El drama de las listas de espera en Galicia: la historia de Miguel Ángel

Manifestación en defensa de la Sanidad Pública en Galicia — Álvaro Ballesteros / Europa Press / ContactoPhoto

Deteriorar lo público para engordar lo privado, la marca de agua de las políticas neoliberales


En esta recta final de la campaña electoral gallega, desde el Partido Popular de Galicia y la derecha mediática se recurre al fantasma de ETA, para desviar la atención sobre las muchas carencias de la gestión de la Xunta de Galicia.

La sanidad ha ocupado un lugar importante en esta campaña. Se han sacado a la luz las costuras de una gestión nefasta, con la peor atención primaria de España, listas de espera manipuladas y pacientes “tirados” en camillas en los pasillos de los hospitales. Casualmente, desde la Consellería de Sanidade se ha publicitado a bombo y platillo a escasos días de la cita electoral que, a partir de la próxima semana, estará activa la página web del nuevo Observatorio Galego de Saúde Pública, un espacio donde ofrecerá a la ciudadanía «datos abiertos» sanitarios de todo tipo, incluidas las listas de espera. Habrá que esperar a votar para poder conocer los datos y si están o no manipulados.

En el debate entre candidatos y candidatas a presidir la Xunta, celebrado el pasado 5 de febrero, la candidata de Podemos Galicia sacó a colación el caso de un gallego enfermo de cáncer, que tuvo que esperar seis meses para que le fuera realizada una biopsia por el SERGAS. Ese enfermo tiene nombre y apellidos, se llama Miguel Ángel Lage Martínez; he tenido la ocasión de poder hablar con él para escuchar su desgarradora historia, porque detrás de los datos hay personas que sienten y sufren.

Miguel Ángel es un gallego de Fene (A Coruña) de 52 años. Tras siete años trabajando en Catalunya regresó a su tierra natal a finales de 2019, al serle concedida una incapacidad. En el verano de 2023 empezó su calvario. Tras realizarse una analítica el 24 de julio, cuyos resultados fueron colgados en la web del SERGAS el día 31 de ese mismo mes, se le detectaron unos marcadores sospechosos.

Miguel Ángel, al conocer los resultados, le comunicó a su médico de cabecera que su padre tenía cáncer de próstata y que su madre había fallecido de un cáncer de tiroides, estaba preocupado. Pidió cita con el urólogo, que le fue concedida para un mes después de la analítica inicial. En un principio se le dijo que los marcadores y su malestar podían deberse a una estenosis o a un pinzamiento lumbar, pero dados sus antecedentes familiares se le prescribió una biopsia, una ecografía y una nueva analítica, quedando en lista de espera para las mismas.

El tiempo pasaba y las pruebas no llegaban. Miguel Ángel puso dos reclamaciones en el mes de septiembre de 2023, pidiendo acelerar el proceso para que le fueran practicadas las pruebas cuanto antes, siendo desestimadas ambas por considerar su caso como de “prioridad II”. Miguel Ángel llegó a plantearle a su médico la posibilidad de acudir a la sanidad privada para hacerse las pruebas, su medico del SERGAS le recomendó que esperara, y así lo hizo, porque a pesar de su inquietud quería ser atendido por la sanidad pública, la que financiamos entre todos con nuestras cotizaciones sociales.

Migue Ángel tuvo que esperar hasta el 17 de enero de 2024 por la biopsia, casi seis meses después de la analítica inicial. Los resultados confirmaron sus temores, se le diagnosticó un cáncer de próstata, con complicaciones por encontrarse el tumor cerca de la femoral, había que extirparlo quirúrgicamente por laparoscopia.

Pero aquí no termina al vía crucis, tras serle practicadas nuevas pruebas el 30 de enero, que confirman el diagnóstico, el día 6 de febrero Miguel Ángel recibe una llamada del SERGAS, comunicándole que debe ingresar el 12 de febrero para ser operado al día siguiente. Cuando Miguel Ángel parecía ver la luz al final del túnel, recibe una nueva llamada del SERGAS el 7 de febrero, en la que le comunican que se cancela la operación, le piden disculpas y le dicen que le llamarán en breve para comunicarle la fecha de la intervención.

El 15 de febrero Miguel Ángel acude nuevamente al urólogo, le atiende una profesional distinta del que le atendió la vez anterior, que se limitó a volverle a explicar lo mismo que el urólogo que le practicó la biopsia y a pedirle disculpas por la cancelación de la operación, achacándolo a que antes de operar hay que esperar a que baje la inflamación. Le transmite que le operarán lo antes posible, pero que no puede decirle una fecha concreta. Miguel Ángel aún tiene pendiente un TAC y una resonancia magnética solicitados desde el 25 de enero, la uróloga ni siquiera tenía conocimiento de que se hubiera solicitado un TAC.

Esta es la realidad de la sanidad pública gallega, detrás de la frialdad de los datos hay historias como la de Miguel Ángel, una persona abatida y desesperada por el abandono que está sufriendo. Ha llegado a tener dudas sobre si debió de acudir a la sanidad privada, las mismas dudas que comparten muchos otros gallegos que temen por su salud. Deteriorar lo público para engordar lo privado, la marca de agua de las políticas neoliberales.

Ojalá que después del 18 de febrero cambien las cosas, y Galicia tenga un gobierno decente que apueste por los servicios públicos como pilar del Estado del bienestar. Ojalá no vuelvan a suceder casos como el de Miguel Ángel. Desde aquí le mando ánimos y le deseo toda la suerte del mundo. Va por ti Miguel Ángel, muchas gracias por contarme tu historia.


Madrid –

El juez Manuel García-Castellón participando en un foro – YouTube

La conexión entre el juez de la ‘trama rusa’, García Castellón, Villarejo y la ‘operación Catalunya’ de las cloacas

‘La Vanguardia’ y ‘elDiario’ destacan la “proximidad” de Aguirre con las actividades de la trama policial corrupta del Ministerio del Interior de Rajoy y la “negativa” de García-Castellón a investigar “la guerra sucia contra Trapero”


Los diarios ‘La Vanguardia’ y ‘elDiario’ han destacado este viernes, en sendos artículos y tras una investigación conjunta, el “hilo conductor” de los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre, y lo han hecho partiendo de la denuncia presentada por el exmajor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero el pasado día 12 en la Fiscalía de Barcelona, tras publicar ‘La Vanguardia’ y ‘elDiario’ varias anotaciones del excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

‘La Vanguardia’ destaca que García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, y Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, son “los dos jueces que están condicionando el devenir de la negociación de la ley de amnistía” y que el hilo conductor entre ambos se resume en la “proximidad” de Aguirre con las actividades de la “trama policial corrupta” del Ministerio del Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy “con el objetivo común de imputar a Trapero en trapicheos con el narcotráfico” y en la “negativa” de García-Castellón a “investigar esas actuaciones ilegales” cuando los Mossos d’Esquadra las denunciaron ante él por ser el instructor del caso Tándem, en el que está imputado Villarejo, la persona más mediática de dicha trama.

“Tres policías, agentes de la autoridad en activo, todos imputados en un sinnúmero de piezas separadas precisamente por actividades ilegales vinculadas al chantaje, la extorsión y la manipulación de información, se reúnen, hablan sobre un plan ilegal contra un alto cargo de la policía catalana [Trapero] y el juez que lleva la causa principal [García-Castellón] considera que no hay motivos para pensar que el plan se llevó a cabo. Punto final”, destaca en su artículo el diario propiedad del Grupo Godó.

En la misma línea, ‘elDiario’ subraya que “contra la amnistía, además de diputados, partidos políticos y periódicos, también se han movilizado fiscales y jueces”, la mayoría de estos últimos, “a través de comunicados y protestas con togas a las puertas de los juzgados”, pero dos de ellos —García-Castellón y Aguirre—, “también a través de sus procedimientos contra Puigdemont”, al haber emprendido contra el expresident de Catalunya y líder de Junts “investigaciones por terrorismo y alta traición” que “amenazan con arruinar la medida de gracia que se negocia en el Congreso”.

El digital dirigido por Ignacio Escolar destaca que la denuncia de Trapero atribuye “a cada juez un papel”: a Aguirre, “su empeño en imputar a varios mossos por supuestos trapicheos con capos del narcotráfico que nunca se probaron”, y a García-Castellón, “su negativa a investigar desde la Audiencia Nacional la guerra sucia contra Trapero de la denominada policía patriótica que él mismo denunció para que se incorporasen a las piezas del caso Tándem que indagaba en las actividades delictivas del comisario Villarejo”.


Madrid –

Condenan a Donald Trump por caso de fraude financiero

En su sitio de redes sociales, Trump atacó el veredicto, Engoron y sus fiscales. “Esta

En su sitio de redes sociales, Trump atacó el veredicto, Engoron y sus fiscales. “Esta ‘decisión’ es una farsa completa y total. No hubo víctimas, ni daños, ni denuncias. | Foto: EFE

La cuantiosa multa se suma a una sentencia de 83,3 millones de dólares contra el expresidente en una demanda por difamación presentada por el escritor E. Jean Carroll.

Un juez de Nueva York ordenó este viernes a Donald Trump, sus hijos mayores y sus asociados pagar más de 350 millones de dólares luego de declararlos culpables de cometer intencionalmente fraude financiero durante una década.

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“Los fraudes encontrados aquí saltan de la página y conmocionan la conciencia”, escribió el juez Arthur Engoron en su decisión, quien prohibió a Trump y a otros dos ejecutivos desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier corporación o entidad en Nueva York durante tres años. Sus hijos, Eric y Donald Trump Jr, fueron suspendidos durante dos años.

“En general, Donald Trump rara vez respondió a las preguntas formuladas y con frecuencia intervino discursos largos e irrelevantes sobre cuestiones que iban mucho más allá del alcance del juicio. Su negativa a responder las preguntas directamente, o en algunos casos, a responder, comprometió gravemente su credibilidad”, escribió Engoron.

En su decisión, Engoron dijo que los «hechos y peritos de los acusados simplemente negaron la realidad, y los acusados no aceptaron la responsabilidad ni impusieron controles internos para evitar futuras recurrencias», y agregó que la «falta total de contrición y remordimiento de los acusados raya en lo patológico».

En su sitio de redes sociales, Trump atacó el veredicto, Engoron y sus fiscales. “Esta ‘decisión’ es una farsa completa y total. No hubo víctimas, ni daños, ni denuncias. Sólo bancos y compañías de seguros satisfechos (que ganaron un montón de dinero), GRANDES estados financieros, que ni siquiera incluían el activo más valioso: la marca TRUMP”, escribió.

La decisión dificultará que cualquier miembro de la familia Trump dirija el negocio en un futuro próximo. Los hijos adultos de Trump fueron multados con 4 millones de dólares cada uno. Eric Trump actúa como director ejecutivo de la Organización Trump.

La cuantiosa multa se suma a una sentencia de 83,3 millones de dólares contra el expresidente en una demanda por difamación presentada por el escritor E. Jean Carroll.

En reacción, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha estado investigando los negocios de Trump desde 2019. James elogió el fallo como una “gran victoria”. “No importa cuán grande, rico o poderoso seas, nadie está por encima de la ley. Ni siquiera Donald Trump”, dijo.

Los fiscales habían pedido a Engoron una prohibición de por vida junto con una multa de 370 millones de dólares, la cantidad que, según dijeron, Trump se había beneficiado después de mentir sobre su patrimonio neto y recibir tasas de interés más bajas de los prestamistas.

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