Turquía estudia la compra de los aviones de combate rusos Su-35, si no logra adquirir los cazas estadounidenses F-16, afirmó una autoridad turca.
“Una de las opciones podría ser el Su-35 [Sujoi ruso]”,subrayó el jefe de la Industria de Defensa de Turquía, Ismail Demir, al responder a una pregunta sobre las alternativas de Turquía, en caso de que acuerdos para el suministro de los F-16 de Estados Unidos fracasen.
En declaraciones ofrecidas durante una entrevista con CNN emitida el sábado, Demir destacó que, aun así, Turquía es capaz de cubrir este vacío con productos nacionales y agregó que ni siquiera necesita sistemas alternativos extranjeros.
En abril de 2021, Estados Unidos excluyó a Turquía de su programa de suministro de los últimos cazas F-35 tras la compra por Ankara de los sistemas de defensa antiaérea rusos S-400.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció este año que Washington podría dar luz verde a la petición de Turquía para la adquisición de aviones de combate de la cuarta generación, los F-16. Esto, luego de que Ankara dio luz verde a la adhesión de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
¿Insolvencia o mala fe? Preguntó varias veces Pedro Sánchez en el Senado. En Alberto Núñez Feijóo, ambas cosas van de la mano. Los medios dicen de Feijóo que es moderado, serio y buen gestor. Qué pregunten a los gallegos que los sufrieron durante 13 años… o a su amigo el narcotraficante Marcial Dorado.
Israel sigue burlándose de las resoluciones de la ONU porque cuenta con el respaldo de la mayor parte de las potencias occidentales, critica un experto.
“Israel se está burlando de todas las disposiciones, todas las resoluciones, sean de las Naciones Unidas o de los gobiernos que denuncian esta situación, porque cuenta con la impunidad, el aval y el apoyo del Gobierno estadounidense y las potencia”, ha señalado el analista en asuntos políticos Juan Alberto Sánchez Marín en una entrevista concedida hoy viernes a la cadena HispanTV, afirmando las denuncias que el presidente palestino, Mahmud Abás, hizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).
Abás condenó la protección que ciertos países ofrecen al “régimen de apartheid” israelí y los crímenes que comete contra los palestinos, instando a EE.UU. y el Reino Unido a reconocer la responsabilidad de la tragedia en los territorios ocupados, y disculparse al pueblo palestino.
Las organizaciones pro derechos humanos han condenado en diferentes ocasiones las herramientas intensivas, represivas y abusivas utilizadas por los funcionarios israelíes contra los palestinos.
El Consejo Político del ALBA-TCP rechazó el bloqueo y las sanciones de EE.UU. contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Llamó al multilateralismo y a la integración regional.
Vigésimo segundo Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.
Cita que se llevó a cabo sin la presencia del secretario general del ente, Sacha Llorenti, a quien le fue denegado el visado por EE.UU.
Hecho condenado por los cancilleres de los países miembros, que además reprueban las sanciones de EE.UU. contra naciones soberanas.
El bloque ratificó su compromiso con la promoción de un orden internacional justo, democrático y equitativo, basado en la defensa del multilateralismo y principios de la Carta de ONU.
Además, hubo llamadas a fortalecer el ALBA-TCP como plataforma de integración regional.
En su declaración final, el organismo condenó el secuestro e intento de robo por parte de EE.UU., del avión venezolano de carga de la empresa Emtrasur. Lo cual afirma denuncia que constituye un nuevo acto de saqueo y apropiación ilegítima de los bienes nacionales venezolanos en el exterior. Además, rechazaron la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores de terrorismo por parte de Washington.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, revela que está “sorprendido” de que Israel no haya enviado armas para ayudar a Kiev en su conflicto con Rusia.
“Estoy sorprendido. No entiendo. Israel no nos ha dado nada. ¡Nada! ¡Cero!”, ha denunciado Zelenski en una entrevista con varios medios franceses.
El mandatario ucraniano ha agregado que comprende que Israel debe defenderse, pero ha recibido información de que está exportando armas a otros lugares.
Al respecto, el canal de noticias Russia Today (RT) ha sostenido que probablemente Zelenski se esté refiriendo a la venta de los sistemas antimisiles israelíes Cúpula de Hierro a Chipre. La noticia se divulgó el mes pasado, pero el régimen de Tel Aviv no la confirmó.
El año pasado, las exportaciones de armas de Israel alcanzaron la cifra sin precedentes de 11 300 millones de dólares. La mayoría de los clientes del régimen son países europeos.
Aunque Israel condenó el ataque de Rusia a Ucrania y siguió las sanciones estadounidenses contra Moscú, no le ha impuesto medidas restrictivas. Según RT, Israel también se ha negado a enviar armas a Kiev.
“Se sostuvieron conversaciones con las autoridades israelíes, pero no brindaron ayuda a Ucrania. ¿Por qué no nos dan armas antiaéreas?”, ha cuestionado Zelenski enfatizando que “se puede ver la influencia de Rusia en Israel”.
Israel tenía relaciones cercanas con Rusia. A partir de fines de la década de 1990, este régimen desarrolló sólidos nexos diplomáticos y económicos con la Federación Rusa. Los ex primer ministros israelíes Ariel Sharon y Benjamín Netanyahu estrecharon lazos con el presidente ruso, Vladímir Putin.
No obstante, desde el inicio de la operación rusa en Ucrania, las autoridades israelíes adoptaron políticas erráticas e inconsistentes, al ponerse del lado de sus aliados occidentales, avivando las llamas de la ira rusa.
En reacción, Moscú anuló algunos de los intereses de larga data del régimen israelí en el territorio ruso. También informaron a los funcionarios israelíes que ya no podían aceptar las operaciones sin restricciones de la fuerza aérea israelí en el espacio aéreo sirio.
Por medio de estas medidas, parece que Rusia está tratando de evitar que Israel suministre a los militares ucranianos misiles antitanque, el sistema Cúpula de Hierro y drones de ataque. Por otro lado, los rusos trataron de advertir de que podrían sabotear los esfuerzos israelíes para exportar gas desde el mar Mediterráneo a Europa, que lidia con una crisis aguda por escasez de combustible.
El órgano fiscalizador cambia ahora su política de comunicación y desde este año publicará el nombre del partido y la infracción cometida, pero sigue sin desglosar el importe de la multa
Puerta principal del edificio del Tribunal de Cuentas, en Madrid EUROPA PRESS
El Tribunal de Cuentas ha multado con 744.369,27 euros a formaciones políticas por incumplimientos de la ley de financiación de partidos en los últimos tres años. Es la suma de las sanciones impuestas en 2019 (357.683,42 euros), 2020 (46.129,73 euros) y 2021 (340.556,12 euros) en un total de 449 procedimientos. Y, a partir de ahí, nada más se sabe. Ni qué partidos han sido sancionados, ni qué cantidades se les exigen, ni cuáles son las infracciones cometidas, ni tampoco el alcance de las mismas.
Las resoluciones no son públicas, lo que deriva en un hermetismo casi total sobre las irregularidades contables que cometen los partidos a pesar de que se financian, en gran medida, con dinero público. elDiario.es ha reclamado estos datos al órgano fiscalizador, que ha declinado hacerlos públicos con el argumento de que es una información que “no se puede facilitar”. Un portavoz autorizado explica, no obstante, que el Tribunal de Cuentas ha cambiado su “política de comunicación” y desde este año sí publica el nombre del partido y la infracción cometida, aunque sigue sin desglosar el importe de la multa.
De hecho, el pasado 16 de septiembre el Tribunal de Cuentas informó de que había impuesto una sanción a Nueva Canarias por no haber presentado sus cuentas anuales en el plazo previsto en los ejercicios de 2018 y 2019. Era la primera que el órgano fiscalizador detallaba el nombre de un partido sancionado y la infracción cometida, aunque sin desglosar la cuantía de la multa. En este caso, al tratarse de una infracción muy grave, la ley prevé una horquilla de entre 50.000 y 100.000 euros de multa. Nueva Canarias fue expulsada del Registro de Partidos en julio de 2021 precisamente por no haber rendido sus cuentas anuales de los tres últimos ejercicios al Tribunal de Cuentas.
El artículo 17 de la ley de financiación de partidos atribuye al Tribunal de Cuentas la competencia para imponer sanciones a las formaciones políticas que cometan irregularidades contables, siempre que no constituyan un delito. Las principales infracciones que prevé este artículo son la aceptación de donaciones que excedan el límite legal, la superación de los límites de gastos electorales o el incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales o presentarlas incompletas. Según su naturaleza, se califican como muy graves, graves o leves, lo que determina la cuantía de las sanciones. Las multas son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Supremo.
Hasta ahora, la información sobre los procedimientos sancionadores a formaciones políticas era muy escueta. El órgano fiscalizador se limitaba a dar unas cifras agregadas en su Informe Anual, que suele publicarse después del verano. Este documento solo incluye el número de procedimientos sancionadores resueltos en el ejercicio en cuestión y el importe global de las sanciones impuestas. Únicamente hay datos a partir de 2019 porque ese año se impusieron las primeras sanciones después de que la ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos otorgara más competencias en materia de control de estas formaciones al Tribunal de Cuentas en 2015.
Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia, afirma que el hermetismo del Tribunal de Cuentas con las sanciones a los partidos “no se sostiene” porque ni la ley de protección de datos, ni la de transparencia, ni la de financiación de partidos incluyen límites que impidan al órgano fiscalizador dar esta información. Este experto defiende que se trata de datos de “indudable interés público” y cuestiona una falta de transparencia que “contribuye a generar una sombra de duda” sobre todos los partidos. Tampoco tiene sentido, a su juicio, que ahora se informe del nombre de la formación política y de la infracción cometida pero no del importe de la multa.
El origen de estas sanciones están en los informes de fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas tanto de la actividad económico-financiera anual de los partidos como de sus contabilidades electorales. El año pasado 394 partidos presentaron sus cuentas al órgano fiscalizador. El procedimiento se inicia con un periodo de información previa en el que se da audiencia al partido presuntamente infractor. Si los hechos no quedan desvirtuados en ese trámite, el pleno nombra a un instructor que es el encargado de analizar las alegaciones y documentos presentados y de hacer una propuesta de resolución. En todo caso, la última palabra la tiene el pleno, que dicta la correspondiente resolución sancionadora o absolutoria, según proceda.
Partidos pequeños
Aunque los datos no son públicos, las fuentes consultadas aseguran que muchas de estas sanciones recaen sobre partidos políticos pequeños. El propio Tribunal de Cuentas ha cuestionado la “falta de proporcionalidad” de este régimen sancionador tras haber constatado el quebranto que su aplicación genera en “pequeñas formaciones políticas, generalmente de ámbito local” a las que se imponen sanciones “de muy elevada cuantía” y en las que “se pone de manifiesto una falta de proporcionalidad entre el importe de la infracción cometida y la sanción finalmente impuesta”.
De hecho, el pleno de la institución ha solicitado hasta en dos ocasiones a los partidos políticos que se modifique la ley de financiación de partidos. La legislación actual establece umbrales mínimos para las multas de 50.000 euros (infracciones muy graves), 25.000 euros (graves) y 5.000 (leves). El pasado enero, en una comunicación dirigida a las Cortes, el Tribunal de Cuentas afirmó que la desproporción que genera la aplicación de estos mínimos resulta “especialmente grave” en el caso de pequeñas formaciones políticas para las que el límite máximo de gastos electorales establecido en la normativa es muy reducido e impide acometer una campaña electoral con garantías suficientes.
El Tribunal de Cuentas es competente para tramitar los procedimientos sancionadores a los partidos que incumplan la ley de partidos siempre que no constituyan delito. Si lo hay, las infracciones se dirimen en la vía penal, donde el delito de financiación ilegal de partidos está penado con entre seis meses y cuatro años de prisión en los casos más graves. Se trata de un castigo “inusualmente indulgente” según la Fiscalía General del Estado, que en su última memoria anual reclamó un cambio legal para aumentar las sanciones económicas y que se contemple la inhabilitación para sufragio pasivo, lo implica en la práctica no poder resultar elegido para un cargo público.
En su memoria, la Fiscalía defiende también modificar la ley de partidos para incluir “mayores controles” sobre las aportaciones económicas que realizan los afiliados. El Ministerio Público sostiene que, con el marco actual, el escaso control al que se someten las aportaciones constituye “campo abonado” para que las donaciones que están prohibidas (las anónimas, las de empresas o las que superan los 50.000 euros de un mismo donante) sean vehiculadas a través de afiliados a modo de persona interpuesta.
Las asociaciones de bomberos forestales denuncian que a partir del 30 de septiembre en torno al 60% de los efectivos se quedarán en la calle, algunos de ellos después de haber encadenado jornadas de más de 24 horas durante el verano de 2022.
Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego del incendio de Zamora en julio de 2022. —Emilio Fraile/EUROPA PRESS
«A día 30, la reducción del personal será de entorno al 60%. Si en verano estábamos trabajando cerca de 4.500 personas, ahora se quedarán unas 2.700», dice Manuel, portavoz de la organización sindical Bomberos Forestales En Lucha-Castilla y León que prefiere no dar su apellido por temor a represalias laborales. Después del peor año de la historia, con más de cien hectáreas calcinadas en todo el territorio castellano y leonés, la Junta podría volver a dejar sus servicios de prevención de incendios sin personal suficiente.
«Todo lo que se invierte en prevención te lo vas ahorrar en verano en extinción. Si no trabajamos en invierno, si no realizamos podas, limpieza de montes y mantenimiento de cortafuegos, el año que viene nos volveremos a quedar en bragas, no tendremos margen para tapar los grandes incendios, como ha ocurrido este verano«, explica el bombero.
El operativo de Castilla y León es mayoritariamente privado, con algo más de diez empresas que se reparten los contratos. Para las organizaciones profesionales esta es una de las grandes razones que explican el desmantelamiento de los servicios durante los meses fríos del año. «Les interesa ese modelo para repartir el dinero entre sus colegas. El operativo es mayoritariamente privado y a las empresas les viene bien ahorrarse sueldos. Si fuese un operativo público, con cien por cien de personal de la Junta, esas empresas dejarían de recibir un dinero importante», denuncian.
Los sindicatos que representan a los funcionarios del sector tampoco están contentos con la forma en la que la Junta afronta el invierno. Esau Escolar, presidente de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales, explica cómo año tras año se van perdiendo plazas por la baja tasa de reposición. «Somos 750 personas para toda Castilla y León, pero hay una relación de puestos de trabajo de 1.050, es decir, tenemos 300 vacantes sin cubrir y, además, la plantilla está super envejecida», dice. «Nosotros, dentro del operativo, somos los únicos funcionarios de la gestión y los que coordinamos la extinción y la prevención. Somos quienes proponemos qué zonas trabajar o dónde hacer limpiezas y desbroces, pero también estamos pendientes de incidencias ambientales, como avisos por atropellos de animales, control de residuos…», aclara.
Los profesionales recuerdan la crudeza de este verano, donde algunos de los profesionales trabajaron en el incendio de Sierra de la Culebra (Zamora) en jornadas de más de 24 horas, todo ello con salarios base que superan ligeramente el salario mínimo interprofesional.
Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, explican a Público que esta semana se ha alcanzado un principio de acuerdo la patronal del sector y con algunos sindicatos. Si bien desde el Ejecutivo no dan cuenta sobre el contenido de ese pacto, algunos medios locales informan de que se pretende incorporar progresivamente a todo el operativo en los próximos meses.
Esta medida, sin embargo, no contenta a los sindicatos mayoritarios, que ni siquiera se han sentado en la mesa de diálogo. Tampoco la oposición al Gobierno de PP y Vox entiende la razón por la que, tras un verano tan dramático como este, no se mantendrán activos todos los efectivos para limpiar los montes, además de recibir formación. «Exigimos que el 100% del operativo esté movilizado durante los 365 días del año», reclama José Luis Vázquez, portavoz de Medio Ambiente del PSOE en las Cortes, que recuerda que «la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de publicar su pronóstico de un otoño con temperaturas altísimas», lo que podría condicionar l futuro a corto plazo de los incendios en España.
Totalmente hay que ser de izquierdas sin complejos. Que es eso de sentir vergüenza decir en público que se vota a Podemos???. La cabeza bien alta y mucho orgullo porque con diferencia es el partido más decente que existe en toda España
Soldados norcoreanos asisten a una manifestación masiva en Pyongyang, 1 de diciembre de 2017. (Foto: Getty Images)
Corea del Norte afirma que no ha entregado armamentos a Rusia con el objetivo de apoyar su operación militar en Ucrania.
“Nunca hemos exportado armas o munición a Rusia y no planeamos exportarlas”, ha manifestado el vicedirector general de la Oficina de Equipamiento del Ejército norcoreano, cuyo nombre no se ha mencionado, en un comunicado emitido este jueves por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés).
En este contexto, ha condenado energéticamente tales declaraciones y ha advertido “severamente a EE.UU. sobre la difusión imprudente de teorías conspirativas contra el Ministerio de Defensa de la República Popular Democrática de Corea (RPDC)”.
Tales declaraciones vienen después de que el 6 de septiembre el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunciara que Corea del Norte podría estar trasladando millones de cohetes y rondas de artillería a Rusia, lo que supondrá una violación de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Pyongyang.
“Nunca hemos reconocido las ‘resoluciones de sancionadoras’ ilegales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas […] que fueron concebidas por Estados Unidos y sus vasallos”, ha enfatizado el comunicado.
El Gobierno de Rusia, por su parte, negó los comentarios de autoridades estadounidenses y los catalogó de “falsos”. “Creo que es otra falsificación que circula”, manifestó el embajador ruso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia.
El jefe de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ofrece un discurso en Nueva York, EE.UU., 21 de septiembre de 2022. (Foto: AP)
El jefe de la Diplomacia europea dice que la Unión Europea (UE) impondrá nuevas sanciones a Rusia, tras anuncio de Moscú de movilización parcial de tropas.
El jefe de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, anunció el miércoles que los ministros de Exteriores de los Veintisiete han acordado la imposición del octavo paquete de sanciones contra Rusia tras el anuncio de referéndum de adhesión a Rusia en las regiones de Donestk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Su decisión se ha tomado de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara una movilización militar parcial de las tropas.
“Se aplicarán nuevas medidas restrictivas contra Rusia lo antes posible, coordinadas con nuestros socios”, afirmó Borrell, tras presidir una reunión de emergencia de cancilleres de la Unión Europea (UE), al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York (EE.UU.).
Las sanciones apuntarían a sectores más relevantes de la economía rusa y continuaría apuntando a las personas responsables de la guerra en Ucrania, detalló Borrell.
Además, indicó que los países de la UE acordaron aumentar el suministro de armas a Kiev, acusando a Moscú de querer anexar partes de Ucrania.
Desde el inicio del conflicto en Ucrania, EE.UU. y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han llevado a cabo una campaña rusófoba mediante la guerra mediática, además de una guerra económico-financiera. También, han destinado cientos de millones de dólares al envío de armas a Ucrania en su intento para derrotar a Rusia.
Moscú denuncia tales acciones y advierte de que de esta forma los países occidentales están “echando leña al fuego” del conflicto, lo que “tendrá repercusiones trágicas”.
