«Quitar de en medio al juez y al fiscal», esa es la amenaza que la Fiscalía nunca llegó a investigar pese a que una comitiva judicial se trasladó a la cárcel de Palma para entrevistarse con el recluso que escuchó el encargo. No se levantó acta de aquella entrevista.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares para declarar como testigo en el juicio contra el juez Florit por requisar los móviles a dos periodistas de Palma, el 8 de abril de 2019. — Isaac Buj / EUROPA PRESS
Un día indeterminado del mes de enero o febrero de 2019 un recluso de la cárcel de Palma de Mallorca hizo una llamada al Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear. Quería hablar con la persona que llevara el caso Cursach, la investigación sobre la trama policial para beneficiar a los negocios del rey de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach. Un caso recientemente juzgado que se ha saldado con la absolución de todos los procesados y que, en cambio, ha derivado en un rosario de cargos contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, encargados de aquella investigación y hoy jubilados anticipadamente.
Al preso le atendió la funcionaria encargada del caso. Lo que escuchó sin duda debió dejarla helada. El recluso le contó que hacía meses que había escuchado en el comedor de la prisión zanjar un presunto encargo del magnate Cursach a dos presos latinoamericanos para «quitar de en medio» al juez y al fiscal y a cambio él les daría trabajo a sus mujeres e hijas y a ellos mismos. Cursach permaneció en prisión preventiva 13 meses y salió en abril de 2018.
La funcionaria, según ha podido saber Público de fuentes jurídicas, comunicó el episodio al secretario del juzgado y este, al juez. En aquel momento, el titular del juzgado, Manuel Penalva, estaba recusado y apartado por presuntas irregularidades en la instrucción del caso Cursach. Su sustituto era Miguel Florit, el mismo juez que ordenó la incautación de los móviles de dos periodistas con la excusa de investigar de dónde salían las filtraciones a la prensa sobre la investigación de Cursach. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior de Justicia de Balears determinaron que se vulneró el derecho de los informadores con aquella medida «injustificada».
El juez Florit y el fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, decidieron que no había motivo para llevar hasta el juzgado al preso y tomarle declaración. En cambio, ordenaron que una comitiva judicial se trasladara a la cárcel para entrevistarse con el recluso e iniciar una investigación, según fuentes jurídicas.
Cuando Florit, Carrau, el secretario judicial y la funcionaria llegaron al Centro Penitenciario de Palma, el juez y el fiscal se reunieron en solitario con el preso, indicando a los otros funcionarios que no se acercaran a la mesa. Según fuentes jurídicas conocedoras de este episodio, Carrau y Florit hablaron en voz baja, y al acabar, cuando el secretario propuso levantar acta, como es lo habitual y para lo que se había desplazado la comisión judicial hasta la cárcel, el juez y el fiscal dijeron que no hacía falta levantar ese acta. La inexistencia de un acta judicial, que elabora siempre el secretario del juzgado, implica que no hay constancia del hecho en cuestión.
Sin embargo, el secretario judicial elaboró un certificado en septiembre de 2019, al que ha podido acceder Público, en el que parcamente da cuenta del episodio y que se puede leer a continuación.
Si bien es cierto que el secretario aduce en su escrito que «no se acordó la realización de ninguna actuación procesal, por cuyo motivo no se levantó acta alguna», lo habitual en este tipo de hechos, y más teniendo en cuenta que se trataba de una amenaza directa contra un juez y un fiscal, es que se levantara un acta aunque fuera para indicar, por ejemplo, que, realizada la entrevista, no tenía fundamento el testimonio del preso o que este había cambiado de opinión y ya no quería colaborar. Así lo explican fuentes jurídicas a este diario, que añaden que, en todo caso, no tiene sentido que no estuvieran presentes en la conversación el secretario y la funcionaria.
El giro completo del fiscal Carrau
Hay que recordar que Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán redactaron el escrito de acusación contra los investigados en el caso Cursach, incluido el magnate que dio nombre a la causa, para el que pedían ocho años de prisión. Pero tras la caída en desgracia de Subirán y Penalva por las presuntas irregularidades en la instrucción, por las que la propia Fiscalía Anticorrupción pide 112 años de prisión para el fiscal y 108 para el juez, Carrau modificó el escrito de acusación, tachando los cargos más graves, propiciando así la absolución de los acusados.
¿Cómo se enteraron Penalva y Subirán del plan de los sicarios?
Como se ha dicho anteriormente el juez Manuel Penalva estaba por entonces apartado de su juzgado. El fiscal Miguel Ángel Subirán acudía con regularidad al juzgado y un día, poco después de la visita a la cárcel de la comitiva judicial, una funcionaria se le acercó y le contó el acontecimiento. Subirán era muy querido en el juzgado. Toda su carrera la ha hecho en Balears, a donde llegó en 1987.
Tanto Penalva como Subirán habían denunciado previamente en los últimos seis años todo tipo de amenazas, robos, seguimientos con intimidación por su investigación de la trama policial del caso Cursach. Así pues, el supuesto plan para asesinarles tenía, a priori, indicios de poder ser cierto.
Tras enterarse Subirán del presunto plan para acabar con su vida, se lo trasladó al juez Penalva, que no tardó en pedir una baja por motivos psicológicos. El pánico a que dos sicarios pudieran estar esperando el momento propicio para «quitarles de en medio» hizo mella en ambos, cuentan fuentes cercanas a ellos. Subirán cogió la baja el 21 de marzo. Esas mismas fuentes indican que el fiscal llegó a hacer testamento.
Miguel Ángel Subirán preguntó en el juzgado qué diligencias se habían practicado para esclarecer el presunto encargo de matarles y la respuesta que obtuvo fue que ninguna. Oficialmente envió en agosto de 2019 un escrito a la Fiscalía Superior de Balears inquiriendo más datos sobre la inexistente investigación. Desde la Fiscalía se le informó de que «no constan diligencias de investigación por tales hechos», según ha podido saber este diario.
Sin respuesta de la Fiscalía
En septiembre volvió a pedir explicaciones: «(…) si el hecho de que se no se haya incoado diligencia alguna es debido a que V.E. no tenía conocimiento de los gravísimos hechos que le comunicamos el pasado 20 de agosto por habérselos ocultado el llmo. Sr. Juan Carrau», preguntaba en ese segundo escrito Subirán a su superior.
Lo más importante de ese escrito, al que ha podido acceder Público, es que Subirán le preguntaba al fiscal jefe de Balears si «se van a aperturar diligencias para investigar los hechos ocultados por el Sr. Carrau a V.E. y entiendo que también a la Fiscalía General y Fiscalía Especial (Anticorrupción)». Lleva esperando respuesta tres años.
Antes de enviar esta denuncia, Subirán le preguntó directamente a Carrau sobre el asunto de los sicarios. Según informan fuentes jurídicas, el fiscal Subirán le preguntó qué pensaba hacer Anticorrupción y Carrau le contestó, según estas fuentes, que lo comunicaría personalmente al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Pero ni en esa fiscalía ni en la Fiscalía General del Estado consta ni abierto ni cerrado ningún procedimiento para esclarecer los hechos.
Por su parte, el juez Penalva preguntó lo propio al juez Miguel Florit en una Junta de jueces poco antes de su baja médica. Florit le dio largas. «Ya hablaremos», vino a decirle.
