El PSOE asume las tesis de UP sobre la presión ciudadana para forzar al PP a cumplir la ley de vivienda

Los dos partidos del Gobierno consideran que la nueva ley puede ser una herramienta electoral para el 28 de mayo. «Va a ser una batalla cultural y de alcance largo», señalan desde Unidas Podemos. Los socialistas creen que en algunos lugares el PP no tendrá más remedio que aplicar la ley. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (c), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), este jueves en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (c), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), este jueves en el Congreso.  Javier Lizón / EFE

Día «histórico» en el Congreso de los Diputados. La ley de vivienda ya está aprobada en la Cámara Baja. En una semana las caras largas, la tensión y la tristeza por lo sucedido con la reforma de la ley del solo sí es sí han dado paso a la euforia generalizada en el Gobierno de coalición. Todas las partes han cerrado filas con la normativa y la reivindican como propia a las puertas de las elecciones del mes de mayo.

El propio presidente Pedro Sánchez acudió personalmente al Congreso este jueves y ofreció declaraciones a los medios sobre este asunto. No es habitual que el líder del Ejecutivo acuda a la Cámara Baja en este tipo de votaciones.

Junto a él, rompiendo la ubicación habitual de los ministros, se sentó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. A su lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y en el otro extremo del hemiciclo, las ministras de Igualdad y Derechos Sociales, Irene Montero y Ione Belarra. Esta última también celebró en declaraciones a los medios el resultado de la votación.

En los comicios municipales y autonómicos del 28M esta ley jugará un papel importante. Al menos así lo desean tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. Serán las comunidades autónomas quienes tendrán que aplicar algunas de las principales medidas como por ejemplo la limitación de precios al alquiler en las zonas tensionadas. El PP ya se ha rebelado contra la ley y ha anunciado incluso que recurrirá  Y aquí surge entonces la gran pregunta. ¿Se podrá aplicar en los territorios gobernados por los populares?

La respuesta que dan en Moncloa, según las fuentes consultadas por Público, es que va a ser clave la «presión ciudadana». Es decir, que los socialistas confían en que el «contraste» que se puede dar entre comunidades autónomas de lugares con Gobiernos diferentes haga que los dirigentes del PP «no tengan más remedio» que aplicar medidas que favorezcan rebajas en los alquileres.

El ejemplo más concreto de esta situación se puede dar en la Comunidad de Madrid. Salvo que haya un vuelco electoral, Isabel Díaz Ayuso seguirá siendo presidenta autonómica. Ha sido la más beligerante contra la ley, recurriendo incluso a ETA por la participación en el acuerdo de EH Bildu.

Una situación compleja se puede dar en Euskadi. Allí gobierna el PNV junto a los socialistas, que precisamente cuentan con la Consejería de Vivienda. La formación vasca ha votado en contra de la ley al considerar que se invaden sus competencias.

También han abierto la puerta a interponer un recurso ante el TC. El PNV escenificó su distancia con el Gobierno en una llamativa rueda de prensa junto a Junts y PDeCat en el Congreso tras las votaciones. En las filas socialistas afirman que «hay que dar tiempo»

Mientras, en Unidas Podemos celebran que por fin se haya sacado adelante una norma que llevan reclamando desde el inicio de la legislatura. Consideran en el espacio morado que su insistencia ha sido clave para convencer al PSOE de sacarla adelante antes de las elecciones. Podemos ve en el tope a los alquileres un «revulsivo electoral». 

A los socios del PSOE en el Gobierno les hubiera gustado que la ley «se aprobara antes». Pero están satisfechos porque puede ser «un arma electoral para las candidaturas progresistas» en las próximas elecciones, según destacan las fuentes consultadas por este medio. Creen que la ley de vivienda es una buena inversión a corto y medio plazo, no solo para esta cita con las urnas.

«Los ciudadanos de Madrid van a ver cómo en Barcelona o València la gente no está asfixiada con los alquileres y él en su ciudad sí. Va a ser una batalla cultural y de alcance largo«, señalan en Unidas Podemos. En este sentido, en UP suelen recordar de forma habitual que incluso un alcalde del PP tan marcado ideológicamente como Xavier García Albiol decidió aplicar la ley catalana en Badalona.

En Moncloa reivindican que «todos los avances sociales de este país han venido de la mano del PSOE» y no entran en la disputa por la autoría de la ley con UP. «Somos un Gobierno de coalición que está funcionando», insisten. Eso sí, algunas fuentes socialistas consultadas reconocen que el espacio morado ha tenido una relación muy fuerte con los movimientos por la vivienda y antidesahucios. De hecho, algunos representantes de los mismo estuvieron este jueves en el Congreso invitados por UP.

Sea como fuere, en estos momentos el mensaje que se traslada desde ambas fuerzas políticas con la importancias aplicación de esta ley es unitario. Todo pese a las resistencias iniciales de bajar los precios del alquiler por parte del PSOE, según recuerdan en UP. Los socialistas han reaccionado a un escaso mes de la cita electoral. No solo con la ley sino con otros anuncios ya hecho y otros que vendrán antes de que comience la legislatura.

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La Guardia Civil caza al presidente del PP y la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora

Los agentes dieron el alto a Baltar el domingo al volante de un vehículo de la Diputación y los hechos han motivado la apertura de un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (izquierda), junto al de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, en una imagen de archivo EFE

La Guardia Civil de Tráfico redacta un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial tras haber detectado el vehículo que conducía el presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora el pasado domingo, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, informan a elDiario.es fuentes próximas a las pesquisas.

 

El clan Baltar perpetúa en Ourense su poder orgánico con reglas propias al margen de la dirección de Feijóo

Los agentes dieron el alto al coche por el citado tramo de la A-52, también conocida como Autovía de las Rías Baixas, pasadas las seis de la tarde, tras detectar un radar el exceso de velocidad. La A-52 une Galicia con Castilla-León, conectando las provincias de Pontevedra, Ourense y Zamora con la A-6. Fuentes de la Diputación afirman que Baltar conducía en dirección Madrid porque tenía reuniones el lunes por la mañana en la capital.

Las mismas fuentes oficiales del órgano que preside Baltar aseguraron a elDiario.es la noche del martes que el coche pertenece a la Diputación de Ourense y que el político fue sancionado en el acto con una multa de 600 euros y seis puntos, así como que los servicios jurídicos de la Diputación procederían a recurrir por la vía administrativa. En la mañana del miércoles, la Diputación rectificó y afirmó que los servicios jurídicos no recurrirán la sanción, atribuyendo la comunicación inicial a “un error”. Ese portavoz oficial asegura que Baltar ha pagado la multa la mañana de este miércoles, horas después de que elDiario.es desvelara el incidente.

El presidente del PP de Ourense se ha apresurado a pagar la sanción antes de que le sea notificada la instrucción por un presunto delito contra la seguridad vial. El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso de sanción administrativa se detendrá.

Los agentes redactaron en el acto un boletín de denuncia administrativa que le entregaron a Baltar en el lugar. Los 215 kilómetros a los que el radar señaló que circulaba Baltar situaban los hechos en lo que los agentes denominan “zona gris”, esto es, en la duda de si se trata de un exceso de velocidad constitutivo de delito o solo alcanza a una fuerte sanción. Por este motivo, los guardias civiles procedieron a notificar la apertura del proceso administrativo a la espera de determinar si se daba un delito. Con posterioridad, y tras aplicar el margen de error posible en el radar del 5% de total de la velocidad detectada, se procedió a abrir un atestado por una posible infracción penal al haber superado en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en el tramo, explican las fuentes de elDiario.es.

El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso administrativo se detendrá a la espera de la resolución de la instrucción penal.

El presidente de la Diputación de Ourense no se identificó como tal cuando los agentes le dieron el alto. Los guardias no practicaron el test de alcoholemia o drogas porque este se realiza siempre que hay accidente y solo si se aprecian síntomas en el conductor en el caso de que no se haya producido un percance, precisan las fuentes consultadas.

José Manuel Baltar es presidente de la Diputación Provincial de Ourense desde febrero de 2012, hace más de una década. Sustituyó en el cargo a su padre, José Luis Baltar, hombre fuerte del PP gallego durante décadas. Baltar hijo es presidente del PP de Ourense desde 2010. En 2021 revalidó su liderazgo en el partido a nivel provincial con un 99,2% de los 662 sufragios emitidos. La conducción temeraria está castigada con hasta dos años de cárcel si no ha puesto en riesgo concreto la vida de las personas.

Gabriel Rufián responde con sorna a los mantras de la ultraderecha con la vivienda: «Para desocupación la de Primo de Rivera»

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Parece que hay un consenso en este país en que tenemos un problema con la vivienda, lo que pasa es que mientras unos ponen el foco en la dificultad que tienen muchos para acceder a una vivienda digna, otros, esencialmente las derechas, insisten en el mito ya desmontado por activa y pasiva de las ocupaciones.

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Este miércoles, en pleno año electoral, los ultraderechistas volvieron a insistir con el fantasma de los ocupas y lanzaron una proposición de ley en el Congreso. El primero en salir a responder fue el portavoz de ERC Gabriel Rufián, que recordó las condiciones salariales de muchos españoles y preguntó a los representantes de Vox cuáles son sus propuestas para ellos.

Rufián destacó que «es falso que la ocupación sea un problema en este país» y que es «un bulo de la ultraderecha». También tiró de ironía: «¿Saben la única buena desocupación que ha habido últimamente? La de Franco y Primo de Rivera».

Sus palabras han vuelto a provocar un torrente de respuestas en las redes:

 

 

 

 

 

 

Entre los momentos más interesantes en el Congreso, siempre quedarán los de Gabriel Rufián dirigiéndose a Vox. Para el recuerdo ya, los mazazos dialécticos a los ultraderechistas en la última moción de censura.

Las redes recuerdan el momento en el que Silvia Intxaurrondo hizo balbucear a Isabel Díaz Ayuso: «Esta entrevista le costó el trabajo en Telemadrid»

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La periodista Silvia Intxaurrondo se ha vuelto popular en las redes por sacarle las vergüenzas a los políticos del PP. Después de cuestionar el relato de Javier Maroto, que aseguraba que el Gobierno aprovechaba para exhumar a Primo de Rivera para «expiar la atención» en plena campaña electoral, ahora los tuiteros recuperan una intervención de la presentadora donde pone en tela de juicio la viabilidad del Hospital Isabel Zendal.

En una entrevista que concedió Isabel Díaz Ayuso para Telemadrid, con motivo de la construcción del Zendal, Intxaurrondo le preguntó: «¿Cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?». La presidenta madrileña, entonces, explicó que cogerían a profesionales de otros centros para hacer «ese operativo».

 

«¿No se arriesga a que otros hospitales se queden desatendidos?», cuestionó la periodista, ante las interrupciones de la dirigente del PP, quien aseguró que la construcción de un nuevo hospital era una «muy buena noticia». Intxaurrondo , conociendo la presión hospitalaria que sufre Madrid, criticó el relato de Ayuso: «A mí no me salen las cuentas».

«Yo no soy la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad», comenzó a echar balones fuera la líder popular. Ayuso, poniendo más excusas, alegó que ella no tenía la responsabilidad de dar más detalles. «Eso no se le pregunta a una presidenta», sentenció la política.

Los usuarios de Twitter han aplaudido aquella intervención de Intxaurrondo, a la par que han criticado la gestión de Ayuso en la sanidad madrileña.

 

 

 

 

 

 

Eso sí, después de esta intervención, Ayuso no volvió a concederle una entrevista a la reportera. Intxaurrondo realizó una gran cobertura de la borrasca Filomena en enero de 2021, en la que la dirigente madrileña nunca intervino en directo. Por esta razón, muchas personas han señalado que la periodista fue vetada de Telemadrid.

Meses después, la presentadora abandonó la cadena autonómica para fichar por RTVE. En una entrevista concedida a El Independiete, Intxaurrondo  se mostró cauta ante los rumores del veto y señaló que ella no tenía «rencillas con nadie».