La Sala de lo Penal ha inadmitido el recurso del donostiarra y confirma los diez delitos por los que fue condenado: agresión y abusos sexuales y pornografía infantil a modelos.
Imagen de archivo del escudo de España en la fachada del edificio del Tribunal Supremo, en Madrid a 29 de noviembre de 2019. —Jesús Hellín/EUROPA PRESS
La Sala de lo Penal del Supremo ha confirmado la condena de 28 años y dos meses de prisión impuesta al fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo por un delito de agresión sexual, otro de abuso sexual, seis de pornografía infantil y dos de estafa a siete modelos, a las que realizó fotografías que posteriormente fueron difundidas en su página web.
El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que le consideró responsable de estos diez delitos por los que, además de la pena de prisión, le impuso el pago de una indemnización de 116.000 euros a las mujeres víctimas, y le absolvió de 217 delitos de los que estaba acusado. La sentencia recurrida fijó un máximo de cumplimiento efectivo de 20 años.
La sentencia explica que no procede en este caso la aplicación de la ley del solo sí es sí, que en cualquier caso resultaría inocua, pues aún con las rebajas interesadas por el acusado, el tiempo máximo de cumplimiento establecido en el artículo 76 del Código Penal, no variaría.
En su recurso, el fotógrafo donostiarra negaba la existencia del delito de pornografía infantil, alegando que los padres de las modelos conocían su trabajo profesional, dado su reconocimiento social en la ciudad de San Sebastián, y que con su consentimiento expreso y previo las fotografías fueron tomadas dada su naturaleza artística y sin ninguna finalidad sexual, sino «meramente sensual y estético».
El tribunal se opone a este argumento y responde que las fotografías no solo de desnudos frontales, sino primeros planos de la vulva de la menor, inciden directamente en la definición normativa de pornografía infantil, «donde la finalidad sexual, no sólo resulta de la inferencia autónoma de esas imágenes, sin otra finalidad racionalmente previsible; tanto más, cuando resultan acompañadas a grabaciones donde dos menores con el tronco desnudo, parecen acariciarse o un varón le toca el pecho a una chica».
La Sala considera acreditada también la agresión sexual cometida sobre una de las víctimas a las que según los hechos probados grabó vídeos y tomó fotografías mientras le introducía los dedos en la vagina, el pene o un juguete sexual.
El Hospital Isabel Zendal fue la gran obra de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero sus resultados, como era de prever, no están siendo los prometidos. Lo cierto es que se ha convertido en una gran estructura que apenas sirve para lo que fue construido y casi no alberga pacientes.
El presidente de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Daniel Bernabéu, intervino en Todo es Mentira para criticar los recursos que se han destinado para crear un hospital que no cumple su función y que obliga a cambiar la normativa de todos los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid porque no la cumple.
El presidente de Amyts ha criticado que el Zendal fuese construido después de la peor parte de la pandemia y se le otorguen méritos que deberían ser atribuidos a las zonas habilitadas en Ifema para paliar la covid.
Además, ha criticado que es una infraestructura limitada que obliga a cambiar la normativa sobre hospitales para cumplir el «casi capricho» de su construcción, cuando había otros centros que podían ser mejorados o rehabilitados.
«Si se quiere aprovechar es un almacén de oficinas, para logística. Se puede alquilar a Amazon. Es un edificio interesante que responde a ese patrón», ha criticado Bernabéu.
El comentario del presidente de Amyts se ha llevado la ovación tuitera, que han visto sus dotes de agente inmobiliario y secundan su propuesta de darle un uso verdaderamente útil al Zendal, dadas las circunstancias.
La orden fija unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su atención a medios en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, a 20 de enero de 2023. —Álex Cámara/EUROPA PRESS
«La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación«, reza la orden elaborada por el Gobierno andaluz que abre la veda a la privatización de la sanidad pública.
Su publicación este jueves supone un antes y un después en la historia de la sanidad andaluza, ya que permitirá los conciertos con la empresa privada en atención primaria, estableciendo una serie de tarifas –que asumiría el Servicio Andaluz de Salud– por disponer de sus servicios.
En concreto, la orden tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios.
La orden, cuyo borrador ha generado en las últimas semanas críticas tanto desde los grupos parlamentarios de la oposición de izquierdas al Gobierno andaluz del PP-A como por parte de sindicatos del sector sanitario, incluye un anexo con las tarifas máximas que se fijan para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio.
El anexo incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de conciertos, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde se fijan unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
Asimismo, el SAS fija una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta que se concierte para estancias de uno a siete días de duración, de 150 euros diarios para las que se prolonguen de ocho a 30 días, y de 125 euros para las estancias de más de 30 días.
El importe máximo que se fija para un día de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750 euros, y para estancias por casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas que oscilan entre los 200 y los 130 euros diarios según la duración de las mismas, en función de si se prolongan de uno a siete días, de ocho a 30 días o de más de 30 días.
Por otro lado, el anexo de la orden de tarifas también incluye precios por procedimientos de radioterapia y protonterapia, con importes máximos que oscilan entre los 42.000 euros que se contemplan para un tratamiento completo de protonterapia pediátrico con anestesia, y los 3.000 euros que el SAS podría pagar por concertar un tratamiento completo de radioterapia sin ingreso.
Históricamente, cuanto más avanza el feminismo, más dura es la reacción contra sus logros. La ultraderecha arremete constantemente contra los avances feministas. Pero ¿por qué lo hace? Lo cuenta Chema Molina.
La diputada y candidata de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha mostrado lo que ha llamado «la cara de la indecencia» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
‘Público’ ha accedido a los documentos oficiales que demuestran cómo un jovencísimo Villarejo, que ya era subinspector de Policía en 1975, cobró un premio en metálico de 25.000 pesetas por participar en una operación que acabó con el fusilamiento de tres detenidos que habían sido torturados en la Dirección General de Seguridad.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en un montaje con los documentos sobre la recompensa y condecoración que ganó en la operación policial contra el FRAP, en el verano de 1975. —Público
En el verano de 1975, el dictador Franco agonizaba pero el régimen daba señales de fortaleza aumentando la represión. Mano dura, endurecimiento de la ley antiterrorista y cargas policiales para reprimir las manifestaciones ilegales. En la Dirección General de Seguridad (DGS), en lo que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid, tenían mucho trabajo. Los agentes recién llegados a la Brigada Regional de Investigación Social aprendían con mucha rapidez de los veteranos el único método de investigación que tenía la policía política: las torturas.
Entre los más veteranos, Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño‘, conocido por su violencia hacia los detenidos. Y entre los alevines, José Manuel Villarejo, el alemán, como le llamaban los militantes antifranquistas por ser rubio y de tez sonrosada. Hoy se le conoce por los presuntos delitos que cometió para enriquecerse a través de las ‘cloacas del Estado’, pero en 1975, con 24 años, Villarejo era uno más entre los temibles agentes de la BIC (Brigada Central de Información Social), dirigida por el siniestro comisario Roberto Conesa, uno de los maestros de los policías torturadores del franquismo.
Propuesta de la Dirección General de Seguridad para una medalla al mérito policial para Villarejo. — Público
Precisamente, en el expediente de Conesa, al que ha podido acceder Público, constan los premios, las felicitaciones y condecoraciones de aquella primera época como policía de Villarejo, que ingresó en la Academia en 1972. Según esos documentos internos policiales, en el verano de 1975 era ya subinspector y por su participación en la operación de desarticulación del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, una organización de lucha antifranquista, le dieron una recompensa de 25.000 pesetas en metálico y recibió una felicitación pública. La Dirección General de Seguridad le propuso para la cruz al mérito policial con distintivo blanco.
Junto con Villarejo, otros 36 inspectores y subinspectores, cuatro secretarias y 10 policías armados (los llamados grises) recibieron su recompensa por aquella operación contra el FRAP desarrollada en julio y agosto de 1975 y que llevó al paredón de fusilamiento a José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanzel 27 de septiembre de 1975.
Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra. —Público
Un verano para olvidar
Julio Pacheco Yepes (Madrid, 1955) tenía cuatro años menos que Villarejo en el verano de 1975. «Enseguida le pusimos nombre al alemán, en cuanto comenzó a hablarse de sus escándalos y de sus grabaciones. Resulta que era el famoso comisario Villarejo», dice Pacheco a Público. Hace unos días ha interpuesto en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, una querella contra cuatro agentes de la BIC, entre ellos Villarejo, por crímenes de lesa humanidad en concurso real con delito de torturas. «He esperado a que saliera adelante la nueva ley de memoria democrática; podría haber una oportunidad de investigarse todo esto, aunque no soy muy optimista», confiesa.
Han pasado casi 48 años desde que Julio fue detenido, el 24 de agosto de 1975 a las 11 de la noche, y conducido a la Dirección General de Seguridad (DGS), donde durante siete días le molieron a palos, según su denuncia, esos cuatro policías y alguno más que no ha podido identificar. Por entonces estudiaba Biológicas en la Universidad Complutense y estaba afiliado a la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que formaba parte del FRAP. Hacía poco que se había afiliado al Partido Comunista Español Marxista Leninista y su tarea era repartir propaganda, poner carteles y hacer murales sobre la situación política. Tenía 19 años y una compañera que compartía sus inquietudes para traer la democracia a España.
Nada más llegar a la DGS, «viví momentos de terror, pero me mentalicé de que tenía que aguantar, no hablar, no delatar a nadie, que la cadena de detenciones se parara en mí», recuerda. Para hacerle hablar y que confesara que él era el «jefe de un comando», a Julio le llevaron a donde estaban torturando a su compañera, para que se quebrara. «La vi, tan pequeñita, de rodillas, mientras un policía gigantesco le daba golpes con la porra en las plantas de los pies».
Aquello le dio más fuerza, reconoce. «Hay que aguantar, ser más fuertes que ellos, no gritar, no quejarme delante de ellos». Durante los tres primeros días permaneció en el piso de arriba de la DGS, en los despachos, esposado a un radiador. «No tengo noción de haber comido, ni bebido nada durante ese tiempo», dice.
Después le bajaron a los calabozos y le hicieron la ficha, y comenzó el periplo de verdad. «Estás en sus manos, pueden hacer lo que quieran contigo. Me daban golpes en las plantas de los pies, que es muy doloroso. Los tuve hinchados después casi un mes. Y me hacían la rueda, que es una técnica en la que el detenido gira como una peonza en el suelo y, uno a uno, los policías, en círculo, le van dando golpes: uno te da una patada, otro con la porra, etc. Uno de los de las ruedas era Villarejo —indica Julio Pacheco—. Él no me llegó a interrogar, era un policía mayor que no he podido identificar».
Pasados los siete días, llegó una comitiva militar y le leyó los cargos en su contra: terrorismo. Le trasladaron a la cárcel de Carabanchel, donde permaneció tres meses, hasta que el Tribunal de Orden Público (TOP) le puso en libertad con otros cargos más laxos, asociación ilícita y propaganda ilegal, y una fianza de 30.000 pesetas. Nunca se llegó a celebrar el juicio contra Julio Pacheco.
Una denuncia por malos tratos archivada
Uno de los 36 detenidos durante la operación contra el FRAP aquel verano denunció malos tratos recibidos en la DGS; entonces, en el contexto de la dictadura, esto era una falta y no un delito ni mucho menos un crimen de lesa humanidad. Público ha podido localizar de esa denuncia en el expediente de Conesa, contra quien iba dirigida además de otros funcionarios policiales: Carlos Domínguez, Álvaro Valdemoro de Lara y Pedro Polo García. La denuncia era por los mismos hechos denunciados ahora por Julio Pacheco Yepes, aunque contra otros agentes —el único que coincide es Valdemoro de Lara—.
Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra. —Público
«En mi caso fueron cinco a seis policías los que me torturaron. He podido identificar a algunos gracias a la denuncia que este compañero puso en su día y que se archivó. Y también gracias al libro La secreta de Franco, de Pablo Alcántara, donde expone muchísimos nombres de los policías políticos», cuenta Pacheco. En su caso, los denunciados son además de Villarejo y Álvaro Valdemoro de Lara, José María González Reglero y José Luis Montero Muñoz.
Respecto a la recompensa que recibieron los agentes que le torturaron, Julio Pacheco asegura que le da «asco». «Mi padre, que trabajaba en una fábrica, cobraba 8.000 pesetas al mes en 1975. Imagina lo que suponían las 25.000 pesetas que se llevó Villarejo. Esta gente eran mercenarios». De hecho, en el expediente del comisario Conesa constan multitud de recompensas por operaciones policiales y medallas desde que en 1939 ingresó en la Brigada Político Social, tras participar en varios juicios sumarísimos que llevaron a la muerte a los procesados por ser adeptos a la II República, hasta su jubilación en 1979.
