La Fiscalía de Estados Unidos ha retirado siete de ocho cargos presentados por el Gobierno contra el diplomático venezolano Alex Saab.
Un escándalo que no cuenta ni con precedentes similares es el ejecutado el 16 de octubre de 2021 por el Gobierno de Estados Unidos, quien en su desespero por derrocar al Gobierno legítimamente constituido en Venezuela, se atrevió a secuestrar al Diplomático venezolano, Alex Saab Morán, claramente identificado con el Pasaporte Diplomático nro. 045778720, acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela como “Enviado Especial” de Venezuela desde el 9 de Abril del año 2018, acreditación que le otorga automáticamente inmunidad diplomática tal como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas referente a la inviolabilidad de la figura del Enviado Especial (arts. 14, 29 y 40).
Lo cierto es que una vez que identifican desde Estados Unidos el papel que desempeñaba Alex Saab en los proyectos que permitían a la República Bolivariana de Venezuela esquivar las sanciones, importando alimentos, medicamentos y otros productos al país, comienza una persecución contra el Diplomático y en julio de 2019, siendo Saab Enviado Especial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, le impuso sanciones a Saab y varias entidades financieras para bloquear la actividad comercial de importación de alimentos y medicamentos a Venezuela.
El mismo mes de julio se presentó ante Tribunal Federal en Miami una demanda contra el Enviado Especial venezolano, Alex Saab, por participar en la transferencia de unos US$350 millones por un proyecto de construcción de viviendas en Venezuela, dice la demanda “entre los años 2011 y 2015”. Dicha demanda a todas luces padece de fundamentos y pruebas, que se basa solo en versiones de medios de comunicación. Para mostrar su inconsistencia, es necesario recordar que ya en Suiza desde el 2018 se tenía un procedimiento abierto para investigar esa misma transacción de US$350 millones que alega Estados Unidos fueron producto del lavado de dinero, y en diciembre de 2020, luego de tres años de investigación, la Fiscalía de Ginebra decidió cerrar el caso por falta de pruebas.
Es aquí donde se desmiente las versiones de los medios por cuanto los abogados al acceder a la acusación contra Alex Saab en el Tribunal estadounidense pudieron observar lo siguiente: la acusación manipula la “Ley de prácticas corruptas en el Extranjero” de Estados Unidos para hacerla aplicable a un contrato celebrado en Venezuela y con el Gobierno de Venezuela. Además, la demanda tiene marcadas inexactitudes y falta de pruebas, por ejemplo: se refieren a un contrato del que no conocen la fecha exacta que se firmó, solo dicen “entre 2011 y 2015”, lo que verifica que no lo tienen en su poder; también afirman la existencia de pagos corruptos, pero no nombran a ninguna persona a quien le hicieron los pagos; igualmente se refieren a transferencias electrónicas para la distribución de ganancias sin siquiera referirse a quienes le distribuyeron dichos beneficios. Todo evidencia lo ya ratificado por el Gobierno venezolano y es que los fiscales han manipulado la acusación contra Alex Saab y las leyes estadounidenses para hacerla aplicable, sin fundamentos, a hechos ocurridos en el exterior y solo por razones de persecución política.
Todo lo anterior desmiente las excusas que dan los medios sobre la solicitud de la fiscalía de retirar siete de los ocho cargos que han presentado contra el Diplomático venezolano, ya que dicha solicitud solo fue motivada en razón a la falta de pruebas que tienen contra Alex Saab. Sin embargo, mantuvieron solo el cargo más ambiguo y vago que es el de “Conspiración para el lavado de dinero”, una acusación que permite imprecisiones, suposiciones e incluso la falta de pruebas.
Que a nadie le quede la menor duda que estamos frente a mayor montaje político por parte de Estados Unidos que compromete la credibilidad de todo un país y su sistema de justicia. Alex Saab es un Diplomático secuestrado por el Gobierno de Estados Unidos.
Cuba denuncia una vez más la injerencia y las políticas fallidas de sanciones y de bloqueo de Estados Unidos en su contra.
Las tacha de violatoria a los derechos y normas internacionales, crueles, inhumanas y medidas típicas de la guerra no convencional.
“El 15 de noviembre no pasó nada en Cuba. No hubo protestas reprimidas, ni militarizaciones, sino, fue un lunes de la celebración, la reapertura de las fronteras, así como el fracaso de la movilización antigubernamental convocada y financiada por Estados Unidos.” Así lo precisó el canciller cubano en una entrevista con la cadena ruso RT.
Condenó la política de bloqueo e injerencia de EE.UU. hacia La Habana. Dijo que el propósito de Washington es provocar sufrimiento del pueblo cubano para derrocar al Gobierno y dominar a la isla.
Rodríguez lamentó que el actual presidente de EE.UU., Joe Biden, no tenga una política propia para Cuba, sino que ha seguido con rigor y disciplina la que estableció su antecesor, Donald Trump. Asimismo instó a Biden a dejar de violar los derechos, las reglas, y las normas internacionales y la carta magna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En cuanto a la comunidad cubana en EE.UU., Rodríguez señaló que, aunque en las redes sociales se amplifica, según sus palabras, el mensaje de odio e incluso de invasión militar en Cuba, la mayoría de los miembros de ese grupo sigue apoyando la normalización de las relaciones entre ambos países y viene pidiendo el fin del bloqueo genocida de la Casa Blanca contra La Habana.
El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, habla con la prensa desde la sede de la ONU, Nueva York.
Venezuela celebra el llamado de la ONU al FMI a no negar a Caracas el acceso a fondos especiales, tal como había impuesto EE.UU. al ente financiero global.
“La Asamblea ONU le dice al FMI y a EE.UU. que no pueden negar acceso a los DEG [Derechos Especiales de Giro] en medio de una pandemia. EE.UU. usa al FMI y a su esclavo [opositor Juan] Guaidó como arma para sacrificar la vida de miles de venezolanos. Hoy logramos que el mundo entendiera el crimen contra Venezuela”, ha celebrado este viernes el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, a través de su cuenta de Twitter.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado en reiteradas ocasiones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se niega a otorgar los 5000 millones de dólares en los DEG que le correponden para enfrentar la pandemia de coronavirus, causante de la COVID-19.
“Venezuela tiene derecho a 5000 millones de dólares de su propiedad en DEG del FMI. Son fondos soberanos de Venezuela, sin condiciones, el FMI nos niega el acceso por la presión criminal de EE.UU. que usa a Guaidó afirmando que ‘no hay claridad sobre cuál es el gobierno legítimo’”, indicó el diplomático venezolano.
Sin embargo, Moncada ha celebrado que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobó una resolución sobre el “acceso equitativo, oportuno y universal a vacunas COVID-19”, la cual rechaza las medidas del FMI de no liberar los fondos a países como Venezuela.
Según el representante venezolano, en esta resolución de la ONU hay un párrafo que “rechaza las medidas criminales de EE.UU. para negar el derecho a la salud” del pueblo venezolano.
Moncada ha detallado que la resolución fue aprobada por 171 naciones, sin votos en contra, pero con siete abstenciones, entre las que se encuentran EE.UU., el Reino Unido, el régimen de Israel, Australia, Japón, Corea del Sur y Armenia, por lo que consideró a Washington una amenaza para el mundo.
El FMI no ha entregado a Venezuela estos activos, que la mayoría de las naciones han recibido, debido a que EE.UU. y sus aliados no reconocen al Gobierno de Maduro y consideran al líder opositor Juan Guaidó, como presidente interino de la nación, después de las elecciones presidenciales de 2018.
Esta medida del FMI se produce mientras los Estados de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) reconocen a Maduro como presidente constitucional y legítimo de Venezuela.
Nicaragua ha iniciado este viernes de forma oficial el proceso de salida de la OEA ante sus “continuas muestras de injerencia” en los asuntos internos del país.
“Me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) conforme a su artículo 143 que da inicio a su retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”, ha declarado este viernes el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa desde la sede de la Cancillería, en Managua, capital.
Moncada ha confirmado que, siguiendo las instrucciones del presidente, Daniel Ortega, ha procedido a presentar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, una denuncia por “intromisión” en los asuntos internos y el consiguiente deseo del país de “abandonar la entidad”, a la que califica de un “instrumento de injerencia e intervención de Estados Unidos”.
“Frente a las acciones violatorias de la OEA y Estados Unidos, manifestamos nuestra renuncia a esa organización, instrumentalizada bajo intereses del país norteño”, ha enfatizado.
Un portavoz de la OEA ha confirmado que el organismo recibió la petición formal de Nicaragua para dejar de ser miembro del organismo. El proceso tardaría 24 meses.
La decisión ha sido tomada después de que la Asamblea Nacional (Parlamento) del país aprobara el martes una declaración de condena ante la OEA, en la que enfatiza que el “pueblo y Gobierno de Nicaragua renuncia a formar parte de esta organización cautiva de Washington”.
El miércoles, la Corte Suprema de Nicaragua también manifestó su respaldo a la salida de la OEA al pedir al mandatario del país que iniciara el proceso de esta retirada.
La decisión del Parlamento nicaragüense se produjo después de que la OEA emitiera una resolución en la que cuestiona el proceso electoral que el pasado 7 de noviembre concluyó con la reelección del presidente Ortega. De acuerdo con analista, el pueblo nicaragüense votó claramente ese día, rechazando el injerencismo de EE.UU.
La pérdida de empleos y el desmantelamiento de las industrias en A Mariña lucense, una de las zonas más golpeadas por la despoblación en España, motivó a varios sectores a convocar a una huelga general.
Twitter @galizaCIG
Galpones abandonados, cientos de viviendas derruidas y fábricas cerradas se han convertido, desde hace años, en parte del paisaje habitual de la comarca gallega de A Mariña, de la provincia de Lugo, en el norte de España. Por eso, el posible cierre de otras dos fábricas en la zona ha movilizado a sus habitantes a una huelga general.
De acuerdo a los reportes de las centrales sindicales, el llamado a huelga del miércoles paralizó el 60 % del comercio en la región, que no solo se resiste a quedar reducida a un «desierto industrial» ante el posible cierre del complejo de Alcoa San Cibrao, y Vestas, en Viveiro, sino que clama medidas integrales que permitan evitar el declive económico de una región que sigue perdiendo habitantes con el pasar de los años.
«Las reivindicaciones que nos llevaron a la huelga son justas«, aseveró uno de los líderes de la huelga, Xorxe Caldeiro. Pero es que problema no se limita a la pérdida de empleos, sino al impacto que el cierre de esas plantas tendrá en el resto de la economía en la región, que ya sufre el embate de la despoblación. Si en el año 2000 había censadas más de 76.000 personas, dos décadas más tarde el número se ha reducido en más de 6.000. ¿Qué hay detrás de ese fenómeno?
Ni industrias, ni futuro
«Trabajo digno en nuestra tierra», «queremos trabajar y no emigrar» y «La Mariña está en lucha», fueron parte de las consignas que los trabajadores, sindicalistas y la población en general corearon durante la movilización pacífica, que se concentró una de las calles principales de Burela, a las orillas del Cantábrico, y congregó a unas 15.000 personas, de acuerdo a las estimaciones de la Policía y los convocantes.
Las razones principales de esa lucha son la falta de inversiones en infraestructura, la pérdida de servicios y de la sanidad pública, el ocaso de la industria y el relego de La Mariña en los presupuestos de la Xunta de Galicia. Deudas «históricas» que ponen el riesgo el futuro de una región que en los últimos 40 años se ha dedicado al aluminio, a las actividades primarias (como la pesca, la agricultura y la silvicultura) y, en menor medida, al turismo.
Ya el año pasado, los sindicatos advirtieron que el cierre de Alcoa sería el «golpe de gracia» para la comarca. Sin embargo, los responsables de la planta consideran que la misma es «inviable» a pesar de los precios máximos del aluminio, mientras se niegan a vender la empresa a un tercero y piden que el Gobierno la adquiera y se encargue del traspaso.
El Gobierno central, entretanto, se ha mostrado renuente a la idea de intervenir la planta a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la espera de un tercer inversionista, lo que mantiene en vilo a los trabajadores de Alcoa.
«Si la industria cierra, la infraestructura será menor, y entonces no vendrán alternativas industriales; entonces la gente emigrará y la población bajará, y entonces los servicios serán cada vez peores. Y esta región tendrá un peso político cero», explicó el sindicalista María José Novoa, de las Comisiones Obreras (CCOO).
A este posible cierre, se suma la venta de la multinacional danesa Vestas, cuyos dueños han anunciado que cerrarán sus puertas el 31 de diciembre si no logran el traspaso, poniendo en riesgo 115 puestos de trabajo. La empresa, dedicada a la producción de elementos para parques eólicos, prevé transformarse en un centro de servicios y formación, que se quedaría solo con 24 plazas de empleo.
Desierto industrial (y poblacional)
Esta no es la primera vez que unas industrias cierran en La Mariña. En los últimos 20 años, han desaparecido al menos 10 de la zona, entre las que se cuentan fábricas de ladrillos, conserveras, mueblerías, constructoras y madereras, que han hecho que se pierdan cientos de empleos.
Ese fenómeno, además, arrastra consigo el deterioro de los servicios públicos y sanitarios, lo que obliga a muchos de sus habitantes a emigrar a otras localidades o países, apuntalando aún más la despoblación. De hecho, los últimos datos oficiales revelan que cada vez hay menos gente en los 11 municipios más pequeños de la comarca y los fallecimientos superan a los nacimientos, lo que compromete el futuro de una población cada vez más envejecida.
Personas con mascarillas protectoras caminan en Ribadeo, España. 6 de julio de 2020Miguel Vidal / Reuters
Los migrantes, por su parte, tienden a concentrarse en los núcleos urbanos más grandes, a la caza de mayores oportunidades laborales. Pero el cierre de las fábricas puede significar que hasta ese incipiente flujo de personas a la zona se detenga.
En ese contexto, las promesas de reindustrialización han quedado tan paralizadas como las obras de infraestructura que prometían darle mejor conexión a la comarca, como la vía Transcantábrica, que se prometió hace 20 años y que, paradójicamente, no incluyó a seis de los ocho municipios que están bañados por ese mar.
Desde el año pasado, los trabajadores alertan del riesgo que representa que el único sector al que se destinen las inversiones del Estado sea el turístico, ya que solo genera ingresos para los habitantes de la región durante dos o tres meses al año en condiciones ‘normales’, un asunto que quedó severamente en entredicho durante la pandemia de covid-19.
La fragilidad y «estacionalidad» de este sector, por lo tanto, no es suficiente para generar suficiente riqueza en la zona como para que frene la despoblación y ofrezca oportunidades de subsistencia a sus habitantes.
Posiciones encontradas
A la marcha del miércoles asistieron políticos de todo el espectro político. Mientras la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, que «deje de buscar culpables y lidere una solución para la crisis industrial», el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, achacó la responsabilidad de la situación al Gobierno central.
«Alcoa se va de España porque no confía en la política energética del Ejecutivo de Pedro Sánchez», apunto Tellado. Entretanto, el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, respaldó la movilización e instó a buscar «una solución ante el clamor de una comarca que pide garantías laborales e industriales».
El mes pasado, el Tribunal Supremo (TS) falló en contra de Alcoa y avaló la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que observó «mala fe» por parte de la compañía y anuló el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa pretendía aplicar para poder despedir a 524 trabajadores directos de la planta de San Cibrao.
Así, las cubas de electrólisis se mantendrán encendidas a la espera de que se resuelva la situación. Los trabajadores, por su parte, se han declarado en huelga indefinida ante la inacción en la venta de la fábrica, que de momento solo produce material para refundir, ya que el aluminio primario no sale de las instalaciones.
Pero el futuro de las negociaciones es sombrío. En el contexto de la marcha en Burela, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, alertó sobre la «sumisión total» de la Xunta de Galicia y del Gobierno central ante Alcoa. Para los trabajadores, la solución pasa por la intervención estatal de la fábrica, una acción que ya ha sido descartada por el Ejecutivo, que ha aludido a una «pérdida de confianza» con la multinacional.
Imágenes de la marcha en Burela, 17 de noviembre de 2021CIG @galizaCIG
«En el caso de Alcoa, siempre ha estado en lo negativo, pese a que estamos de la mano Industria, la Xunta y el comité de empresa, pero lo único que se ha conseguido es la crispación de la sociedad gallega. Claramente no está haciendo nada por sumarse y ser parte de la solución, y es en esto en lo que está trabajando la Mesa Industrial. Lo que le pedimos a la empresa es que Alcoa abandone La Mariña, tiene que ser una realidad que venda», aseveró el pasado lunes la ministra ministra de Industria, Reyes Maroto.
Esa postura del Gobierno, según Zan, confirma el desamparo: «Da la sensación de que, si la empresa quiere, puede hacer con nosotros lo que le venga en gana».
No es solo la planta
La adhesión de los habitantes de la comarca al paro fue considerable, aunque no todos se sumaron por el futuro de las plantas sino para reclamar por la desinversión estructural en la zona.
«Es una industria que no tendría que estar ahí ni en ningún sitio, porque es muy contaminante», comenta María Rodríguez, una habitante de la villa de Lourenzá. Para ella, más que la presencia de Alcoa o Vestas, lo que requiere la región es mayor inversión para el desarrollo del ámbito rural y el pequeño y mediano comercio, así como el mantenimiento de la sanidad pública, que en los últimos años ha experimentado severos recortes.
«Es que Alcoa siempre ha sido un coto aparte. Es cierto que mueve mucho dinero, pero su impacto es muy puntual. La cuestión es que acá salimos a protestar cuando nos tocan el bolsillo, pero ni nos inmutamos cuando afectan los servicios públicos, que son responsabilidad de todos. En la marcha por la sanidad, éramos cuatro gatos», se queja María. «El tema es que funcione todo, no solo una fábrica».
Raquel López, una de las hosteleras de la zona que se sumó al paro, también deja claro que su adhesión a la huelga tuvo que ver con algo que va más allá de la presencia de las plantas. «Es que si quieres hacer un trámite en el juzgado tienes que ir a Viveiro; muchas especialidades médicas ya no las atienden en el hospital de Burela, sino que te mandan a Lugo, y si cada vez nos quitan más servicios, menos gente va a querer quedarse aquí».
Aunque Rodríguez considera que el turismo puede ser una alternativa para el desarrollo sustentable de la región, López lo ve inviable. «Yo vivo en Ribadeo y cuando se va a el verano, no queda nadie. No puede ser que dependamos de una temporada cuando los negocios deberían ser rentables todo el año».
El documental relata una serie de hechos y reflexiones sobre la represión franquista desde sus inicios al comienzo de la Guerra Civil hasta después de la muerte del dictador.
Más de 42 años de represión política tras el golpe de estado de 1936. Día a día, hasta sumar 15.613 jornadas de asesinatos de disidentes, fosas comunes, consejos de guerra ilegales, encarcelaciones y otras actuaciones que constituyeron en definitiva un genocidio contra una parte del pueblo español. Esto es lo que muestra el documental 15.613 días, una producción de la Asociación Ánfora codirigida por Fran Jiménez y Jose Ramón Rebollada, que se puede ver en Público.
El documental relata una serie de hechos y reflexiones sobre la represión franquista desde sus inicios al comienzo de la Guerra Civil hasta después de la muerte del dictador. Cuenta con el testimonio de 34 personas entre víctimas y familiares de la represión y especialistas en este fenómeno histórico, además de otros actores políticos y judiciales relacionados con la memoria histórico como por ejemplo José Luis Rodríguez Zapatero o el juez Baltasar Garzón.
Los campos de concentración franquistas, las depuraciones laborales, el exilio y la persecución de los exiliados en el extranjero, la utilización de los presos políticos como mano de obra esclava, los maquis y otros hechos forman parte del contenido del documental hasta llegar a las torturas y asesinatos que se produjeron durante el tardofranquismo y la transición en un relato amplio aunque no exhaustivo de las barbaridades perpetradas por la dictadura contra su propio pueblo.
La cinta se ha estrenado este jueves en la web de Público, a la vez que se ha proyectado en el auditorio de la sede de COOO en Madrid. Tras la proyección del documental ha tenido lugar una mesa de debate moderada por Ana Pardo de Vera, directora corporativa y de relaciones Institucionales de Público. En el coloquio han intervenido Unai Sordo, secretario general de CCOO; Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Nicolás Sartorius, abogado y político víctima de la represión en el tardofranquismo; y Mirta Núñez Díaz-Balart, profesora de historia de la Universidad Complutense experta en memoria histórica.
La filtración de un audio comprometedor del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs) y la más que posible no aprobación de los Presupuestos provocan que las elecciones anticipadas sobrevuelen el ambiente. En Génova se abren a que el calendario se adelante pero Juanma Moreno no parece por la labor.
No se puede decir que las últimas semanas estén siendo demasiado tranquilas en las filas del Partido Popular (PP). Primero, la guerra total abierta a cuenta del control del partido en Madrid entre la dirección nacional de Génova que lidera Pablo Casado y la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Luego, la publicación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo, que ha escocido internamente por sus duras críticas, en especial a Teo García Egea. Y para culminar, la situación en Andalucía, donde sobrevuela un posible adelanto electoral, más tras la filtración de un comprometedor audio del vicepresidente y dirigente de Cs Juan Marín. Esta última historia esconde además un conflicto de pareceres entre Génova y la estrategia del presidente andaluz Juanma Moreno.
El asunto andaluz coincide además con la celebración del Congreso regional del partido, que comienza este viernes en Granada. Se preveía un cónclave con relativa calma. Moreno tiene asegurada la reelección, es el único candidato, y estará arropado por todos los dirigentes principales del partido como Casado, García Egea y el resto de presidentes autonómicos, Ayuso incluida.
Eso sí, tal y como ocurrió el fin de semana pasado en Puertollano, no se espera foto conjunta entre los protagonistas del conflicto madrileño. Los barones intervendrán el viernes por la tarde, mientras que el secretario general y el presidente nacional lo harán el sábado y el domingo.
Pero el adelanto electoral sobrevolará el ambiente todo el fin de semana. Sobre el papel no hay nada escrito y en declaraciones públicas se intenta evitar un pronunciamiento. Así lo expresó este jueves Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, en una entrevista en TVE: «La decisión es de Juanma Moreno y tendrá el apoyo del presidente Casado siempre. Cuando él considere, tendrá a su lado a Casado. Él es quien tiene que tomar esta decisión», dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de adelantar los comicios en Andalucía.
Moreno y su Gobierno han querido desvincular la no aprobación de los Presupuestos de unas elecciones anticipadas. Elías Bendodo, la mano derecha del presidente andaluz, lo dejó claro el martes: «Aviso a navegantes por si alguno hace sus cálculos. La vocación sigue siendo agotar la legislatura». Pero a nadie se le escapa que ante el más que previsible revés en las cuentas públicas por el rechazo de Vox y PSOE, el ejecutivo regional está sumido en un callejón electoral.
No obstante, internamente, según ha podido saber Público, hay voces cercanas a la dirección nacional de Casado que apostarían por celebrar las elecciones a finales del invierno o en la primavera de 2022. Consideran que un adelanto electoral en Andalucía ahora les beneficiaría y que podría servir para ensayar de alguna manera un hipotético primer gobierno del PP con Vox.
Otras voces, por el contrario, señalan que precisamente ahora el PP podría no depender tanto de Vox y a la vez acabaría con Cs definitivamente, según lo que indican algunas encuestas publicadas. El papel que pueda jugar Macarena Olona, en todas las quinielas para encabezar la lista del partido de ultraderecha, y sus exigencias, marcará la decisión.
La intrahistoria andaluza tiene también otro nombre propio, el de Fran Hervías, exsecretario de Organización de Cs y al que culpan de la filtración contra Marín
La intrahistoria andaluza tiene también otro nombre propio. Es el de Fran Hervías. El exsecretario de Organización de Cs, fichado hace unos meses por el PP y al que señalan desde el partido naranja como culpable en gran medida de diferentes operaciones destinadas a acabar con sus excompañeros. La llamada OPA hostil. A él culpó el propio Marín de la filtración de esta semana en un primer momento. O lo que es lo mismo, a Génova.
Desde Cs, según fuentes consultadas por este medio consideran que es en Génova donde les interesa que haya adelanto electoral. Además, destacan que sus pactos de Gobierno autonómicos con los populares son fuertes y que la propia Inés Arrimadas, líder de la formación, ha estrechado lazos personalmente con diferentes territorios. «Con Marín hay muy buena relación pese que algunos la quieran enturbiar», reiteran.
Por su parte, el PP andaluz trató este jueves de poner un cortafuegos ante la crisis abierta por la filtración del audio. La idea es afrontar el Congreso de entronización de Moreno como un gran líder del centro derecha que arranca mañana con cierta tranquilidad de espíritu.
«Ni el PP de Andalucía, ni el PP de España tiene nada que ver con esto, como hoy mismo ha reconocido el vicepresidente Marín. Es un tema interno de Ciudadanos. No es ni del Gobierno ni del PP», dijo este jueves Bendodo. El consejero de Presidencia le restó importancia a la polémica afirmando que se trataba de una «tormenta en un vaso de agua».
El audio de Marín ha causado un malestar enorme en cuadros del PP andaluz, que han visto como todo el mimo y el cuidado que han puesto en lo que han dado en llamar el Gobierno del cambio en Andalucía, se ha dañado por una filtración que Génova niega haber hecho, pero que el protagonista de la misma está convencido de que viene de ahí.
Aunque Marín, quien tiene previsto acudir este viernes a la inauguración del Congreso del PP, trató en efecto, como dijo Bendodo, de suavizar el ambiente con el PP afirmando que el «único responsable» fue quien le grabó –un diputado de su partido– clandestinamente, lo cierto es que sigue convencido de que quien impulsó la filtración del audio fue el mencionado Hervías.
Por su parte el presidente, una vez más protegido por Bendodo, fiel lugarteniente, y por el propio Marín que ha asumido el desgaste, lleva tres días con una agenda reducida y ha logrado hasta ahora no hablar de este tema públicamente. Unidas Podemos ha pedido por ello su comparecencia en el Parlamento y la portavoz, Inma Nieto, le ha enviado una carta en la que tacha de «inquietante» su silencio al respecto de este asunto. Todos los implicados juegan sus cartas para posicionarse en la carrera electoral, sea antes o después.
El Consistorio subasta un terreno en el barrio de La Estrella para construir viviendas pese a que en un pleno de noviembre de 2020 se votó a favor, con el único voto en contra del PP, de destinar la parcela a dotaciones públicas.
El destino de un solar en el barrio madrileño de La Estrella, en Retiro, está enfrentando a Almeida con prácticamente toda la oposición. El Ayuntamiento ha tramitado ya la enajenación del terreno de 1.642m², cediendo así suelo público a una cooperativa residencial que construirá allí vivienda privada. Una decisión que choca de manera frontal contra las peticiones del resto de partidos municipales, que durante meses han reclamado que este lugar se aproveche para construir equipamiento dotacional como una biblioteca o una escuela infantil, algo de lo que carece el barrio.
La decisión del Ayuntamiento es firme y la venta del terreno ya se ha hecho efectiva, por una cantidad de 5,7 millones de euros a través de una subasta pública ganada por la sociedad Naktam. Una decisión que va en contra de lo acordado de manera casi unánime hace un año por los partidos en la Junta de Distrito de Retiro, cuando Más Madrid, PSOE y Vox votaron a favor de destinar la parcela a «uso dotacional para beneficio de los vecinos y vecinas del barrio de Estrella».
«El pleno aprobó que ese terreno se destinara a la construcción de infraestructuras que se necesitan como escuelas infantiles, bibliotecas, espacios culturales y sin embargo se vende a una empresa que pone a la venta los pisos por 700.000 euros antes de que acabara el proceso de presentación de ofertas para la adjudicación y que se le adjudicara», declara a PúblicoRita Maestre, portavoz del grupo Más Madrid, que ha presentado un recurso de reposición contra la venta de el suelo público.
El terreno subastado es el 19,3% de la parcela que corresponde a suelo municipal, pues la otra parte es propiedad de Iberdrola, ya que el solar quedó libre después de que se procediera a soterrar una subestación eléctrica que antes había allí. Sin embargo, se trata de un terreno en régimen de proindiviso, es decir, que pertenece a varias partes y no se puede dividir. Según explican fuentes del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, «el particular no acepta la solución acordada y no se le puede obligar». Es por ello que el Consistorio ha decidido subastar el terreno para vivienda privada.
Se trata de un terreno, no en vano, que no está calificado para uso dotacional, sino para vivienda libre. El Ayuntamiento justifica con ello la decisión final de subastar el terreno. Sin embargo, la oposición no considera que esto pueda ser un impedimento para cumplir con lo acordado en el pleno de usar esta superficie a edificar infraestructuras de servicios públicos. «¿Cuántas veces se ha hecho al revés? Es decir, cuántas veces hemos visto que siendo una parcela de uso dotacional se ha cambiado la calificación para que se puedan construir viviendas. Se podría cambiar perfectamente para satisfacer la demanda de los vecinos de la zona», considera Pedro Barrero, portavoz de Urbanismo del PSOE en Madrid.
«El Ayuntamiento ha intentado cumplir con el mandado del pleno de Retiro, pero no es legal», se defienden desde el Área de Gobierno dirigida por el concejal Mariano Fuentes Sedano.
«Ya sabemos que al alcalde no piensa hacer nada para solucionar el problema de la vivienda y que no va a hacer nada para controlar la especulación y garantizar este derecho, pero le pedimos, por lo menos, que controle casos tan bochornosos como este y que el suelo público se utilice para el beneficio de todos», lamenta Maestre, cuya organización considera que se podría haber planteado una permuta para otorgar un terreno a Iberdrola en otra parte de Madrid y poder construir en La Estrella equipamiento público.
