El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid atiende las demandas de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Una nueva traba vuelve a impedir que se pueda exhumar a las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid ha suspendido de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para proceder a dicha exhumación al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
La jueza: «Son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones antes de que se pronuncie la sentencia definitiva»
Según el auto fechado el 16 de noviembre, la jueza Eva María Bru Peral ha dictado la medida cautelar antes de entrar al fondo del asunto al considerar que «son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones antes de que se pronuncie la sentencia definitiva». Prosigue que de continuar los trabajos «se producirían modificaciones en un elemento integrado en un Conjunto de protección integral que harían inefectivo el fallo de una sentencia que fuera estimatoria, lo que resultaría contrario a la tutela cautelar».
Contra esta decisión cabe interponer recurso de apelación en un término de 15 días ante este juzgado y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Cronología de los hechos
El pasado 12 de abril, el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, presentó en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la solicitud de licencia urbanística para iniciar esos trabajos y el 24 de junio el Consistorio se la concedió. Ya entonces, los familiares de las víctimas del franquismo mostraban cierto pesimismo de que, por fin, se fueran a hacer realidad sus demandas. Y el tiempo les ha dado la razón.
Tras ese paso burocrático del 24 de junio, el pasado mes de septiembre el Gobierno informó de que comenzaba una primera fase de las obras consistentes en trabajos técnicos para exhumar a casi 80 personas. Unas obras que iban a contar con una partida de 650.000 euros, aprobada en Consejo de Ministros en el mes de marzo.
Entonces, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la suspensión alegando el «Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas».
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica: «No se puede llevar la guerra a los cementerios porque ahí reposan personas»
El secretario de la asociación recurrente, Guillermo Rocafort, ha destacado a Europa Press que el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, está demostrando que desconoce «la legislación de protección del patrimonio» y que no respeta a los bienes catalogados.
«Se buscaba un efecto electoralista. No se puede llevar la guerra a los cementerios porque ahí reposan personas y al final se genera discordia y hay que respetar el descanso eterno de los difuntos», ha aseverado.
Casi 34.000 cuerpos enterrados
Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas –casi la mitad sin identificar– de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.
Uno de los ejemplos más conocidos es el de los hermanos Lapeña Altabás, Manuel y Antonio Ramiro, que fueron fusilados en 1936 por los franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y luego reinhumados sin permiso de la familia y de forma subrepticia en el Valle de los Caídos en 1959. Una sentencia de 2016 de un juez de San Lorenzo de El Escorial reconoció el derecho de la familia a que los cadáveres fueran exhumados y trasladados adonde sus allegados decidieran.
Sin embargo, todo el proceso se ha ido demorando y a mediados de septiembre Manuel Lapeña murió a los 97 años de edad sin poder ver cumplido su sueño de ver a su padre y a su tío fuera del Valle de los Caídos.
«No se asumen derechos humanos»
El abogado Eduardo Ranz: «Parece que «Hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho»
El abogado Eduardo Ranz, letrado de la familia de los hermanos Lapeña, ha lamentado que «por desgracia» haya otras resoluciones de esta jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que suspendan la sobras en el interior del Valle de los Caídos.
«Parece que hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho ni el ordenamiento jurídico. La parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia», ha reseñado.
Futuro Valle de Cuelgamuros
Este miércoles, PSOE y Unidas Podemos pactaron unas enmiendas en la futura Ley de Memoria Democrática por la que el Valle de los Caídos recuperará su nombre original de Valle de Cuelgamuros. El cambio de nombre se debe a la intención de convertir el espacio en un «lugar de memoria democrática», para dar «conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».
En el futuro Valle de Cuelgamuros solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra, con la finalidad de construir un lugar de «reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas».
En los Presupuestos Generales del Estado de 2022 está contemplado la convocatoria de un concurso de ideas de ámbito internacional para la habilitación del futuro centro de interpretación del Valle de los Caídos.
Las cuentas destinan 11,8 millones de euros a la memoria histórica, de los cuales casi un 60% están reservados a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo todavía enterradas en fosas comunes.
