.

La guerra judicial contra Podemos

Desde sectores de la izquierda se denuncia que se está llevando a cabo una guerra judicial contra la coalición Unidas Podemos (UP), integrada por Podemos e Izquierda Unida. Además se alega que el poder judicial en España tiene un sesgo ideológico de derechas.

Por un lado, existe una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que se encarga de ascender a los magistrados a puestos de responsabilidad. El actual presidente del CGPJ –cargo que lleva aparejada también la Presidencia del Tribunal Supremo–, Carlos Lesmes, fue director general del Ministerio de Justica durante los dos mandatos del presidente conservador José María Aznar, entre 1996 y 2004.

En 2013 fue alzado a su actual puesto por un pleno del CGPJ donde eran mayoría los vocales propuestos por el Partido Popular (PP). Desde 2018 este órgano se encuentra en funciones, con el mandato caducado por la negativa del PP de acceder a su renovación, lo cual no le ha impedido seguir haciendo nombramientos vitalicios para puestos claves de la judicatura.

De la presunta politización de la Justicia da cuenta la conversación mantenida en 2018 por Ignacio Cosidó, portavoz del grupo Popular en el Senado, en la que presumía de que su partido conseguiría controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo «por detrás», la instancia responsable del enjuiciamiento de los diputados. Se trata de la sala presidida por Marchena que ha condenado a Rodríguez.

En este contexto, la polémica condena de Rodríguez no ha sido la única. Isa Serra, diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid hasta julio de este año, fue condenada en abril de 2020 a 19 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación para sufragio pasivo, además de a pagar una multa de 2.400 euros, por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños en el marco de un desahucio en 2014. Quince meses después el Tribunal Supremo confirmó su condena.

Serra también fue condenada tan solo con el testimonio de dos agentes de Policía, sin que existieran videos o fotografías de ninguna agresión y con el testimonio contrario de otros testigos. La exdiputada regional también anunció que recurriría al Tribunal Constitucional y posteriormente a instancias europeas, si fuera necesario.

Pero lo cierto es que desde la irrupción de Podemos en el escenario nacional, sus afines han denunciado una persecución judicial. El partido ha sido denunciado docenas de veces ante los tribunales de justicia por varios motivos, el más reiterado el de financiación ilegal.

Sin embargo, aunque todas las causas han terminado finalmente archivadas, se ha criticado duramente que la mayoría de ellas fueran siquiera admitidas a trámite, dilatando un proceso que aunque finalmente queda en nada, ha hecho que la formación morada haya sufrido reiteradamente lo que se llama ‘pena de banquillo’, es decir, un menoscabo de su imagen ante la opinión pública, mientras se daba enorme difusión a la apertura de causas y casi ninguna alusión a su archivo.

Uno de los últimos procesos archivados afectaba a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La entonces diputada de Podemos llegó a ser imputada por una jueza, junto a otros tres diputados de su formación, por participar en una protesta laboral. Las acusaciones eran similares a las sufridas por Rodríguez o Serra, pero en ese caso se contaba con profusas grabaciones que hacían imposible dar credibilidad a los testimonios de los agentes.

Nuria López

El país ibérico es una de las puertas principales para el ingreso de drogas a Europa.

España es una de las puertas principales para el ingreso de drogas a Europa. Las fuerzas de seguridad luchan para frenar el narcotráfico pero la erradicación del crimen organizado está llena de dificultades, y uno de los mayores obstáculos es la capacidad que tienen las mafias de reinventarse para intentar evadir a los cuerpos de seguridad.

Sus métodos han cambiado para evitar importantes detenciones, los jefes de la droga apuestan por ser más discretos. «Han dejado de tener la visibilidad tan notoria que tenían grandes narcotraficantes tanto en España como en Sudamérica. Se ha producido un fenómeno como la atomización de los grupos criminales«, dijo a RT el inspector jefe de la Sección Cuarta de Cocaína de Madrid de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Alberto Morales.

La Guardia Civil de España desarticula a una red de traficantes que ocultaba el hachís en falsos flotadores de embarcaciones

Los expertos señalan que es un mito que las bandas criminales lleguen a España simplemente para descansar, o para refugiarse. Consideran que las mafias organizan desde el sur de ese país el tráfico de la droga de toda Europa. Unas organizaciones sin grandes nombres propios, globalizadas y que se abren a cualquier negocio delictivo posible.

«Dan todo tipo de servicios»

«Ahora esas líneas se han ido difuminando y hay organizaciones que dan todo tipo de servicios. Quien antes solo se dedicaba al tráfico ilícito, también resulta que puede repartir mujeres y dedicarse a la trata y sacar marihuana al resto de Europa«, comenta el periodista especializado en organizaciones criminales Manuel Marlaska.

En España, en 2019 se incautaron 38 toneladas de cocaína y cerca de 350 toneladas de hachís. La Policía y Guardia Civil detuvieron a más de 20.000 narcotraficantes en solo un año, operaciones que han obligado a las mafias a modificar su actividad.

Cada vez es más habitual que las organizaciones criminales que reciben la droga en España compartan los gastos de transporte de un mismo alijo de cocaína, de esta forma reducen los costes y también diversifican el riesgo de una posible incautación.

Crecimiento de actividades criminales

Detienen a todo el grupo de estupefacientes de la Policía de una ciudad española en una operación antidroga

Las bandas delictivas buscan cualquier resquicio para introducir la droga en el destino final. Las mafias son conscientes de que las fuerzas de seguridad solo alcanzan a registrar el 3 % de las mercancías que entran por los puertos de España. Además, la reforma de enjuiciamiento criminal en teoría facilitaba colocar micrófonos en casas y poner balizas en los coches, pero en la práctica, según los propios agentes, ha sido una medida contraproducente.

«Eso está dificultando muchísimo la lucha contra el crimen organizado. Y ese problema lo han detectado las organizaciones criminales. Ahora, a la Policía se le ha podado unos brazos que tenían y eso lo que implica, es un crecimiento de actividades criminales», sostiene Marlaska.

El tráfico de drogas produce grandes fortunas. De acuerdo con la Policía, el blanqueo de capitales y las investigaciones patrimoniales son el punto débil de los narcotraficantes. Sin embargo, los extraordinarios beneficios de las mafias sirven para reinvertir en la propia organización. «Ellos están a la vanguardia de la tecnología y a la vanguardia de los métodos de ocultación», aseveró el inspector jefe de la Sección Cuarta de Cocaína de la UDYCO.

Entre los hogares de bajos ingresos, el 30 % asegura haber gastado todos sus ahorros para hacer frente a la crisis tras la llegada de la pandemia.

La situación económica en EE.UU. se hace más grave. Según una encuesta, casi el 40 % de las familias estadounidenses se han enfrentado a problemas financieros debido a la crisis por la pandemia del covid-19, incluso a pesar de haber recibido ayudas gubernamentales.

En este contexto, activistas y ONG alertan de que el problema se está agravando.

Daniel del Pielago, director de la organización Empower DC, y sus compañeros llevan días tratando de conectar a personas necesitadas con programas de ayuda para el pago del alquiler. Trabajan a contrarreloj, los fondos federales se han agotado y desde el Ayuntamiento han puesto una fecha límite para recoger solicitudes.

Con el covid-19 «se pone la situación hasta más terrible, así que es algo que nosotros estamos haciendo para decir que estos problemas existen y hay que hacer más. No podemos hacer estos programas que tienen fecha de expiración porque se va el dinero. La gente va a seguir con hambre, va a seguir necesitando vivienda, va a seguir necesitando medicina, así que tenemos que hacer algo más», comenta Del Pielago.

Aunque el pago del alquiler y la hipoteca son prioritarios, los expertos temen que no se vea más allá. Millones de estadounidenses tienen problemas para pagar las facturas de suministro. Se calcula que más de uno de cada cuatro estadounidenses luchan por cubrir gastos habituales.

Universitarios de la capital de EE.UU. denuncian condiciones deplorables en las residencias estudiantiles

Actualmente, solo la capital y otros tres estados mantienen moratorias que impiden cortar la energía o el agua. Aunque no hay datos nacionales de carácter oficial, por ejemplo, solo en California durante la pandemia se ha acumulado una deuda ciudadana por impago de agua y electricidad de unos 2.700 millones de dólares.

Un ejemplo es Tamara Green, quien explica que perdió su trabajo y desde entonces no ha podido conseguir otro: «Estuve recibiendo el beneficio por desempleo, pero luego esa ayuda dejó de llegar, creo que hubo algún tipo de complicación en la oficina, así que no cobré nada durante siete meses y por ese motivo estoy atrasada en el pago de las facturas».

Entre los hogares de bajos ingresos, el 30 % asegura haber gastado todos sus ahorros para hacer frente a la crisis tras la llegada de la pandemia.

Los estadounidenses afroamericanos y latinos continúan siendo los grupos más castigados. No solo en los impagos de vivienda o de gastos comunes, también a la hora de conseguir algo para comer.

La situación es dramática en el caso de los adultos con niños a cargo, uno de cada ocho asegura no tener suficientes alimentos.

En organizaciones como Bread for the City aseguran que, debido al aumento de la pobreza, actualmente han eliminado todos los requisitos de acceso a su banco de alimentos.

Kendrick Thomas, responsable de comunicación, señala que se encuentran distribuyendo más alimentos que jamás antes en la historia de la organización. «Están llegando más clientes de manera constante. Tenemos a miembros de la comunidad que nunca antes habían oído hablar de nuestra organización, Bread for the City y que ahora utilizan nuestros servicios todo el tiempo. Hemos distribuido casi más de 400.000 pañales este último año fiscal. Hemos entregado de 700 a 1.000 bolsas de comestibles en un solo día, nunca habíamos hecho tanto antes», expone.

Impacto de la pandemia en EE.UU.: escasez de comida e inseguridad alimentaria

La demanda y la necesidad es tal, que incluso han decidido abrir un nuevo servicio de ropa donde cada persona puede obtener gratuitamente un máximo de 25 prendas.

Kyah Campbell, responsable de voluntariado en la organización, dice que con la pandemia muchos de sus usuarios «se han enfrentado a desahucios, por lo que tienen que empezar desde el principio. Esto significa que no tienen ropa, muebles; no tienen nada. Entonces vienen a nosotros en busca de ayuda y se supone que debemos intervenir, nosotros lo hacemos y por ejemplo les ayudamos a obtener toda la ropa que necesitan para vestir a toda la familia».

Si hay algo en lo que coinciden tanto expertos como activistas es que, de no haber sido por las ayudas gubernamentales frente a la crisis, la situación en este país habría sido dramática.

De los hogares encuestados que actualmente aseguran tener dificultades económicas, el 67 % dice haber recibido asistencia pública. Ahora esos recursos se agotan y se acerca un invierno de altos precios de la energía e inflación en los alimentos.

Quién a estas alturas confía en la Justicia española o no ha leído ni escuchado ninguna noticia en los últimos diez años por lo menos o padece una grave insuficiencia cognitiva.

Lo ocurrido con el escaño de Alberto Rodríguez puede parecerles caso menor… Pataleta lo llamaban algunos conspicuos miembros del Psoe, con el cinismo característico de esta patética claque que mantiene el partido. Eliminar de forma abyecta el acta de diputado de una persona que representa a casi 70.000 votantes es una bofetada radical en toda la escuadra democrática abriendo la puerta a desmanes varios

Analicemos el caso: Alberto Rodríguez es denunciado por un policía ultraderechista (sí, ultraderechista confeso) que en ¡2014! le propinó una patada durante una manifestación. No hay prueba alguna, más que la declaración del policía. No hay testigos del acto agresivo. Nadie vio nada, ni los compañeros del policía. Ni grabaciones. Nada. Declaración, contra declaración.

Al diputado se le condena a una pena de un mes y medio de cárcel sustituida por una multa de 540 euros que ya ha satisfecho. La condena del tribunal es por mayoría, nada de unanimidad que sería requerida ante el desliz y la entidad de la sentencia. Cinco votos en contra (los de jueces conservadores, algunos de ellos cargos anteriores del PP) y tres en contra (los jueces progresistas, que incluso hacen público su desacuerdo y muestras discordancias graves con la sentencia). Condena ideológica clara que niega la presunción de inocencia y condena con la única prueba que aporta verbalmente el denunciante.

El pago de la multa se efectúa por lo que no debería haber inhabilitación de ningún tipo según la ley que dice que una pena de multa no supone inhabilitación.

Se conmina en voz del genuino Marchena que solicita a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que requiera el acta de diputado a Rodríguez, ésta a su vez consulta a los letrados del Congreso que confirman que la multa no es privativa de inhabilitación afirmando que no procede solicitar el acta de diputado… pero Marchena, cual patrone mafioso, sigue presionando y Batet cede entregando la cabeza del diputado a la furia judicial conservadora. No se sigue el criterio de los letrados de las Cortes, que no son vinculantes pero sí están ahí, para algo servirán, pensamos. Y con esto, queridas mías, se confirma el asalto sangriento del poder judicial al legislativo. Con una grandiosa contundencia que nos deja sobrecogidas porque en el poder del Congreso  es donde está la voz del pueblo. Votamos a los diputados/as son nuestros/as representantes, cosa que el poder judicial  se lo pasa por el arco del triunfo.

Se comentaba que la señora Batet andaba llorosa ante tamaña componenda pero ni por asomo se planteaba la dimisión de un puesto que se ve obligado a tragar un sable de considerables dimensiones y queda sumido en la indignidad. ¿Dimitir? ¿Dignidad política? ¿Qué es eso?

Podría decir sin temor a exagerar que esto es un difuso y bien diseñado golpe de estado. Claro que las educadas voces psoistas me llamarán histérica…A lo que les responderé que la tarea de Judas Iscariote les va como anillo al dedo. Siempre habrá un domado Psoe (me niego a llamarles socialistas) para realizar el trabajo sucio de la derecha, para plegarse , como domados y doblados de cerviz ciudadanos bien adiestrados. Asquito profundo que dan.

Cuando la derecha clama por el tongo en las elecciones  con ese mal perder característico de la poca práctica democrática  optando por la judicialización de la política arman el zafarrancho para obviar lo votado y doblar el espinazo democrático no hay delante de las huestes infectas un frente firme que les mantenga a raya. Al contrario, desde siempre, esta izquierdita de salón cree que tragando sables, haciéndose la buena, los otros, domeñaran la furia. Y es justo al contrario. Si algo valora un ultra auténtico (no hago distingos entre las dos derechas, son ultramontanas de libro) es la contundencia en la respuesta. Además les da igual. Montan el pifostio por todo ¿por qué no ir a por todas? Si ser buenecitas solo explaya sus ansias de sangre.

Quienes nos quedamos en perplejidad constante viendo la dificultad de jueces y fiscales para identificar a M. Rajoy, en dictar sentencias justas y en tiempo (antes de prescribir o de morir “accidentalmente” los acusados, Villarejo dixit) en Gürtel, Púnica y etc. Quienes vemos con espanto al rey Emérito darse la gran vida a nuestra costa mientras se nos desgrana en comisión parlamentaria las vergüenza de un CESID o como las cloacas policiales deben suministrar al anterior jefe del estado bromuro para que no se tire hasta a la escoba y escuchamos como surgen sonoros nombres en los Pandora papers sin que nadie mueva ni una ceja,  que cada día nos sorprende una nueva noticia en el desvarío nacional de corruptos a cascoporro. Mientras todo eso ocurre, observamos la contundencia en juzgar algo inverosímil, dictar sentencia condenatoria y presionar al Congreso para eliminar a un diputado, que no es problema personal, como él apuntó, sino de representación. Han hurtado el voto a casi 70.000 canarios.

El claro viraje del trilero Sánchez en el congreso reciente ha sido claro. El abrazo de Vergara con González era esto. De siempre se supo que Sánchez pactaba con UP a regañadientes, como la novia/o que se casa con el suplente porque el ideal no quiere. El ideal de Sánchez y su troupe (que troupe, madre…escuchando a la “lumbrera” de Iván Redondo que dicen que era el listo del grupo, una se da cuenta de cómo serán los tontos) siempre fue Cs. El amor brillaba en los ojos del trilero Sánchez, cuando contemplaba a Rivera pero el “con Rivera no…” sonó muy alto y al final no quedó otra que asumir un matrimonio sin amor son UP.

Desde el minuto uno sobraba una parte de la coalición. Y más ahora, que aparece una persona con brillo de liderazgo y parece aunar conformidad en las diversas vías de la izquierda. Cierto es que nos conformamos con poco, que no es oro lo que reluce pero la imagen de Yolanda Díaz emerge con la suficiente fuerza como para dar un ligero resquemor a esa derecha psoistica que se vio representada en el abrazo tóxico entre González y Sánchez. Dicen que cerraban heridas y lo que ocurría es que trasvasaba el veneno acomodaticio, burgués y traidorzuelo del pasado al presente. Que tampoco hacía mucha falta porque pocos, muy pocos personajes políticos hemos visto con una capacidad tal de travestismo político como Sánchez, capaz de decir algo y lo contrario en horas sin despeinarse ni inmutarse.

Que se expulse de la Cámara a un diputado ejemplar mientras se traga cada día los carretones de mierda política que tragamos dice mucho y mal del sistema. Y dice mucho y mal de nosotras como pueblo. Y perdonen, también dice mucho y mal del partido de Alberto Rodríguez (que con buen sentido abandonó el sábado por la tarde) que no es capaz de arropar a su diputado dando un puñetazo en la mesa hasta hacerla saltar por los aires.

Un partido que no hace frente común en defensa de sus electores y de sus miembros es un partido chicle. Un partido que no ofrece confianza porque le faltan agallas y capacidad endogámica para defender a los/as suyos.

Y si fuera necesario salir del gobierno, se sale. Por supuesto, porque UP, solo puede perder confianza y votos estando en un gobierno indecente que con una mano empuña puñal traidor y con la otra toma prestado el apoyo de los 35 diputados que le confirman como gobierno. Salir ya de una gestión donde nunca debieron estar. Marcharse con una tangana de cuidado y llenar las calles como lo hizo tiempo anterior y tan buenos resultados electorales obtuvo de una postura clara encarnando a la inmensa minoría que no nos sentimos representadas por un gobierno vergonzante.

No es el gobierno de la izquierda. Ni tan siquiera es el gobierno de una socialdemocracia decente. Es un puñetero gobierno pusilánime que maquilla de izquierdita cobarde lo que es solo un amasijo de políticas derechizadas y vacías de contenido. Apuesto lo que quieran a que acuerda la Reforma Laboral dejándola igual o peor, con mucha semántica de una pseudoprogresía vacía de contenido. Ejemplos tenemos varios: Propuesta de Ley de Memoria Histórica, Propuesta de Ley de control de alquileres… Por no hablar de las collejitas cariñosas que se les da de vez en cuando a las eléctricas, obviando que fue precisamente el gobierno de Felipe González el que nacionalizó las empresas del grupo Rumasa… Poder se puede. Hacer se debería hacer pero no se atreven… o no quieren porque luego las puertas giratorias no funcionan.

El golpe de estado que la judicialización del poder ejecutivo y legislativo realiza cada día nos demuestra el pertrecho de interés de una derecha salvaje y una izquierda domada. Pero muy domada.

El lewfare de cada día ha funcionado de forma directa dando en plena línea de flotación de la democracia. Hoy más que nunca el puñetazo en la mesa es la única opción. Porque a lo de Alberto Rodríguez seguirán más casos. Estamos bien seguras.

MARÍA TOCA