BILBAO (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó por séptima vez la isla de La Palma, en el archipiélago de las Islas Canarias, donde esta jornada se cumplen dos meses del comienzo de las erupciones.
En su comparecencia ante los medios sin preguntas tras la jornada en La Palma, Sánchez anunció la aprobación en el próximo Consejo de Ministros de una partida de «cuatro millones de euros para reparar instalaciones de suministro de agua», según dijo en presencia de las autoridades locales.
Adelantó asimismo el presidente del Gobierno español que su Ejecutivo presentará ante la Unión Europea una solicitud para activar el Fondo de Solidaridad con la isla de La Palma y para ese fin, explicó Sánchez, se actualiza «permanentemente» la valoración de los daños, que en este momento alcanzan ya los 74,45 millones de euros.
También recordó que se han aprobado ya indemnizaciones de seguros por valor de 33,6 millones de euros, de los que la mayoría –el 86%– corresponden a viviendas.
Todo ello en una comparecencia en la que hizo un vasto repaso de las acciones de su Gobierno, después de que comiencen a proliferar las quejas por la lentitud de las ayudas públicas a los afectados y en la que se mostró comprensivo con las personas que perdieron la mayor parte de su patrimonio por la acción destructiva de la lava del volcán.
«Han sido ocho semanas muy duras para los palmeros», dijo Sánchez tras recordar algunas de sus conversaciones con los habitantes de La Palma y garantizar a continuación «la certeza de que cuando la lava termine de fluir por las coladas, la unidad que estamos representando todas las instituciones continuará para reparar, reconstruir y relanzar a esta isla hacia un futuro mejor», señaló el presidente.
Sánchez visitó horas antes el buque cisterna que suministra agua a las zonas del Valle de Aridane afectadas por la falta de suministro, dada la acción destructiva de la lava.
El buque de la compañía pública Tragsa proporciona agua a la zona desde el 26 de octubre, como recordó el presidente del Gobierno.
La demanda es importante no solo para el consumo humano, sino porque en el área hay numerosas plantaciones de plátanos, uno de los sustentos de la isla, junto con el turismo.
Durante la jornada estuvo acompañado por la ministra de Transición Ecológica, pero no por el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, cuya visita estaba prevista, pero no se pudo producir por problemas con las conexiones aéreas.
BUENOS AIRES (Sputnik) — Cualquiera de las Islas Canarias puede convertirse en otra víctima de una erupción volcánica en cualquier momento, dijo a la agencia Sputnik Javier Almendros, vulcanólogo de la Universidad de Granada.
«Todas las Islas Canarias son islas volcánicas, entonces en cualquiera de ellas puede ocurrir una erupción similar a la que estamos viendo ahora en La Palma», señaló el experto en declaraciones a esta agencia.
Almendros puso como ejemplo varias erupciones volcánicas ocurridas en las islas de Lanzarote y Tenerife, en particular, la histórica erupción de Timanfaya (en Lanzarote) que dio origen al parque nacional de Timanfaya.
A corto plazo se estima que las islas Lanzarote, Tenerife, La Palma y El Hierro, dados los estallidos volcánicos ocurridos en su territorio a lo largo de la historia, tienen la probabilidad más alta de sufrir nuevas erupciones volcánicas, explicó el vulcanólogo.
«Eso es por lo que son las más vigiladas. (…) De hecho, antes de esta erupción en La Palma ya desde el 2017 venían ocurriendo enjambres sísmicos periódicamente, mínimo una vez al año, lo cual ya venía diciendo que había cierto movimiento de magma bajo la isla que podría provocar una erupción», indicó Almendros.
Recuperación de suelo en La Palma podría tardar décadas
La recuperación del suelo en la isla española de La Palma, que sigue sufriendo una erupción volcánica, podría tardar varias décadas, dijo Almendros.
Dentro de unas décadas, «en teoría, el suelo que se crea a partir de ese nuevo material, de la lava, va a ser relativamente fértil porque viene cargado de minerales», afirmó el experto.
El vulcanólogo destacó que las personas evacuadas probablemente podrán volver a sus hogares «relativamente pronto», cuando se detenga la erupción.
Sin embargo, el problema consiste en que el suelo no se va a poder utilizar enseguida ni para construir casas, ni para fines agrícolas, «porque van a quedar formados unos bloques de lava que son inestables» debido a que debajo de la corteza se forman tubos por los que fluye la lava y cuando estos se vacíen van a quedar huecos, explicó Almendros.
La solución, afirmó, sería llevar más suelo a las zonas afectadas para facilitar el crecimiento de plantas y hacer que la lava se vaya degradando.
«Si no se hace ese proceso, incluso puede tardar siglos, por ejemplo, [el parque nacional de] Timanfaya lleva 300 años ya y se ha mantenido prácticamente tal cual», señaló el especialista.
Recordó que la erupción de Timanfaya fue una de las más masivas, la lava cubrió una gran parte de la Isla Lanzarote y destruyó varios pueblos.
Desde el pasado 19 de septiembre, la isla de La Palma, situada en el archipiélago español de las Islas Canarias, sufre una erupción del volcán de Cumbre Vieja.
Según la última actualización del programa europeo de observación terrestre Copernicus, la lava afectó a una superficie mayor a 1.000 hectáreas y destruyó más de 2.600 viviendas en los últimos dos meses.
Más de 7.000 personas fueron evacuadas. Además, en la isla siguen registrándose temblores constantes.
El magma del volcán de Cumbre Vieja también ha llegado al mar y formó un delta de más de 40 hectáreas y la anchura máxima entre coladas es de 3.200 metros, según los datos proporcionados por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
Un investigador de Huelva propone una revisión de la historia que traslada el eje de gravedad del Mediterráneo oriental al occidental. Huelva sería la capital de la civilización tartésica, la Atlántida y también es, en realidad, la antigua Gadir de los fenicios. Su trabajo denuncia la manipulación de la historia por intereses religiosos.
Hay ideas muy locas que, por muy imposible que te parezca, con el tiempo acaban cogiendo peso y asentándose en la sociedad. Piénsalo, si la yogurtera, una máquina que hace yogur usando yogur, fue un invento revolucionario en muchos hogares durante décadas, ¡todo es posible! Pero cuando las ideas revolucionarias o revisionistas se aplican a la historia, siempre hay grandes escollos.
Es lo que confiesa encontrar el investigador Fernando Fernández Díaz con sus rompedoras propuestas sobre qué ocurrió hace miles de años y cómo lo hemos aprendido. «Mi trabajo provoca mucho rechazo entre historiadores, porque va en contra de todo lo que han aprendido», explica a Sputnik.
Construcción circular de Huelva y Patio del Convento de las Agustinas de Huelva
Entrevistar a este escritor con formación humanista y científica es un reto para el relato histórico aprendido. Su trabajo defiende que el nacimiento de la cultura clásica no está en el mar Egeo y en Grecia, sino en el extremo occidental del Mediterráneo y la puerta del Atlántico, «esto tiene que ver con nuestra historia reciente y con intereses religiosos que establecen un relato en el que la luz y la cultura emanan de la cristiandad, pero no es así».
De hecho, la ciudad onubense de Huelva pasa por ser un punto esencial de su propuesta: Huelva fue la capital de la civilización tartésica, Huelva es la ciudad legendaria de la Atlántida de la que nos habló Platón, a Huelva llegó el Ulises de Homero y Huelva es la Gadir originaria, y no la Cádiz actual.
«Por desgracia, mucha historiografía tiene carencia científica y por suerte, conozco muy bien el territorio que tratan mis investigaciones» detalla el escritor onubense. El trabajo de Fernández–Díaz se basa en la investigación de las peculiaridades del entorno onubense para dar con factores que hacen que «Huelva reúna todas las características, es cuestión matemática y estadística, no puede ser casualidad». Huelva sería por lo tanto el secreto a cielo abierto mejor guardado de la antigüedad.
La región tiene, siempre según la investigación de Fernández–Díaz, la ubicación coincidente en el paralelo 36 que refiere Platón en su descripción de la Atlántida y tiene también dos ríos (el Tinto y el Odiel), como describe el filósofo griego. Huelva además fue un foco de riqueza metalúrgico que ya condensaba el desarrollo de civilizaciones hace milenios, y cuenta con vestigios arqueológicos que se corresponden por estilo con la época tartésica.
Sin embargo, ¿por qué hasta ahora Huelva pasa por ser ninguneada por la historia? Hay un fallo de partida cronológico. A la hora de establecer las referencias temporales la historia se basa en los clásicos, pero en las escrituras de Platón o en el Antiguo Testamento hay desfases o manipulaciones que omiten miles de años. Cuando se habla de la Atlántida no es una leyenda, es una ciudad tartésica de la época del Bronce final».
Gadir no es Cádiz sino Huelva
Una de las conclusiones más sorprendentes es que Gadir, que pasa por ser el antiguo nombre de Cádiz, era en realidad Huelva. Gadir significa cercado, murallas circulares, que son las que precisamente sí tiene Huelva y no Cádiz.
La propuesta de Fernández–Díaz es que por cuestiones de seguridad y desarrollo, un consejero regional de la época de Julio César trasladó el topónimo a la región de navegantes que es hoy Cádiz. «Refundó una ciudad gemela a Huelva tras haber sufrido los estragos de tsunamis, pero Cádiz era una ciudad con menos espacio y extensión que no podía albergar a toda la población». Para Fernández–Díaz, Huelva era un centro de riqueza por su minería y es más lógico que por ello ostentara la capitalidad y centralidad tartésica.
Si la Atlántida es Tarsis, la ciudad de la civilización de tartessos, hay que enmendar un salto cronológico enorme. «El punto de partida para medir el tiempo histórico es erróneo. Todas las dataciones sobre los tartessos están mal, parten de Estrabón —padre de la Geografía— él dijo que los fenicios fundaron Gadir en el 1.004 a.C. En realidad, él habla de Huelva, y no la fundó, sino que la refundó».
«El registro arqueológico lo desmiente»
El problema de navegar en el tiempo en base a los escritos que beben de la tradición oral tiene un añadido perverso: según Fernández–Díaz, el hecho de que los fenicios fundadores fuera de origen judío y no cristiano hizo que los planes educativos que se configuraron en el franquismo «interpretaran de manera sesgada e interesada» a Estrabón, para dar a entender que los cristianos son los que traen la escritura y la cultura.
Otro síntoma de esa manipulación sobre Tartessos es su emplazamiento en el 700 a.C. a pesar de los testimonios de historiadores clásicos.
«Esta cronología de la historia despacha a los fenicios en solo dos siglos de desarrollo, y hablamos de una civilización que pudo tener la importancia y envergadura de Roma, sufrimos una datación errónea».
Una interpretación interesada de la historia hace que no se estén datando bien los vestigios arqueológicos de Huelva, que son mucho más antiguos. De hecho, señala Díaz, hay un salto inexplicable entre los vestigios tartésicos del siglo VII a.C. con los dólmenes que nos retrotraen a más de 2.000 años de antigüedad, «como si en medio, en esos cientos de años, no hubiera habido historia».
Ulises estuvo en Huelva
Huelva sería la primera gran ciudad de la costa Atlántica que forma parte de lo que englobamos como la cultura mediterránea que, con la llegada posterior de las lenguas griegas, se conoce como koiné. Un momento, acabamos de escribir llegada posterior de las lenguas griegas, pero para Fernández–Díaz, no tiene porqué ser así.
Según su interpretación de las leyendas de Homero, «Ulises estuvo en Huelva hasta tres veces, en base a la descripción de Homero». El estudio advierte que Homero no menciona el mar Egeo o el Peloponeso griego. Y sí hay claras coincidencias con las peculiaridades del entorno de Huelva y el estrecho de Gibraltar. De nuevo, las evidencias físicas del terreno y el paisaje contra la historia aprendida.
«El problema es que hemos crecido con una historia poco crítica y muy ideologizada. Hay una persecución contra estas evidencias históricas de Huelva. Yo digo que la cultura que después conocemos como Clásica fue del Mediterráneo occidental al oriental». Huelva estaría en el germen de lo que después sería el nacimiento de la cultura clásica, la democracia y la filosofía griega, pero eso queda muy lejos. Actualmente, denuncia Díaz, los vestigios arqueológicos más antiguos de la capital onubense están en el centro de la ciudad, bajo las vitrinas de una cadena de supermercados llamada Jamón. Si Homero levantara la cabeza…
La moción a Pedro Castillo ha contado con las firmas de las agrupaciones derechistas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori.
La oposición derechista de Perú ha pedido formalmente este jueves la destitución del presidente, el izquierdista Pedro Castillo, por «permanente incapacidad moral».
Patricia Chirinos, vicepresidenta del Congreso, ha promovido la moción, presentada con 28 firmas, dos más del mínimo que exige la ley peruana para que se discuta su eventual admisión en una primera instancia.
Los analistas y medios locales señalan que la moción aún no tiene el apoyo necesario para que sea admitida a debate ya que, para que sea debatida a fondo, se requieren 52 votos a favor.
La moción a Pedro Castillo ha contado con las firmas de las agrupaciones derechistas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori.
El documento argumenta que Castillo es «incapaz moralmente«, lo que estaría detrás del uso ilegal de fondos para su campaña electoral de este año, Además se señala que se ha designado «a altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo». También se le acusa de tráfico de influencias en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Los firmantes acusan a Castillo de «debilitar el sistema democrático»
Los firmantes acusan a Castillo de «debilitar el sistema democrático» al «fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y avalar la intervención de personajes extranjeros en asuntos internos». Además, afirman que se ha dado un «maltrato a medios de comunicación y negativa a rendir cuentas a la sociedad», así como una «permisibilidad a la violencia contra la mujer».
Por los motivos que señala la oposición derechista piden que Castillo se declare de manera permanentemente «incapaz moral» y que su vacancia sea cubierta por el régimen de sucesión que se establece en la constitución peruana. Siguiendo la norma, el cargo de Castillo sería asumido por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Pese a esto, el líder del partido ultraderechista Renovación Popular, Rafael López, señaló la semana pasada que tiene la intención de destituir también a Boluarte, por lo que el cargo lo ocuparía la derechista María del Carmen Alva.
La posición del Gobierno
Pese a que el Ejecutivo no ha respondido a la petición, Mirtha Vásquez, primera ministra afirmó la semana pasada que esto puede representar un atentado «contra la voluntad popular y por ende contra la democracia» de su país.
Boluarte, vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, también le solicitó al parlamento o «reflexionar para trabajar por un Perú unido» y aseguró que al gobierno no le «han dado un minuto de tregua», recogen fuentes de Efe.
Por otra parte, Castillo retó a la derecha a pedir su salida en las calles «y no dentro de cuatro paredes». Aunque el presidente se ha mantenido al margen, anticipó que se siente en la obligación de salir a hablar frente a las críticas constantes de la oposición en el Congreso.
Las calles, viviendas y todo el mobiliario urbano de Aceredo se hundieron luego de que una hidroeléctrica portuguesa cerrara el 8 de enero de 1992 las compuertas de un embalse.
Miguel Riopa / AFP
Un pueblo español que quedó sumergido en los años 90 bajo las aguas de un embalse en la provincia de Ourense, en Galicia, vuelve a emerger cada año, y este no fue la excepción, informa EFE.
Las calles, viviendas y todo el mobiliario urbano del pueblo Aceredo se hundieron luego de que una hidroeléctrica portuguesa cerrara el 8 de enero de 1992 las compuertas del embalse de Lindoso situado en el río Lima, que fluye por España y Portugal.
Estos días, con el embalse al 20 %, se puede ver partes de las casas destruidas de las que apenas se mantienen los muros en pie. Asimismo, reaparecen carros oxidados, árboles muertos y algunos enseres que flotan en el estanque.
Militaria vende uniformes, equipos, cascos, condecoraciones, distintivos, banderas, estandartes, placas, parches, carteles y documentos relacionados con el III Reich.
Condecoraciones del III Reich a la venta en la web de Militaria
Todo tipo de material nazi ha estado a la venta este sábado y este domingo en un recinto ferial madrileño de titularidad municipal –el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo–, y lo ha estado con el permiso del alcalde José Luis Martínez-Almeida, que dirige un equipo municipal de coalición de PP y Cs con el apoyo del partido ultraderechista Vox y que además es portavoz estatal del PP de Pablo Casado.
Esa feria de coleccionismo militar, denominada ‘No sólo Militaria’, la organiza la Fundación Don Rodrigo para el Estudio y la Conservación de la Historia Militar Española y Europea, que explica en su web que el evento tiene 15 años y que sus seguidores se reúnen “cada seis meses” para llevar a cabo un intercambio en el que “todo vale: compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares… desde medallas, uniformes, libros, prendas de cabeza, calzado militar, armas blancas y municiones inutilizadas hasta ofertas de vehículos militares”.
Según la citada web, la feria lleva ya “más de cincuenta ediciones”, en las que ha ido “creciendo tanto en número de expositores como de público participante”, lo que llevó a sus organizadores a “dar un salto cualitativo importante, abandonando el anterior hotel de reunión y apostando otras ubicaciones existente en el mercado madrileño”: el Palacio de Congresos de Madrid, el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo y ahora el Pabellón de Cristal de la propia Casa de Campo, con “su ubicación privilegiada” y “sus más de 4.000 metros cuadrados de exposición, su fácil acceso en transporte público y sus polivalentes instalaciones y servicios, lo convertían en el lugar perfecto para un evento de estas características”.
‘No sólo Militaria’ está vinculada a Militaria, ubicada en Barcelona capital y en la localidad barcelonesa de Mataró y que se presenta como “la mayor tienda de España por tamaño y stocks destinada al coleccionismo militar”, especializada entre otras cosas en el “III Reich”, del que envía “a todo el mundo” todo tipo de material: uniformes, equipos, cascos, condecoraciones, distintivos, banderas, estandartes, placas, parches, carteles, documentos…
Durante la etapa de gobierno de Ahora Madrid, los organizadores de ‘No sólo Militaria’ fueron multados por un delito de odio por permitir la venta de libros que promocionaban el racismo y la xenofobia o que trivializaban o edulcoraban la idea del genocidio protagonizado por los nazis de Adolf Hitler.
Las conclusiones provienen de un reporte de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de EE.UU.
La directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines. Foto: Susan Walsh, Archivo / AP
La Oficina de la Directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines, ha publicado este viernes los resultados de su informe acerca del origen del coronavirus, donde, entre otros detalles, concluye que el virus no fue elaborado como un arma biológica.
El ente subraya que este tipo de alegaciones «se apoyan en afirmaciones científicamente inválidas«, al tiempo que señala que son «inconsistentes con la información técnica disponible sobre los coronavirus».
En el documento declasificado este viernes se precisa que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban divididas respecto a los orígenes de la enfermedad, aunque se subraya que la mayoría de los entes considera que el covid-19 no fue un producto de ingeniería genética.
Sin embargo, dos agencias de inteligencia creen que no existen «evidencias suficientes» como para hacer una evaluación al respecto.
«Tras examinar todos los informes de inteligencia disponibles y otras informaciones, la Comunidad de Inteligencia sigue dividida sobre cuál es el origen más probable del covid-19. Todos los organismos consideran que hay dos hipótesis plausibles: la exposición natural a un animal infectado y un incidente asociado a un laboratorio», reza el reporte.
Asimismo, la inteligencia estadounidense precisa que el covid-19 habría aparecido como muy tarde en noviembre de 2019.
Además, los expertos creen que las autoridades de China no tuvieron conocimiento de la propagación de la enfermedad antes de que surgiera el primer brote.
Sin embargo, en el texto del informe se detalla que el Instituto de Virología de la ciudad china de Wuhan (WIV, por sus siglas en inglés) «creó anteriormente quimeras o combinaciones de coronavirus similares al SARS», si bien esto «no permite saber si el SARS Cov-2 fue creado genéticamente por el WIV».
Pese a que el informe no vincula a las autoridades del gigante asiático con el origen del coronavirus, la inteligencia EE.UU. constata «la falta de cooperación de Pekín» para esclarecer el origen del virus. Además, se lamenta por las «numerosas lagunas de información relaciondas con los datos técnicos».
Según Washington, el hecho de que Pekín «continúa impidiendo la investigación global, se resiste a compartir información y acusa a otros países […] refleja, en parte, la propia indecisión del Gobierno del país» sobre los resultados de una eventual indagación respecto al origen del coronavirus.
Tres manifestantes se enfrentan a 18 meses de cárcel en un proceso en el que también hay tres policías imputados por delitos de lesiones.
Momento de la inmovilización y detención del activista antimonárquico Luis Ocampo.Twitter / @Coordinadora25S
Esta semana se ha celebrado en España el juicio por los sucesos ocurridos durante una manifestación antimonárquica en 2014. En él, Luis Ocampo y otros dos activistas hacen frente ante la Audiencia Provincial de Madrid a la acusación de atentado contra la autoridad en un proceso en el que la Fiscalía pide para ellos penas de 18 meses de prisión.
Los hechos sucedieron el 4 de octubre de 2014, cuando la organización Coordinadora 25S convocó una manifestación que, bajo el lema ‘Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción’, pretendía denunciar la corrupción de la institución monárquica, ya por entonces envuelta en numerosas polémicas, y reivindicar su apuesta por una República.
Los incidentes se saldaron con seis heridos, cuatro de ellos agentes de Policía, y tres detenidos, a los que se sumó una detención posterior un mes después. Fruto de ello, la Fiscalía presentó denuncias contra cuatro manifestantes, mientras que no acusó a ningún agente por excederse de sus funciones.
El juicio debía haber tenido lugar en junio, pero problemas de salud de Ocampo hicieron que fuera pospuesto hasta estos 15 y 16 de noviembre.
La fallecida abogada Doris Benegas es otra de las personas que iban a enfrentarse a este proceso. Estaba presente en aquella movilización y, según testigos, fue golpeada, detenida y posteriormente presa en los calabozos de Moratalaz.
Historia de un polémico juicio
Luis Ocampo es médico y activista desde hace años. Miembro del colectivo Coordinadora contra el Narcotráfico en el Barrio de los Pajarillos de Valladolid, su ciudad de origen, también ha participado activamente en otras organizaciones como la Coordinadora 25S o Izquierda Castellana.
Tras la intervención policial en la que este activista fue detenido, Ocampo tuvo que ser ingresado en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Se le detectó un cuadro de presíncope y sintomatología compatible con isquemia coronaria aguda, además de varias lesiones, especialmente en las muñecas. Además, pocos días después, ya en su ciudad natal, se le diagnosticó en el Hospital Universitario Río Hortega desprendimiento traumático vítreo en el ojo derecho.
Ocampo ha mantenido siempre que fue agredido por agentes de la UIP sin ningún motivo. Narra cómo la concentración, que reunió alrededor de 2.000 personas y que había sido convocada en la Puerta del Sol, tenía la intención de dirigirse hasta la plaza de Neptuno, como muchas otras que se sucedieron en aquellas fechas. «Cuando empezamos a caminar había una formación de antidisturbios que nos cerraba el paso. Intentamos hablar y negociar con ellos exponiéndoles que era una manifestación pacífica«, cuenta.
«Sin mediar ninguna motivación, empezaron a cargar», afirma Ocampo, que sostiene que los agentes con su acción intentaban «separar la primera línea», a quienes portaban la pancarta, que fueron reducidos y tirados al suelo: «Nos separaron y contra el resto no cargaron».
«Hay imágenes en las que se ve cómo golpean a una mujer y le hicieron una brecha de 5 centímetros y 1 centímetro de profundidad», sostiene el activista. «A mí me tiraron al suelo y llegué a tener hasta a tres policías encima de mí, dos de manera permanente, para esposarme», dice Ocampo, que apunta que en la posición en la que se encontró durante varios minutos, en decúbito prono, tumbado boca abajo e inmovilizado, no tenía «ninguna capacidad objetiva de resistencia». De hecho, califica el tipo de detención sufrida como «un acto de tortura express», como ha manifestado durante estas dos jornadas de juicio.
Ocampo no fue la única persona que necesitó ser ingresada, permaneciendo hasta la madrugada siguiente en un centro hospitalario. La mujer «a la que le habían abierto la cabeza» también necesitó de internamiento. Una vez dados de alta, ambos, junto a Doris Benegas, fueron conducidos a la comisaría general de Moratalaz y posteriormente al Juzgado de Instrucción. «Nos tomó declaración pero no nos dejó hablar», afirma este médico sobre la jueza de instrucción, hecho que consta en los siguientes procedimientos judiciales.
La cuarta persona procesada es detenida alrededor de un mes después. Fue identificada con posterioridad y se le acusa de portar una bandera y de intentar agredir a los antidisturbios en el casco con el mástil.
Las abundantes imágenes de lo ocurrido, así como videos, tomados por diferentes participantes en la protesta, son esgrimidas por los procesados y por su defensa para argumentar que las detenciones fueron gratuitas y que quienes ejercieron violencia en esa jornada no fueron los activistas, sino efectivos de las fuerzas de orden, miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), también conocidos como antidisturbios.
Manifestación antimonárquica tras la coronación de Felipe VI en la Puerta del Sol de Madrid, el 19 de junio de 2014.Gonzalo Fuentes / Reuters
De hecho, este lunes más de una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre las que se encuentran la Coordinadora 25S e Izquierda Castellana, han expresado su apoyo a los tres procesados subrayando, precisamente, que hay «gran cantidad de material» audiovisual «que refleja cómo ocurrieron los hechos realmente».
Policías imputados
Durante la instrucción de este caso, la jueza encargada de conocer el proceso no observó delito alguno en las actuaciones de ningún agente, aunque sí vio indicios de delito en las de los manifestantes que ahora son juzgados.
Tras numerosos recursos de la defensa de los procesados, finalmente también tres miembros de la UIP se sentarán en el banquillo de los acusados. Aunque la Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de estos agentes, la defensa de los manifestantes solicita 24 meses de prisión para uno de ellos y 12 meses de privación de libertad para los otros, acusándoles de un delito de lesiones.
Una de las acusaciones contra estos agentes procede, tras el fallecimiento de Doris Benegas, de una acusación civil interpuesta por la hija de Benegas y Ocampo.
Precisamente la negativa de procesar a los policías por parte de la jueza instructora, corregida en varias ocasiones por la Audiencia Provincial, se encuentra en el origen de la dilación del proceso, que, a pesar de abarcar una causa relativamente sencilla, lleva ya más de seis años de demora.
La polémica actitud de la Fiscalía
Durante estas dos jornadas Ocampo califica el procedimiento seguido como «totalmente correcto», con un tribunal que ha dejado intervenir a todas las partes sin limitación para explicar todas las circunstancias que han considerado pertinentes. Sin embargo, ha destacado de manera negativa la actitud de la Fiscalía, a la que califica de «impresentable».
«La Fiscalía parecía la abogada defensora de los policías, era patético y grotesco», sostiene el activista, que se pregunta «cómo una funcionaria pública de la Administración de Justicia se puede prestar a ello».
Aparte de los diferentes testigos que han ratificado la versión de los tres manifestantes, se cuenta con videos y abundante material fotográfico, cuya autenticidad nadie ha cuestionado. Sin embargo, Ocampo opina que la interpretación que se hace de ellos «es increíble» y que nunca había visto «una disociación tal de la realidad por parte de la Policía y la fiscal».
Crisis institucional en crecimiento
Los hechos que se juzgan ahora, seis años después, se enmarcan en el comienzo de una crisis institucional que, desde el nacimiento del movimiento 15M, surgió como contestación a la respuesta que las instituciones españolas, y también europeas, dieron a la crisis económica que se inició en 2008.
El trasvase de enormes cantidades de dinero público para rescatar entidades privadas, como fue el caso de las organizaciones financieras, y el endeudamiento creciente de los países del sur de la Unión Europea, seguido de las políticas de austeridad que provocaron ingentes recortes en los servicios públicos y una pérdida de soberanía, se vieron acompañados, en el caso de España, de un profundo cuestionamiento de las estructuras surgidas de la Transición, entre ellas la Monarquía.
En 2014, cuando la manifestación convocada por Coordinadora 25S tuvo lugar, hacía solo unos meses que se había producido la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de su hijo y sucesor, el actual monarca español Felipe VI.
Precisamente, en el marco de las movilizaciones sociales iniciadas tres años atrás y que todavía eran muy activas, y de la crisis de popularidad de la institución monárquica, las manifestaciones republicanas se encontraban en el ojo de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, según cuenta Ocampo. De hecho, tan solo una semana antes de la protesta origen de este proceso judicial, Benegas había elaborado y presentado una querella criminal por vulneración de derechos fundamentales durante el proceso de coronación de Felipe VI.
«Se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole»
La querella estaba dirigida contra Cristina Cifuentes, en ese momento delegada del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, competente en materia de seguridad ciudadana y responsable de las fuerzas del orden en ese territorio. Ocampo señala que en 2014 «se bloquearon no solo las movilizaciones republicanas, sino incluso portar insignias de esa índole», por lo que llegaron a presentar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la violación de derechos fundamentales durante ese periodo.
«La posición de Cristina Cifuentes fue la de no permitir que hubiera ninguna manifestación crítica hacia la Monarquía«, defiende el portavoz de Coordinadora 25S.
Protección a la Corona
La protección a la institución de la Corona está en la base de la intervención policial que se produjo ese 4 de octubre, en opinión de Ocampo, en un momento en el que la institución está más en entredicho que nunca. «No por el origen franquista de la Monarquía«, recuerda el activista sobre el nombramiento de Juan Carlos I como sucesor en la Jefatura de Estado por Franco tras jurar los principios del movimiento nacionalcatólico, «sino porque no hay futuro para este país con el actual régimen monárquico», opina.
Ahora, la celebración de este juicio sucede en un momento crucial para la supervivencia de la institución monárquica en España al coincidir con el incesante goteo de informaciones que presuntamente vinculan a Juan Carlos I con diferentes casos de corrupción que habrían jalonado prácticamente los casi 40 años de su Jefatura de Estado y que se habrían prolongado más allá de su abdicación. Para Ocampo, el juicio que se celebra ahora está de «absoluta vigencia», porque «no cabe ninguna duda de que lo que se decía en el lema de la manifestación es cierto«.
Igualmente, el proceso coincide con el hecho de que un exmonarca se haya visto prácticamente obligado a abandonar el país: Juan Carlos I se encuentra desde al menos el 3 de agosto residiendo en los Emiratos Árabes Unidos. Además, su hijo le privó de la asignación de la retribución pública que venía percibiendo desde 2014, de casi 200.000 euros anuales, aunque el erario español sigue haciéndose cargo de parte de sus gastos, como los de seguridad.
El exmonarca de España, Juan Carlos I, en la final del Roland Garros 2019 en París.Martin Bureau / AFP
El comunicado que Felipe VI emitió el mismo día que se decretaba el estado de alarma para luchar contra la pandemia de coronavirus, además, dejaba clara la veracidad de las informaciones que apuntaban a la existencia de instrumentos jurídicos para ocultar dinero al fisco español en paraísos fiscales, el conocimiento que de ello tenía la Casa Real desde hacía al menos un año y el distanciamiento del actual monarca de su predecesor al renunciar incluso a posibles futuras herencias de dudoso origen.
En estas circunstancias se vuelve a poner en entredicho la protección que la legislación y las instituciones ofrecen a la Corona en España. El principal instrumento jurídico es el delito contemplado en el Código Penal español de injurias y calumnias contra la Corona. La tipificación de este delito ha sido motivo de controversia entre diferentes fuerzas políticas españolas, pero también motivo de señalamiento desde instituciones internacionales que apuntan que no se puede dar mayor protección a una persona por encima de las demás, que se vulnera el principio de igualdad ante la ley y que las penas impuestas son, además, desproporcionadas, en este supuesto.
Por su parte, otras instituciones del Estado, como el Congreso, también han cerrado filas, aunque sin unanimidad, alrededor de la Casa Real y, en concreto, del rey emérito. Así, esta semana se ha asistido por enésima vez al veto de la Mesa de la Cámara a la propuesta de investigación de las finanzas del exmonarca. La propuesta, esta vez de Unidas Podemos, fuerza integrante de la coalición de Gobierno, ha sido rechazada con el voto de las fuerzas conservadoras (PP, Ciudadanos y Vox), a las que se ha sumado el Partido Socialista, su socio en el Gobierno. Ni siquiera ha sido posible una investigación parlamentaria de las actividades del exjefe de Estado posterior a su abandono del cargo, de manera que el Hemiciclo ha interpretado la inviolabilidad que la Constitución española otorga al rey como una inviolabilidad vitalicia, aun después de dejar el trono, que protege también sus actividades privadas.
En este marco el conflicto entre libertad de expresión y la especial protección a la Monarquía ha venido produciendo choques cada vez más frecuentes durante los últimos años. «Lo que sabemos ahora se sabía hace 20 y 30 años, pero se tapaba. Muchos activistas fuimos procesados por denunciarlo», señala Ocampo.
Multiplicación de las protestas
Las protestas dirigidas contra la Monarquía se han amplificado en los últimos años con dos puntos de inflexión. El primero fue el conocido accidente en Botsuana en 2012 del entonces rey Juan Carlos, que dio lugar a su inédita petición de perdón y a que comenzaran a aparecer noticias relacionadas con su vida privada y sus poco transparentes negocios.
El segundo, significativo sobre todo en Cataluña, tuvo lugar en 2017. Con motivo del referéndum independentista, el rey Felipe VI protagonizó una dura intervención televisada que avivó la llama independentista en esa región y que encendió las alarmas sobre la violación de la neutralidad que la figura del rey debía observar con respecto a todos los ciudadanos y a las diferentes ideologías.
En este contexto, en las últimas décadas se han vivido episodios judiciales que han dado la vuelta al mundo por, entre otros, no ser homologables a las legislaciones de los países del entorno. Por ejemplo, en 2007 España vivió el secuestro de una publicación por primera vez en más de veinte años. La revista satírica El Jueves publicó un número en cuya portada aparecía un dibujo de los entonces príncipes Letizia y Felipe manteniendo relaciones sexuales, en referencia a una política familiar llevada a cabo por el entonces presidente Zapatero. Como cabía esperar, generó el conocido efecto Barbra Streisand, multiplicando el número de suscriptores de la publicación, aunque sus responsables fueron condenados a una sanción económica.
Más tarde llegaron la cascada de quemas de fotos del rey. Se inició también en 2007 con un acto en Girona, Cataluña. Tras la imputación penal de los responsables centenares de fotos ardieron por todo el país como protesta y se multiplicaron a su vez las imputaciones.
Incluso varias pitadas en campos de fútbol llegaron a los tribunales. En una de esas ocasiones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una multa de 14.400 euros para Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció y promotor de la pitada al rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey de fútbol que se disputó en el estadio Camp Nou de Barcelona el 30 de mayo de 2015. Se le acusó de los delitos de injurias al rey y de ultraje a España. Finalmente, Espot fue condenado a pagar 7.200 euros.
La Habana (Prensa Latina) Con su cosmovisión en armonía con la naturaleza y una sabiduría ancestral que intentan mantener de generación en generación, las comunidades indígenas viven en una lucha continua para preservar riquezas culturales y tradiciones.
