Nunca me cansaré de volver a vivir este momento glorioso 
Era un político honrado de lo que ya no existe, que pena que se fuera…..
Es que es jodidamente emocionante 
Categoría: Educación
Tres años del confinamiento por covid: 34.571 mayores fallecidos en residencias y ni una condena
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias se concentra este miércoles ante los juzgados de la Plaza de Castilla para recordar que «ni olvidamos, ni perdonamos el abandono que sufrieron nuestros mayores hasta morir».
Varios operarios realizan el traslado de cadáveres de la residencia geriátrica «Los Peñascales», en Torrelodones (Madrid) a 14 de Abril de 2020.
Firma: Ángel Díaz Briñas / Europa Press
Varias familias declaran este miércoles en el Juzgado Nº 4 de la Plaza de Castilla en Madrid tras la querella presentada – y que no fue admitida a trámite- contra Ayuso por abandonar a su suerte a sus mayores en la primera fase de la pandemia de Covid-19 en aquel 2020. Saben que la Fiscalía les escucha ante su tragedia, pero también que hasta ahora no tienen constancia de que haya sido condenado ningún político en España, ni ningún gerente de estos centros de mayores, por haber negado el desplazamiento a los hospitales de los ancianos dependientes y de mayor edad cuando enfermaron de coronavirus.
«Las cifras son escalofriantes» recuerda Miguel Vázquez, portavoz de La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare). Los datos oficiales del Imserso son contundentes. En estos tres años de pandemia, un total de 34.571 ancianos fallecieron en residencias. Hasta 20.000 de estas muertes se registraron solo en el 2020. Desde entonces, cientos de querellas de familias y ni una condena.
La Fiscalía fue clara. Escucharía a las familias de las víctimas, pero sin compromiso alguno en el procedimiento judicial. El pasado mes de febrero, el Ministerio Fiscal reconocía 106 procesos judiciales activos por la gestión de la covid en las residencias. Sin embargo, y hasta ese momento, no registraba ninguna condena específica por covid.
Aislamiento de los mayores con covid en toda España
Madrid es una de las comunidades con mayor número de víctimas en residencias por covid en aquellos primeros meses de pandemia, según datos del Imserso. Fue en marzo de 2020, cuando la Dirección de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid firmó un protocolo, aprobado por la Consejería de Sanidad, por el que se prohibía trasladar a los hospitales a residentes de centros de mayores con un determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo.
Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no fue la única en firmar estos protocolos en los que se anulaba el derecho de los mayores vulnerables a una atención sanitaria hospitalaria ante los síntomas de covid o de cualquier otra enfermedad. Todas las comunidades, se recogiera o no por escrito, optaron por evitar el ingreso de estos mayores en los hospitales para no saturar aún más las plantas covid. Así, la población más vulnerable de la sociedad quedaba abandonada a su suerte, insiste Vázquez a Público.
Aunque, eso sí, la popular madrileña tuvo el peor de los balances ante su decisión: en los primeros veinte días el número de muertos en estas residencias en Madrid fue estremecedor. Según explica Miguel Vázquez, tal y como registró el Imserso, «cerca de 6.000 mayores fallecían solos y muchos de ellos sin ni siquiera poder comunicarse con sus familias para despedirse».
Fue el entonces Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, quien envió de forma urgente una serie de recomendaciones a todas las comunidades autónomas con respecto a las residencias de mayores. En la misiva, el Defensor pedía a todas las comunidades autónomas que mejoraran la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores, la información que se proporciona a sus familias y la protección de sus derechos. Tenían que pasar aún varios meses hasta que se normalizara la situación en estos geriátricos.
La oficina de Marugán reconocía entonces que había recibido un número considerable de quejas en las que los familiares de los residentes ponían de manifiesto carencias en su asistencia sanitaria y falta de información y transparencia por parte de los centros. Además, sobre todo, expresaban su desesperación por no poder despedirse en caso de fallecimiento y la inseguridad con respecto a sus derechos en estos momentos.
Sólo en Madrid, durante los veinte días posteriores a la aplicación del protocolo murieron en las residecias madrileños cerca de 6.000 mayores sin recibir atención hospitalaria. Ya en noviembre de 2020, el Imserso aporta sus primeros datos oficiales al respecto y lanza una cifra escalofriante: cerca de 20.000 residentes habían muerto con Covid confirmada o con síntomas compatibles con la infección durante el primer periodo de la pandemia.
Faltan datos de los fallecidos en hospitales
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias estará hoy frente a los juzgados de Plaza Castilla para apoyar a las familias que declaran ante la Fiscalía. Miguel Vázquez recuerda que «estaremos para solidarizarnos con ellos y pedir justicia, la misma que se les negó a sus mayores». Pero el portavoz de esta plataforma sabe que todo lo ocurrido no sólo no ha pasado factura judicial a los responsables «sino tampoco política, no hay más que ver las tendencias de voto en la Comunidad de Madrid», manifiesta.
«La responsabilidad política es evidente, otra cosa es que la sociedad no hay sido capaz de actuar en consecuencia».
Sin embargo, los organizadores de la movilización ante los juzgados de la Plaza de Castilla están convencidos de que «en algún momento, algún juzgado considerará que hay consecuencias penales por lo que ha pasado con los ancianos más indefensos». Vázquez reconoce también que «la responsabilidad política es evidente, otra cosa es que la sociedad no hay sido capaz de exigirla y actuar en consecuencia».
También llama la atención el dato aportado por la Fiscalía de que tan sólo el 5% de las familias afectadas presentaron querella por la falta de auxilio a sus mayores. Eso sí, hasta el momento, sin ningún éxito.
Las medidas tomadas por las autoridades en aquellos difíciles momentos del Covid, que impidió que los ancianos fueran trasladados de las residencias a los hospitales, sólo afectó a aquellos mayores que no contaban con un seguro privado. Por ello, Vázquez acusa además de «políticas clasistas»
Entre estas familias que este miércoles estarán en los juzgados para declarar ante la Fiscalía se encuentra Ángela Arreba, que todavía recuerda, entre emocionada e indignada, cómo fueron los últimos días de su madre, que murió sola en una residencia de Madrid con 91 años.
Esta madrileña narra con precisión a Público que el 8 de marzo de 2020 «es la última vez que vemos a nuestra madre». La residencia Amavir les notifica por escrito que se suspenden las visitas al centro ante el avance de la pandemia. «Nos despedimos de nuestra madre convencidas de que era por un tiempo breve y por su bien. Pero no volvimos a verla«.
Jornadas de angustia sin saber nada de su madre
Así empieza unas jornadas de angustia ante la falta de comunicación con la residencia. «Era muy difícil hablar con los profesionales, porque se reduce el personal, los trabajadores caen enfermos de Covid, vienen otros que no conocen a mi madre ni al resto de residentes, y así pasan los días sin que sepamos muy bien qué pasa dentro», recuerda.
Ángela llegó, con la disculpa del permiso de pasear al perro, a acercarse a la puerta de la residencia de su madre. «Pero todos los que entraban o salían me respondían con mucho ocultismo». Según confirma, «no sólo no nos dejaban hablar por teléfono con ella, o comunicar por videoconferencia, es que no dejaron ni que se asomara a la venta para que me viera y verla yo a ella desde la calle».
La voz de esta mujer se va quebrando a medida que recuerda los últimos días de la vida de su madre. «De vez en cuando contestaban. No te informaban de la situación clínica, decían que nuestra madre estaba bien. Todo tranquilo. No os preocupéis. Mi madre llevaba allí ocho años. Así pasaban los días. Crecía la alarma social y confiamos en ellos, en su palabra», explica.
El día 30 la familia de esta anciana recibió la llamada del médico. «Nos informó que mi madre había sufrido una hipoglucemia, que ha perdido la conciencia, pero que ya se había recuperado». El facultativo confirma a Ángela y sus hermanos «que no tenía fiebre, que de oxigenación estaba normal. Respira bien, nos dicen». Pero el día 4 de abril, a través de una llamada, ya se les comunica que la situación de la anciana es dramática. «Que tiene los pulmones encharcados, está sin conciencia y con fiebre alta», recuerda con desesperación. A pesar del cuadro clínico grave, Ángela asegura que «en la residencia nunca se plantearon llevarla al hospital».
El día 8, a las 6.30 de la mañana, la familia recibe la noticia de la muerte de su madre. «Deducimos que murió sola y no sabemos si sufrió. Pasamos un mes entero preocupados, pero no pudimos comunicar con ella de ninguna manera».
Ángela y sus hermanos presentaron una querella contra Ayuso por homicidio imprudente que fue desestimada. Hoy volverán a declarar ante la Fiscalía. Pese a todo, confían en que algún día «se haga justicia».
El vicepresidente de Ayuso se beneficia del bono social térmico para «consumidores vulnerables» de su propio Gobierno
Enrique Ossorio, el diputado más rico de la Comunidad de Madrid, recibe 195,82 euros para la calefacción y el agua caliente por disponer del certificado de familia numerosa, sin importar su patrimonio.
El vicepresidente, consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en una rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, en Madrid, a 6 de marzo de 2023. — A. Pérez Meca / EUROPA PRESS
El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se beneficia del bono social térmico que concede su Gobierno para «proteger los derechos de los más vulnerables», según la información publicada por InfoLibre.
El número dos de Isabel Díaz Ayuso es el diputado más rico de la Comunidad de Madrid con un sueldo de 107.912,76 euros anuales, una casa valorada en 417.000 euros y más de un millón de euros invertidos.
Sin embargo, recibe esta ayuda creada para «aliviar el coste de calentar la casa en los meses más fríos» por poseer el certificado de familia numerosa, sin importar su patrimonio.
Ossorio recibe 195,82 euros correspondiente a la «asignación vulnerable», inferior a la que reciben las personas en una situación «vulnerable severa», de 313,30 euros.
Según el portal de la Comunidad de Madrid, los beneficiarios que corresponden al grupo de «asignación vulnerable» deben cumplir con uno de los siguientes requisitos: tener una renta conjunta anual igual o inferior a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), poseer el título de familia numerosa, percibir el ingreso mínimo vital o ser pensionista por jubilación o incapacidad permanente.
Ossorio es el mismo que respondió a un informe de Cáritas sobre la pobreza de esta forma: «A alguien le dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, pues ¿dónde están?», negaba. También consideró cuando se produjo la polémica por las becas a rentas altas que una pareja con dos hijos que gana 143.652 euros al año «forma parte de una clase media que paga muchos impuestos, trabaja mucho y no recibe nada». Además, señaló que dichas familias podrían tener «problemas para llegar a fin de mes».
El vicepresidente madrileño también generó polémica al considerar que los familiares de las personas fallecidas en las residencias durante los momentos más duros de la pandemia de la covid «ya lo han superado».
Ossorio se benefició de esta ayuda durante el periodo de 2021. Un año antes, la Comunidad de Madrid dejó sin gastar 32,4 millones de euros destinados a ayudar a personas en riesgo de exclusión social, tal y como refleja el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.
Estados Unidos destruye a su aliado cercano y rival, Europa
Europa ha sido empujada por EE.UU, con amenazas, incertidumbre económica y políticas agresivas, a una guerra que la terminará aniquilando, según un escritor alemán.
El escritor alemán Wolfgang Bittner ha ofrecido una reveladora entrevista a Alexander Boos, del portal apolut, en la que arremete contra Estados Unidos, sobre todo los belicistas de Washington, por arrastrar a Europa a una guerra sinsentido que la está llevando al borde del abismo.
La petición del Gobierno de Kiev de municiones de racimo, bombas de fósforo, misiles de largo alcance y más, durante la Conferencia de Múnich [febrero de 2023], ha dicho, “es indicativo de lo que realmente está y va a suceder allí”.
EEUU está destruyendo a Europa, la ve como competidora
“Estados Unidos ha logrado dividir Europa y crear focos de conflicto en todas partes. No es natural cuando se demoniza a Rusia como el ‘imperio del mal’, como se le llama, y cuando tenemos una guerra a la vuelta de la esquina, es decir, somos empujados a una guerra que nos arruinará y Europa, especialmente Alemania, podría quedar aniquilada”, ha denunciado el escritor.
Actualmente, Europa está siendo devastada y eliminada como competidora de EE. UU. “Solo tenemos que mirar a la industria alemana, que se está reduciendo, migrando o incluso muriendo”, ha dicho para después señalar el proyecto de gasoducto Nord Stream 2, de inmenso beneficio para el país germano y por extensión toda la zona. “Durante años, EE. UU. ha hecho campaña contra este proyecto de gasoducto de manera criminal”, ha expresado.
A juicio del también jurista, Berlín ha soportado más de la cuenta a EE.UU. en este asunto. “Todos sabemos lo que pasó al final. Durante la visita inaugural del canciller Olaf Scholz a Washington en febrero de 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, sin tener en cuenta la soberanía de Alemania, se permitió poner fin a Nord Stream 2. El canciller Scholz miró sin decir una palabra, hay fotos y actas en Internet”, ha recordado,
Para el experto, Alemania y otros países europeos viven en incertidumbre y constante estado de emergencia por culpa de Washington. “Hay unos 40 000 soldados estadounidenses estacionados en territorio alemán. Y hay once enormes bases aéreas, con pistas para bombarderos B-52 de largo alcance, entre otros. Es más, los estadounidenses tienen derechos especiales a través de tratados adicionales sobre establecimiento de tropas y cooperación militar”, ha dicho.
Un punto gravísimo, ha explicado Bittner, es que Alemania sigue siendo un estado enemigo, según la Carta de las Naciones Unidas, debido a una cláusula, ¿pero de qué se trata esta cláusula? Pues, establece que el Consejo de Seguridad de la ONU puede imponer medidas coercitivas sin una autorización especial, si Alemania volviera a seguir una política agresiva. Eso puede interpretarse ampliamente e incluye intervenciones militares, si es necesario. Es, por tanto, un elemento permanente de incertidumbre en la política.
Hasta hace unos años, el derecho internacional todavía se regía por la Carta de las Naciones Unidas. Pero, Estados Unidos no cumple. Ellos hacen lo que quieren. Y es una pena que los países europeos, incluida Alemania, estén de acuerdo con esto. Creo que es un gran crimen, porque con este orden basado en reglas, que EE. UU. pueden interpretar arbitrariamente, las compuertas están abiertas a la arbitrariedad, que estamos experimentando de primera mano.
Rusia se cansó, basta de desplantes
Bittner ha recordado cómo en las décadas de los 70 y 80 había perspectivas de consolidar la visión de una gran cooperación Europa-Rusia, pero no se aprovechó la oportunidad, ni siquiera la oferta del presidente ruso, Vladimir Putin, quien en su discurso en el Bundestag alemán en 2001 habló de un área económica común que se extendería desde Vladivostok hasta Lisboa. “Pero, EE.UU. lo impidió”, ha lamentado.
Otro gran problema, para el analista, es que Rusia ahora ha dado completamente la espalda a Europa occidental y está buscando nuevos socios. Rusia no está sola en esto. “Más de la mitad de la humanidad ya no quiere soportar esta audacia y opresión de Estados Unidos”, ha confesado.
“La asociación BRICS y la organización de Shanghái, poco conocida, pero muy influyente, se están volviendo cada vez más populares, lo que significa que Europa occidental amenaza gradualmente con volverse irrelevante”, ha concluido.
Moscú asevera que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Ucrania, y advierte de que de esta forma los países occidentales están “echando leña al fuego” del conflicto, lo que “tendrá repercusiones trágicas”.
EEUU ocupa una porción más grande de Siria de la que Rusia controla en Ucrania
EE.UU. ataca con saña la operación rusa en Ucrania, pero los mapas destapan cómo está ocupando una porción más grande de Siria de la que Rusia controla en Ucrania.
De esta manera, criticó el doble estándar estadounidense en su cuenta en Twitter Anthony Zenkus, profesor de la Universidad de Columbia (EE.UU.), adjuntando el viernes mapas de las zonas que Estados Unidos y Rusia controlan en Siria y Ucrania, respectivamente.
Las tropas estadounidenses y sus milicianos aliados ocupan las vastas zonas del noreste de Siria, región rica en recursos petroleros, bajo la bandera de la lucha contra el grupo terrorista Daesh.
La ocupación estadounidense se ha prolongado desde 2014, en violación de la soberanía de Siria, y ha continuado, incluso después de la destrucción del grupo terrorista por las fuerzas sirias, que contaban con el apoyo de Rusia e Irán.
Las autoridades sirias han denunciado en reiteradas ocasiones que las fuerzas ocupantes de EE.UU. apoyan a los grupos terroristas y facilitan el robo de los recursos naturales y activos públicos del país.
El Congreso de Estados Unidos rechazó el miércoles por 321 a 103 votos un proyecto de ley que pedía al presidente del país norteamericano, Joe Biden, retirar a las tropas de ocupación estadounidenses de Siria dentro de los próximos 180 días.
El proyecto de ley fue presentado en febrero pasado por el legislador republicano del estado de la Florida, Matt Gaetz, quien hizo hincapié en que el Congreso no había autorizado utilizar las fuerzas estadounidenses en operaciones de combate en el territorio sirio.
El legislador estadounidense había afirmado que la presencia estadounidense ha servido como una “herramienta de reclutamiento” para el grupo terrorista Daesh en Siria.
Encuesta denota: El 75% de peruanos desaprueba labor de Boluarte
Una encuesta reciente indica que el 75 por ciento de la población peruana desaprueba la labor de la jefa de Estado designada Dina Boluarte.
A más de tres meses de asumir de forma designada por el parlamento la máxima autoridad de Perú, la mandataria de facto, Dina Boluarte, recibe en retribución por sus esfuerzos solo cifras negativas a su gestión, según reveló una encuesta nacional realizada por la empresa Datum.
Según el sondeo, el 75 por ciento de los pobladores no aprueba su mandato, al tiempo que un 83 por ciento de los encuestados pide comicios anticipados, aunque desde el Congreso rechazan analizar esa posibilidad.
Las cifras se tornan más desalentadoras en el sur del país andino con un 95 por ciento de desaprobación en contraste con el 83 por ciento reflejado en Lima, la capital.
De igual modo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, alcanzó niveles de desaprobación ciudadana del 72 por ciento.
Según los datos revelados, el 74 por ciento de los peruanos considera que Boluarte debería renunciar a su cargo si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones generales, frente a un 23 por ciento que opinó que debería mantenerse en funciones hasta 2026, cuando debería culminar el mandato iniciado por el presidente electo y destituido en diciembre pasado, Pedro Castillo.
Sobre la gestión del actual Congreso de la República, el rechazo es incluso mayor, con un 87 por ciento de los encuestados a nivel nacional inclinados a desaprobar las funciones de la Representación Nacional, con tan solo un 8 por ciento de su aceptación.
Desde diciembre del año pasado, las bancadas parlamentarias no han podido llegar a un acuerdo respecto al contenido que debe tener un proyecto de ley que establezca la modificación de la Constitución para un adelanto de elecciones generales.
En los últimos meses, desde la asunción de Boluarte el 7 de diciembre de 2022, se han incrementado el número de protestas en todo el país con una serie de exigencias, tales como: la renuncia de la jefa de Estado, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Más de 60 personas han perdido la vida y más de mil 300 han resultado heridas, según datos oficiales divulgados por la Defensoría del Pueblo.
La sanidad privada recibe de los conciertos con el sector público diez veces más de lo que gasta en sus hospitales
La desmesurada rentabilidad de la sanidad privada, un negocio cuyo grueso se reparte en España una decena de grupos con elevadas participaciones en manos de fondos de inversión extranjeros, responde a la inyección de recursos públicos en un sector en el que los usuarios ya cubren el 98% del gasto.
Un equipo médico opera a un paciente en un quirófano de un hospital. — PxHere (CCO), 26-03-2017
«La privatización de los servicios sanitarios tiene una incidencia que no es directamente visible para los ciudadanos: encarece las prestaciones entre cinco y once veces, y cuanto más cueste esa prestación menos recursos deja para el sistema público», explica Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública.
Se trata de una de las entidades sociales más beligerantes con la generalización de unas políticas que, bajo el eufemístico paraguas argumental de la colaboración público-privada, desvían uno de cada diez euros de los presupuestos públicos a empresas que, con ellos, se aseguran una rentabilidad de manual: ingresan diez veces más de lo que les cuesta mantener sus instalaciones en un modelo de negocio en el que los usuarios, directamente o a través de pólizas, ya financian el 98% del coste.
Sánchez Bayle apunta otras dos características de esos procesos: por la parte institucional, «siempre que se privatiza un servicio, se infrautiliza o se sustituye», señala. Mientras, por la empresarial, «los centros se especializan en tratamientos de menor coste y alta rentabilidad, mientras los más complejos y costosos, como el cáncer, los cuidados intensivos de bebés, los trasplantes o la atención a víctimas de quemaduras de consideración, se desplazan a un sistema público con menos recursos».
«Resulta llamativo que puedas comprar en la bolsa de Londres acciones de la empresa que gestiona un hospital de Madrid», señala Emili Ferrer, experto en temas sanitarios de Economistas Frente a la Crisis (EFC), en referencia a LBEIP, el fondo propiedad de banco Lloyd’s que explota el centro privatizado de Arganda (Sureste) y participa en la propiedad de los de Alcalá (Henares) y Parla (Infanta Cristina).
Ferrer diferencia entre los procesos de concertación de servicios sanitarios mediante contratos, un modelo frecuente en Catalunya y Madrid, donde incluye la construcción de hospitales para su posterior explotación en un sistema similar al de las autopistas, y para el que reclama una regulación «con sistemas adecuados de control y seguimiento», y la privatización de parcelas del servicio público.
Esta segunda vía es un factor clave para el crecimiento de un sector privado que ya acapara en España más de la cuarta parte del mercado, con un 29,4% del total del gasto sanitario en 2019 y un 26,7% (menor por la pandemia) en 2020, niveles únicamente inferiores a los de Letonia, Portugal y Lituania, y con un 35,4% ya en 2018 si la perspectiva es la del gasto por habitante, mientras que el porcentaje de ciudadanos con seguro privado alcanzaba el 23,4% hace tres años, con tasas superiores al 30% en Madrid (36,7%) y Catalunya (31,8%) y cercanas en Balears (29,5%).
La primera, sin embargo, resulta clave para afianzar ese negocio de la sanidad privada y para apuntalar su desarrollo, ya que los conciertos de las administraciones públicas, en su práctica totalidad autonómicos, cubren más de la cuarta parte del gasto sanitario privado.
Esas inyecciones, concentradas en Catalunya (3.288 millones y 23,6% del presupuesto público en 2020) y Madrid (902 y 8,5%), que suman casi la mitad, y en menor medida en Andalucía (472 y 4%) y la Comunitat Valenciana (307 y 3,9%), resultan fundamentales para generar beneficios en las empresas que acceden a los conciertos.
Básicamente, porque la sanidad privada, como la mayoría de los negocios, se financia con las aportaciones de sus usuarios, los cuales, según los datos de ASPE, cubren un 74% del gasto con sus aportaciones particulares, vía tiquet o vía derrama, mientras otro 24% es cubierto por los seguros a los que estos han ido previamente pagando sus pólizas.
Los datos de ASPE, la patronal de los hospitales privados, y del Ministerio de Sanidad cifran en 8.587 millones de euros la cuantía de los conciertos sanitarios en 2020, que registraron un aumento de 320 millones y del 3,8% sobre el año anterior.
Los cuatro previos, entre 2016 y 2019, esa cantidad creció de los 7.551 a los 8.267, una aportación que, según esas mismas fuentes, equivalía a una horquilla, en este caso decreciente, del 26,1% al 24,4% del gasto sanitario privado.
En 2019, los usuarios aportaron 28.794 de los 38.865 millones que sumó el gasto sanitario privado
En números redondos de 2019, ejercicio más reciente del que ofrece datos, los usuarios aportaron 28.794 de los 38.865 millones que sumó el gasto sanitario privado mientras los seguros cubrían otros 8.196 y los gestores únicamente asumían 879.
En el caso de los hospitales, la aportación de los usuarios asciende a 5.029 millones de euros (86,5%) frente a 780 (13,5%) de los gestores, mientras que si a estos se les añaden centros residenciales y medicalizados las cifras serían 6.321 (89%) por 780 (11%).
Más del 60% de los hospitales privados accede a conciertos
Según las estimaciones de ASPE, «el 63% de los hospitales privados en España, 271 en total, cuentan con algún tipo de concierto«, los cuales cubren servicios hospitalarios en el 60% de los casos, primarios en un 6% y atenciones especializadas en un 19%, a lo que se añaden traslados de enfermos (13%) y trabajos con prótesis y aparatos terapéuticos (29%).
Esos grados de penetración en el mercado de la prestación de servicios sanitarios de carácter público y esos niveles de remuneración, con cobros que superan los 8.500 millones para un negocio que en la práctica arriesga menos de 900, permiten hacerse una idea de la dependencia de las inyecciones procedentes de los presupuestos autonómicos que presentan las cuentas de resultados de las empresas que gestionan esos centros.
¿Y quiénes son los principales beneficiarios de todo ese tinglado de «colaboración público-privada»?
La respuesta al detalle, con cuantías y distribuciones, resulta una tarea inabarcable dada la complejidad y las interrelaciones entre los grupos empresariales, los fondos de inversión que participan en ellos o los controlan y las administraciones con las que se relacionan. No obstante, sí es posible identificar a los principales actores de la sanidad privada, que en algunos casos resultan ser algunos de los mayores beneficiarios de los conciertos.
Las principales empresas de la sanidad privada
Las dos grandes marcas, Quironsalud y su filial IDCQ Hospitales y Sanidad, están controladas por el fondo de inversión alemán Fresenius, que es la principal firma europea del ramo y que durante unas semanas ha tenido en el escaparate a su buque insignia español, que supera los 2.000 millones de facturación anual con más de medio centenar de hospitales y más de cien clínicas y centros de otro tipo.
Fresenius, que gestiona otras marcas del sector sanitario como la cadena de clínicas Helios y la de material Kabi, tiene entre sus accionistas desde hace unas semanas a otro de los grandes fondos, el británico Elliot Investment Management, un movimiento que dejó en el aire la venta de Quironsalud, con la que se hizo en 2016 tras pagar 5.670 millones al fondo CVC, que llegó a interesarse por una eventual recompra.
CVC, un fondo británico que maneja inversiones por 75.000 millones de dólares y que ha pasado a ser conocido por el gran público tras invertir en LaLiga y en la WTA, el circuito internacional del tenis femenino, parece decidido a volver a operar en la sanidad española.
Además del fondo británico LBEIP, que gestiona tres hospitales en Madrid, los holandeses de DIF son los dueños del Puerta de Hierro de Majadahonda.
Entre las marcas de origen español que operan en el mercado de la sanidad se encuentra Ribera Salud, con Banc Sabadell y el fondo estadounidense Centene Corporación como accionistas de referencia, cuya facturación se sitúa en el entorno de los 500 millones de euros anuales y que explota cinco hospitales en la Comunitat Valenciana, entre ellos el de Alzira, pionero en las privatizaciones.
De un tamaño similar resultan ser la cadena Vithas, propiedad de la familia catalana Gallardo a través del Grupo Goodgrower; el grupo HLA, de la aseguradora Asisa, que gestiona varios hospitales en Catalunya y en Madrid, o HM hospitales, de la familia madrileña Abarca, y que también opera en varias comunidades.
Completan la lista de los principales operadores del sector hospitalario privado en España Hospiten, José Manuel Pascual, que tiene concertados con la Junta cinco de sus siete centros andaluces, y Sanitas, propiedad de la aseguradora británica Bupa.
¿Afecta este modelo de gestión al servicio?
Ni Sánchez Bayle ni Ferrer tienen ninguna duda acerca de las consecuencias que la extensión de estos modelos de privatización tienen sobre la prestación del servicio sanitario, al tiempo que llaman la atención acerca de las maniobras iniciadas en comunidades como Madrid y Andalucía, intensas desde hace décadas en Catalunya, para extender esos procesos del ámbito hospitalario al de la atención primaria.
«España es uno de los pocos países en los que hay atención primaria, que es la puerta del sistema pero también la única que puede atender a los pacientes sobre el terreno», señala el economista, algo clave cuando «lo que determina nuestra salud son nuestras condiciones de vida».
«Es necesario profundizar en el cambio de paradigma del sistema sanitario» que promueve la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el sentido de «pasar de curar a promocionar la salud. Y en eso tienen poco que hacer los hospitales, porque a un hospital solo se va cuando no hay más remedio».
«Un goteo de cambios cuantitativos acaba produciendo cambios cualitativos«, advierte el médico en relación con esos crecientes procesos de privatización en los que las empresas privadas de sanidad aplican, como las aseguradoras, una «selección de riesgos: eligen lo que cubren, los tratamientos que aplican y el tipo de cliente que buscan, mientras todo lo complejo va a la sanidad pública, que se encarga de atender a los pacientes con independencia del coste».
Los gobiernos del PP en Madrid mantienen escuelas públicas sin terminar desde hace una década
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos denuncia que el «nuevo» plan educativo presentado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llega tarde y con acciones que estaban obligados a realizar, pero que han pospuesto.
CEIP Héroes 2 de mayo en Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid. – Cedida por la FAPA.
Familiares de alumnos de la escuela pública en la Comunidad de Madrid denuncian que el último y supuestamente ambicioso programa educativo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para la construcción de nuevas infraestructuras «no tiene nada de novedoso» y «no hace más que tergiversar actuaciones que ya estaban puestas en marcha». Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos critican que la licitación de «nuevas» obras, avanzada por el Gobierno regional, consiste en realidad en acabar edificaciones ya empezadas «en prácticamente en el 100% de los casos».
Durante todo este tiempo de demora, entre sucesivos gobiernos del Partido Popular (PP), cientos de familias han tenido que soportar que sus hijos e hijas vayan a clase entre obras o sean desplazados, algunos desde hace casi una década.
Recientemente, la Consejería de Educación ha anunciado, en vísperas de la campaña electoral, una inversión de 130 millones de euros en la licitación de obras para el levantamiento de un nuevo colegio, cuatro institutos y cinco escuelas infantiles, además de la ampliación de otros 23 centros de la región que, supuestamente, empezarán a dar servicio el próximo curso 2023/24. Pero los padres y madres aseguran que se trata de un programa «completamente vacío».
Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, explica a Público que el anuncio «hizo muchísimo daño a las familias que están sufriendo estas obras eternas y que tienen a sus hijos, o bien desplazados a otros centros, o dando clase entre obras». Una situación que, a su juicio, se podría evitar, más allá de con un buen calendario de obras y contratos de calidad, con la eliminación de las «creaciones jurídicas», los conocidos como centros fantasma, una figura a través de la cual los colegios admiten matrículas de alumnos aun sin haberse empezado a construir.
Bajo esta forma de proceder, cuando llega la época de la escolarización, aunque esos centros todavía no existen, sale la entidad jurídica para recoger solicitudes de matrícula. De tal modo que si empieza el curso pero la obra no está terminada, se traslada a los alumnos a otros centros hasta que consiguen la cédula mínima de habitabilidad. Una organización que la FAPA critica, pues acaba por convertirse «en un caos tanto para los centros que acogen a los estudiantes y acaban saturados, como para los propios menores que sufren todos los cambios y los consiguientes procesos de adaptabilidad».
Es el caso del CEIP Héroes 2 de Mayo de Colmenar Viejo, en obras desde 2014; el CEIP Charles Dickens de Loeches en Madrid, cuya segunda fase de construcción empezó hace más de ocho años; el IES María Goyri Goyri de Villaverde, reclamado desde 2017, con todo el alumnado desplazado; o el IES Ana Frank, también en Madrid, que pese a que el centro existe de forma jurídica, aún no se ha empezado a levantar.
Alumnos que dan clase en barracones
La Consejería ha intentado edulcorar su plan con un supuesto paquete de nuevas ampliaciones en escuelas, como por ejemplo el CEIP María de Villota de Vallecas. Pero la FAPA ha desmentido que esta, como otras tantas, sean una nueva iniciativa, en un vídeo donde recoge imágenes que demuestran que el edificio ya contaba con retrasos en sus obras desde hace varios años.
Algo similar a lo que ocurre en el CEIP Mercedes Vera de Rivas-Vaciamadrid (que pasó a llamarse CEIP Hispanidad, en contra de la comunidad educativa). La FAPA explica que en septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó la partida presupuestaria para contratar las obras para su construcción, comprometiéndose a tenerlo finalizado para el curso 2022/2023. Sin embargo, de nuevo, se han incumplido los plazos: aunque en el 2022 se empezó a construir la primera fase con un plazo de ejecución de 12 meses, todavía no está finalizado. Mientras tanto, el alumnado está desplazado en otro centro educativo, donde dan clase en aulas prefabricadas.
Por su parte, el CEIPSO La Luna abrió sus puertas en 2017, explica la FAPA, después de muchos años de reivindicaciones y tras cuatro años de espera en autorizar la construcción del mismo. La corporación local adelantó más de cinco millones de euros para la construcción de la primera fase, el equipamiento y el mobiliario, y la obra se realizó en plazo. Pero la segunda fase y el gimnasio a cargo de la Comunidad de Madrid sigue pendiente desde hace seis años.
Morillas detalla que «para salir del paso» en el patio se han instalado más de una docena de barracones que usan como aulas, donde se imparte clase a una parte del alumnado. «La situación en Rivas-Vaciamadrid es ya una cuestión de emergencia educativa, que hace imprescindible la creación de más centros educativos públicos con carácter de urgencia», advierte.
Otros ejemplos de escuelas sin acabar son IES Torcuato Fernández Miranda de Arroyomolinos y el CEIP Gabriela Morreale, de Leganés. Respecto al primero, el Ayuntamiento cedió el terreno en 2020 para su construcción. La Consejería recurrió de nuevo a la creación jurídica del centro, «generando falsas expectativas en las familias» y los alumnos están realojados en clases provisionales sin gimnasio, biblioteca, ni aula de informática. En cuanto al segundo, su alumnado, docentes y familias conviven desde 2018 con las obras. Desde sus ventanas son testigos en primera persona de los vaivenes de las grúas, material de obra y vallas anexas a sus pabellones.
Encierren a esos niños y tiren la llave | Ana Pardo de Vera
PUBLICADO EL 10 DE MARZO DE 2023
«Esta semana hemos conocido un hecho terrible. Un hecho de esos que te estrellan contra la realidad en momentos en que las distracciones y los debates públicos son otros, muy acalorados y, probablemente, mucho menos importantes. Esta semana hemos sabido que una niña de once años ha sido violada a punta de navaja por seis menores de 18 años, alguno incluso de 14 años. La cría fue secuestrada en un centro comercial de Badalona, mientras paseaba sola mirando ropa, y obligada a encerrarse en el baño con sus seis violadores, que después del horrendo crimen cometido contra una
niña la dejaron tirada como a un trapo. Y no solo ellos: un vigilante de seguridad del centro comercial al que la víctima trató de denunciar lo que había pasado le hizo caso omiso.»
Ana Pardo de Vera
El enfrentamiento del PSOE con Podemos acerca a Sánchez a sus barones más críticos
La reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ provoca que la dureza de líderes como García Page o Lambán se centre más en los socios del Gobierno que en algunas decisiones de Moncloa. El presidente de Castilla-La Mancha ha cargado en las últimas semanas contra Ione Belarra e Irene Montero, incluso reclamando su dimisión.
El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto celebrado en Toledo el pasado 15 de septiembre . — Eva Ecorlanese / PSOE
«Somos un partido político en el que la discrepancia no se persigue». Es uno de los mensajes que la dirección del PSOE trasladaba a finales del año pasado para rebajar la importancia de las críticas habituales hacia algunas decisiones tomadas por Pedro Sánchez. Especialmente procedían desde Castilla-La Mancha o Aragón, territorios de Emiliano García-Page y Javier Lambán. Meses después, el foco crítico ha cambiado. Lo provoca principalmente la tensión de los socialistas con sus socio de Unidas Podemos, ejemplificada a la máxima potencia por la reforma de la ley del solo sí es sí.
El «ruido» interno se ha minimizado. Porque, según argumentan en el entorno del presidente castellano manchego ahora mismo, la parte de Unidas Podemos, especialmente la de Podemos, les está poniendo muy fácil defender a la otra parte del Gobierno. Page siempre ha sido muy crítico con la presencia de la fuerza morada en la coalición. Su Gobierno autonómico junto a Podemos entre 2017 y 2019 fue muy tenso e inestable. Además, ideológicamente la distancia entre el mandatario socialista y la formación morada es amplia.
Esta situación no significa que el presidente de Castilla-La Mancha vaya a dejar de dar su opinión sobre asuntos como la reforma del delito de malversación si es necesario o sobre las alianzas con los partidos independentistas catalanes. La tensa votación de la proposición de ley el pasado martes en el Congreso evidenció además un distanciamiento de los socialistas también con EH Bildu y ERC, que votaron junto a UP. Algo que en este caso sería del agrado de Page, con una vocación de recoger más votos por el centro electoral, que son necesarios también para que el PSOE no pierda las próximas elecciones.
Con motivo del 8 de marzo, Page dejó un titular: «A río revuelto, ganancia de violadores». El presidente castellano manchego aludió directamente a Unidas Podemos al señalar que «si todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser más dura la sanción para los que maltratan y violan», la culpa «no la puede tener un 99% de la población». «La culpa la tiene quien se equivoca», dijo.
Hace unas semanas Page concedió una entrevista a El Confidencial. En ella, dejó unos cuantos mensajes dirigidos a los socios de Sánchez. «Si Montero y Belarra reconocen su error, tendrían que plantearse dimitir», destacó el titular. Del mismo modo afirmó que Podemos es «un caballo de Troya en el Gobierno».
A diferencia de otros territorios, el PSOE castellano-manchego no ve necesario contar con el espacio de Unidas Podemos para ganar las elecciones. De hecho, en 2019 obtuvo la mayoría absoluta y ni Podemos ni IU entraron en las Cortes Regionales. El próximo mes de mayo será la primera vez que ambas formaciones concurran juntas como UP. Page ha minusvalorado las opciones de la candidatura hacia su izquierda. Los socialistas aseguran que manejan encuestas con resultados similares a los de 2019. Y reiteran públicamente que solo hay dos opciones. Un Gobierno del PSOE o un Gobierno de PP junto a Vox, que sustituiría a Cs a nivel parlamentario.
La reforma de la ley del sólo sí es sí era una reclamación que venía haciéndose desde los territorios hace tiempo. La alarma social fue in crescendo desde finales de año y varios barones pedían actuar. Al abordar el tema Sánchez logró la felicitación pública de otro de sus habituales críticos. Lambán destacó a principios de febrero la decisión del presidente. «Aplaudo al presidente Sánchez por modificar esa ley. No he dudado nunca de las buenas intenciones de los propósitos iniciales de esa ley, pero desde luego, en cuanto a su fábrica, es una calamidad y a las pruebas me remito por los efectos de su aprobación», dijo.
El presidente de Aragón compartió un acto con Sánchez el pasado 18 de febrero en Zaragoza. En él volvió a agradecerle la reforma. Y aprovechó para cargar contra UP sin mencionarlos. «Te aplaudo que no aceptes bajo ningún concepto que los feminismos cínicos y extravagantes le arrebaten la bandera del feminismo a quien con más dignidad la puede ostentar, que es el PSOE», dijo.
Pocos días después Lambán concedió una entrevista a El Mundo, como ya hiciera Page en el mes de septiembre. Aquella cayó como una bomba en Ferraz y Moncloa. Y en ambos lugares no tuvieron problemas en airear su malestar con el presidente castellano manchego. No pasó lo mismo con la realizada por Lambán, que tuvo un protagonismo mucho menor, casi inexistente.
El tono del presidente aragonés fue comedido aunque remarcó su autonomía frente a Ferraz y Moncloa. Pero el titular principal fue nuevamente un dardo contra Unidas Podemos. «Estamos dando poder a los extremos hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de la nación», dijo Lambán. El mandatario autonómico pide en este sentido que haya entendimiento entre PSOE y PP.
Curiosamente la situación política electoral de Aragón es diferente a la de Castilla-La Mancha. Los socialistas gobiernan en coalición precisamente con Podemos, que cuenta con una Consejería, al igual que el Partido Aragonesista (PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA). Por la aritmética electoral en este territorio, parece más complicado que los socialistas no necesiten apoyos de esos mismos partidos de cara a revalidar su Gobierno.
El PSOE comprobará su unidad interna de primera mano el próximo sábado 18 de marzo. Los socialistas han convocado un Comité Federal en el que deberían participar todos los líderes territoriales. Uno de los objetivos principales, más allá de los debates políticos que puedan darse, es aprobar las listas electorales. Pero la actualidad política y la situación electoral de cara al mes de mayo tendrá, seguro, otros puntos calientes en el debate interno.
Mariló Ibarra Yerga
hace 21 horas