Los expediente de adjudicación de decenas de contratos de la administración gallega con el Grupo Eulen apuntan a que la compañía tuvo trato de favor con respecto a sus competidores en numerosos procedimientos. La directora del grupo para el Noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del presidente de la Xunta.
Las sociedades del Grupo Eulen multiplicaron los contratos con la Xunta desde que Feijóo llegó al Gobierno en el 2009. Desde entonces hasta finales del 2021 recibió adjudicaciones por valor de 37 millones de euros, casi 3 millones al año. Es decir, el triple de la media de lo que contrataba con el Ejecutivo bipartito PSOE-BNG de Emilio Pérez Touriño entre el 2005 y el 2009.
Micaela Núñez Feijóo, que fue delegada del grupo en Pontevedra y Vigo y directora regional para Galicia, fue ascendida a directora para el Noroeste en el 2016, justo al año siguiente de que la empresa obtuviera su récord de adjudicaciones de las consellerías, fundaciones, empresas públicas y el resto de entidades instrumentales dependientes de la administración que preside su hermano: más de 6,2 millones ese año.
Del análisis de los cerca de 140 contratos adjudicados por la Xunta a las filiales del grupo desde el 2009 que figuran en la plataforma de Contratos Públicos de Galicia, se puede deducir que obtuvo trato de favor en muchos de ellos.
Eulen se lleva adjudicaciones en las que no era la mejor oferta económica, incluso siendo la más cara en algunas; ganando procedimientos por exclusión de sus competidoras sin que aparezcan explicaciones en el expediente o incluso cuando presenta una oferta considerada como temeraria, es decir anormalmente baja y que podría poner en riesgo la correcta prestación del servicio o basarse en salarios desproporcionadamente bajos del personal de la empresa contratista.
Público ha preguntado a Eulen y a la Presidencia de la Xunta sobre su valoración de esos hechos, pero no ha obtenido respuesta de ninguna de las dos.
El contrato más cuantioso adjudicado hasta la fecha por la Xunta al Grupo Eulen se refiere a los servicios de vigilancia y seguridad de cinco hospitales y veinticinco centros de salud del área sanitaria de A Coruña. El precio de licitación asignado por el Servicio Galego de Saúde (Sergas) fue de 4,7 millones, IVA incluido, para un período de dos años.
Según las condiciones del concurso, sumando la prórroga de otros dos años y posibles modificaciones, el valor estimado del contrato se elevó a más de 10,5 millones (sin incluir el IVA, porque así lo exige la legislación al no poder ponderar el tipo aplicable a los servicios o bienes que podría añadirse o modificarse).
Eulen Seguridad se llevó ese contrato por 9,7 millones (4,38 millones más prórrogas y otros 940.00 euros de colchón para modificaciones del servicio). No era ni la mejor oferta económica ni tenía la mejor propuesta técnica, pero ganó frente a otras tres empresas (Vigilancia Integrada, Prosegur y Securitas) sin que conste en el expediente la explicación que motivó que la suya fuera considerada la oferta más ventajosa.
Que una empresa gane un concurso a los puntos, es decir por la valoración de su oferta técnica, sin ser la propuesta más barata no es infrecuente. Pero en este caso llama también la atención que la vigilancia de los treinta centros sanitarios coruñeses no fuera dividida en lotes, lo habitual y recomendado por la legislación para las grandes licitaciones.
Cuando un gran contrato no se divide suele ser «una mala práctica y hay que justificar por qué se hace así», sostiene Eva Belmonte, experta en contratación pública y codirectora de Civio, una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y análisis periodístico y al fomento de la transparencia en la actuación de los poderes públicos.
Belmonte recuerda que la ley española establece que si una licitación de este tipo no es dividida en lotes, la Administración tiene la obligación de justificarlo. En el caso de los treinta centros de salud del área de A Coruña, el expediente de contratación del Sergas no ofrece ninguna explicación.
Lo más llamativo es que sólo unos meses antes, el Sergas sí había dividido el mismo concurso para los hospitales y centros del área sanitaria de Vigo, por una cuantía similar. En esa ocasión Eulen sólo se llevó ocho de los treinta lotes. Fueron 438.000 euros, un 10% de lo que obtuvo en A Coruña. Tras el concurso del área de Vigo, la gerente del Sergas dimitió aludiendo razones personales, y el gerente del área sanitaria viguesa fue cesado poco después.
Desde entonces, el Sergas licita la vigilancia y seguridad de sus centros sin dividir los procedimientos en lotes. En el 2015, Eulen Seguridad se lleva el contrato del área sanitaria de O Barbanza, al sur de A Coruña; y en el 2017, el 2019 y el 2021, los del área de Pontevedra. Suman otros 5,15 millones, y en ninguno la oferta de Eulen era la más barata. De hecho, en el último era la más cara.
En las adjudicaciones públicas se valoran tanto la cuantía económica como otras condiciones técnicas que la mesa de contratación, formada por varias personas autorizadas, puntúa tras valorarlas subjetivamente o mediante juicios de valor, que la Administración está obligada a exponer y hacer públicos.
¿Es normal y frecuente que la oferta más onerosa gane sistemáticamente varios concursos gracias a esos juicios de valor? «Depende de lo importante que sean los criterios subjetivos para ese contrato en concreto, responde Belmonte. «Si está justificado que tengan ese peso, y es la mejor oferta técnicamente, sí es normal. No es muy frecuente, eso sí, porque las administraciones públicas tienden a centrarlo casi todo o todo en el precio«, afirma la experta, quien, sin embargo, recuerda que eso no tiene «por qué ser bueno per se«. «Imagine un contrato de compra de prótesis en los que tiran todo a precio: igual acabamos implantando materiales de mala calidad».
Los contratos de Eulen no eran para material sanitario, medicamentos o tecnología sanitaria, sino para contratar tareas de vigilancia y seguridad.
Desde que Feijóo es presidente, Eulen ha ganado muchos otros grandes concursos de la Xunta que no se dividen en lotes y en los que no es la mejor oferta económica. También en ámbitos que no tienen que ver con la seguridad.
En el 2014, Eulen Servicios Sociosanitarios obtuvo del Consorcio Galego de Serivicios de Igualdade e Benestar 2,7 millones en dos contratos para la gestión de cuatro centros de día de personas dependientes en la comarca de Ferrolterra y otros cuatro en municipios del interior de la provincia de Lugo.
Al primero se presentaron ocho empresas, y al segundo, cinco. Las propuestas de Eulen quedaron en quinto y cuarto lugar, respectivamente, en la valoración económica. Pero se llevaron los contratos a los puntos porque el Consorcio, en su resolución de adjudicación, consideró que la oferta de Eulen era la que mejor «comprende y planifica» el servicio.
Los expedientes, sin embargo, no explican por qué se valoró más esa característica que las de otras empresas con ofertas más baratas que la mesa de contratación también alabó como más que apropiadas, porque habían presentado «un proyecto exhaustivo» o mejoras como un plan sanitario o un programa de individual de acogimiento para los usuarios, personas mayores y dependientes.
Hay decenas de ejemplos más de adjudicaciones de la Xunta a las empresas del Grupo Eulen en los que sus ofertas no son las más ventajosas, y que ganan gracias a mejores puntuaciones en los criterios valorados subjetivamente. En muchas ocasiones sin que se justifiquen o con explicaciones someras e insuficientes.
En el 2013, el 2018 y el 2019, la Corporación Radio e Televisión de Galicia adjudicó a Eulen Seguridad tres contratos consecutivos para la vigilancia de sus instalaciones en Santiago por un valor estimado total de más de 3,68 millones de euros.
Los dos primeros sin ser la oferta económica más ventajosa, y, de hecho, siendo la más cara en el segundo en varios criterios en el cálculo del coste por hora de cada vigilante. Del tercer contrato es imposible saberlo, porque en el expediente no aparece información alguna sobre el resto de concursantes, si los hubo, ni quiénes eran, ni cuáles fueron sus ofertas, ni las puntuaciones y valoraciones que en su caso hubieran obtenido.
Otro ejemplo es la Fundación Semana Verde de Galicia, la entidad que gestiona el recinto ferial de Silleda (Pontevedra) en el que se celebran las grandes ferias agroganaderas de la comunidad. Hasta la llegada de Feijóo a la Xunta nunca había contratado con Eulen, al menos según la documentación que consta en la plataforma Contratos Públicos de Galicia. Desde entonces y hasta el 2012 le adjudicó tres para vigilancia y seguridad por un valor estimado de alrededor de 771.300 euros. En ninguno de ellos la oferta de Eulen era la más barata, pero los ganó gracias a la valoración subjetiva de los criterios técnicos.
Augas de Galicia, la administración hidráulica de la comunidad autónoma, licitó en el año 2014 el acondicionamiento y limpieza del río Rodeiro por cerca de 300.000 euros. Se presentaron veintidós empresas y Eulen, que ocupaba el puesto once en el ranking de ofertas económicas, obtuvo la adjudicación.
Al poco de la llegada de Feijóo a la Presidencia de la Xunta, en el 2009, Augas de Galicia licitó en dos contratos el acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de dominio público de las cuencas de los ríos bajo su competencia, en el norte y el sur de la comunidad.
Al primero, para los ríos del norte y por un precio de 474.900 euros, se presentaron diez empresas. Había cuatro ofertas más ventajosas que las de Eulen, pero las cuatro se eliminaron por baja desproporcionada no justificada.
Al contrato de la cuencas del sur, por 472.500 euros, se presentaron otros diez licitadores, pero Eulen se lo llevó a pesar de que era la quinta en el listado económico. Los criterios de baja desproporcionada eran diferentes a los del contrato anterior y no le afectaron, de forma que pudo hacerse con la adjudicación de nuevo gracias a los criterios técnicos.
Eva Belmonte explica que las leyes españolas permiten que cada procedimiento de contratación establezca «cuál es su criterio para definir una oferta anormalmente baja, o más comúnmente baja temeraria» y que establecen que «si los pliegos no lo especifican y el único criterio es el precio, es anormal que hagas un descuento de más del 25% si te presentas solo, o de más del 20% con respecto a otro competidor, si pujan dos, por ejemplo».
Eulen ha obtenido otros contratos cuantiosos a pesar de que sus ofertas fueron declaradas como baja temeraria por las respectivas mesas de contratación. Le sucedió en el 2011, cuando la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), que gestiona la recogida y tratamiento de residuos en la mayoría de los municipios de Galicia, le adjudicó su servicio de enfermería por 781.500 euros más IVA a pesar de que su oferta fue declarada anormalmente baja.
La resolución de Sogama se limita a señalar que «analizadas por los técnicos las justificaciones recibidas, se estima que la oferta puede ser cumplida», sin que aparezcan en el expediente las justificaciones expuestas por la empresa.
«Es muy, muy habitual que se acepten las bajas temerarias, y eso es un problema muy importante de la contratación. Porque si una empresa gana un contrato porque dice que lo hace por ‘equis’ y acaba costando mucho más, los tan habituales sobrecostes, al final no le has dado el contrato a la mejor oferta. Esto pasa muchísimo», apunta Eva Belmonte.
La experta también explica que las justificaciones a las bajas temerarias «casi siempre» se aceptan, y aunque admite que «casi ninguna administración está publicando» los informes que deben justificarlas, «la ley de contratos es clara» al respecto: «Deben publicar todos los documentos del proceso, con las excepciones claras y concretas de defensa de intereses superiores. Pero incluso aunque se tachara algún dato por secreto comercial, que me da que no van a ser la mayoría, se deberían publicar estas justificaciones siempre».
Sogama no lo hizo con las de Eulen en el contrato de su servicio de enfermería en el 2011, y tampoco un año después, en el 2012, cuando adjudicó el cuidado y mantenimiento de la jardinería de sus instalaciones en Cerceda (A Coruña) a la empresa que dirige en Galicia y el noroeste la hermana de Feijóo. Fueron 800.929 euros más IVA (400.464 euros por dos años más otros dos de prórroga). Al concurso se presentaron dieciséis empresas y la oferta de Eulen fue declarada temeraria. Pero ni en la resolución ni en el resto del expediente aparece justificación alguna sobre la subsanación de ese impedimento.
