El agua de lluvia de todo el planeta está contaminada por ‘sustancias químicas para siempre’

Incluso en lugares remotos, como la Antártida o la meseta del Tíbet, llueve agua contaminada por agentes químicos sintéticos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados (PFAS). Un equipo de investigación europeo asegura que se ha superado su límite planetario, teniendo en cuenta que son compuestos tóxicos persistentes y se propagan por la atmosfera.

04/08/2022 Las sustancias PFAS son peligrosas para la salud humana y los ecosistemas. Su toxicidad se extiende por la atmósfera.
Las sustancias PFAS son peligrosas para la salud humana y los ecosistemas. Su toxicidad se extiende por la atmósfera.  PIXABAY

Son peligrosas para la salud humana y los ecosistemas, porque su toxicidad es persistente, se extiende por la atmósfera y pueden encontrarse en el agua de lluvia y nieve de las regiones más recónditas del planeta. Además, si el cuerpo humano los absorbe a través de los alimentos o el agua, este los acumula.

Si bien es cierto que en los últimos veinte años los valores de PFAS en el agua potable, las aguas superficiales y los suelos han disminuido drásticamente, debido a su prohibición y legislación sobre su uso al conocer su alta toxicidad, un estudio apunta que se ha superado el límite planetario de los niveles establecidos.

Cousins: «Necesitamos que la gente tenga un nivel de concienciación [con los PFAS] similar al de la contaminación por plásticos»

«El nivel general de conocimiento de los efectos en la salud humana de la exposición a los PFAS es desigual según el país o la región. En general es bajo y se podría hacer más para comunicar el problema. Necesitamos que la gente tenga un nivel de concienciación similar al de la contaminación por plásticos», dice a SINC Ian Cousins, autor principal del trabajo sobre la presencia y el transporte atmosférico de PFAS durante la última década.

Cousins, profesor del departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Estocolmo (Suecia), junto a su equipo y científicos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), han publicado los resultados de la investigación de laboratorio y de campo en la revista Environmental Science & Technology.

«Se ha producido un asombroso descenso de los valores guía para los PFAS en el agua potable. Por ejemplo, el valor de referencia del agua potable para una sustancia muy conocida de la clase de los PFAS, el ácido perfluorooctanoico (PFOA, por sus siglas en inglés), que puede provocar cáncer, ha disminuido en 37,5 millones de veces en los EEUU», añade Cousins.

Algunas legislaciones sobre estos compuestos no los prohíben totalmente, si no que restringen su uso y contemplan excepciones. «Tendría que referirse a algo esencial para la salud y la seguridad, o crítico para el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, la protección contra fluidos biológicos en las batas médicas para los profesionales que trabajan en los quirófanos. Pero incluso para estos usos esenciales puede haber alternativas o la innovación debería llevar al desarrollo de alternativas. Personalmente, creo que los usos esenciales son pocos», argumenta el experto.

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Ilustración de los compuestos polifluoroalquilados y perfluoroalquilados.  Environ. Sci. Technol.

Agua de lluvia no potable

Los PFAS son muy persistentes, pero su presencia continuada se debe también a sus propiedades y a los procesos naturales que los devuelven continuamente a la atmósfera desde el medio ambiente.

Cousins: «Aunque en el mundo industrializado no solemos beber agua de lluvia, mucha gente del planeta espera que sea segura para beber y abastece a muchas de nuestras fuentes de agua potable»

«Según las últimas directrices estadounidenses sobre el PFOA en el agua potable, el agua de lluvia de todo el mundo se consideraría insegura para beber. Aunque en el mundo industrializado no solemos beber agua de lluvia, mucha gente del planeta espera que sea segura para beber y abastece a muchas de nuestras fuentes de agua potable», señala el investigador. Uno de los procesos naturales más importantes del ciclo de los PFAS es el transporte del agua de mar al aire marino por medio de los aerosoles, que es otra área de investigación activa para el equipo de la universidad sueca.

«Debido a la propagación mundial de los PFAS, el medioambiente de todas partes superará las directrices de calidad ambiental diseñadas para proteger la salud humana y podremos hacer muy poco para reducir su contaminación. En otras palabras, tiene sentido definir un límite planetario específico para los PFAS y, como concluimos en el documento, este límite ya se ha superado», afirma Martin Scheringer, coautor del estudio y científico del ETH suizo y de RECETOX, de la Universidad de Masaryk (República Checa).

Sustancias químicas para siempre

Los PFAS son un nombre colectivo con el que se ha englobado a las sustancias altamente fluoradas que tienen una estructura química similar. Todos ellos son extremadamente persistentes en el medio ambiente o se descomponen en otros de este grupo extremadamente persistentes, de ahí les viene el apodo de ‘sustancias químicas para siempre’.

Los PFAS se han asociado a una amplia gama de daños graves para la salud, como: cáncer, problemas de aprendizaje y comportamiento en los niños, infertilidad, complicaciones en el embarazo, aumento del colesterol y los problemas del sistema inmunitario.

«Los que viven cerca de los puntos calientes de contaminación son los que más sufren, por supuesto, como cerca de las fábricas o de las bases militares o donde se utilizan espumas contra incendios. Los alimentos y el agua allí están muy contaminados y aquellos que consumen productos locales están muy expuestos», enfatiza el investigador de la universidad sueca.

Muncke: «No puede ser que unos pocos se beneficien económicamente, mientras contaminan el agua potable de otros millones de personas y provocan graves problemas de salud»

Jane Muncke, directora general de la Fundación del Foro de Envasado de Alimentos de Zúrich (Suiza), que no ha participado en el trabajo, señala: «No puede ser que unos pocos se beneficien económicamente, mientras contaminan el agua potable de otros millones de personas y provocan graves problemas de salud. Las enormes cantidades que costará reducir los PFAS en el agua potable a niveles seguros, según los conocimientos científicos actuales, deben ser pagadas por la industria que produce y utiliza estas sustancias químicas tóxicas. El momento de actuar es ahora».

Cousins también se muestra favorable a esta idea, pero es consciente de que la legislación actual no lo hace posible fácilmente. «El principio de ‘quien contamina paga’ significa que los usuarios de las sustancias químicas son los responsables, no el fabricante. Por ejemplo, en el caso de la contaminación por PFAS de las espumas contra incendios, los responsables suelen ser los departamentos de defensa y, en última instancia, quien paga es el contribuyente», concluye.

El secretario general de la ONU considera «inmorales» los beneficios de las energéticas y pide ponerles más impuestos

António Guterres ha pedido a los países gravar con más impuestos a estos negocios e invertir lo recaudado en apoyar a las familias más vulnerables.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres , se dirige a los medios de comunicación antes de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 1 de agosto de 2022
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres , se dirige a los medios de comunicación antes de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 1 de agosto de 2022.  David ‘Dee’ Delgado / REUTERS

El portugués ha instado a todos los Estados a gravar sus «beneficios excesivos» con más impuestos a invertir la recaudación en apoyar a los hogares más vulnerables. «Esta codicia grotesca está castigando a las personas más pobres y vulnerables mientras destruye nuestro único hogar», ha añadido.

Las mayores empresas energéticas recaudaron casi 100.000 millones de dólares en todo el mundo durante los primeros tres meses de 2022, ha recordado Guterres. Además, ha recalcado que los costes medioambientales de este sector son «masivos». El documento remarca los altos y volátiles precios de los combustibles, así como su grave impacto para los Estados en vías de desarrollo y las clases populares.

La ONU promueve el uso de energías renovables

La ONU ha vuelto a promover el uso de energías renovables, las cuales «en la mayoría de los casos son más baratas que los combustibles fósiles«, ha afirmado el secretario general. «Los Gobiernos deben ampliar y diversificar las cadenas de suministro de materias primas y tecnologías de energía renovable», ha agregado.

Guterres también ha pedido mayor inversión tanto a los Estados como al sector privado. Ha instado a los accionistas de bancos de desarrollo a asumir riesgos más grandes para ayudar a los países en la transición energética. Además, aquellos en vías de desarrollo no reciben apoyo técnico y financiero suficiente, ha subrayado.

Además, el portugués también ha lamentado que algunos países ricos introducen «subsidios universales en las gasolineras, mientras que otros reabren plantas de carbón. Es difícil justificar esos pasos incluso de forma temporal«.

 

Ayuso cuida más los colegios concertados e impulsa el crecimiento de la privada frente a la pública

Entre 2007 y 2019, la privada y la concertada creció un 30% en Madrid, mientras que la educación pública apenas un 6%.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene tras la firma del convenio de transporte con el presidente de la Junta de Castilla La-Mancha
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene tras la firma del convenio de transporte con el presidente de la Junta de Castilla La-Mancha.  Marta Fernández / EUROPA PRESS

Aunque esta nueva medida queda justificada, en palabras de la propia Consejería de Educación, por el aumento «natural» de los centros concertados, significa un paso más hacia el modelo privatizador que el Gobierno del PP instaura de forma paulatina en Madrid, tanto en la sanidad como en la educación.

Madrid es una comunidad en la que los colegios privados y concertados igualan en porcentaje a los centros públicos, un dato disparado respecto al resto de comunidades autónomas: 1.891 (51,81%) públicos por 1.759 (48,19%) privados. Entre 2007 y 2019, la privada y la concertada creció un 30% en la capital, mientras que la educación pública apenas un 6%.

Entre otros pretextos para defender la medida frente al posible refuerzo de los centros públicos, el Gobierno de Ayuso explica que se harán más grupos por la reducción de ratios en el primer nivel del segundo ciclo de Infantil, donde se limitan los alumnos a 20.

«Esta medida se debe a las necesidades de escolarización, ya que se abren y cierran unidades de concertada en función únicamente de la demanda en las zonas. También se debe al crecimiento natural de los colegios concertados, que incrementan año a año los cursos y etapas educativas, ya que los conciertos comienzan desde los primeros cursos de la etapa. No aprobar este incremento impediría continuar en sus estudios a miles de alumnos en colegios concertados», sostienen fuentes de la Consejería de Educación.

Los desfavorecidos quedan fuera

Y aunque los alumnos aumentarán, habrá menos profesores. Esa es la denuncia que hace Comisiones Obreras: «Los datos que hemos extraído centro a centro y de las asignaciones de cupos de profesorado publicadas el 21 de julio nos hacen concluir que el curso 2022-23 sufriremos nuevos recortes de profesorado», ya que habrá 1.000 profesores menos a pesar del aumento en el número de alumnos en un 1,6%.

Además del aumento de las clases en los centros concertados, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que destinará 1,6 millones de euros al Programa de Refuerzo Escolar, destinado a aquellos menores sin recursos. La cantidad ha sido tildada de «ínfima» por Comisiones Obreras.

«Significa un nulo compromiso con la igualdad y este abandono de la escuela pública empobrecerá a las futuras generaciones de Madrid, porque se les cercenan las oportunidades. 1,6 millones es una cantidad irrisoria en comparación con los 133 millones destinados a becas que irán a parar al 5% más rico de Madrid», denuncia la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.

Catalunya pondrá en marcha en octubre la primera energética pública del Estado de producción eléctrica

La empresa se centrará en la generación eléctrica con energías renovables y aparcará de entrada la comercialización, que realizarán empresas privadas del sector. El exdiputado de ERC, Ferran Civit, prepara el estudio para la activación del ente

 

Imatge de l'embassament per la central hidroelèctrica de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora, que passarà sota control de la nova empresa energètica pública de la Generalitat.
Imatge de l’embassament per la central hidroelèctrica de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora, que passarà sota control de la nova empresa energètica pública de la Generalitat.  Cedida pel Govern de la Generalitat / ACN

Según información del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, que dirige la consellera Teresa Jordà, ésta será la primera energética pública del Estado, impulsada por un gobierno autonómico, que se dedicará a la gestión y producción de energía eléctrica para el consumo. A pesar de que en las Illes Balears se había hablado de un proyecto, finalmente se han limitado a la creación de un ente -una Agencia pública- equiparable al Institut Català de l’Energia como el que la Generalitat ya dispone desde hace bastante tiempo.

También será muy diferente a las energéticas públicas existentes en el mundo municipal como Barcelona Energia, una empresa creada por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, las empresas se dedican básicamente a la comercialización. En el de la Generalitat el modelo y la dimensión carecen de precedentes y sería equiparable a las empresas energéticas privadas que además de comercializar, gestionan centros de producción de electricidad. Pero en el caso de la energética pública catalana, centrada exclusivamente en energías renovables.

Energía renovable en espacios de poco interés para las privadas

Así, la empresa pública, según fuentes del Govern, inicialmente se centrará en la generación de electricidad como objetivo prioritario con sistemas de energías renovables y de entrada aparcará la comercialización que realizarán «las empresas existentes en estos momentos en el mercado».

Las empresas que optarán a la comercialización tendrán que cumplir requisitos, por ejemplo un porcentaje importante de sus clientes tendrán que ser instituciones públicas. Con este porcentaje, que el Govern fijará para la contratación del servicio de comercialización, se quiere garantizar que la electricidad producida por la empresa pública revierta en Ayuntamientos y otras administraciones.

Respecto a las nuevas instalaciones para la generación energética, la nueva empresa se centrará «en la generación de energía renovable en espacios públicos o en aquellos en los que el mercado tradicional ha decidido no apostar por ellos, pero que son susceptibles de generar energías renovables». Estos posibles espacios en los que los grandes promotores energéticos no invierten -porque en principio son menos rentables- incluyen edificios públicos, infraestructuras, carreteras, embalses o canales.

«Se trataría de aprovechar los espacios antropizados -como techos de edificios públicos o espacios ocupados por infraestructuras de regadío que pueden ser cubiertos por placas solares- que ya están alterados desde el punto de vista paisajístico, para destinarlos a la producción de energías renovables«, explica el Govern.

Las centrales hidroeléctricas, bajo control público

Una pieza clave de la nueva empresa energética de la Generalitat será la asunción de infraestructuras generadoras de electricidad ya existentes, como las centrales hidroeléctricas. Se prevé la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica o la participación en plantas de energía renovables ya existentes, especialmente centrados en la «energía solar», aunque también se potenciará la «biomasa y la geotérmica».

Pero la asunción del control de centrales hidroeléctricas supondrá que la nueva empresa pueda realizar funciones de suministro eléctrico en un corto tiempo a partir de su puesta en marcha en octubre. El principal ejemplo es el control que ejercerá la nueva empresa energética pública de tres centrales hidroeléctricas.

Según el Govern será la nueva energética pública quien ejerza la gestión pública de las infraestructuras

En este sentido, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha iniciado expedientes para revertir o extinguir las concesiones de tres hidroeléctricas situadas en Sant Quirze de Besora (comarca barcelonesa de Osona), Ripoll (comarca del Ripollès en Girona) y Bescanó (comarca del Gironès en Girona). Según el Govern será la nueva energética pública quien ejerza la gestión pública de estas infraestructuras. Aunque en algún caso será más adelante porqué la concesión tiene un plazo todavía vigente, pero también se han iniciado los trámites para pasar a control público.

En el caso de la toma de Sant Quirze de Besora, la concesión finaliza el 30 de julio de 2024, pero la ACA ya ha comunicado el inicio del expediente y ha requerido toda la documentación al titular. Por lo que respecta a la central hidroeléctrica de Ripoll, ha comenzado el proceso para la finalización y extinción del plazo concesional. Según el Govern, la concesión de Ripoll fue otorgada para un período de 75 años desde la puesta en servicio. Ahora, el Departament d’Acció Climàtica ha podido acreditar documentalmente que este aprovechamiento está en funcionamiento, como mínimo, desde del año 1946, por lo que ya ha transcurrido la totalidad del período establecido.

En el caso de la central hidroeléctrica Vilana en Bescanó, también se ha iniciado un expediente de extinción por incumplimiento reiterado de las condiciones ambientales de la concesión, después de diversas sanciones entre los años 2008 y 2021 por «el incumplimiento reiterado» del caudal del río.

Asimismo, la ACA tiene previsto revisar todos los expedientes de las concesiones hidroeléctricas en los ríos de las cuencas internas de Catalunya (aquellos ríos que no dependen del a Confederación Hidrográfica del Ebro) y comprobar la vigencia de las concesiones y el cumplimiento de los caudales ambientales.

Según el Ejecutivo catalán, las centrales hidroeléctricas generan hoy, según la pluviometría anual, entre el 50% y el 70% de la producción eléctrica renovable y entre el 8% y el 13% de la producción eléctrica total de Catalunya.

El exdiputado Ferran Civit al frente del proyecto

El grupo de trabajo que impulsa el plan para la creación de la energética pública catalana depende de la Direcció General d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El exdiputado de ERC y experto en temas de sostenibilidad, Ferran Civit, ha dirigido el estudio previo para la puesta en marcha y muy probablemente podría hacerse cargo de la dirección de la nueva empresa.

Según fuentes del Govern, «la energética pública será un elemento clave del nuevo modelo propio para acelerar la transición energética en Catalunya». El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030 y llegar a la neutralidad de emisiones de carbono en 2050. «Es un modelo energético distribuido, democrático, con cohesión territorial y participado por la ciudadanía», aseguran.

Por este motivo, «es fundamental disponer de un instrumento público con capacidad inversora en la generación eléctrica, la distribución, los servicios de recarga del coche eléctrico, los servicios de almacenamiento, los servicios de agregación de demanda flexible y los servicios de comercialización ligados a estos nuevos modelos económicos» apunta el plan del Ejecutivo catalán.

El Gobierno contempla esta medida como la forma de vehicular la participación de la Administración en la propiedad de nuevas plantas de generación renovable, y ayudar y participar en el desarrollo de comunidades energéticas renovables y ciudadanas; entrar en la gestión pública de las centrales hidroeléctricas de las que caduquen sus concesiones, y participar en la gestión de los servicios de recarga de vehículos eléctricos.

El acuerdo de investidura con la CUP

La constitución de una eléctrica pública forma parte del acuerdo de investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat firmado entre ERC y la CUP. El acuerdo establece la «creación de una energética pública para recuperar a control público la energía, capaz de incidir en todas las fases del sector eléctrico, para poder definir y planificar el modelo de transición energética». Y «trabajar para la recuperación de las hidroeléctricas con concesiones caducadas y las que finalicen en los próximos años».

Otro pilar clave de la estrategia energética del Govern en Catalunya es el fomento de la generación y el almacenamiento de energía por parte de la ciudadanía, las administraciones públicas, los hogares, las pymes o las entidades del tercer sector, que podrán optar hasta diciembre de 2023, a alrededor de 115 millones de euros en ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Buenos resultados en Barcelona Energia

Por su parte, el modelo de creación de empresas energéticas públicas se extiende por el ámbito municipal y destaca la del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque con una dimensión y objetivos muy diferentes que la empresa que proyecta la Generalitat, Barcelona Energia, la comercializadora pública de electricidad 100% renovable participada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha cerrado el último ejercicio con un crecimiento de clientes del 38%.

La tendencia al alza ha supuesto alcanzar los más de 10.200 puntos de suministro en abril de 2022. En esta línea destaca el incremento de usuarios privados y de empresa después de que, en este último año, el acumulado de los puntos privados ha sido de un 103% superior a 2020, lo que supone doblar la cartera de clientes por tercer año consecutivo. La parte de usuarios privados registró un aumento del 89%, mientras que la de empresas fue del 483%.

La administración paralela de Feijóo dejó en Galicia una deuda de 558 millones en «chiringuitos», fundaciones y agencias

Un informe del Consello de Contas alerta de que la Xunta gestiona más de 1.700 millones de euros a través de entidades  opacas, sujetas a menos controles y transparencia en materia de adjudicaciones, personal y límites de endeudamiento.

3/8/22 Feijóo, en una rueda de prensa el pasado 28 de julio.
Feijóo, en una rueda de prensa el pasado 28 de julio.  Marta Fernández / EUROPA PRESS

Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia, el organismo encargado de la fiscalización económica, financiera y contable del la Administración gallega y de la prevención de la corrupción en el sector público autonómico.

El documento fue publicado el pasado viernes 29 de julio, sólo un día antes de que el expresidente de la Xunta y líder del Partido Popular asegurara en una entrevista a el diario El Mundo que el Gobierno de Pedro Sánchez iba a dejar «un pufo a cada español de 6.000 euros en deuda».

En Galicia dependen de la Xunta veintinueve fundaciones públicas, diecisiete agencias, quince sociedades mercantiles, once organismos autónomos y entidades de consulta, nueve consorcios, cuatro fondos de capital riesgo y dos entidades públicas empresariales. En total, 87 entes de administración paralela que, sin contar a grandes organismos como el Servizo Galego de Saúde, gestionan 1.737 millones de euros. Es decir el 14% del presupuesto del Gobierno autonómico del año 2020. Es un 7,7% más que los 1.568 millones que manejaron en 2019.

Cuando Feijóo accedió a la Presidencia de la Xunta en 2009 prometió acabar con lo que él mismo denominó «chiringuitos». Y aunque es cierto que bajo sus gobiernos el número de esas entidades se redujo en un 15%, el informe del Consello de Contas alerta de que lo relevante no es tanto cuántas son sino el dinero que cuestan, y que las transferencias y subvenciones de la Xunta han seguido creciendo, y, con ellas, el peso relativo de esos organismos en la gestión del dinero público.

«El argumento empleado para justificar la creación de entidades instrumentales fue conseguir una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos», dice el documento, que también recoge la tesis de que su proliferación esta ligada «a la huida del derecho administrativo en los procesos de contratación, a la mayor discrecionalidad en las políticas de personal, a la relajación de los controles y a la elusión de los límites al endeudamiento«.

Con respecto a esto último, el informe detalla que la deuda de esos entes alcanzó en 2020 los 557,8 millones de euros. El Consello de Contas matiza que se trata de un nivel bajo de endeudamiento, pero advierte de que las entidades instrumentales gallegas se nutren casi en exclusiva del presupuesto público dada su incapacidad para generar recursos propios y cumplir con sus acreedores, lo que obliga a la Xunta, de nuevo, a inyectarles más capital para amortizar esas deudas cuando no pueden pagarlas.

3/8/22 Feijóo asiste a la toma de posesión del conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos, en octubre del año pasado
Feijóo asiste a la toma de posesión del conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos, en octubre del año pasado.  Xunta de Galicia

Los mayores deudores son el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que gestiona la política de vivienda de la Xunta; la sociedad anónima Xestur, promotora inmobiliaria y para la gestión del suelo industrial y en la que participa el IGVS; la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que gestiona los medios públicos de la comunidad, y la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), una empresa pública mixta de gestión medioambiental participada al 51% por la Xunta y al 49% por la eléctrica privada Naturgy.

El informe se muestra crítico con la falta de transparencia y de control financiero y contable del que adolece la administración paralela de la Xunta, con una plantilla que asciende ya a más de 8.000 personas con un coste medio por empleado de más de 37.700 euros al año. En el caso de las fundaciones públicas, el coste por trabajador se eleva a más de 57.200 euros anuales, y a casi 50.000 euros en el caso de las sociedades públicas.

El Consello de Contas cuestiona especialmente la proliferación de agencias, una apuesta de los gobiernos de Feijóo que «se aleja de la línea seguida por la Administración del Estado y otras comunidades autónomas», según el Consello de Contas. Buena parte de las políticas públicas de la Xunta, explica la institución fiscalizadora, se aplican a través de agencias, una figura reservada por ley para la ejecución de programas específicos ligados al cumplimiento de objetivos predeterminados.

En Galicia, sin embargo, esos organismos ejecutan estrategias tan diversas y de carácter tan general como la promoción económica, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras, los servicios sociales, el desarrollo rural, las industrias culturales y forestales, las emergencias, la modernización tecnológica, la innovación, el turismo, las donaciones de sangre, órganos y tejidos, la calidad alimentaria, los servicios sociales…

En el caso de las empresas públicas, el Consello subraya que su escaso nivel de generación de ingresos propios hace dudar de que las actividades que desarrollan «sean realmente empresariales o mercantiles». Y en cuanto a las fundaciones, recuerda que su dependencia del Tesoro autonómico es superior al 75%, lo que «evidencia la incapacidad para usar el modelo según su verdadera esencia, que no es otra que la de incentivar la participación de la financiación privada en actividades de interés general».

Por último, el informe reprocha que la Xunta no haya puesto en marcha el registro de entidades de administración paralela doce años después de la aprobación de la ley de organización y funcionamiento de la Administración general y el sector público de Galicia, con la que Feijóo dijo en 2010 haber cumplido su promesa de regular los «chiringuitos».

El Consello de Contas advierte de que la carencia de ese registro no sólo «convierte a Galicia en una excepción en España», sino que dificulta además el control de las entidades instrumentales «e introduce un riesgo potencial derivado de la falta de aplicación de sus obligaciones legales».

Público ha preguntado por estas cuestiones a la Consellería de Facenda e Administración Pública, que dirige Miguel Corgos, para obtener una valoración de la Xunta sobre el informe del Consello de Contas de Galicia. Al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.