“Siempre hemos actuado dentro de la legalidad», se defiende la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, una de las denunciadas.
Escuchar a Dani Martín en directo, ver a los voladores teñir el cielo de colores desde el emblemático faro de Maspalomas, tomar champán Moët & Chandön en una cena de gala, desplazarte con un vehículo de alta gama y dormir en un hotel de cinco estrellas. Todo ello por medio millón de euros de dinero público. Esa fue la estampa que dejó la celebración del I Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional celebrado en Gran Canaria a finales de noviembre.
Lo que se presentaba como el primer gran evento acogido en Canarias en el que se reunirían altos funcionarios, representantes del Ministerio de Hacienda, catedráticos y magistrados terminó con una denuncia por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y un posible abuso en el ejercicio de su función. El evento pasó al imaginario colectivo por los vídeos de las fiestas que siguieron a las conferencias y por la procedencia del dinero con el que se pagaron: las arcas públicas.
El concejal de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana Alejandro Marichal, en la oposición, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra los alcaldes de San Bartolomé, Santa Lucía de Tirajana y contra las interventoras por el excesivo gasto público en la realización del evento. Las denunciadas son la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, la interventora del municipio, Tania Naya Orgeira, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García, y la interventora del mismo organismo, Noemí Naya Orgeira. Los cuatro se encargaron de organizar el citado congreso a través del Consorcio Sur de Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre.
Semanas antes y a raíz de la polémica con los vídeos de botellas de champán y el concierto de Dani Martín, Marichal pidió al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la información con los gastos desglosados. A pesar de que la administración tenía dos días hábiles para responder, tras un mes de espera, sigue sin obtener respuesta. Por su parte, Público ha pedido acceder a esos mismos desgloses, pero el Ayuntamiento asegura que “la información se está analizando”.
Lo que la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y una de las impulsoras del Congreso, Concepción Narváez, describe como «una inversión», fue tildado por el opositor como «un despilfarro» durante «tres días de lujoso desenfreno». El concejal Alejandro Marichal afirma que los gastos de un congreso en el municipio suelen estar en torno a los 80.000 euros. Sin embargo, este evento multiplicó por seis esa cifra.
¿A dónde fue el dinero?
Entre el 16 y 18 de noviembre el Hotel Riu Palace Maspalomas acogió lo que pretendía ser un espacio de diálogo para tratar, entre otras cosas, la sostenibilidad financiera, el déficit y la deuda pública y dar a conocer las nuevas novedades del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2023.
«El dinero ha estado invertido principalmente en el Congreso y en los actos del Congreso», declaró ante Televisión Canaria la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, cuando salieron a la luz los vídeos del evento. Ya en el pliego de prescripciones técnicas para la celebración del evento se podía prever la falta de austeridad con la que se organizó. El documento que marcaba las directrices exigidas pedía la contratación de un director artístico y las actuaciones de Cristina Ramos, La Oreja de Van Gogh o un grupo con características similares, la organización de una cena de gala y una fiesta de clausura ambientada en el carnaval.
En esta línea se extiende la denuncia: «Indican al personal con adscripción al área de festejos (en especial al empleado público Alfredo Domínguez) que realice actos preparatorios para la contratación de todo tipo de artistas de alto caché, total y como Cristina Ramos, Benito Cabrera, Dani Martín…», continúa.
Al mismo tiempo, para el hospedaje la misma denuncia afirma que se alojó a una veintena de ponentes y sus acompañantes. En este punto, también aseguran que dos pubs fueron avisados para que las consumiciones de los invitados fueran facturadas a cargo de la organización. «Disfrutar de sus extravagancias, y un sinfín de caprichos, antojos y homenajes ajenos a lo que es un encuentro formativo de funcionarios de la administración local».
Para la celebración de la cena de gala se exigía, en este mismo pliego, que los artículos y las consumiciones que se ofrecieran al público deberían ser «óptimas en atención a la tipología del servicio [cena de gala] y al número de asistentes». Por ejemplo, las botellas de champán Moët & Chandön escogidas para el evento rondan los 43 euros la unidad. Además se pidió al personal que fuera vestido de gala y que se transportara a los asistentes, para ello se eligió la marca de alta gama Audi.
A la cena de gala se sumó la fiesta de cierre del acto que tuvo lugar el 18 de noviembre y para la que se exigía como requisitos mínimos un servicio de catering, barra libre hasta las doce de la noche, la presencia de una comparsa, orquestas e incluso de la reina adulta del carnaval.
El hermetismo denunciado por la oposición pone sobre la mesa dudas que aún no se han resuelto. Cuánto dinero fue destinado para trasladar en avión a los asistentes, bajo qué régimen y motivo se alojaron a los acompañantes, el caché y el total de artistas contratados durante los tres días son algunas de estas cuestiones. Así como si la cifra de gasto del evento superó el medio millón de euros puesto que tanto el Patronato de Turismo como el Cabildo de Gran Canaria aparecen también como patrocinadores en el evento.
Por este motivo, en la denuncia también se citan posibles testigos para proceder con la investigación como el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales o el presidente del Patronato de Turismo, Carlos Álamo.
Dudas en la licitación
El contrato para la gestión del evento se firmó entre el Consorcio Sur de Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre y la mercantil R.S Sonocom SL, la única que se presentó a la licitación. Fue negociado sin publicidad, no se presentaron otras empresas y se tramitó de forma urgente. En la denuncia que ahora espera la respuesta de la Fiscalía Provincial de Las Palmas se acusa a los alcaldes y a las interventoras de ambos municipios de haber orquestado un «paripé administrativo».
Según esta teoría, la adjudicación se realizó con el objetivo de conceder a Sonocom la licitación, después de haber pedido a la empresa que adelantase el dinero para las reservas de actuaciones o alimentación. «Sin proyecto previo, sin presentación de oferta en firme, sin documentación acreditativa del servicio, adjudican un contrato de servicios para ejecutar algo que ya estaba ejecutado», acusa la denuncia a Fiscalía.
El texto presentado por el representante de Coalición Canaria en el consistorio insiste en que las interventoras de ambos ayuntamientos, que además son hermanas, están encargadas de fiscalizar toda la actividad presupuestaria de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana. «Se ubican en la cúspide del organigrama municipal, con puestos directivos y sin cuya firma no puede abonarse ni un solo pago a terceros», señala el texto al que ha tenido acceso Público.
Otro de los puntos destacados en la denuncia presentada en Anticorrupción es la decisión de los Ayuntamientos de organizar el evento a través del Consorcio Sur de Televisión, donde Tania Naya Orgeira es interventora, Noemí Naya Orgeira es tesorera y el presidente es también el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco José García López. «Es una entidad concesionaria de un servicio de retransmisión televisiva en desuso, con escasa actividad en materia de contratación y sin personal propio para desarrollar actividades de servicios como el que se pretendía por las denunciadas», recoge la acusación.
En este punto, se señala a ambas hermanas y a los dirigentes de los dos Ayuntamientos como responsables de las transferencias realizadas desde las cuentas de ambos consistorios hasta la del Consorcio de Televisión por un total de 500.000 euros. «Siempre hemos actuado dentro de la legalidad. Esto no deja de ser una campaña de desprestigio político contra mí, contra mi persona para eliminarme del ámbito electoral», se defendió la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez.
En esta línea la oposición cuestiona por qué no se realizó la celebración del evento contando con los diferentes organismos relacionados con las administraciones locales. Como es el caso del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, la Federación Española de Municipios y Provincias o el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. En su denuncia el concejal de Coalición Canaria hace mención incluso a la Universidad de Verano de Maspalomas o al recinto Expo-meloneras que recoge diferentes congresos a lo largo del año.
