Según información del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, que dirige la consellera Teresa Jordà, ésta será la primera energética pública del Estado, impulsada por un gobierno autonómico, que se dedicará a la gestión y producción de energía eléctrica para el consumo. A pesar de que en las Illes Balears se había hablado de un proyecto, finalmente se han limitado a la creación de un ente -una Agencia pública- equiparable al Institut Català de l’Energia como el que la Generalitat ya dispone desde hace bastante tiempo.

También será muy diferente a las energéticas públicas existentes en el mundo municipal como Barcelona Energia, una empresa creada por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, las empresas se dedican básicamente a la comercialización. En el de la Generalitat el modelo y la dimensión carecen de precedentes y sería equiparable a las empresas energéticas privadas que además de comercializar, gestionan centros de producción de electricidad. Pero en el caso de la energética pública catalana, centrada exclusivamente en energías renovables.

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Energía renovable en espacios de poco interés para las privadas

Así, la empresa pública, según fuentes del Govern, inicialmente se centrará en la generación de electricidad como objetivo prioritario con sistemas de energías renovables y de entrada aparcará la comercialización que realizarán «las empresas existentes en estos momentos en el mercado».

Las empresas que optarán a la comercialización tendrán que cumplir requisitos, por ejemplo un porcentaje importante de sus clientes tendrán que ser instituciones públicas. Con este porcentaje, que el Govern fijará para la contratación del servicio de comercialización, se quiere garantizar que la electricidad producida por la empresa pública revierta en Ayuntamientos y otras administraciones.

Respecto a las nuevas instalaciones para la generación energética, la nueva empresa se centrará «en la generación de energía renovable en espacios públicos o en aquellos en los que el mercado tradicional ha decidido no apostar por ellos, pero que son susceptibles de generar energías renovables». Estos posibles espacios en los que los grandes promotores energéticos no invierten -porque en principio son menos rentables- incluyen edificios públicos, infraestructuras, carreteras, embalses o canales.

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«Se trataría de aprovechar los espacios antropizados -como techos de edificios públicos o espacios ocupados por infraestructuras de regadío que pueden ser cubiertos por placas solares- que ya están alterados desde el punto de vista paisajístico, para destinarlos a la producción de energías renovables«, explica el Govern.

Las centrales hidroeléctricas, bajo control público

Una pieza clave de la nueva empresa energética de la Generalitat será la asunción de infraestructuras generadoras de electricidad ya existentes, como las centrales hidroeléctricas. Se prevé la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica o la participación en plantas de energía renovables ya existentes, especialmente centrados en la «energía solar», aunque también se potenciará la «biomasa y la geotérmica».

Pero la asunción del control de centrales hidroeléctricas supondrá que la nueva empresa pueda realizar funciones de suministro eléctrico en un corto tiempo a partir de su puesta en marcha en octubre. El principal ejemplo es el control que ejercerá la nueva empresa energética pública de tres centrales hidroeléctricas.

Según el Govern será la nueva energética pública quien ejerza la gestión pública de las infraestructuras

En este sentido, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha iniciado expedientes para revertir o extinguir las concesiones de tres hidroeléctricas situadas en Sant Quirze de Besora (comarca barcelonesa de Osona), Ripoll (comarca del Ripollès en Girona) y Bescanó (comarca del Gironès en Girona). Según el Govern será la nueva energética pública quien ejerza la gestión pública de estas infraestructuras. Aunque en algún caso será más adelante porqué la concesión tiene un plazo todavía vigente, pero también se han iniciado los trámites para pasar a control público.

En el caso de la toma de Sant Quirze de Besora, la concesión finaliza el 30 de julio de 2024, pero la ACA ya ha comunicado el inicio del expediente y ha requerido toda la documentación al titular. Por lo que respecta a la central hidroeléctrica de Ripoll, ha comenzado el proceso para la finalización y extinción del plazo concesional. Según el Govern, la concesión de Ripoll fue otorgada para un período de 75 años desde la puesta en servicio. Ahora, el Departament d’Acció Climàtica ha podido acreditar documentalmente que este aprovechamiento está en funcionamiento, como mínimo, desde del año 1946, por lo que ya ha transcurrido la totalidad del período establecido.

En el caso de la central hidroeléctrica Vilana en Bescanó, también se ha iniciado un expediente de extinción por incumplimiento reiterado de las condiciones ambientales de la concesión, después de diversas sanciones entre los años 2008 y 2021 por «el incumplimiento reiterado» del caudal del río.

Asimismo, la ACA tiene previsto revisar todos los expedientes de las concesiones hidroeléctricas en los ríos de las cuencas internas de Catalunya (aquellos ríos que no dependen del a Confederación Hidrográfica del Ebro) y comprobar la vigencia de las concesiones y el cumplimiento de los caudales ambientales.

Según el Ejecutivo catalán, las centrales hidroeléctricas generan hoy, según la pluviometría anual, entre el 50% y el 70% de la producción eléctrica renovable y entre el 8% y el 13% de la producción eléctrica total de Catalunya.

El exdiputado Ferran Civit al frente del proyecto

El grupo de trabajo que impulsa el plan para la creación de la energética pública catalana depende de la Direcció General d’Energia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. El exdiputado de ERC y experto en temas de sostenibilidad, Ferran Civit, ha dirigido el estudio previo para la puesta en marcha y muy probablemente podría hacerse cargo de la dirección de la nueva empresa.

Según fuentes del Govern, «la energética pública será un elemento clave del nuevo modelo propio para acelerar la transición energética en Catalunya». El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030 y llegar a la neutralidad de emisiones de carbono en 2050. «Es un modelo energético distribuido, democrático, con cohesión territorial y participado por la ciudadanía», aseguran.

Por este motivo, «es fundamental disponer de un instrumento público con capacidad inversora en la generación eléctrica, la distribución, los servicios de recarga del coche eléctrico, los servicios de almacenamiento, los servicios de agregación de demanda flexible y los servicios de comercialización ligados a estos nuevos modelos económicos» apunta el plan del Ejecutivo catalán.

El Gobierno contempla esta medida como la forma de vehicular la participación de la Administración en la propiedad de nuevas plantas de generación renovable, y ayudar y participar en el desarrollo de comunidades energéticas renovables y ciudadanas; entrar en la gestión pública de las centrales hidroeléctricas de las que caduquen sus concesiones, y participar en la gestión de los servicios de recarga de vehículos eléctricos.

El acuerdo de investidura con la CUP

La constitución de una eléctrica pública forma parte del acuerdo de investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat firmado entre ERC y la CUP. El acuerdo establece la «creación de una energética pública para recuperar a control público la energía, capaz de incidir en todas las fases del sector eléctrico, para poder definir y planificar el modelo de transición energética». Y «trabajar para la recuperación de las hidroeléctricas con concesiones caducadas y las que finalicen en los próximos años».

Otro pilar clave de la estrategia energética del Govern en Catalunya es el fomento de la generación y el almacenamiento de energía por parte de la ciudadanía, las administraciones públicas, los hogares, las pymes o las entidades del tercer sector, que podrán optar hasta diciembre de 2023, a alrededor de 115 millones de euros en ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Buenos resultados en Barcelona Energia

Por su parte, el modelo de creación de empresas energéticas públicas se extiende por el ámbito municipal y destaca la del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque con una dimensión y objetivos muy diferentes que la empresa que proyecta la Generalitat, Barcelona Energia, la comercializadora pública de electricidad 100% renovable participada por el Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha cerrado el último ejercicio con un crecimiento de clientes del 38%.

La tendencia al alza ha supuesto alcanzar los más de 10.200 puntos de suministro en abril de 2022. En esta línea destaca el incremento de usuarios privados y de empresa después de que, en este último año, el acumulado de los puntos privados ha sido de un 103% superior a 2020, lo que supone doblar la cartera de clientes por tercer año consecutivo. La parte de usuarios privados registró un aumento del 89%, mientras que la de empresas fue del 483%.

Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia, el organismo encargado de la fiscalización económica, financiera y contable del la Administración gallega y de la prevención de la corrupción en el sector público autonómico.

El documento fue publicado el pasado viernes 29 de julio, sólo un día antes de que el expresidente de la Xunta y líder del Partido Popular asegurara en una entrevista a el diario El Mundo que el Gobierno de Pedro Sánchez iba a dejar «un pufo a cada español de 6.000 euros en deuda».

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En Galicia dependen de la Xunta veintinueve fundaciones públicas, diecisiete agencias, quince sociedades mercantiles, once organismos autónomos y entidades de consulta, nueve consorcios, cuatro fondos de capital riesgo y dos entidades públicas empresariales. En total, 87 entes de administración paralela que, sin contar a grandes organismos como el Servizo Galego de Saúde, gestionan 1.737 millones de euros. Es decir el 14% del presupuesto del Gobierno autonómico del año 2020. Es un 7,7% más que los 1.568 millones que manejaron en 2019.

Cuando Feijóo accedió a la Presidencia de la Xunta en 2009 prometió acabar con lo que él mismo denominó «chiringuitos». Y aunque es cierto que bajo sus gobiernos el número de esas entidades se redujo en un 15%, el informe del Consello de Contas alerta de que lo relevante no es tanto cuántas son sino el dinero que cuestan, y que las transferencias y subvenciones de la Xunta han seguido creciendo, y, con ellas, el peso relativo de esos organismos en la gestión del dinero público.

«El argumento empleado para justificar la creación de entidades instrumentales fue conseguir una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos», dice el documento, que también recoge la tesis de que su proliferación esta ligada «a la huida del derecho administrativo en los procesos de contratación, a la mayor discrecionalidad en las políticas de personal, a la relajación de los controles y a la elusión de los límites al endeudamiento«.

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Con respecto a esto último, el informe detalla que la deuda de esos entes alcanzó en 2020 los 557,8 millones de euros. El Consello de Contas matiza que se trata de un nivel bajo de endeudamiento, pero advierte de que las entidades instrumentales gallegas se nutren casi en exclusiva del presupuesto público dada su incapacidad para generar recursos propios y cumplir con sus acreedores, lo que obliga a la Xunta, de nuevo, a inyectarles más capital para amortizar esas deudas cuando no pueden pagarlas.

Los mayores deudores son el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que gestiona la política de vivienda de la Xunta; la sociedad anónima Xestur, promotora inmobiliaria y para la gestión del suelo industrial y en la que participa el IGVS; la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que gestiona los medios públicos de la comunidad, y la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), una empresa pública mixta de gestión medioambiental participada al 51% por la Xunta y al 49% por la eléctrica privada Naturgy.

El informe se muestra crítico con la falta de transparencia y de control financiero y contable del que adolece la administración paralela de la Xunta, con una plantilla que asciende ya a más de 8.000 personas con un coste medio por empleado de más de 37.700 euros al año. En el caso de las fundaciones públicas, el coste por trabajador se eleva a más de 57.200 euros anuales, y a casi 50.000 euros en el caso de las sociedades públicas.

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El Consello de Contas cuestiona especialmente la proliferación de agencias, una apuesta de los gobiernos de Feijóo que «se aleja de la línea seguida por la Administración del Estado y otras comunidades autónomas», según el Consello de Contas. Buena parte de las políticas públicas de la Xunta, explica la institución fiscalizadora, se aplican a través de agencias, una figura reservada por ley para la ejecución de programas específicos ligados al cumplimiento de objetivos predeterminados.

En Galicia, sin embargo, esos organismos ejecutan estrategias tan diversas y de carácter tan general como la promoción económica, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras, los servicios sociales, el desarrollo rural, las industrias culturales y forestales, las emergencias, la modernización tecnológica, la innovación, el turismo, las donaciones de sangre, órganos y tejidos, la calidad alimentaria, los servicios sociales…

En el caso de las empresas públicas, el Consello subraya que su escaso nivel de generación de ingresos propios hace dudar de que las actividades que desarrollan «sean realmente empresariales o mercantiles». Y en cuanto a las fundaciones, recuerda que su dependencia del Tesoro autonómico es superior al 75%, lo que «evidencia la incapacidad para usar el modelo según su verdadera esencia, que no es otra que la de incentivar la participación de la financiación privada en actividades de interés general».

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Por último, el informe reprocha que la Xunta no haya puesto en marcha el registro de entidades de administración paralela doce años después de la aprobación de la ley de organización y funcionamiento de la Administración general y el sector público de Galicia, con la que Feijóo dijo en 2010 haber cumplido su promesa de regular los «chiringuitos».

El Consello de Contas advierte de que la carencia de ese registro no sólo «convierte a Galicia en una excepción en España», sino que dificulta además el control de las entidades instrumentales «e introduce un riesgo potencial derivado de la falta de aplicación de sus obligaciones legales».

Público ha preguntado por estas cuestiones a la Consellería de Facenda e Administración Pública, que dirige Miguel Corgos, para obtener una valoración de la Xunta sobre el informe del Consello de Contas de Galicia. Al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.

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