Por qué debe caer Margarita Robles a causa del ‘Catalangate’ SERGI SOL

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tras la sesión de control del Senado, este martes en Madrid. EFE/ Zipi

Tal vez no tuviera ni remota idea de las triquiñuelas del CNI con el asunto del malware Pegasus. Tal vez todo sea una herencia del general Félix Sanz Roldán, cuando el CNI estaba sujeto a la Vicepresidencia de Soraya Sáenz de Santamaría a la que incompresiblemente el 1 de Octubre de 2017 no se llevó por delante.

En agosto del año del referéndum en Catalunya, mientras la Vicepresidenta del último Gobierno Rajoy se paseaba por todas partes junto a su jefa de gabinete, María González Picó, como si por ellas retumbaran las campanas y aseguraba que no iba a haber ni urnas ni papeletas. Rajoy dixit. Al punto que Carmen Martínez de Castro, entonces secretaria de Estado de Comunicación del Gobierno español, cenaba en vísperas del 1 de Octubre –tras una jornada ajetreada- en el malogrado restaurante Tickets del Paral·lel de Barcelona y afirmaba al resto de los comensales de manera solemne que si en Catalunya votaban un millón de personas eso significaría la decapitación de Rajoy.

Para Martínez de Castro, el Gobierno español podía permitirse que se votara en ‘pueblecitos’ pero ni por asomo en las grandes ciudades y mucho menos en la capital catalana. Lo contaba, con aplomo, a todo aquel que quisiera escucharle.

Tras esa solemne afirmación estaba la información que gestionaba el todopoderoso general Félix Sanz Roldán a las órdenes de la vicepresidenta Santamaría, hija también de general. Ni más ni menos que diez años estuvo el conquense Sanz Roldán al frente del CNI, etapa que empezó con José Luís Rodríguez Zapatero, el presidente más progresista que jamás ha tenido el Gobierno de España. Pero sobrevivió a este e incluso a Rajoy. Pues continuó en el cargo un año entero con Pedro Sánchez, tras la moción de censura que acabó con Rajoy y con todo su Gobierno.

Lo que no pudo el estrepitoso fracaso que cosechó el Gobierno Rajoy-Soraya con el 1 de Octubre, lo pudo la corrupción de la Gürtel después de que la Audiencia Nacional fallara contra los intereses del PP.

Cabe decir que Margarita Robles, como antaño Zapatero, pasa por ser una de las voces más progresistas del Gobierno del PSOE. Y por eso mismo, también, no puede permitirse seguir en el cargo. Robles fue la persona que anunció y defendió una moción de reprobación contra Soraya Sáenz de Santamaría el 3 de Octubre de 2017: «Mientras en Catalunya había cargas con heridos de ciudadanos y agentes, mientras había ciudadanos votando, la vicepresidenta (Soraya) hacía una comparecencia diciendo que no estaba pasando nada», dijo. Ocurrió que ese mismo día en el que el rey Felipe VI tomó la iniciativa con aquello de ‘Santiago y cierra España’. Y la moción, que Podemos pedía que fuera de censura al Gobierno, se quedó en nada. Agua de borrajas ante el ímpetu del hijo del Emérito.

Algo parecido le está ocurriendo ahora a la ministra Robles, a la postre responsable del CNI. La ministra mantiene que no sabe nada mientras se van conociendo más y más datos sobre el espionaje masivo que comenzó con el PP en la Moncloa y siguió e incluso se amplió con Robles al mando. Y aquí no se espía a nadie, mientras que un silencio espeso acompaña al Presidente Pedro Sánchez.

La ministra Robles no puede seguir porque la fechoría cometida es un atropello a esos mismos derechos fundamentales que Robles ha defendido y protegido como magistrada. No puede seguir porque Unidas Podemos, el socio de coalición, es un clamor ante lo acaecido. Graves hechos que, pese a que ya se sabía, han tomado otro tinte tras las revelaciones de Citizen Lab –una entidad a la que el dirigente del PP González Pons concedía máxima credibilidad en enero de este año-  publicadas por The New Yorker, primero, y avalados, después, por Washington Post.

Tampoco puede seguir la ministra porque la afrenta necesita sangre. Si con ETA pegando tiros cayeron Manglano, el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Defensa Julián García Vargas no es aceptable que ahora la máxima responsable del CNI se vaya de rositas. Aunque la razón sea porque no se han enterado de nada y no controlan a su Centro Nacional de Inteligencia.

Y finalmente tampoco pude seguir porque su dimisión es la única vía para salvar a la izquierda y no allanar el camino a una coalición de un nuevo Gobierno del PP condicionado por la derecha más extrema de Vox. Si el PSOE quiere tener la posibilidad de volver a gobernar España la próxima legislatura sólo podrá hacerlo contando con Unidas Podemos y con esa suerte de partidos que conforman la plurinacionalidad del Estado y que suman cerca de 40 escaños imprescindibles, según toda la demoscopia publicada. Y no se muerde la mano que necesitas, ni se la espía.

Margarita Robles Fernández

Ministra de Defensa, Margarita Robles FernándezLeón, 1956.

Licenciada en Derecho en la Universidad Central de Barcelona.

Ingresó en la Carrera Judicial en la 27 Promoción de Jueces y Fiscales con el número uno de dicha promoción.

Ha desempeñado cargos de Juez y Magistrada en Balaguer, San Feliú de Llobregat, Bilbao, accediendo a la Audiencia Provincial de Barcelona en 1981, siendo la primera mujer que llegó a un órgano colegiado en España.

Presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona (1991-1993).

Subsecretaria del Ministerio de Justicia (1993-1994).

Secretaria de Estado de Interior en el Ministerio de Justicia e Interior (1994-1996).

Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional (1996-2004).

En el año 2004 es nombrada Magistrada de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial (2008 al 2013).

Diputada por Madrid (2016-2018).

Presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (2016-2017).

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados (2017-2018).

Diputada por Ávila (2019 – febrero de 2020).

Ministra de Defensa (2018 – actualidad).

Irán exige fin del saqueo de recursos de Siria por fuerzas foráneas

Fuerzas militares de EE.UU. patrullan el campo de la ciudad de Al-Qamishli, en la provincia siria de Al-Hasaka (noreste), 20 de abril de 2022.

Irán critica la presencia foránea ilegal en Siria y alerta que la guerra contra el terrorismo no debe ser utilizada como pretexto para socavar la soberanía siria.

En declaraciones pronunciadas en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre los últimos acontecimientos en Siria, el representante permanente de Irán ante la ONU, Mayid Tajt Ravanchi, reiteró el martes el llamado de Teherán a la retirada de las fuerzas extranjeras del país árabe y el fin del saqueo de los recursos naturales de Siria, en particular el petróleo y los productos agrícolas.

Este acto criminal no solo viola la soberanía territorial siria, las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y la Carta de la ONU, sino que también tiene un impacto negativo en los esfuerzos y medidas destinados a restaurar la economía siria”, adujo.

El diplomático persa hizo hincapié en que la guerra contra el terrorismo no debe ser utilizada como un instrumento para socavar la soberanía y la integridad territorial de Siria.

 

“Después de más de una década de conflicto en Siria, se ha hecho evidente que solo existe una solución: un proceso político intersirio y facilitado por las Naciones Unidas”, agregó.

Tajt Ravanchi resaltó que la actual crisis económica ha afectado mucho a la nación de este país, por lo que es más vital que nunca el levantamiento de las sanciones unilaterales impuesta contra Siria, dada la grave situación humanitaria que experimenta.

Asimismo, condenó enérgicamente las frecuentes violaciones de soberanía e integridad territorial de Siria por parte de Israel y pidió al Consejo de Seguridad que responsabilizara al régimen de Tel Aviv por tales agresiones.

Para el Gobierno sirio, presidido por Bashar al-Asad, la presencia ilegal de las tropas foráneas solo ha agravado la crisis en la que sigue inmerso el país desde 2011, al obstaculizar toda solución a la misma, reforzando la dinámica belicista.

Desde el estallido de la crisis en Siria, destinada a derrocar al presidente Bashar al-Asad, la Unión Europea y Estados Unidos han adoptado una campaña de embargos bajo diferentes excusas, obstaculizando el acceso del pueblo a los alimentos y medicamentos y un largo etcétera en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.

El propio Washington ha confesado que quiere el colapso del país árabe y, para ello, se vale de medidas ilegales que violan los derechos humanos y las leyes internacionales.

msm/rba