Lavrov: «Si depende de Rusia, no habrá guerra»

«No queremos la guerra, pero tampoco permitiremos que se ignoren nuestros intereses», declaró.

Un militar ucraniano se dirige a una posición avanzada en el frente en la zona de Lugansk, Ucrania, 27 de enero de 2022. Foto: Vadim Ghirda / AP

l ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, concedió este viernes una entrevista a medios rusos para abordar los temas relacionados con la política exterior que actualmente están sobre la mesa.

El jefe de la diplomacia rusa mantuvo una conversación con 4 emisoras de radio: Sputnik, Ejo Moskvi, Komsomólskaya Pravda y Govorit Moskvá.

«No queremos la guerra»

Ante todo, el ministro subrayó que «si depende de Rusia, no habrá guerra». «No queremos la guerra, pero tampoco permitiremos que se ignoren nuestros intereses«, declaró, agregando que no puede decir que las conversaciones con Occidente hayan terminado.

Más tarde, Lavrov reafirmó que si depende de Moscú «no habrá guerra», sin embargo, no descartó que «alguien quiera provocar una acción militar». «El régimen de Kiev no controla un gran número de tropas (según Occidente, unas 100.000 en la línea de contacto, creo), y el régimen de Kiev no controla a una gran parte de estas personas armadas. Una parte importante de las unidades presentes allí son antiguos batallones de voluntarios, actuales batallones de defensa territorial, unidades de resistencia popular. […] Ya se les están dando sistemas antiaéreos y se les anima a llevar rifles de caza, porque no hay suficientes sistemas antiaéreos para todos: es simplemente una psicosis militarista», detalló.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia rusa, Estados Unidos está utilizando al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, para aumentar las tensiones en torno a Rusia. «Zelenski y su régimen son utilizados, en primer lugar, por EE.UU., para aumentar las tensiones atrayendo a sus ‘cosacos’ en Europa, que les siguen el juego en sus esfuerzos rusófobos», afirmó.

Subrayó que «el principal objetivo de Washington en este caso no es en absoluto el destino de Ucrania: para ellos es importante escalar las tensiones en torno a la Federación Rusa para cerrar el tema y luego tratar con China, como escriben los propios analistas políticos estadounidenses». «Cómo quieren ‘cerrarlo’, no me lo puedo imaginar. Si queda algún tecnólogo político razonable, debe entender que este es un camino a ninguna parte», añadió.

El jefe del equipo de carga de servicios de rampa del 436.º Escuadrón Aéreo Portuario de EE.UU. inspecciona una carga de municiones, armas y otros equipos con destino a Ucrania durante una misión de ventas militares al extranjero en la base de la Fuerza Aérea en Dover, 24 de enero de 2022. Roland Balik / AP

«Hemos recibido respuestas al estilo occidental»

«Hemos recibido respuestas al estilo occidental, que son turbias», agregó, comentando las respuestas recibidas este miércoles de la OTAN y EE.UU. a las propuestas rusas de las garantías de seguridad.

«En el contexto del documento de la OTAN, la respuesta de EE.UU. es casi un dechado de decencia diplomática, la respuesta de la OTAN está tan ideologizada, ‘respira’ tanto la singularidad de la Alianza Atlántica, su especial misión, que me avergoncé un poco de los que escribieron los textos«, señaló.

Además, apuntó que Rusia ya está trabajando en un estudio interdepartamental sobre la respuesta de Washington y la OTAN a las propuestas de Moscú, recordando las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien afirmó que, si fracasan los intentos de Rusia por acordar unos principios de seguridad en Europa, mutuamente aceptables, Moscú tomará medidas de respuesta, que pueden ser muy variadas, y la decisión se tomará sobre la base de propuestas militares.

«Naturalmente, otros organismos también participarán en la preparación de estas propuestas. Al menos ahora hay un estudio interdepartamental de las respuestas que hemos recibido de EE.UU. y la OTAN. Casi todo el mundo conoce ya su contenido», dijo.

 

«No podremos aceptar excusas sobre la indivisibilidad de la seguridad»

Lavrov destacó que Moscú necesita una respuesta clara de Occidente sobre las garantías de la seguridad y no excusas. «Insisto una vez más: la respuesta que recibimos, la estamos estudiando ahora. Ya hemos expuesto las primeras evaluaciones. No puede satisfacernos en absoluto en la cuestión principal: ¿por qué Occidente no cumple sus compromisos sobre la indivisibilidad de la seguridad e ignora nuestros intereses, aunque estén muy abierta y claramente expuestos?», afirmó.

«Nos concentraremos en obtener explicaciones. Y no podremos aceptar excusas sobre la indivisibilidad de la seguridad», subrayó.

Asimismo, el ministro aseguró que las propuestas de seguridad, que fueron presentadas en diciembre por Rusia a EE.UU. y a la OTAN, no son inalcanzables. «Solo pueden ser inalcanzables si el experto que las evalúa asume que ‘Bueno, los estadounidenses ya han tomado todo lo que les rodea, ¿por qué hacen más alboroto y se ponen nerviosos aquí? Aguanten con lo que tienen y manténganselo al mínimo'», apuntó, añadiendo que Rusia quiere que Occidente «trabaje honestamente» con Moscú.

Las propuestas de Rusia de las garantías de seguridad no son un ultimátum, pero Moscú no permitirá que los países occidentales eludan sus compromisos de seguridad de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), señaló.

Occidente «saca» solo lo que quiere de las disposiciones de la OSCE

Al mismo tiempo, Lavrov declaró que Occidente «saca» solo lo que quiere de las disposiciones de la OSCE sobre la indivisibilidad de la seguridad. Detalló que en el 2010 en Astaná (ahora Nursultán, Kazajistán), y antes, en 1999, en Estambul (Turquía), «todos los presidentes y primeros ministros de los países de la OSCE firmaron un paquete que contenía principios interrelacionados para la indivisibilidad de la seguridad».

«Occidente ‘saca’ solo un eslogan de este paquete: ‘Cada país tiene derecho a elegir sus aliados, a elegir alianzas militares‘», subrayó, agregando que en estas palabras «está la condición y la obligación de cada país, a la que se han apuntado los occidentales: no reforzar su seguridad a costa de la de los demás».

El ministro de Asuntos Exteriores reveló que Moscú tiene la intención de enviar este viernes a los países occidentales una petición sobre el cumplimiento de sus compromisos en la organización. «Hoy envío una petición oficial a todos mis colegas con un llamamiento directo para que expliquen formalmente cómo van a aplicar en las actuales condiciones históricas los compromisos que sus países han firmado al más alto nivel», dijo.

Nuevas sanciones contra Moscú «equivaldrán a la ruptura de las relaciones»

Respondiendo a una pregunta sobre la posible introducción de nuevas sanciones contra Moscú, por parte de EE.UU., incluyendo sanciones personales contra los dirigentes rusos, Lavrov subrayó que esta medida equivaldría a una ruptura de las relaciones entre ambos países.

«En cuanto a las amenazas de imponer sanciones, se les ha dicho a los estadounidenses, incluso en los contactos entre los presidentes, que ese paquete […] bien acompañado de un bloqueo completo de los sistemas financieros y económicos controlados por Occidente [para Rusia], equivaldrá a la ruptura de las relaciones. Eso se dijo sin rodeos, y creo que ellos lo entienden«, declaró.

«Proponemos anular todo lo que ha sucedido»

Refiriéndose a las dificultades en el trabajo de las misiones diplomáticas de Rusia y Estados Unidos, el ministro reveló que Moscú había propuesto a Washington «anular» todas las cuestiones controvertidas relativas a la propiedad diplomática y al número del personal diplomático. Según el ministro, el tema se discutió durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que se celebró este mes en Ginebra.

«Proponemos anular todo lo que ha sucedido –empezando por la fea y mezquina jugada del premio Nobel [Barack] Obama– para cancelar todo lo que empezó con eso y lo que le siguió. […] Ahora hay una negociación directa por parte de los estadounidenses», señaló, agregando que «debería haber otra reunión en las próximas 2 semanas«.

Durante la jornada anterior, Lavrov celebró una rueda de prensa, en la que declaró que la respuesta de EE.UU. a las propuestas de seguridad formuladas por Moscú no contiene una «reacción positiva» a la cuestión principal: la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la Alianza de armas de ataque que puedan amenazar a Rusia. El ministro recalcó que el presidente ruso, Vladímir Putin, va a tomar la decisión sobre los futuros pasos de Rusia respecto a las respuestas de EE.UU. y la OTAN.

Sus comentarios llegaron después de que este miércoles el embajador de EE.UU. en Rusia presentara por escrito a la Cancillería rusa la respuesta de Washington a las propuestas de Moscú.

 

¿La amenaza velada tras un paquete de ayudas? Los gestos que más hablan de la visita de Kamala Harris a Honduras

Aunque no hubo declaraciones conjuntas sino un comunicado, la presencia de la vicepresidenta estadounidense dejó un claro mensaje sobre cuál es la posición de Washington en Centroamérica.

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, junto a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro Twitter @VP

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, visitó Honduras con el fin de pasar la página a la tensa relación que ha llevado Washington tanto con el anterior gobierno de Juan Orlando Hernández –acusado de narcotráfico por tribunales estadounidenses–, como con la propia coalición de la nueva mandataria, Xiomara Castro, ya que su esposo Manuel Zelaya fue derrocado en 2011 por un golpe de estado en el que se supo la imbricación de la inteligencia del gobierno demócrata de Barack Obama, del que Joe Biden era segundo a bordo.

Aunque el encuentro entre ambas fue divulgado, no hubo declaraciones públicas conjuntas. Sin embargo, hay elementos de la visita que deben resaltarse.

Palma Sola

Lo primero que llama la atención de su visita es el ingreso que tuvo la funcionaria estadounidense por los «caminos verdes». Harris no llegó por el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, sino que hizo acto de presencia directamente en la base militar que tiene EE.UU. en Honduras, llamada Palma Sola.

Esa base militar, utilizada como cabeza de playa contra las insurgencias en la región durante los años 70 y 80 fue la manzana de la discordia entre el gobierno de Obama y el de Zelaya, que probablemente llevó a su derrocamiento.  Durante su gestión, el esposo de la actual presidenta trató de convertir el asentamiento militar en un aeropuerto comercial y ese pudo ser el principal motivo de la discordia, o al menos de la estrategia del Departamento de Estado para dejarlo caer.

El día del golpe, el entonces presidente Zelaya fue detenido y llevado a esa base, en la que había al menos 600 militares estadounidenses, antes de que lo sacaran del país por la fuerza.

El arribo de Harris por Palma Sola ha lanzado una señal inequívoca: es una cuestión de honor para el país norteamericano mantener esta base y cambiar eso podría reabrir las heridas y la inestabilidad.

Si bien el aeropuerto ha comenzado a permitir vuelos comerciales desde el año pasado, la presencia militar estadounidense continua posicionada.

El arribo de Harris por Palma Sola ha lanzado una señal inequívoca: es una cuestión de honor para el país norteamericano mantener esta base y cambiar eso podría reabrir las heridas y la inestabilidad.

He allí un foco de tensión que tendrá Castro durante su mandato, por lo que cabe preguntarse si mantendrá Palma Sola como sede de los militares estadounidenses o intentará desplazarlos.

Migración: punto central en la agenda

La vicepresidenta Harris llegó con el afán de tender un apoyo que ayude a mitigar la situación económica interna y con ello disminuir la migración hacia EE.UU., que es el gran dolor de cabeza de la gestión Biden.

Y es que el epicentro de la problemática migratoria para EE.UU. se engendra en Centroamérica, especialmente en el denominado Triángulo del Norte, donde se encuentran El Salvador y Guatemala, además de Honduras.

Según la síntesis de la reunión redactada por el Departamento de Estado: «La vicepresidenta Harris consideró positiva la oportunidad de colaborar con la presidenta Castro al inicio de su gestión y destacó que la elección reciente representa un mandato de cambio positivo en Honduras«.

En el texto, que insiste en que hay muchas vías para impulsar los «intereses en común», se detalla que tanto Harris como Castro «analizaron vías mediante las cuales Estados Unidos y Honduras pueden trabajar conjuntamente para promover una recuperación económica equitativa e inclusiva, estimulando el crecimiento económico y la creación de empleos de calidad».

En ese punto, EE.UU. se comprometió a enviar una misión comercial de alto nivel y una delegación empresarial, que estarán encabezadas por el Departamento de Comercio, para propiciar «oportunidades de negocio en Honduras», como parte de un plan de acción anunciado por la vicepresidenta en mayo del año pasado, que habría generado inversiones por el orden de los 1.200 millones de dólares en la región por parte del sector privado.

La mano tendida de Harris luce como un intento del Gobierno de EE.UU. de abrir un nuevo capítulo en Honduras, que deje atrás su papel en el derrocamiento de Zelaya. El saldo sería otro aliado en la conflictiva región.

Según declararon voceros oficiales antes de la reunión, el apoyo incluye la iniciativa privada a cargo de empresas como PepsiCo, Microsoft y Master Card. La mano tendida de Harris luce como un intento del Gobierno de EE.UU. de abrir un nuevo capítulo en Honduras, que deje atrás su papel en el derrocamiento de Zelaya y ponga en la mesa el respaldo a Castro en esta nueva experiencia. El saldo sería otro aliado en la conflictiva región.

Es posible que la situación en la que la funcionaria encontró el estamento político hondureño, con dos jefes del Congreso y una división tajante en el partido de gobierno, le haya impedido llevarse certezas sobre la fortaleza de su nueva aliada.

Pasar la página 

El gobierno de EE.UU. ha llevado una relación tensa con la gestión del presidente saliente Juan Orlando Hernández, debido a los señalamientos de narcotráfico emitidos por los tribunales estadounidenses que condenaron a su hermano a cadena perpetua por tráfico de drogas.

Hernández se habría convertido, según la sentencia que incluye el testimonio de varios testigos, en un aliado de las mafias narcotraficantes y en el engranaje clave del Estado para facilitarlo, además de recibir prebendas por ello.

A pesar de la sentencia, no se conoce pedido de extradición en su contra y ya tiene una cara más lavada en los medios internacionales, según los cuales ya no es recordado desde su acusación como narcotraficante (tal como lo enunciaron durante los últimos meses) sino desde el nuevo cargo que ahora detenta como diputado del Parlamento Centroamericano.

Llama la atención que dentro de la agenda de Harris, ni en el resumen del Departamento de Estado, el tema del narcotráfico ni siquiera se haya mencionado.

Las principales preocupaciones de EE.UU., además de la migración, ahora tienen que ver con la corrupción en el país, por lo que agradecen a la nueva presidenta por su empuje para enfrentarla.

Ociel Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Lo que pasa mientras te (des)informan sobre Ucrania: Yemen, «la mayor y peor tragedia humanitaria del planeta», según la ONU

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.

 

Mientras los medios de comunicación occidentales prestan toda su atención a la tensión entre la OTAN y Rusia por la no renuncia de la Organización Atlántica, el aparato militar de Estados Unidos en Europa, a continuar su expansión imperial, Yemen padece la mayor tragedia humanitaria del planeta con más de 377.000 fallecidos, de los que un porcentaje muy elevado son niños menores de 5 años –según datos de la ONU–.

Una tétrica cifra a la que hay que sumar el riesgo de pobreza extrema, que afecta a más de diez millones de personas, y la desnutrición, que aqueja a 4,9 millones de personas. La situación es tan dramática que un niño yemení menor de cinco años muere cada nueve minutos. Es decir, cuando termine de leer esta opinión un niño yemení habrá muerto.

Una mastodóntica tragedia perpetrada por los mejores aliados de la OTAN en Oriente Próximo, Arabia Saudí, gracias al arsenal que los países occidentales les están suministrando y, también, al silencio cómplice de los mismos medios occidentales que repiten las consignas gubernamentales como si de gabinetes de comunicación se tratara.

Así, el diario El País dedicaba en los últimos días su portada al temor de los ucranianos a ser atacados por los mismos rusos que les siguen suministrando gas para que calienten sus hogares: «Ya tengo un refugio mirado por si llega la guerra». Mientras unos determinados ucranianos mostraban su temor a un ataque ruso que no solo no se ha producido, sino que bien pudiera no producirse jamás, los yemeníes, que no tienen quienes les recuerden ni en El País ni en la mayoría de los medios de comunicación españoles y occidentales, quizás porque el Gobierno español vinculado al PSOE se está hartando a vender las armas que Arabia Saudí necesita para la masacre, sufren bombardeos casi a diario desde el año 2015. Bombardeos con bombas occidentales –por ejemplo, España vendió armas por valor de 55 millones de euros a Arabia Saudí solo en el primer semestre de 2021, de los que 31,8 millones lo fueron en munición de artillería y sus componentes–.

Los yemeníes no tienen medios de comunicación españoles –ni occidentales– que les recuerden, quizás porque el Gobierno español vinculado al PSOE se está hartando a vender las armas que Arabia Saudí necesita para la masacre.

Un silencio mediático cada día más aterrador para los casi treinta millones de personas que habitan Yemen. Una población que, esta misma semana, ha sufrido dos nuevas masacres y, hace un mes, ha sido calificada por la ONU como «la peor y más grande catástrofe humanitaria del mundo».

Una guerra civil convertida en intervención internacional

Y es que Yemen padece una guerra civil abierta entre el Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por la OTAN y su mayor aliado en la región, Arabia Saudí, y los rebeldes hutíes, amparados por Irán y en poder del norte y oeste del país, donde se producen la mayoría de las confrontaciones y los bombardeos. Una confrontación que, a pesar de los devastadores bombardeos de los aliados de la OTAN, los sauditas están perdiendo estrepitosamente, ya que los hutíes controlan el 80 % de la población yemení, por lo que la mayoría de la zona gubernamental es, realmente, arena.

Un bombardeo causó tres muertos y dejó cuatro días sin internet a Yemen

A pesar de lo que la mayoría podría pensar por la escasa relevancia mediática, los yemeníes no paran de ser bombardeados casi a diario. Así, entre los muchos bombardeos sufridos por los yemeníes en los últimos días, destacan dos que, perpetrados en solo unas horas, costaron la vida de casi cien personas y tuvieron consecuencias demoledoras para el país, que quedó durante cuatro días sin servicio de internet.

En primer lugar, varios bombardeos ejecutados por la coalición internacional saudí en la importantísima ciudad portuaria de Hodeida –Al Hudayda–, al oeste del país, provocaron, según la televisión yemení Al Masirah –vinculada a los hutíes–, la muerte de tres personas, heridas a diecisiete y la caída del servicio de internet durante cuatro días. Una eternidad para una población cuya única forma de gritar al mundo su desesperada situación, habida cuenta del cómplice silencio de los medios de comunicación occidentales, han sido las redes sociales. Un apagón mediático que, además, también ha afectado gravemente a las organizaciones humanitarias y a los medios independientes.

Otro bombardeo asesinó a noventa personas en una prisión

Horas después, un nuevo bombardeo de la coalición internacional liderada por los saudíes provocó al menos noventa fallecidos en una prisión de Saada, al noreste del país y a solo cien kilómetros en carretera de Arabia Saudí. Un blanco fácil para los sauditas, a la vez que un nuevo atentado contra los derechos humanos tras los ataques perpetrados sobre autobuses escolares, mercados, hospitales, colegios o funerales.

Centenares de miles de muertos y millones de personas en extrema pobreza 

Además de los casi 400.000 fallecidos de forma directa o indirecta, la desnutrición de cinco millones de yemeníes y la pobreza extrema de más de diez millones de personas, el país se enfrenta a un grave problema de inflación en los precios de los alimentos, el combustible o los productos básicos, lo que provoca no solo que la situación sea cada día más dramática, sino que las pocas organizaciones humanitarias que trabajan en el país tengan cada vez más difícil ayudar a la castigada población yemení. Una inflación de precios que tiene mucho que ver con el bloqueo de los principales puertos sauditas, una acción militar que se verá reforzada por las embarcaciones españolas vendidas a los sauditas en los últimos años y que ya han comenzado a entregarse.

Espiral de violencia incontenible

Todo ello ha provocado que Yemen haya entrado en una espiral de enorme violencia que, según las predicciones independientes, podrían llevar al país a padecer el mes más violento de su historia, lo que no es poco, superando así el mayor número de víctimas mortales civiles cifradas hasta la fecha en Yemen para un período de treinta días.

No es que la tensión entre la OTAN y Rusia no debería ser relatada, claro que sí, sino que debería enfocarse de forma independiente y, además, con el espacio y el contexto justo. Es un conflicto importante, pero mucho menos destacado que lo que acontece en Yemen, la mayor tragedia humanitaria del planeta.

Una crisis violenta que tiene como origen, según los medios de comunicación occidentales, el aumento de la tensión producida durante el año 2021 tras un ataque hutí con drones y misiles balísticos y de crucero a Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en el que fallecieron tres personas. Realmente, que los medios occidentales afirmen que, tras siete años de conflicto, el mes más violento de la mayor y peor tragedia humanitaria del planeta tiene como origen un ataque en el que fallecieron tres personas es la última obscenidad que hemos tenido que leer. Habrá más.

No es una guerra civil, es un conflicto internacional con armas occidentales

Una de las organizaciones más fiables en cuanto a los padecimientos de Yemen es ‘Solidarios Sin Fronteras’, la única organización creada en España para ayudar a los yemeníes en concreto. Toda una rareza en el mundo de las oenegés: está conformada por tres mujeres, dos españolas y una yemení, y no solo no obtiene beneficio alguno, ya que sus dos fundadoras cuentan con sus propios trabajos y la organización les cuesta tiempo y dinero. Eva Erill, su presidenta y cofundadora, denuncia el silencio mediático en Occidente por los «bombardeos histéricos desde hace más de una semana».

Además, según Eva, «cuando en Occidente se habla de guerra civil esto no es así, como tampoco es una guerra entre musulmanes, es una guerra internacional con muchos intereses de Estados Unidos, Francia o Reino Unido», aun cuando «hay países que han abandonado la venta de armas a los sauditas, como Alemania o los países nórdicos». Una venta de armas que no ha cesado desde el comienzo de la guerra y que apunta claramente a Occidente, ya que «siete años después [del comienzo de la guerra] nadie ha podido encontrar armamento iraní en Yemen, mientras que sí hay evidencia clara del armamento estadounidense, británico o español».

Movimiento migratorio silenciado

Por otra parte, Eva denuncia que el movimiento migratorio desde Somalia, Eritrea o Yibuti hacia Arabia Saudí atravesando Yemen es uno de los más mortíferos del planeta, sin que en Occidente se le preste la debida atención. Se trata de migrantes que acuden atraídos por la pujanza económica y la legitimidad de Arabia Saudí por su estrecha relación con Estados Unidos y Occidente. Lo hacen sin saber que Yemen está en guerra o que, aun en el caso de llegar a Arabia Saudí, lo que les espera en este aliado occidental no es una película de Hollywood, sino la esclavitud. «Sin duda, la ruta del Golfo de Adén es la más mortífera de todo el planeta, pero como no llegan a Europa, no lo cuenta nadie, y como los que fallecen en la zona son etíopes, eritreos o somalíes son todavía más invisibles que el resto», lamenta Eva.

¿Por qué los medios occidentales silencian la mayor tragedia humanitaria del planeta mientras dedican portadas y minutos a Ucrania?

Desgraciadamente, porque, aunque muchos en Occidente piensen que los medios de comunicación son independientes e imparciales, lo cierto es que tienen fuertes ataduras que condicionan sus enfoques, por mucho que intenten disimularlo. Y no es que la tensión entre la OTAN y Rusia no debería ser relatada, claro que sí, sino que debería enfocarse de forma independiente y, además, con el espacio y el contexto justo. Es un conflicto importante, sí, pero mucho menos destacado que lo que acontece en Yemen, la mayor tragedia humanitaria del planeta. Una tragedia silenciada por los medios occidentales debido a que es Occidente el mayor promotor de la masacre y, también, el mayor beneficiado de ella: la Unión Europea vendió armas por valor de 470 millones de euros a Arabia Saudí solo durante 2020. Y es que las bombas son la democracia, la libertad y los derechos humanos de Occidente.

Presidente ucraniano: «En Occidente crean la impresión de que mañana habrá una guerra en nuestro país, pero no es así y no necesitamos ese pánico»

Vladímir Zelenski lamentó que el aumento del pánico en torno a una supuesta invasión rusa está provocando pérdidas económicas en su país.

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El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, afirmó este viernes que en Occidente se está creando la impresión de que «mañana» se desatará una guerra en el país y descartó que eso vaya a pasar, lamentando que el pánico generado está perjudicando a la economía nacional.

«¿Hay tanques en las calles? No, pero esa es la impresión que se crea en Reino Unido, Alemania, Francia, Lituania», dijo el mandatario en una rueda de prensa.

«La impresión en los medios de comunicación es así: que tenemos una guerra, que hay militares en las calles, que hay una movilización, pero no es así, no necesitamos este pánico«, destacó.

De acuerdo al mandatario, en la actualidad no existe una escalada mayor de la que había anteriormente. «No digo que no haya una escalada. La hubo. Ya ha empezado», agregó.

En ese contexto, Zelenski hizo hincapié en el daño económico causado por esta histeria. «He empezado a hablar con los líderes de Estados y explicarles que hoy necesitamos estabilizar la economía de nuestro Estado debido a estas señales de que habrá una guerra mañana. Porque las señales llegan de respetados lideres de Estados que dicen abiertamente, ni siquiera a través de lenguaje diplomático: ‘Habrá una guerra mañana’. Eso es pánico. Pánico en los mercados, pánico en el sector financiero», lamentó.

El presidente explicó que, tras el inicio de esta ola de pánico, 12.500 millones (no precisó la divisa) fueron sacados de Ucrania y sus reservas, por lo que el aumento de tensión en los medios «tiene un alto coste» para su país.

Al mismo tiempo, Zelenski comentó la evacuación de diplomáticos de Ucrania que realizaron varios países y tachó este paso de «error». «Creo que es un error. Hablo abiertamente sobre esto. No tengo derecho decir que es un error de los Gobiernos de los países respetados. Creo que es un error para nosotros, para Ucrania», destacó.

Las especulaciones sobre una posible invasión rusa en Ucrania se han intensificado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo. Por su parte, Rusia repetidamente tachó de falsas e infundadas las acusaciones que le atribuyen la preparación de una supuesta provocación en Ucrania.

Durante la última semana, las autoridades ucranianas afirmaron en repetidas ocasiones que no observan ninguna amenaza de ataque de Rusia. Este lunes, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, declaró que la información del servicio de Inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente.

Mientras tanto, Washington insiste en que la amenaza de invasión rusa persiste. Así, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este martes que Washington observó «acciones agresivas y preparaciones» para un ataque en la frontera entre ambos países. A su vez, la subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, declaró este miércoles que Washington ve «todos los indicios» de que Rusia planea usar sus Fuerzas Armadas contra Ucrania para mediados de febrero.

 

Suecia esterilizó a «indeseables» hasta hace 25 años para depurar la raza y uno de los culpables fue el siniestro Lundborg, antecesor de Vallejo-Nájera

La espeluznante investigación de higiene racial que realizó el sueco Herman Bernhard Lundborg entre los sami apuntaló intelectualmente la esterilización de «idiotas», indígenas, gitanos y personas vulnerables. El charlatán antisemita anticipó al Mengele español, el franquista Vallejo-Nájera, quien tachó el comunismo de retraso mental.

El primero de los directores del Instituto sueco para la Biología Racial de Uppsala (Suecia) Herman Bernhard Lundborg (1868-1943) lo tenía muy claro: los nórdicos constituyen la raza superior y cualquier clase de mestizaje con indígenas sami de Laponia, romaníes, judíos, tornedalianos, fineses u otras minorías raciales debilitaría al pueblo escandinavo, al que atribuía el mayor grado de perfección humana incluso mucho antes de que nazis como el doctor Mengele trataran de servirse de la ciencia para apuntalar sus criminales desvaríos racistas. Tal y como firma la escritora Maja Hagerman, autora de un libro y un documental sobre los experimentos de Lundborg con los sami, «colegas investigadores de Alemania, que más tarde se convertirían en influyentes expertos raciales y dictarían sentencias de muerte en el Tercer Reich, miraban con envidia a través del Mar Báltico hacia Suecia, donde se había creado el primer instituto racial del mundo«.

El Instituto estatal sueco de Biología Racial de Uppsala, fundado en 1922, contribuyó de forma muy significativa a que esas teorías eugenésicas se extendieran por Alemania, Estados Unidos o el resto de países escandinavos. Para sustentar sus atroces prejuicios, Lundborg viajó a Laponia por primera vez en 1913 y comenzó a tomar medidas craneales de nativos a quienes alentaba a desnudarse. Tomaba fotografías, comparaba fisonomías, analizaba los pelos del pubis y, finalmente, clasificaba a los sujetos de su estudio en «superiores» o «inferiores». Fue solo el primero de los muchos viajes que realizó a Sapmi -denominación nativa de Laponia- con la intención de legitimar el desvarío racista de la superioridad nórdica. Se había obstinado en demostrar que los indígenas son braquicéfalos o de cráneo corto, a diferencia de los escandinavos, que eran dolicocéfalos o de cráneo alargado, lo que a su juicio ejercía también una influencia en la impronta moral de los individuos. No había de pasar mucho tiempo para que los científicos nacionalsocialistas con los que se carteaba le imitaran y crearan el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología.

Tuvo sexo y procreó con una «raza inferior»

Lo más sorprendente de la historia del pseudocientífico antisemita sueco es que él mismo terminó mezclándose, teniendo sexo y procreando, con una mujer perteneciente a uno de los grupos del tipo equivocado. A la postre, esa fue la razón por la que la periodista Maja Hagerman se decidió a escribir un libro sobre Lundborg. «No tenía la intención de escribir una biografía completa, pero eso cambió cuando descubrí la identidad de su amante María, nativa del norte de Sapmi (Laponia). Al contratarla como limpiadora en su oficina de Uppsala y dejarla embarazada casi de inmediato, arriesgó su reputación como la principal autoridad en temas raciales. Constantemente, advertía a los suecos sobre la amenaza de otras razas. Entonces, ¿en qué estaba pensando?».

Herman Berhnard Lundborg, fundador del Instituto Sueco para la Biología Racial
Herman Berhnard Lundborg, fundador del Instituto Sueco para la Biología Racial.  Wikipedia

A la postre, Lundborg trató a los sami como a insectos a los que categorizaba y estudiaba. Las miles de fotografías que tomó fueron halladas en perfecto estado muchos años después de su muerte, lujosamente encuadernadas en voluminosos libros apilados en las instalaciones del antiguo instituto de biología racial. Ni siquiera sabían que eso estaba allí. Y ello trajo nuevamente a colación el trauma colectivo que causó su investigación. Nunca les explicó lo que se traía entre manos pero cuando la verdad se conoció, se sintieron humillados.

Quieren los huesos de sus ancestros

La percepción social de que pertenecían a una raza inferior no la inventó Lundborg. La designación común de sami -lapón- es un exónimo que significa también idiota y vagabundo, razón por la que ha caído en desuso en la propia Suecia en el nombre de la corrección política. Sin embargo, el charlatán racista brindó magníficas coartadas a las compañías mineras o funcionarios del Gobierno que literalmente despojaron y siguen despojando de sus tierras y de sus recursos a los sami. En última instancia, sus estudios terminaron inspirando campañas de esterilización de «indeseables» que se prolongaron, de diferentes modos, hasta mediados de los noventa, gracias, entre otras cosas, a la simpatía de los injustamente idealizados socialdemócratas suecos. Y el problema extiende sus oscuras sombras hasta hoy de diferentes modos porque las heridas no han sido restañadas todavía.

Stefan Mikaelson, presidente del Parlamento sueco, fotografiado en Umea
Stefan Mikaelson, presidente del Parlamento sueco, fotografiado en Umea.  Ferran Barber

«El proceso de ‘suecificación’ de los indígenas fue muy duro», dice el presidente del parlamento sami Stefan Mikaelson. «La discriminación institucional estructural está basada en el racismo. Los nativos eran vistos como menos valiosos en comparación con los pueblos de la sociedad dominante».

Lo que vino a hacer Lundborg es echar algo más de leña al fuego de su marginación histórica. Hace solo una semana, los sami organizaron una protesta finalmente cancelada en Uppsala para reclamar que la universidad devuelva los restos óseos y cráneos que aún conserva. Esta es una de las peticiones más largamente planteadas por los sami. «Todavía hay mucho material allí. Hace unos diez o doce años nuestro parlamento hizo una declaración común para que se repatriaran esos restos, independientemente de la institución en la que estén almacenados», asegura Stefan Mikaelson. «Y mucho más recientemente, una de las organizaciones sami volvió de nuevo a demandarlo».

Se sabe que la universidad alguna vez tuvo 57 cráneos y seis esqueletos de sami, mezclados junto a los de colonos y los de reclusos muertos en prisión cuyos cadáveres eran entregados por el Gobierno sueco a la ciencia hasta el decenio de 1950. En noviembre pasado, el Ejecutivo del país trató de enmendar sus errores del pasado comprometiéndose a crear una comisión de la verdad que examinara el trato que el país ha dado a la minoría sami en el pasado. No hay dudas de que este era antaño pésimo, y según el escritor austriaco Gabriel Kuhn, autor del libro Liberating Sápmi: Indigenous Resistance in Europe’s Far North, tampoco la hay de que lo sigue siendo ahora.

En 2007, la sesión plenaria del parlamento sami exigió a los Gobiernos nórdicos que identificaran todo el material óseo que se encuentra en todas las colecciones nacionales para su posterior repatriación a donde pertenezcan. Esta organización de carácter consultivo desea también saber cómo se consiguió ese material y donde se llevaron a cabo los expolios y profanaciones de cementerios sami. En opinión del órgano presidido por Stefan Mikaelson, «no debe subestimarse la importancia de los restos humanos que se almacenan en un estante en una institución sueca. Un funeral es un evento importante en la comunidad sami donde toda la familia se reúne y honra a los muertos con su presencia». Que sigan todavía almacenados en esas colecciones estatales solo refuerza, en su opinión, las viejas actitudes colonialistas y discriminatorias que todavía sufren.

Devolución de restos óseos

Las primeras devoluciones se produjeron en 1997 en Noruega. Eran los cráneos de Mons Sombys y Aslak Haettas, retornados por el instituto anatómico en Oslo y posteriormente sepultados en la Iglesia Talvik de Alta, en Noruega. Hubo otra repatriación en Suecia have veinte años, la del Soejvengeelle u hombre sombra, cuyos restos habían sido legalmente saqueados en los 50 por el investigador Ernst Manker.

Hace dos meses, el rector de la Universidad de Uppsala solicitó permiso al Gobierno sueco para devolver a la Asociación Sami de Arjeplog un esqueleto encontrado en el Museo de la Universidad Gustavianum. Los restos pertenecen a un condenado que cumplió cadena perpetua en la prisión central de Långholmen y que estaba registrado en la iglesia de la parroquia de Arjeplog.

Tanto el saqueo de sus cementerios, como las mediciones anatómicas u otros tratos humillantes fueron justificados y alentados por Lundborg y su Biología Racial, que junto con las ideas darwinistas de la época condujeron, por ejemplo, a leyes que prohibían el matrimonio a los deficientes mentales (1915) y algo más tarde a decretos (1934 y 1941) que permitían la esterilización o la marginalización de sami, tornedalianos, fineses, gitanos, disminuidos psíquicos o personas con trastornos mentales. Los ingenieros sociales suecos pensaron que podrían mejorar la sociedad para las generaciones mediante campañas de esterilización.

En 2014, el propio Gobierno reconoció que había estado esterilizando, persiguiendo e impidiendo la entrada en el país a los gitanos durante el siglo precedente. Junto al mea culpa de Estocolmo, volvieron a resonar los ecos del instituto de Lundborg y todos los esfuerzos para imprimir legitimidad científica a la noción racista de «blanquedad». Durante su retiro en Alemania, su antisemitismo se fortaleció más todavía.

Gracias a una comisión relatora creada para investigar lo sucedido se sabe que Suecia esterilizó a 230.000 personas entre 1935 y 1996 en el contexto de un programa basado en la eugenesia y los conceptos de «higiene social y racial». Las 63.000 esterilizaciones practicadas entre 1934 y 1975 tenían por finalidad garantizar la pureza de la raza nórdica. Esto fue posible, entre otras cosas, a leyes aprobadas con el consenso de todas las formaciones políticas del país. Ni la caída del nazismo marcó un hito en estas «soluciones finales» a la sueca. Ellos siguieron a la suya mientras la prensa internacional divulgaba panegíricos sobre las bondades de las sociedades escandinavas.

Calle en Madrid del médico franquista Vallejo-Nájera, el Mengele español, junto a una foto de época
La antigua calle en Madrid del médico franquista Vallejo-Nájera, el Mengele español, junto a una foto de época.  Wikipedia

El Mengele español

Entre mediados de los setenta y 1996 se esterilizaron a otras 166.000 personas, en la mitad de los casos de un modo consentido. El grueso de las víctimas de los últimos años fueron madres solas con hijos, alcohólicas, personas con patologías psiquiátricas o que vivían en la marginalidad. En las tandas anteriores, fueron los gitanos y los sami quienes se llevaron la peor parte.

Campañas semejantes fueron también implementadas en Francia, Canadá, EEUU, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca. El máximo exponente de la eugenesia en nuestro país es el psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera, quienes estudió en 1939 a presos republicanos con la esperanza de demostrar «la perversión moral» de la izquierda.

Para mayor gloria del caudillo, el palentino creía haber identificado un «gen rojo» que predisponía a la perversión sexual e ideológica. El aprendiz español de eugenista no podía plantear una teoría racial en una sociedad mestiza como la española, pero colaboró y fue fuertemente influido por los nazis que anteriormente habían rendido pleitesía a Lundborg. El palenciano tuvo un paseo con su nombre en Madrid. En 2010, miembros del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid retiraron la placa de la vía y la reemplazaron por otra con el nombre de Calle contra la Impunidad. En 2017 el nombre de la calle fue cambiado por el de Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, el hijo del Mengele español.

La telaraña judicial contra Colau suma la undécima querella (con diez de ellas ya archivadas)

Una desconocida Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) consigue que un juzgado reabra una causa archivada por presuntas irregularidades en subvenciones municipales en Barcelona. La alcaldesa deberá declarar como imputada el 4 de marzo. Barcelona en Comú declara que la formación es víctima de una estrategia de ‘lawfare’. Las diez querellas anteriores fueron totalmente desestimadas.

Ada Colau, tiene marcado en su agenda el 4 de marzo como día de tribunales. Es la fecha señalada por el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona para que la alcaldesa de Barcelona declare como imputada para responder sobre una querella por la concesión de subvenciones de forma presuntamente irregular a determinadas organizaciones de los movimientos sociales, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la cual fue portavoz en Catalunya antes de entrar en política.

El caso no tendría más trascendencia que esperar la resolución judicial como tantos otros procesos al entorno de la gestión del dinero público si no fuera porque esta misma querella fue desestimada por la fiscalía hace unos meses y, a pesar de ello, ahora ha sido reabierta de nuevo por un juzgado. Y también porque es la undécima querella que reciben Colau y su gobierno municipal de sectores ideológicamente y con intereses confrontados con las políticas de los comuns.

Las diez primeras fueron archivadas y cabe esperar, por los antecedentes, que la actual acabará igual, pero la suma de demandas lleva a dirigentes de Barcelona en Comú a hablar de verdadera «telaraña judicial» contra Colau y su formación política en un intento de acoso y derribo de la actual alcadesa de la capital catalana.

Públicamente se muestran convencidos de que todo acabará en agua de borrajas, pero en privado manifiestan inquietud por «el intento de perjudicar la imagen de Colau» y desgastarla políticamente. Es decir, por un episodio de lawfare o de instrumentalización de los mecanismos judiciales con fines y objetivos políticos. Una guerra judicial, hablando en plata, que, viendo los niveles de politización de la justicia o de judicialización de la política que se observan en el Estado español en general y con especial intensidad en Catalunya, hace que se pueda esperar cualquier cosa.

Estrategia de ‘lawfare’

Para Barcelona en Comú esta «estrategia de lawfare» es «un ataque directo al debate democrático». «Lo que está en juego es que la ciudadanía y sus representantes políticos escogidos democráticamente puedan o no decidir sobre las cuestiones que les afectan. Se trata de una cuestión de salud democrática y de defensa de derechos y libertades», aseguran.

Las once «emboscadas» judiciales –en palabras de un dirigente de los comuns– contra Colau y su gobierno municipal provienen de tres sectores predominantemente, según explican estas mismas fuentes: empresas privadas concesionarias contrarias a la remunicipalización de servicios públicos, holdings inmobiliarios y hoteleros enfrontados con el Ayuntamiento de Barcelona por su política de vivienda y grupos de interés en forma de asociaciones con afinidades ideológicas hacia la extrema derecha.

La undécima querella que llevará a Colau a testificar como imputada proviene precisamente de este último sector. Tiene su origen en una autodenominada y desconocida Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) que acusa a Colau y su equipo de presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones y le atribuye los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los ultraderechistas Abogados Catalanes por la Constitución ya presentaron una denuncia similar que la Fiscalía archivó

La querella de ATCD, que ahora ha admitido a trámite el juzgado número 21, se presentó en diciembre. Pero en marzo del pasado año los también autodenominados Abogados Catalanes por la Constitución –de tendencia ultraderechista– denunció a la fiscalía unos hechos similares, investigación que fue archivada por el Ministerio Público en julio. La asociación denunció que diversas subvenciones por valor de 3,4 millones de euros al Observatorio DESC (de supervisión de derechos fundamentales) –entidad donde Colau trabajó con anterioridad a dedicarse a la política -, la PAH –de la cual fue portavoz-, la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería Sin Fronteras eran presuntamente irregulares.

La asociación incluía en su denuncia acusaciones de prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y malversación y atribuía el hecho de que fueran subvenciones directas al objetivo de sortear una licitación abierta o un concurso. Y además de Colau la querella incluía otros miembros del gobierno municipal. La Fiscalía optó en aquel momento por archivar el caso. Ahora, no solo se ha reabierto la misma causa, sino que la Fiscalía Anticorrupción se podría hacer cargo de la cuestión y Colau tendrá que declarar al respecto.

El código ético y el rechazo a dimitir

En el plano político, se ha abierto un frente de exigencia de dimisión por parte de algunos sectores mediáticos y políticos que aseguran que Colau incumpliría el propio código ético de Barcelona en Comú en caso de imputación. Pero según la formación, la situación actual en ningún caso obliga a Colau a la dimisión. «El Código Ético de Barcelona En Comú concreta que la dimisión debe ser sólo en casos en los que haya un presunto ánimo de lucro personal». En el caso actual no existe ninguna acusación de este tipo, puntualizan desde la formación política. «Lo que se está investigando son subvenciones a entidades que concede la Comisión de Gobierno como órgano colegiado», recuerdan. Y apuntan que muchas de estas subvenciones ya se otorgaban en la etapa anterior a Colau bajo la alcaldía del convergente Xavier Trias.

Uno de los grupos municipales más duros con Colau ha sido el de Junts que en palabras de su portavoz, Elsa Artadi, asegura que «exigimos la máxima transparencia y celeridad y la máxima colaboración por parte del gobierno municipal y su alcaldesa para que no haya ninguna sombra de duda», añadió. El partido ha subrayado que Barcelona «merece y necesita saber» que no se ha cometido ninguna irregularidad ni se ha malversado ningún euro en el consistorio.

«La ciudad debe ser referente en políticas transparentes y debe tener una política de tolerancia cero con la corrupción», añadió, a la vez que recordaba que Colau aprovechó en su día electoralmente acusaciones falsas de corrupción aparecidas en El Mundo en plena campaña electoral contra Trias dándolas por buenas. Por su parte, el PP y Ciudadanos han pedido la dimisión de Colau como alcaldesa.

Colau se defiende y contraataca

Ada Colau se muestra convencida de «la intencionalidad política» de la querella y ha desarrollado una contraofensiva mediática con diversas comparecencias públicas en que ha declarado que «estos hechos ya se archivaron y ahora es raro que aparezca una asociación que nadie conoce y lo denuncie de nuevo».

«Ya llevamos diez querellas archivadas y esperamos que pase lo mismo con esta», afirmó Colau, quien expresó «total tranquilidad» ante la citación. Por el momento, añadió, el único dato que tiene es que los hechos por los que se la cita se archivaron por parte del ministerio público y defiende que en el Ayuntamiento se ha actuado correctamente.

Por otra parte, Colau ha remarcado que la entidad que se ha querellado, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), no tiene actividad conocida en la ciudad de Barcelona pero por el contrario, añadió, es conocida por haber presentado enmiendas al reglamento de participación para impedir una consulta sobre la municipalización del agua y una querella contra el Ayuntamiento de Valladolid relacionada también con la municipalización del agua.

Luz verde de la Junta de Andalucía a un hotel en la zona de Cabo de Gata al que los ecologistas llevan años oponiéndose

La Junta de Andalucía ha dado permiso para la transformación de un cortijo de la provincia de Almería en un hotel con una treintena de habitaciones, pero Greenpeace denuncia que ello «supondrá una presión sin precedentes en una de las playas mejor conservadas de Andalucía».

Imagen de la playa de los Genoveses, en el Parque natural de los Genoveses

Para la Junta de Andalucía es un proyecto válido desde el punto de vista ambiental, pero para Greenpeace es un claro ejemplo de la vuelta a la eṕoca del «ladrillazo» en la costa. Un hotel de 30 habitaciones y 70 plazas de garaje en pleno Parque Natural del Cabo de Gata (Almería), a un kilómetro de la playa de Genoveses, «una de las playas mejor conservadas de Andalucía», es lo que acaba de aprobar el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP), al otorgar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para transformar el Cortijo Las Chiqueras en un establecimiento hotelero.

La reacción del grupo ecologista ha sido inmediata: no sólo alerta del «peligroso precedente» que se abre al dar permiso para explotar una zona de alto valor ambiental, sino que afirma que «este tipo de proyectos están completamente desalineados con las políticas andaluzas que el propio Juan Manuel Moreno señala como de revolución verde«, ya que, «el proyecto supondría duplicar la capacidad de pernoctación en esta zona del Parque Natural, incrementando la carga de desplazamientos en una carretera que no fue concebida a tal efecto, lo que incidirá negativamente en su conservación».

El proyecto retoma la bandera ambiental de la éṕoca del «ladrillazo» en la costa, donde las autorizaciones ambientales quedan bajo el paraguas de la supuesta declaración de «interés público» de un proyecto, primándose así el desarrollo urbanístico sobre la valoración de los impactos ambientales. Conviene recordar que Vox, PP y Ciudadanos, los partidos que sustentan el Gobierno andaluz, votaron en el Parlamento andaluz  en contra de una proposición no de ley (PNL) para pedir a la Junta de Andalucía comprase o permutase los terrenos del hotel y así preservarlos.

Según una nota de la ONG, la propia organización ecologista, junto con Ecologistas en Acción, el Grupo Ecologista Mediterráneo, Salvemos Mojácar y la Asociación Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, se personó como parte interesada en la tramitación en su día, alegando que en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el cortijo está situado en zona C1 del Parque, donde sólo están permitidos los cultivos agrícolas tradicionales, actividades forestales, cinegéticas y actividades e instalaciones de uso público y educación ambiental.

La pelota en el tejado del Ayuntamiento

La Delegación Territorial ha elaborado una propuesta de resolución de dicha AAU, que ha sido remitida al Ayuntamiento de Níjar (Almería), ente local al que da un plazo de diez días para presentar alegaciones a dicho documento, informa a EFE la Consejería. Se trata de un «dictamen provisional, no definitivo» al que aún puede presentar alegaciones el consistorio de la citada localidad.

El Gobierno andaluz ha indicado que la empresa Torres y González Díaz presentó en agosto de 2016 dicha AAU y cómo tras esto la mercantil entregó un expediente para acreditar la compatibilidad urbanística «respecto de rehabilitación arquitectónica funcional para implantación de un uso turístico hotelero», según adelantó El País.

La propia Consejería emitió en 2019 un dictamen que informaba desfavorablemente sobre la construcción de 13 habitaciones en nueva superficie por su incompatibilidad con la normativa ambiental, así como a la ampliación de la zona de estacionamiento, pronunciándose de forma positiva en el resto del proyecto. Todo ello fue subsanado por el promotor, que recolocó las trece unidades de alojamiento eliminadas en las diferentes edificaciones existentes y suprimió tres.

Ahora, la Junta ha acordado otorgar la AAU, pero condicionada a la autorización de la reutilización de aguas depuradas para el riego de jardines y zonas verdes, así como de la declaración del proyecto como de interés público o social.

Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar ha informado en una nota de que ya ha presentado, «nuevamente», sus alegaciones a la propuesta, en las que incide en el uso de la carretera que llega al cortijo.

«Doñana no se toca»

Mientras, en el extremo occidental de Andalucía, la ministra de Hacienda y Funcionarial Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que «Doñana no se toca», en relación con la proposición de ley que, de forma conjunta con Ciudadanos (Cs), por un lado, y con Vox, por otro, ha registrado el PP-A en la Cámara andaluza, relativa a la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva.

Montero ha subrayado que el Ejecutivo central no va a permitir que con ese espacio natural «ocurra una suerte similar a la que ocurrió con el Mar Menor», en la Región de Murcia, recoge Europa Press.

La ministra ha recordado que «Doñana es un paraje que hay que preservar», y que «no hay que engañar a la gente que está en ese entorno» ni, por tanto, «a los regantes». Montero, que fue en su día consejera andaluza de Hacienda, ha zanjado el asunto al decir que «es imprescindible mantener [el Parque Nacional de] Doñana en los términos que medioambientalmente se exigen». «Y esto significa, insisto, que Doñana no se toca», ha remachado.

La multinacional presidida por el exministro Morenés firma un contrato con Defensa por 3,2 millones de euros

Pedro Morenés, ministro de Defensa entre 2011 y 2016 en el Gobierno de Mariano Rajoy, ya disfrutaba de un cargo importante en la multinacional desde noviembre de 2019, con el permiso de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Pedro Morenés, en una imagen de archivo

El grupo Amper, cuyo presidente es Pedro Morenés, exministro de Defensa en el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y exembajador de España en EEUU (aunque no es diplomático de carrera), ha suscrito un contrato con la Dirección General de Armamento y Material del citado Ministerio por un importe superior a 3,2 millones de euros, según ha informado la compañía.

Morenés fichó en noviembre de 2019 como presidente del consejo de administración de la empresa Amper Ingenio, que pertenece al Grupo Amper, con el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses, ya que el exministro cumplía el periodo de incompatibilidad justo entonces. Hace apenas tres meses que ostenta la presidencia del grupo con un sueldo anual de 100.000 euros, según informa la propia compañía.

Íntimamente relacionado con la industria del armamento, Morenés llegó al Ministerio desde su despacho de director general para España de la firma de misiles MBDA y tras presidir Construcciones Navales del Norte, hasta 2010, y la empresa de seguridad privada hoy quebrada Segur Ibérica. Durante su mandato llegó a firmar más de una treintena de contratos públicos con Instalaza SA y filiales del mismo grupo, en las que el ministro estuvo trabajando desde 2005 a 2009.

De hecho, la relación de Instalaza y el exministro empezó el 9 de septiembre de 2005: 17 meses después de dejar el puesto de secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Morenés fue nombrado consejero de dicha empresa, informó en su día El Confidencial.

Cabe recordar que el Gobierno de Rajoy intervino en un decisivo proceso para el Grupo Amper en 2014, «garantizando la viabilidad» de la filial Amper Programas de Electrónica y Comunicaciones S.A.

El Consejo de Ministros aprobó entonces una venta estratégica para la empresa, a través de una serie de contratos con Navantia, en una operación que estuvo dirigida por el propio Morenés mientras dirigía la cartera de Defensa.

Imágenes de alta resolución

En concreto, tal y como recoge Europa Press, Amper se ha adjudicado un proyecto para el suministro comercial de imágenes de alta resolución para el Sistema Espacial de Observación Terrestre, demandado por el Estado Mayor de Defensa, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

El contrato tiene una duración de seis meses, aunque podría prorrogarse por un máximo de un año. En la ejecución del proyecto, Amper dispondrá de un acuerdo tecnológico con Maxar Technologies, proveedor de servicios en imagen satelital e inteligencia de Estados Unidos.

Maxar Technologies es una empresa de tecnología espacial que dispone de una infraestructura propia de red satelital de servicio en órbita, especializada en observación de la Tierra y comunicaciones.

Según ha explicado Amper, la cartera de imágenes disponibles a través de la infraestructura satelital de Maxar posee diversidad de resolución temporal, espectral y espacial de gran precisión y resolución, a la que accederá en virtud de ese acuerdo con el contratista estadounidense.

Centenares de alcaldes andaluces se movilizan contra el deterioro de la sanidad con Juanma Moreno

El PP acusa al PSOE de «utilizar a las instituciones y a los alcaldes para confrontar en materia sanitaria».

RAÚL BOCANEGRA

El estado de la sanidad pública –y la preocupación por su futuro– en Andalucía, después de años de deterioro, que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, a pesar de haber incrementado los presupuestos y de recibir fondos para ello, no ha logrado frenar en medio de una fortísima presión asistencial por la pandemia, ha provocado que centenares de alcaldes de toda la Comunidad –sobre todo del PSOE y de Unidas Podemos, también independientes– se hayan organizado para reclamar mejoras al Gobierno andaluz y dar voz a los vecinos que les exigen explicaciones en sus localidades.

En las plataformas no hay alcaldes del PP y la presión va dirigida hacia el Ejecutivo, que se sacude la presión como puede, de momento a través de las delegaciones provinciales de la Junta. «Por supuesto, la plataforma está abierta a todos los alcaldes, incluidos los del PP. De hecho, estamos haciendo mucho hincapié en esta cuestión», afirma Modesto González alcalde de Coria (Sevilla, Andaluces Levantaos).

«Hablamos de problemas reales, que los ciudadanos sufren, que no hace falta explicárselos a la gente. Los que no están son ellos: ¿quién hace política aquí?», añade José María Villalobos, alcalde de Utrera (Sevilla, PSOE).

«Nuestra principal reivindicación es la situación de colapso de la atención primaria, que es lo que los vecinos nos hacen llegar con muchísimas quejas. Es una situación generada por los muchos años de dejadez por parte de la Junta de Andalucía«, agrega González.

«Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que se alcance un gran acuerdo social y político sobre la sanidad», propone Juanma Valle, alcalde de Los Palacios (Sevilla, IU). «Cuando empezó la plataforma –añade Valle– quedó claro que nacía sin colores políticos, porque alcaldes y alcaldesas representamos a nuestros pueblos. Tenemos claro que la plataforma es plural: del PP no hay porque no han querido. Entendemos que es un error. Esto nace del diálogo y buscamos el diálogo. Bastante tenemos con lo nuestro para enzarzarnos en cosas que no son de nuestra competencia, pero sí estamos preocupados con la atención a nuestra gente. Deberían poner a su pueblo por delante del partido».

En la provincia de Sevilla, una plataforma que agrupa 90 ayuntamientos, entre ellos los que representan estos tres alcaldes con los que ha hablado Público, reclamó la semana pasada un encuentro con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y lanzaron un manifiesto en el que defienden un aumento del gasto. En Jaén, unos 70 alcaldes se concentraron el miércoles ante la delegación de la Junta.

En Huelva, una delegación que representa a la mayoría de los ayuntamientos de la provincia mantuvo la semana pasada un encuentro con la delegada de Salud para buscar soluciones. En Cádiz, 36 alcaldes también protestaron por la situación de la sanidad en sus pueblos. En Granada, la semana pasada un centenar de regidores –estos del PSOE– criticaron la «penosa» situación sanitaria en una concentración. En Almería, lo mismo, también se organizan los regidores. Y en la provincia de Córdoba y de Málaga, igual.

En el año electoral, este movimiento de alcaldes, que recorre toda Andalucía, y que de momento trabaja a nivel provincial, sin coordinación autonómica, según indican a Público representantes de las plataformas, puede ser una extraordinaria fuerza de choque en las elecciones, si pervive y no remite la sensación, predominante en la Comunidad, de que la sanidad pública está hecha unos zorros. Así lo refleja también la última encuesta del centro de estudios andaluces, en la que, tras el paro, un mal ya endémico en Andalucía, la crisis sanitaria se ubica como el mayor problema para la ciudadanía.

Aunque el deterioro de la sanidad viene de lejos y tiene raíces profundas –entre otras, además de la propia actividad de la Junta en los años de gobierno del PSOE, en la austeridad promovida en Europa tras la caída de Lehman–, está a punto de estallarle con fuerza al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Los sindicatos, las organizaciones profesionales y ahora también los alcaldes, están hartos. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Andalucía está, junto a Murcia y Madrid, a la cola de la financiación por habitante (hasta 300 euros por debajo de la media de todas las comunidades autónomas).

De abajo arriba

La situación es compleja para el PP, atrapado hoy entre la espada y la pared después de haber alentado las protestas sanitarias durante los años de Gobierno del PSOE. Según ha podido saber Público, hay alcaldes del PP que creen que detrás de las reivindicaciones, que consideran legítimas y reales, porque esos mismos problemas que denuncian los demás regidores existen en sus pueblos también, lo que hay es la intención de desgastar al Gobierno de Moreno.

La diputada autonómica y secretaria general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, no se anduvo con rodeos y hace unos días aseguró que «el PSOE utiliza las instituciones y a los alcaldes de la provincia para confrontar en materia sanitaria». «Se han quitado la careta y han construido un mantra falso con intereses partidistas», manifestó.

«Según la evolución de la pandemia, todo indica que en los próximos días la sexta ola comenzará a remitir, y que, dentro de dos o tres semanas, podrá normalizarse la relación entre médicos y pacientes en atención primaria [la principal preocupación]», dijo este viernes el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

En Andalucía, hay 785 municipios, de los que en torno a dos tercios –unos 520, según los datos de los propios partidos– están gobernados por el PSOE –más de 450 alcaldes, casi 400 con mayoría absoluta– e IU –unos 65 regidores–. De las ocho capitales, la izquierda gobierna en cuatro, Sevilla, Huelva, Jaén y Granada.

Fuentes del PSOE andaluz indicaron a Público que este movimiento había surgido «de abajo arriba» y negaron haberlo impulsado. «Partió de los alcaldes y alcaldesas de Los Palacios, Utrera, Villaverde, Osuna, Bormujos y Peñaflor. Estos son los que están en la coordinadora de la plataforma, en la que también estamos Espartinas y Coria del Río», afirmó a Público el andalucista Modesto González.

«Nadie nos ha llamado. Esto viene de una conversación –asegura Valle, regidor de Los Palacios (IU)– del alcalde de Utrera conmigo, cuando la Junta cambia la adscripción de Utrera del Hospital Virgen del Rocío al Valme. Eso a la gente allí le viene peor por el tren y nosotros pensamos: si le meten 60.000 vecinos más, ¿se colapsará el Valme? Utrera entonces se moviliza. Estuvimos hablando, viendo. Contactamos con varios alcaldes, que también tienen problemas sanitarios. Impulsamos el grupo promotor. Y la respuesta ha sido muy rápida y con muchísima adhesiones, porque la situación es lamentable». «Lo que pensábamos que era un problema nuestro, fuimos descubriendo que era también de los demás», resume Villalobos.

Fuentes de la dirección de Unidas Podemos también aseguran que es el malestar de sus vecinos el que impulsa a los alcaldes. «En Cádiz viene de largo: los alcaldes de IU han convocado marchas desde hace más de un año, ahora se han sumado del PSOE. Córdoba también lleva meses de marchas desde las alcaldías, pero allí el PSOE no ha pisado ninguna. En Málaga funciona una plataforma de alcaldes de IU y PSOE a cuenta del hospital de Antequera desde hace mucho. Por arriba no ha habido que mover nada».

La pandemia

Los problemas son numerosos en los pueblos, donde afecta más el colapso de la atención primaria porque los hospitales están en las ciudades y eso exige desplazamiento. «Nos afecta doblemente, primero porque soy usuario –asegura Valle–. Que te den cita, es practicante imposible. Te puedes aburrir. Como alcalde te llegan cientos de mensajes: no me cogen el mensaje; estoy malo; mi hijo está malo; me tengo que ir a primera hora; me han dado cita para 26 días; yo me voy para el hospital: esa es la realidad. Hay una saturación. No hay manera, no funciona correctamente la atención sanitaria».

«Si conoces –prosigue Valle– a trabajadores, te dicen: cualquier día vamos a tener un altercado. Los trabajadores están al límite y aunque no es competencia de los ayuntamientos, nos preocupa. Llevamos años: los problemas de la sanidad no vienen de ahora. Nos hemos manifestado siempre, es cierto que la situación es mucho más grave y no está relacionado con la sexta ola, yo he mandado no sé cuantos escritos a la delegación en momentos de contagios inexistentes prácticamente. Todos habíamos recuperado la atención presencial menos la salud, y ha sido una mentira. Lo hablamos mucho los alcaldes: hemos sido prudentes y pacientes, somos conscientes de la pandemia, pero cuando los contagios se han venido abajo y la situación no mejora, el problema es otro. Le mandamos cartas a la Junta y no responden. Si, como dicen, hay miles de médicos más que antes, ¿por qué llaman a jubilados y piden horas extraordinarias?».