La versión «oficial» precedente era que Bertelsmann había sido clausurada por los nazis debido a sus tendencias antigubernamentales. Esta fantasía diseminada por los propios responsables de la empresa fue literalmente pulverizada por un informe de 794 páginas elaborado por una comisión independiente. El concienzudo trabajo de los investigadores, encabezados por el historiador de la Universidad de California Saul Friedlander, acreditó de forma irrefutable que, al contrario de como venían sosteniendo, el imperio comunicacional aceptó varios contratos de impresión otorgados por el gobierno nazi y, en tan solo unos años, creció hasta convertirse en el mayor productor de libros para el ejército alemán durante la guerra, publicando unos 19 millones de ediciones. La mayoría de las publicaciones eran folletos y panfletos destinados a fortalecer la moral y el coraje de los soldados en el frente, pero muchas de las obras también contenían textos extremadamente agresivos sobre extranjeros y judíos.

Las revelaciones provocaron un escándalo sin precedentes que, en última instancia, llevaron a Günter Thielen a decir que Bertelsmann AG aceptaba sin reservas el informe de la comisión histórica independiente como el registro oficial de la historia de la compañía durante el Tercer Reich, al tiempo que expresaba su «sincero pesar por las inexactitudes» que los expertos habían descubierto en su historia corporativa anterior. Para llevar a cabo su investigación, los cuatro académicos comisionados tuvieron pleno acceso a los archivos de la empresa Bertelsmann, así como contacto con testigos históricos como Reinhard Mohn, hijo de Heinrich Mohn, director de la empresa durante el Tercer Reich. En opinión de Thielen, «la experiencia les había reforzado porque la precisión histórica y la transparencia son una parte integral de los valores fundamentales de Berterlsmann, que espera servir de ejemplo a otras empresas».

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Fue justamente a Berterlsmann a quien se refirió hace unas semanas como ejemplo digno de imitarse la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, Concha Díaz Berzosa, después de que El Nacional de Catalunya publicara una serie de cuatro reportajes de investigación acerca de la participación en los negocios nazis de la compañía vasca Minersa y de los bancos de Bilbao y de Vizcaya. En opinión de Díaz Berzosa, «lo mínimo que podrían hacer los responsables del BBVA si se demuestran sus vínculos con el Tercer Reich sería pedir perdón por colaborar con los nazis».

Los vínculos a los que se refería la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen quedaron, de hecho, absolutamente acreditados este verano mediante testigos y documentos completamente irrefutables divulgados por la prensa. Y esta misma semana se ha sumado a la petición de transparencia y de perdón la sección catalana de la Liga contra el racismo y el antisemitismo, más conocida por sus siglas, Licra. Al decir de su presidente, Isaac Levy, el BBVA no solo debe pedir disculpas por sus negocios sucios con Hitler, sino que debería abrir los archivos, investigar su pasado y dar a conocer los resultados. «Si he de ser sincero, no me sorprendió que esos financieros de los bancos de Bilbao y Vizcaya se subieran al carro del dinero nazi. Lo que me dejó perplejo es que hayan tenido que pasar ochenta años para que sus actividades turbias hayan sido divulgadas», apunta Levy. Antes que él y que Díaz Berzosa, historiadores como Xabier Irujo y políticos como el exsenador del PNV Iñaki Anasagasti o el diputado de Bildu Jon Iñarritu se habían adherido ya a la petición de perdón y transparencia.

Hasta la fecha, tanto los responsables actuales de este banco como los directivos de la empresa Minersa no solo se han negado a realizar declaraciones al respecto, sino que, en el caso del BBVA, se han encastillado en su supuesta ignorancia acerca de unos episodios minuciosamente expuestos por la prensa catalana. «No sabemos nada porque sucedió hace mucho tiempo», han asegurado a Público a través de su departamento de comunicación.

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Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial nunca tuvieron dudas de las simpatías nazis de los principales accionistas de los bancos de Vizcaya y de Bilbao de manera que, en ausencia de documentos españoles que acrediten ese vínculo (escasos, destruidos, perdidos o deliberadamente ocultos debido a la manifiesta mala fe de las compañías implicadas), la única prueba documental con la que se cuenta son los papeles desclasificados hace algunos años por los norteamericanos. Estos corroboran inequívocamente la implicación de ambas entidades y de sus directivos en negocios que igualmente envolvían a empresas como la citada Minersa (fundada, entre otros, por Friedrich Lipperheide Henke, un nazi afincado en Euskadi y directamente vinculado al Banco de Vizcaya) o a IG Farben y Sofindus, un conglomerado de empresas que operó desde 1938 a 1945 y que fue puesto a andar por el empresario nazi Johannes Bernhardt. Claro que, a falta de una investigación académica más seria, la información disponible acerca de los vínculos de esas entidades bancarias con los chiringuitos hitlerianos es escasa, fragmentaria o nula y se restringe a las propias revelaciones llevadas a cabo por la prensa.

Estas investigaciones periodísticas prueban, entre otras cosas, la cercanía con el Tercer Reich de varios miembros del clan de Neguri, denominación coloquial con la que acostumbra a designarse a la oligarquía de industriales y financieros que alumbraron con el tiempo el BBV, resultado de la fusión del Bilbao y el Vizcaya en 1988. Los de Neguri debían su sobrenombre al hecho de que se concentraban en la margen derecha del barrio homónimo de la ciudad de Getxo. Parte del dinero con el que varios de ellos consolidaron o fundaron sus fortunas procedía de sus negocios con la Alemania nazi y, paralelamente, con las oportunidades que les brindaron sus amistades con el régimen franquista, que es la parte más conocida de la siniestra historia de colaboración con dictaduras sanguinarias de buena parte de la burguesía vizcaína. «El Banco de Vizcaya está vigilando la cuenta de crédito de los alemanes ya que los directivos de la entidad temen que se embarguen activos alemanes», se lee en uno de los documentos secretos de los aliados dados a conocer por El Nacional. El informe fue desclasificado en 1987 y originalmente datado a finales de 1945.

Documento desclasificado número 01

«Sin embargo, las cuentas estarán camufladas y los directores y responsables del banco sin duda ayudarán en este trabajo ya que todos son germanófilos y totalitarios». En otro de los papeles desclasificados por los estadounidenses en ese mismo año puede leerse: «Guillermo Ibáñez, director del Banco de Vizcaya, está ayudando a camuflar el capital alemán en España. Este capital se suele poner a nombre de cierta Mdme. Bergarche y enviado a su familia en Buenos Aires».

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Documento desclasificado número 03

Una excepción entre los de Neguri fue la familia de Ramón de la Sota, cercana al PNV, y forzada a exiliarse. Ramón de la Sota y Llano falleció en Getxo el 17 de agosto de 1936, poco después del comienzo de la Guerra Civil española. Tres años después, el Tribunal de Responsabilidades Políticas condenaba a sus descendientes al abono de una sanción de cien millones de pesetas «por conspiración para la rebelión militar», de tal suerte que sus entonces cuantiosos bienes fueron embargados y, entre ellos, cuarenta buques de sus compañías que habían sido usados para evacuar Bilbao. Detrás de la operación, un auténtico atraco político, se hallaban los herederos de su primo y antiguo socio Eduardo Aznar y de la Sota, quienes terminaron apropiándose de todos sus activos con la ayuda de sus amigos franquistas. La Compañía Naviera Sota y Aznar pasó a llamarse tras la Guerra Civil Naviera Aznar y acabó convertida en la mayor flota mercante de España. La dirigía José Luis de Aznar y Zavala, nieto del fundador y una de las personalidades más ricas de la época.

La germanofilia e inclinaciones totalitarias de los Aznar está fuera de dudas, del mismo modo que existen pruebas irrefutables del modo en que se usó su naviera para llevar a América Latina a los nazis perseguidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El propio José Luis de Aznar ayudó incluso a ocultarse en su finca manchega de Cabañeros al nazi Friedrich Lipperheide Henke, quien asentó e incrementó su fortuna mediante la venta a Hitler de fluorita o wolframio a través de sociedades como Somimet o la todavía viva Minersa, y mediante la comercialización y explotación en España de las patentes de IG Farben, el conglomerado nazi de compañías químicas que producía el Zyklon B. Al frente de la junta de accionistas de Minersa siguen hoy aún descendientes de esos criminales como Alejandro Aznar, presidente de Marqués de Riscal, entre otros muchos cargos corporativos.

Los Lipperheide y sus amigos de Neguri (el resto de accionistas de Minersa, la empresa que explotaba, entre otros yacimientos, las minas catalanas de Osor) contribuyeron a sostener el esfuerzo bélico del Führer de un modo determinante proveyendo al Tercer Reich de fluorita y de tungsteno. Ambos minerales eran indispensables para los planes militares de Hitler. El wolframio era utilizado para endurecer el acero y reforzar el blindaje de los tanques y aumentar la capacidad de penetración de sus proyectiles. Y lo mismo sucedía con la fluorita, usada, entre otras cosas, para la fabricación del aluminio y en ciertos procesos necesarios para blindar sus vehículos militares.

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El grueso del espato de flúor español exportado a la Alemania nazi procedía de la cornisa cantábrica y fue comercializado a través de Sofindus. Sin embargo, se extrajeron y vendieron de forma clandestina varios miles más de toneladas de otras minas catalanas como El Papiol (Baix Llobregat) u Osor (la Selva). Lo de El Papiol pertenecía a Sofindus pero los fluoruros de Osor —en parte extraídos por los rojos durante la época de la Guerra Civil en la que la mina estaba colectivizada— fueron vendidos por Lipperheide y sus amigos banqueros. Otros informes de los aliados sugieren incluso que Pérez de Leza llegó a trabajar también para Somimet, sociedad predecesora de Minersa fundada por los directivos del Banco de Vizcaya.

El conglomerado nazi Sofindus llegó a acaparar cerca del 80% de los intercambios comerciales hispanoalemanes. Fue en el 20% restante donde los Lipperheide consolidaron sus activos. También Friedrich, como accionista, ocupó cargos de la máxima responsabilidad en el Banco de Vizcaya. Del mismo modo que sus secuaces de Getxo, murió como un empresario respetable. Su familia de origen alemán acabó convirtiéndose en un notorio ejemplo del modo en que cierta burguesía vizcaína se lucró haciendo negocios con el Führer y trapicheando a la sombra del caudillo. No obstante, la Historia les había absuelto hasta la fecha por desidia, desconocimiento, oscurantismo en la gestión de los archivos, o por la pura mala fe de los herederos de los delincuentes.

Al menos veinte documentos desclasificados dados a conocer este verano proporcionan pruebas e indicios adicionales de la colaboración con el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial de los responsables del Banco de Vizcaya y de Bilbao. Hasta el día de hoy, ninguna empresa o banco ha aclarado públicamente, investigado o, menos aún, pedido perdón en el Estado español por su contribución a mantener en el poder al Führer.

Esta misma semana se presentó en Madrid un libro del periodista David de Jong que ahonda en esa idea. En la obra se denuncia la impunidad con la que actuaron las dinastías industriales más ricas de Alemania (Dinero y poder en el Tercer Reich). Según este investigador, las empresas más beneficiadas por las expropiaciones y los trabajadores forzados pagaron compensaciones económicas, «pero nunca asumieron una responsabilidad moral ni tuvieron que reconocer sus malas prácticas». Es justamente a ese ejemplo al que se aferran ahora Minersa y el BBVA.

Las corporaciones mencionadas por De Jong se apropiaron de negocios propiedad de judíos, utilizaron mano de obra esclava y fabricaron armas para el ejército de Hitler. En el caso de la oligarquía de Neguri, robaron compañías propiedad de sociedades leales a la República, traficaron con productos producidos por mano de obra esclava judía y proporcionaron minerales imprescindibles para la fabricación de armas y el esfuerzo bélico de Hitler.

Varios de los casos paradigmáticos citados por el escritor son los de la BMW, que se proveía de esclavos del campo de concentración de Dachau; la Daimler-Benz, que los obtenía de Buchemwald, y Dr. Oetker, Quandt y Volkswagen, que usaron los de Neuengamme.

En 1999, el gobierno y la industria alemanes se comprometieron en un acuerdo a destinar a partes iguales un total de 5.000 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores forzados, en su mayoría procedentes del este de Europa. Ochenta empresas pagaron el 60% de esos 2.500 millones de dólares que les correspondían, según De Jong.

A su juicio, el problema es que «no tuvieron que asumir ninguna culpa, ninguna responsabilidad moral por lo que habían hecho ni tuvieron que reconocer malas prácticas». Y de esto es de lo que trata su libro, de las empresas que no han respondido todavía de su pasado.

En el caso del BBVA o Minersa, no solo no han mostrado la más mínima determinación de profundizar en las revelaciones llevadas a cabo por la prensa sino que le han vuelto la espalda a los descubrimientos realizados. En opinión de la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, lo que procedería es «seguir el ejemplo de Berterlsmann y contratar a una serie de investigadores para conocer en profundidad el lado oscuro de la historia de la empresa que han heredado, incluso si ello diera lugar a responsabilidades. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no han prescrito. Es obvio que los directivos actuales no tienen una responsabilidad directa, pero sí un compromiso moral con las víctimas y la historia. Que abran los archivos a investigadores externos es, sin duda, importante, pero ellos mismos tendrían que indagar en su pasado y pagar de su bolsillo la investigación».

Al igual que la asociación barcelonesa Amical de Mauthausen, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) también cree que el banco debe emitir una disculpa pública y aclarar su pasado. «Creemos que honraría al BBVA que pidiera perdón si tal y como indica la investigación llevada a cabo por El Nacional de Catalunya, accionistas de las entidades que se fusionaron para originar el banco actual efectuaron negocios con los nazis», indicó un portavoz de la Federación.

«De hecho, es que no sería la primera», prosigue. «BMW, Hugo Boss y otras 6.000 empresas alemanas lo han hecho. El propio gobierno de Alemania pidió perdón en 2000 y estableció un fondo de ayuda para las víctimas del nazismo. Está claro que los actuales directivos, y los anteriores, no tienen responsabilidad, pero si una empresa tiene un pasado oscuro, lo mejor es indagar en él. No hay que olvidar que las personas y empresas que colaboraron con el Tercer Reich contribuyeron a que su maquinaria de crimen y guerra se perpetuara».

Se da la circunstancia de que estas declaraciones de la FCJE han sido atribuidas por su gabinete de comunicación al número 2 de la Federación, Maxo Benalal, un diputado balear investigado por corrupción que, desde hace algunos meses, figura como afiliado de Vox, el partido político heredero de la ideología fascista que hizo posible la colaboración del BBVA y Minersa con los nazis y que convirtió la Península en un refugio privilegiado para los huidos del Tercer Reich tras la derrota de Hitler. Benalal fue incorporado al cargo por el presidente de la FCJE, Isaac Benzaquen, a sabiendas de su posicionamiento político y de las sospechas de corrupción que pesaban sobre él, lo que socaba gravemente la autoridad de la Federación para emitir juicios sobre conductas empresariales. Hasta la fecha, Benzaquen no ha querido realizar declaraciones sobre la participación de las empresas nazis en el exterminio de su pueblo.