Las legaciones diplomáticas deben notificar a Exteriores la presencia de estos elementos antes del 1 de febrero.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2022, en Madrid. —Alejandro Martínez Vélez/EP
Las huellas del franquismo tienen los días contados en las legaciones diplomáticas españolas. Así lo ha comunicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha dado instrucciones «de obligado cumplimiento» a todas las embajadas y consulados de España para que procedan a retirar todo vestigio de carácter franquista que aún persista en estas dependencias, conforme a lo estipulado por la nueva Ley de Memoria Democrática.
En un telegrama a todas las legaciones diplomáticas españolas, al que ha tenido acceso Europa Press, Albares advierte de que conforme a la nueva norma no podrán usarse «enseres y elementos de cualquier naturaleza que contengan símbolos contrarios a la memoria democrática«. Esto incluye «elementos de ropa de cama, cristalería oficial, vajilla, cubertería y servicio de mesa destinados a las residencias oficiales que están amuebladas con cargo a los presupuestos» de Exteriores.
Por otra parte, todas aquellas embajadas, representaciones permanentes y consulados en los que haya «elementos consistentes en retratos, escudos, insignias, placas y otros objetos» que conforme a la ley puedan considerarse como franquistas deberán notificarlo a la Dirección General del Servicio Exterior antes del 1 de febrero de 2023, ofreciendo una «descripción física de los mismos, con fotografías y la indicación de la exacta ubicación».
A continuación, la Dirección General del Servicio Exterior hará llegar «instrucciones específicas» a las legaciones donde existan estos bienes, «una vez se decida su destino por el órgano competente» dado que, según explica el ministro, «podrían constituir fuentes secundarias de interés para el Centro Documental de la Memoria Histórica u otros archivos y museos».
Albares recuerda en su telegrama que la nueva ley considera «elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación (…) de la sublevación militar y de la Dictadura» y de quienes dirigieron y participaron «en el sistema represivo».
El ministro también aclara que su retirada, que deberá correr a cargo de Exteriores al ser la institución titular o propietaria de estos inmuebles, no será obligatoria solo en caso de que se trate de «elementos con singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del Patrimonio Histórico Español» o por razones arquitectónicas «cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble».
A priori, buena parte de los elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática que había en embajadas y consulados en todo el mundo ya deberían haber sido retirados antes de que esta norma entrara en vigor el pasado 21 de octubre, a tenor de lo que señala Albares en su telegrama.
El titular de Exteriores incide en que a raíz de la Ley de Memoria Histórica de 2007 –ahora derogada por la nueva–, desde el Ministerio se había venido dejando claro a través de órdenes circulares e instrucciones de servicio que los «modelos antiguos de determinados objetos» con esta simbología tenían que ser sustituidos, «remitiendo a los Servicios Centrales del Ministerio las piezas del modelo antiguo».
Además, se remite a sendos telegramas remitidos el 18 de diciembre de 2018 y el 25 de noviembre de 2020 por sus predecesores en los que «se dictaron una serie de instrucciones sobre los juegos o piezas de vajillas y cristalerías históricas, lápidas conmemorativas, escudos de fachada y elementos similares».
El ministerio público archiva las diligencias contra José Manuel Aranda, primer edil de Calatayud y senador conservador, y contra el marido de su hermana tras concluir que una facturación de más de 30.000 euros por llevar pleitos sin concurso previo durante cuatro años encaja en la normativa local.
El alcalde de Calatayud y senador por el PP, José Manuel Aranda, durante una comisión de la Cámara Alta. —PARTIDO POPULAR
Contratar en 24 ocasiones durante cuatro años y sin concurso previo al cuñado del alcalde para que defienda como abogado al Ayuntamiento no supone un episodio de negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades ni tampoco de prevaricación; o al menos no en Calatayud (Zaragoza), donde el alcalde y también senador José Manuel Aranda (PP) y el marido de su hermana, el abogado R. G. M., acaban de ver cómo la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha archivado las diligencias que abrió hace cuatro meses para determinar si se trataba de un caso de enchufismo.
De haber concluido que así era, el siguiente episodio habría sido una denuncia ante la Sala Segunda del Supremo, ya que el acta de senador confiere a Aranda la condición de aforado estatal, una situación que no va a darse salvo que alguien opte por denunciar el asunto en la vía judicial.
La denuncia, cuyo relato de hechos no se ve cuestionada en el auto de archivo ni tampoco lo fue por el propio Ayuntamiento de Calatayud durante la investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía zaragozana, exponía que el consistorio efectuó «una encomienda personal y directa» a R. G. M. para intervenir en «distintos procedimientos judiciales en defensa de los intereses» del consistorio «sin haber mediado ningún procedimiento de contratación, durante al menos los años 2019 a 2022″.
Esas contrataciones, añadía la denuncia, se produjeron «amparándose en la relación familiar existente, y sin mediar contrato alguno». La investigación de la Fiscalía ha constatado el segundo de esos datos, aunque el resultado de las pesquisas le lleva a no entrar si el primero pudo haberse producido.
Más de 30.000 euros por 24 pleitos en cuatro años
R. G. M., que dirige un despacho de abogados de cierto prestigio en la pequeña ciudad aragonesa, tuvo cierta relevancia mediática hace unos años al haber actuado como abogado de Francis Franco, nieto del dictador, durante una parte del proceso en el que este fue encartado por su presunta participación en un atentado a una patrulla de la Guardia Civil, asunto en el que fue exonerado por la Audiencia de Teruel tras una condena inicial en el Juzgado de lo Penal de esa provincia.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Público, entre abril de 2019 y mayo de 2022 el letrado giró al Ayuntamiento de Calatayud un total de 24 facturas por una cuantía bruta de 30.950 euros, aunque lo ingresos netos fueron de 25.842 una vez descontadas las retenciones del IRPF por valor de 5.108 euros.
Los servicios, a un ritmo de cuatro pleitos en 2019 (4.476 euros brutos), otros tantos un año después (5.808), 14 más (18.367) al siguiente y dos (2.299) en 2022, fueron facturados por R. G. M. como profesional independiente, no como servicios del despacho.
El grueso de ellos se ventilaron en la jurisdicción social o en la contencioso-administrativa, aunque en este caso con una vertiente laboral ya que muchos de ellos se centraban en asuntos de clasificación profesional y de salarios de trabajadores municipales tras la aprobación de una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo). La mayoría de estos últimos los perdió el consistorio bilbilitano.
«Queda excluida la pretendida comisión de un delito»
El «juicio inicial de valoración sobre el contenido de la denuncia» efectuado por la Fiscalía de Zaragoza concluye con el «archivo de las presentes diligencias de investigación, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante a reproducir su pretensión por vía judicial», a partir de un «informe técnico elaborado por la técnico responsable de la Unidad de Personal» del consistorio.
Ese dictamen concluye que «cuando el valor estimado del servicio de defensa del Ayuntamiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social que se solicita a cualquier despacho en cualquier procedimiento no exceda de 5.000 euros (…) no se requería ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional más allá de la propuesta de gasto firmada por la concejal-delegada y la presentación de la factura».
Es decir, que en el Ayuntamiento de Calatayud los responsables políticos tienen cobertura legal para contratar a dedo a cualquier abogado que vaya a cobrar menos de 5.000 euros, no se aclara si brutos o netos, por defender al consistorio en una de esas dos jurisdicciones.
«Excluida la exigencia de procedimiento específico, salta a la vista que también queda excluida la pretendida comisión de un delito«, señala la Fiscalía.
Otra investigación abierta sobre la gestión municipal
La decisión de la Fiscalía supone un respiro para Aranda en vísperas de la tradicional etapa de luchas internas en los partidos políticos que rodea la configuración de las listas para las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año, que se prevén especialmente tensas entre los conservadores aragoneses tras el carrusel de cambios orgánicos de los últimos tiempos.
Sin embargo, la que afectaba al alcalde y su cuñado no es la única investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Zaragoza sobre la gestión municipal en Calatayud.
Desde hace unos meses, y tras haberle transferido las pesquisas la Fiscalía Anticorrupción por motivos de competencia, el ministerio público indaga las relaciones que mantiene con el consistorio la empresa Transfer, especializada en señalización vial y en la que trabaja como jefe de producción el concejal de Movilidad, Héctor Sarria, también del PP.
Esa firma ha resultado adjudicataria de algunas contratas municipales y ha participado en la ejecución de otras como subcontratada, en muchos casos con el área que dirige el edil como responsable de la supervisión de esos trabajos.
Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o Irene Montero en España son la última muestra del peligro que corren nuestras democracias si no sabemos identificar a los fascistas que las amenazan. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Una investigación asegura que Karol Wojtyla no actuó con decisión en varios casos de abusos en Cracovia, una dinámica que se perpetuó durante su etapa como Papa, con casos tan escandalosos como los de Marcial Maciel, Karadima o la trama de Boston
Transmisión en 3D de la canonización de Juan Pablo II. Archivo EFE / Christian Escobar Mora
“Durante su misión como arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla sabía de sacerdotes que abusaban de niños y los ayudaba a evadir el castigo, incluso transfiriéndolos a otras parroquias”. Estas duras acusaciones pertenecen al periodista holandés Ekke Overbeek, quien durante años ha estado investigando documentos de la Iglesia polaca que, asegura, demostrarían que el futuro san Juan Pablo II encubrió agresiones sexuales a menores, y que lo siguió haciendo siendo Papa. Casos escandalosos como los de Marcial Maciel, el ex cardenal McCarrick o la protección en Roma del cardenal de Boston, Bernard Law, tras la publicación de ‘Spotlight’, impidiendo que fuera juzgado en Estados Unidos, así lo demuestran.
“Nunca fue parte de la solución, sino del problema”, constata el periodista, quien ha publicado un avance de su investigación en Nieuwsuur. El grueso de tres años de análisis de documentos de los servicios secretos de la dictadura polaca –la Iglesia del país tiene cerrados los archivos de la época hasta 2042– saldrán a la luz el año que viene en un libro que lleva por título Máxima culpa y que demuestra cómo Wojtyla tapó los casos de al menos cuatro sacerdotes. La Iglesia del país ha salido en tromba a defender al Papa polaco, elevado a los altares por Francisco en 2014 en una canonización exprés.
“Encontré casos concretos de sacerdotes que abusaron de niños en la archidiócesis de Cracovia, donde el futuro Papa era arzobispo. El futuro Papa lo sabía y, sin embargo, trasladó a esos hombres. Eso dio lugar a nuevas víctimas”, subrayó el investigador.
Uno de esos depredadores fue el sacerdote Eugeniusz Surgent, quien mantuvo correspondencia con el futuro Juan Pablo II durante su estancia en prisión y que, tras su salida, pudo seguir trabajando como sacerdote. Esta revelación tira por tierra los argumentos de los defensores de Wojtyla, que sostienen que el polaco solo comenzó a conocer casos de abusos en 1985, cuando recibió un informe de un sacerdote estadounidense, quien le alertó de lo que, casi dos décadas después, explotó en Boston. Las revelaciones de Overbeek demostrarían que, ya desde la década de los sesenta, el futuro Papa conocía de primera mano la existencia de abusos y tuvo la oportunidad de acabar con ellos de raíz. Y que no lo hizo.
Cultura del encubrimiento
Y es que, ante las denuncias de abusos, Wojtyla optó por transferir a los sacerdotes pederastas a otras parroquias, o con sus familias. En los casos más graves, instaba a los depredadores a pasar una temporada en un monasterio. Pero no eran sancionados con la expulsión del ministerio ni, mucho menos, denunciados ante las autoridades. La persecución de la Iglesia polaca durante la dictadura podría haber explicado algunas de esas actuaciones, aunque no justificarlas. Pero las decisiones posteriores de Wojtyla, ya siendo Juan Pablo II, confirman que la cultura del encubrimiento fue una constante de su pontificado.
La reacción, como casi siempre, vino tarde. Tal y como confirma Nieuwsuur, mientras Overbeek estaba dando los toques finales a su libro, la iglesia polaca se puso en contacto con las víctimas de Surgent, y anunció que se había decidido investigar la época. En Polonia, han sido varios miles de víctimas las que han denunciado abusos a menores. La Comisión Estatal creada en 2020 ha constatado cómo el 30% de los abusos perpetrados en el país tuvieron como responsable a un miembro de la Iglesia católica. Ni la diócesis de Cracovia ni la Santa Sede han querido participar en el reportaje del programa holandés.
Juan Pablo II amonesta a Ernesto Cardenal
“Casi todos los documentos que se han recopilado directamente sobre Wojtyla han sido destruidos, pero se lo menciona muy a menudo en otros que no lo fueron. Y si los pones todos juntos, son piezas de un rompecabezas que forman la imagen de cómo se manejó el abuso infantil por parte de los sacerdotes”, asegura Overbeek, quien sostiene que “el razonamiento de la Iglesia, de los defensores del Papa, se reduce al hecho de que él no lo habría sabido (de los abusos); que comprendió la gravedad de la situación muy tarde y que primero pensó que era un problema de Estados Unidos. Todos esos argumentos ahora pueden descartarse”.
La Iglesia polaca, en tromba en su defensa
Sin embargo, la prensa católica polaca ha salido en tromba a defender a su pontífice santo. Así, tal y como recoge Katholich.de, el diario Rzeczpospolita, de Varsovia ha dado recientemente un informe favorable a Wojtyla, recogiendo un caso de abusos datado en 1970 en el que el futuro Juan Pablo II tomó “todas las decisiones necesarias en aquel momento’: expulsión rápida de la parroquia, suspensión y orden de vivir en un monasterio hasta que se resolviera el asunto”.
Estos medios añaden que los documentos del servicio secreto del régimen comunista de la época “deben ser evaluados con cautela” . Por su parte, quien fuera postulador de la causa de canonización de Juan Pablo II, Slawomir Oder, ve las acusaciones de encubrimiento contra Karol Wojtyła cuando era arzobispo de Cracovia como “completamente absurdas”. Así lo ha destacado a la agencia de noticias católica polaca KAI en una entrevista en la que confirma que todas estas cuestiones fueron investigadas por la postulación.
Oder, quien también trabaja por la canonización de los padres de Wojtyla, rechaza cualquier acusación de que el Papa polaco favoreciera o escondiera bajo la alfombra los abusos sexuales a menores cometidos por parte de sacerdotes. Para él, estas acusaciones no son más que un intento de socavar la autoridad de Juan Pablo II que es comparable a la “eterna lucha entre el bien y el mal”. El postulador ve la mano del diablo que vuelve para luchar contra este Papa, que fue un “poderoso intercesor del pueblo ante Dios”.
Marcial Maciel, bendecido por Juan Pablo II
Lo cierto es que, junto al drama de la pederastia en la Iglesia, subyace una cuestión mucho más profunda, y que revela la dinámica de encubrimiento que se dio durante décadas en la institución a nivel mundial, y que tuvo en Juan Pablo II a su máximo exponente. Un Wojtyla que, durante años, ni hizo caso a las denuncias de abusos contra algunos de los máximos exponentes de la restauración conservadora tras la apertura del Concilio Vaticano II y que amparó a pederastas tan famosos como el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, al que llegó a llamar “apóstol de la juventud”.
Y es que, pese a que las acusaciones en su contra llegaron a Roma ya en 1988 (anteriormente, en 1954, siendo Papa Pío XII, ya habían aparecido denuncias que finalmente cayeron en el olvido), Juan Pablo II no quiso abrir expediente alguno contra Maciel. Hoy ambos han fallecido: el fundador de la Legión, como el mayor depredador de menores de la historia reciente de la Iglesia; el Papa polaco, como santo universal.
El caso de Maciel no fue el único. El líder del Sodalicio, Luis Figari, también campó a sus anchas durante años, como lo hizo Theodore McCarrick, uno de los cardenales más poderosos de Estados Unidos y al que Francisco arrebató la púrpura y hoy está siendo juzgado por tribunales norteamericanos.
Los Legionarios de Cristo tardaron más de tres décadas en reconocer los abusos de su fundador, protegido como en el caso de McCarrick por Juan Pablo II y su fiel secretario Estanislao Dzwisz, que hace pocos meses fue absuelto en una investigación sobre abusos en Polonia que amenazaba con implicar al propio Papa polaco.
La contrapartida, en ambos casos, era evidente: una fuerte financiación proveniente de México y Estados Unidos, y nuevas vocaciones sacerdotales para el proyecto de involución en la Iglesia católica. Roma cumplió, ninguno pisó la cárcel. El último ejemplo, el de los abusos de Nicola Corradi en el Instituto Próvolo de La Plata, declarados prescritos por la Justicia.
Fotografía de archivo del, entonces, cardenal Joseph Ratzinger con un grupo de guardas forestales con motivo de la festividad de la Ascensión en el exterior de la catedral de Munich, Alemania, el 8 de abril de 1997. EFE/Frank Maechler
En otros casos, como el de Fernando Karadima, uno de los formadores de buena parte del episcopado chileno, y abusador impune durante años, terminaron por juzgarse. Otros no corrieron con tanta suerte. Cuando en 2002 estalló el escándalo por la investigación del Boston Globe, que reveló miles de casos de pederastia y que llevó a la bancarrota a media iglesia católica de Estados Unidos, el cardenal de Boston, Bernard Law, dimitió de su cargo pero, en lugar de afrontar sus responsabilidades, viajó a Roma… y nunca regresó. La Santa Sede, primero con Juan Pablo II y después con Benedicto XVI, denegó las peticiones de extradición de la justicia norteamericana, y acabó muriendo entre los muros vaticanos.
Ratzinger, al banquillo
Wojtyla no es el único Papa acusado de encubrimiento. El mismo Benedicto XVI tendrá que declarar en las próximas semanas acusado de haber amparado a un cura pederasta cuando era arzobispo de Múnich, y se convertiría en el primer pontífice en sentarse en el banquillo por su potencial responsabilidad en los abusos de la Iglesia.
La polémica estalló en 2016 a raíz de las acusaciones de abusos contra el sacerdote Peter Hullermann, trasladado a la diócesis pastoreada por Ratzinger tras ser encontrado culpable de abusos en Essen. Ahora ha llegado a los tribunales, que tratarán de dilucidar si el Papa emérito aceptó la llegada del cura sabiendo las razones de su traslado, y determinará las posibles consecuencias civiles y penales de su posible encubrimiento. Ratzinger, de 95 años, en ningún caso podría entrar en prisión.
Al Rojo Vivo jugando a la equidistancia poniendo al mismo nivel a VOX y a Unidas Podemos con respecto a la «agresividad verbal». Un partido defensor de los Derechos Humanos y otro con integrantes neonazis en sus filas. No es muy difícil desmontar este discurso tramposo, vamos a verlo.
El 9 de marzo de 1762 fue ejecutado en Toulouse, en Francia, un padre de familia. El ejecutado era protestante y fue acusado de haber asesinado a uno de sus hijos por haberse convertido al catolicismo. Pero el juicio estuvo tan manipulado que hasta el mismísimo filósofo Voltaire montó un escándalo en Francia. Nos lo cuenta Nieves Concostrina en ‘Acontece, que no es poco’. FOTO: Getty Images
Si hay algo que a Isabel Díaz Ayuso le gusta más que las cañas y los atascos de madrugada es el victimismo. Ya no es solo el esperpento de la época de la pandemia, sino que su discurso sobre el «ensañamiento» con Madrid es ya tradición. Un sermón basado en vender que se discrimina a Madrid que causa tanta risa como pasmo en el resto de España.
Y ahora, con la elección de Sevilla y A Coruña como sedes de la Agencia Espacial y la Agencia de Inteligencia Artificial, la historia ha regresado. El vicepresidente de Ayuso, Enrique Ossorio, el que no ve a los pobres de Madrid y que asegura que los familiares de los muertos por covid en residencias ya lo han superado, ha vuelto a la carga.
En unas declaraciones difundidas también por las cuentas oficiales de la Comunidad de Madrid, Ossorio ha hablado nada menos que de «traición», «discriminación» y «falta de respeto».
Se da la casualidad de que las dos sedes han ido a parar a dos Comunidades gobernadas por el Partido Popular, por lo que sería interesante preguntar a los presidentes Alfonso Rueda y Juanma Moreno por esas palabras.
Curiosamente, en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco también ha criticado al Gobierno, mientras le han recordado que su Ejecutivo incumplió las bases.
Por no hablar del colmo de los colmos, del presidente de una Comunidad gobernada por el PP durante 35 años señalando a Pedro Sánchez por la despoblación de esa Comunidad.
En las redes no han podido evitar responder al nuevo caso de victimismo del Gobierno de Ayuso:
El Gobierno está en contra de ellos, los catalanes están en contra de ellos, Casado estaba en contra de ella, ahora los sanitarios también… Con todo el mundo en su contra no se sabe por qué no ha dejado ya la presidencia de la Comunidad de Madrid y se ha ido a ejercer su verdadera pasión, la presidencia de Tabarnia.
Giro político de EE.UU. sobre el conflicto ucraniano responde al desgaste que vive tanto el Ejército ucraniano como la OTAN en guerra con Rusia, dice un analista.
En una entrevista concedida este martes a la cadena HispanTV, el director del grupo de consultoría español Ekai Center, Adrian Zelaia, ha considerado que este reposicionamiento aparente de Estados Unidos para abogar por una solución para el conflicto entre Moscú y Kiev, seguramente responde a la constatación de la relación de la fuerza real sobre el terreno en la propia Ucrania.
El analista ha dejado claro que la estrategia de Rusia en la guerra de Ucrania se fundamenta en “el desgaste tanto de la propia Ucrania como el desgaste de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] en conjunto”, lo que ha llevado al final a una destrucción progresiva del Ejército de Ucrania.
“Pero no solo se trata de una destrucción del Ejército de Ucrania sino de un desgaste progresivo incluso de las reservas de armamento de la OTAN y el desgaste, muy evidente, de la propia economía europea”, ha remarcado Zelaia, aseverando que todo este contexto es el que está llevando a Estados Unidos a un reposicionamiento rápido de las posiciones respecto a la guerra en Ucrania.
Rusia no ve perspectivas de paz con Ucrania hasta que no logre sus objetivos
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha indicado este martes que Moscú por el momento no ve perspectivas de negociaciones para una posible solución al conflicto en Ucrania, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declarara más temprano que Washington desea que las conversaciones de Moscú y Kiev traigan una paz justa y duradera.
“Que el resultado sea una paz justa y duradera es algo con lo que se puede estar de acuerdo. Pero en cuanto a las perspectivas de algún tipo de negociaciones, por el momento no las vemos”, dice Peskov a la prensa.
Al ser preguntado sobre qué debería suceder para que Moscú vea dichas perspectivas, el portavoz ruso ha respondido que Rusia “debe conseguir los objetivos de su operación militar especial”.
Un centenar de personas protestando el paado 18 de enero en Torreblanca, en Sevilla, contra los cortes en el suministro eléctrico Europa Press
El problema está identificado pero no termina de solucionarse. Las administraciones públicas, así como las fuerzas policiales y judiciales, saben dónde hay que actuar, pero las necesidades y las infracciones están la orden del día y siguen afectando, muy a menudo, a miles de andaluces que se quedan sin electricidad, sin un suministro básico para poder llevar una vida digna, precisamente en las zonas más vulnerables. Más de un centenar de organizaciones de España han pedido al presidente del Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio de Derechos Sociales que se termine de una vez con la constante interrupción del suministro eléctrico que vienen sufriendo al menos una docena de barrios del país, entre ellos ocho de las ciudades de Almería, Granada y Sevilla. “Mal endémico”, “círculo vicioso”, “un problema que se mantiene” son algunas de las expresiones encontradas para la elaboración de esta información a través de la Policía Nacional, la Fiscalía, la compañía Endesa y los vecinos afectados por unos cortes que pueden tener efectos muy graves, como ya han advertido expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
Las plantaciones de marihuana en pisos dejan sin electricidad a vecinos del barrio más pobre de España: «No puede ser que los que pagan no tengan luz»
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La consecuencia es clara (cortes en el suministro de electricidad) y la causa, al menos desde el punto de vista de Endesa o de la Policía, está en la proliferación de plantaciones de marihuana en barrios humildes, cuyo enorme consumo de electricidad deja continuamente sin suministro a varias zonas de Andalucía por las saturaciones de las redes de distribución. Un negocio que va en aumento, que se extiende a las áreas metropolitanas de las capitales y que no tiene visos de resolución, según las fuentes consultadas. Mientras, familias con la energía eléctrica contratada pagan los platos rotos de un fenómeno generalizado “cuya responsabilidad se ha extendido de manera acrítica al conjunto de las personas que habitan en estos enclaves”, según ha denunciado el Defensor del Pueblo de España en funciones, Francisco Fernández Marugán, a raíz de los prolongados cortes en la Cañada Real, en Madrid, abogando por no victimizar a la mayoría de las personas afectadas.
“¿Por qué no tenemos los mismos derechos que los demás?”
Son las personas directamente damnificadas por los cortes las que están elevando la voz en los últimos tiempos ante las continuas interrupciones de electricidad y están cargando principalmente contra las compañías eléctricas, obligadas a dar suministro a un bloque entero de viviendas aunque los contratos sean minoría en algunos casos. Se trata de un problema social en el que los cortes de luz son solo “la punta del iceberg”, apuntan algunas fuentes consultadas. “Si hay gente que no puede afrontar el pago de unas facturas abusivas, eso no puede servir para tapar que las infraestructuras están abandonadas”, denuncian desde Barrios Hartos de Sevilla, que piden que los servicios básicos como la electricidad se gestionen “desde lo público”. “En Torreblanca y en Polígono Sur están viviendo una precariedad energética que viola los derechos humanos, encontrándose sus hogares sin unas condiciones de vida dignas”, denuncian desde la asociación Yiló.
“Este verano ha sido nefasto como está siendo ahora el invierno”, comenta a elDiario.es Andalucía una vecina de Las Letanías, en Sevilla, que prefiere mantenerse en el anonimato. “En verano perdimos mucha comida porque se nos estropeaba el frigorífico, a mí y a otros vecinos. Y ahora nos tenemos que meter en la cama a las seis de la tarde porque no se aguanta el frío. Hemos tenido que quitar la vitrocerámica y volver a poner el gas. Y esos gastos no nos los ha cubierto nadie”, protesta. “No todo el mundo está aquí sin pagar”, advierte, sin entender “por qué no tenemos los mismos derechos que los demás”. “Hasta que no haya una desgracia…”, lamenta recordando un reciente incendio de un transformador acompañado de explosiones y el conocimiento de que vecinos cercanos han estado 24 horas sin luz. “Se habla mucho de la marihuana o de la gente que no paga, pero somos mucha gente que pagamos y no hay derecho”, añade.
Endesa defiende sus actuaciones y sus inversiones de mejora en aquellas zonas que sufren los daños en sus centros de transformación. En Torreblanca, por ejemplo, el último barrio que se ha levantado contra los cortes, la compañía ha anunciado que llevará a cabo en los próximos dos años actuaciones en las redes de media tensión de este barrio sevillano “afectado por la sobrecarga de la red debido a los enganches ilegales”. Sus medidas, aseguran, “permitirán dotar de una mayor capacidad de suministro a una zona donde el 83% de la energía que se consume se hace de forma fraudulenta”. En Polìgono Sur, que arrastra problemas del mismo tipo, el 20% de los puntos de suministro cuenta con contrato en vigor, mientras que el resto, el 80%, son enganches ilegales a la red, dice Endesa. “No se está solucionando al ritmo que me gustaría ante la ola de frío, pero me consta que la empresa lo está haciendo”, ha dicho el alcalde Juan Espadas, en último pleno municipal.
Según Endesa, en El Puche, en concreto el centro de transformación de la calle Sevillanas, ha ardido tres veces en el último año. En ese barrio almeriense, el 77% de la energía que se demanda se hace de forma fraudulenta y hay bloques enteros de viviendas sin contratos en vigor, detalla la compañía.
Cuadro de transformación quemado en el barrio de El Puche, en Almería Endesa
“Las eléctricas están articulando una campaña de propaganda para culpabilizar de la situación a los enganches ilegales con el propósito de esconder sus responsabilidades”, replican desde Barrios Hartos de Sevilla. Las mediciones y sensorizaciones de los técnicos de Endesa desprenden “indicios claros” de que en las zonas donde se producen los cortes existen plantaciones de marihuana, con un gran consumo nocturno, aseguran fuentes de la compañía. Esos datos se comparten con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que programan actuaciones que necesitan de una orden judicial para intervenir. “Es un proceso lento”, añaden, pero el fenómeno “se está extendiendo por Andalucía de forma muy rápida” como “una mancha de aceite”. Endesa, aunque en Granada el problema es algo anterior, indica que la cuestión se ha intensificado en los dos últimos años.
Los narcotraficantes tienen más facilidades para establecerse en estos entornos más desfavorecidos, apuntan fuentes conocedoras de la problemática, con viviendas públicas fáciles de ocupar. Mafias internacionales establecidas en narcoviviendas provocan que las dimensiones del asunto se incrementen con el paso del tiempo sin que se vea la luz al final del túnel. Los narcos amenazan incluso a vecinos con necesidades para que acojan “por pura desesperación” alguna de esas plantaciones que engorde el ilícito negocio. Una serie de circunstancias (dificultades socioeconómicas, falta de perspectivas laborales, dejadez de las administraciones) supone el perfecto caldo de cultivo para que sea más fácil el establecimiento de los nacotraficantes en estos lugares y no en otros donde habría más posibilidades y sería mucho más factible denunciar unos hechos similares.
Desde Endesa se insiste en que se vela por que las instalaciones den servicio a los usuarios que tengan contrato, pero añaden que no le corresponde a la empresa la persecución de los presuntos delitos, lamentando que su esfuerzo en mejoras concretas no tengan reflejo ya que se trata de “un círculo vicioso”: “se daña un centro de transformación por la saturación de la red, se pone otro nuevo con más potencia y se quitan los enganches ilegales, pero vuelven a conectarse al día siguiente con más potencia y vuelve a dañarse, y así se repite”.
Parecidos argumentos ofrecen a este periódico desde la Fiscalía Superior de Andalucía, ubicada en Granada y desde donde se apunta a la extensión del problema al área metropolitana y a varias localidades cercanas a la capital. Sabedores de que la cuestión se va extendiendo, al poco tiempo de desarticular una organización en un lugar, vuelve a surgir otro grupo “y el problema se mantiene”, apuntan.
Desde la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en Sevilla también informan de que el negocio de la marihuana “está viniendo con mucha fuerza” y “semanalmente” realizan actuaciones relacionadas con plantaciones de marihuana en pisos en zonas “habitualmente ligadas a la droga” como Las Vegas o Los Verdes, en el Polígono Sur. Esas intervenciones “han crecido exponencialmente”, aseguran.
Entre 2010 y 2018, la sanidad pública española pasó de tener 3.15 camas por habitante a 2.98 según el Ministerio de Sanidad. Una de las principales damnificadas fue Madrid, con mil 950 camas y tres mil 300 profesionales menos, consecuencia de la estrategia del Partido Popular bajo el pretexto de ‘sanear cuentas’. teleSUR
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