La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias se concentra este miércoles ante los juzgados de la Plaza de Castilla para recordar que «ni olvidamos, ni perdonamos el abandono que sufrieron nuestros mayores hasta morir».
Varios operarios realizan el traslado de cadáveres de la residencia geriátrica «Los Peñascales», en Torrelodones (Madrid) a 14 de Abril de 2020.
Firma: Ángel Díaz Briñas / Europa Press
Varias familias declaran este miércoles en el Juzgado Nº 4 de la Plaza de Castilla en Madrid tras la querella presentada – y que no fue admitida a trámite- contra Ayuso por abandonar a su suerte a sus mayores en la primera fase de la pandemia de Covid-19 en aquel 2020. Saben que la Fiscalía les escucha ante su tragedia, pero también que hasta ahora no tienen constancia de que haya sido condenado ningún político en España, ni ningún gerente de estos centros de mayores, por haber negado el desplazamiento a los hospitales de los ancianos dependientes y de mayor edad cuando enfermaron de coronavirus.
«Las cifras son escalofriantes» recuerda Miguel Vázquez, portavoz de La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare). Los datos oficiales del Imserso son contundentes. En estos tres años de pandemia, un total de 34.571 ancianos fallecieron en residencias. Hasta 20.000 de estas muertes se registraron solo en el 2020. Desde entonces, cientos de querellas de familias y ni una condena.
La Fiscalía fue clara. Escucharía a las familias de las víctimas, pero sin compromiso alguno en el procedimiento judicial. El pasado mes de febrero, el Ministerio Fiscal reconocía 106 procesos judiciales activos por la gestión de la covid en las residencias. Sin embargo, y hasta ese momento, no registraba ninguna condena específica por covid.
Aislamiento de los mayores con covid en toda España
Madrid es una de las comunidades con mayor número de víctimas en residencias por covid en aquellos primeros meses de pandemia, según datos del Imserso. Fue en marzo de 2020, cuando la Dirección de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid firmó un protocolo, aprobado por la Consejería de Sanidad, por el que se prohibía trasladar a los hospitales a residentes de centros de mayores con un determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo.
Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no fue la única en firmar estos protocolos en los que se anulaba el derecho de los mayores vulnerables a una atención sanitaria hospitalaria ante los síntomas de covid o de cualquier otra enfermedad. Todas las comunidades, se recogiera o no por escrito, optaron por evitar el ingreso de estos mayores en los hospitales para no saturar aún más las plantas covid. Así, la población más vulnerable de la sociedad quedaba abandonada a su suerte, insiste Vázquez a Público.
Aunque, eso sí, la popular madrileña tuvo el peor de los balances ante su decisión: en los primeros veinte días el número de muertos en estas residencias en Madrid fue estremecedor. Según explica Miguel Vázquez, tal y como registró el Imserso, «cerca de 6.000 mayores fallecían solos y muchos de ellos sin ni siquiera poder comunicarse con sus familias para despedirse».
Fue el entonces Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, quien envió de forma urgente una serie de recomendaciones a todas las comunidades autónomas con respecto a las residencias de mayores. En la misiva, el Defensor pedía a todas las comunidades autónomas que mejoraran la atención sanitaria de los residentes en centros de mayores, la información que se proporciona a sus familias y la protección de sus derechos. Tenían que pasar aún varios meses hasta que se normalizara la situación en estos geriátricos.
La oficina de Marugán reconocía entonces que había recibido un número considerable de quejas en las que los familiares de los residentes ponían de manifiesto carencias en su asistencia sanitaria y falta de información y transparencia por parte de los centros. Además, sobre todo, expresaban su desesperación por no poder despedirse en caso de fallecimiento y la inseguridad con respecto a sus derechos en estos momentos.
Sólo en Madrid, durante los veinte días posteriores a la aplicación del protocolo murieron en las residecias madrileños cerca de 6.000 mayores sin recibir atención hospitalaria. Ya en noviembre de 2020, el Imserso aporta sus primeros datos oficiales al respecto y lanza una cifra escalofriante: cerca de 20.000 residentes habían muerto con Covid confirmada o con síntomas compatibles con la infección durante el primer periodo de la pandemia.
Faltan datos de los fallecidos en hospitales
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias estará hoy frente a los juzgados de Plaza Castilla para apoyar a las familias que declaran ante la Fiscalía. Miguel Vázquez recuerda que «estaremos para solidarizarnos con ellos y pedir justicia, la misma que se les negó a sus mayores». Pero el portavoz de esta plataforma sabe que todo lo ocurrido no sólo no ha pasado factura judicial a los responsables «sino tampoco política, no hay más que ver las tendencias de voto en la Comunidad de Madrid», manifiesta.
«La responsabilidad política es evidente, otra cosa es que la sociedad no hay sido capaz de actuar en consecuencia».
Sin embargo, los organizadores de la movilización ante los juzgados de la Plaza de Castilla están convencidos de que «en algún momento, algún juzgado considerará que hay consecuencias penales por lo que ha pasado con los ancianos más indefensos». Vázquez reconoce también que «la responsabilidad política es evidente, otra cosa es que la sociedad no hay sido capaz de exigirla y actuar en consecuencia».
También llama la atención el dato aportado por la Fiscalía de que tan sólo el 5% de las familias afectadas presentaron querella por la falta de auxilio a sus mayores. Eso sí, hasta el momento, sin ningún éxito.
Las medidas tomadas por las autoridades en aquellos difíciles momentos del Covid, que impidió que los ancianos fueran trasladados de las residencias a los hospitales, sólo afectó a aquellos mayores que no contaban con un seguro privado. Por ello, Vázquez acusa además de «políticas clasistas»
Entre estas familias que este miércoles estarán en los juzgados para declarar ante la Fiscalía se encuentra Ángela Arreba, que todavía recuerda, entre emocionada e indignada, cómo fueron los últimos días de su madre, que murió sola en una residencia de Madrid con 91 años.
Esta madrileña narra con precisión a Público que el 8 de marzo de 2020 «es la última vez que vemos a nuestra madre». La residencia Amavir les notifica por escrito que se suspenden las visitas al centro ante el avance de la pandemia. «Nos despedimos de nuestra madre convencidas de que era por un tiempo breve y por su bien. Pero no volvimos a verla«.
Jornadas de angustia sin saber nada de su madre
Así empieza unas jornadas de angustia ante la falta de comunicación con la residencia. «Era muy difícil hablar con los profesionales, porque se reduce el personal, los trabajadores caen enfermos de Covid, vienen otros que no conocen a mi madre ni al resto de residentes, y así pasan los días sin que sepamos muy bien qué pasa dentro», recuerda.
Ángela llegó, con la disculpa del permiso de pasear al perro, a acercarse a la puerta de la residencia de su madre. «Pero todos los que entraban o salían me respondían con mucho ocultismo». Según confirma, «no sólo no nos dejaban hablar por teléfono con ella, o comunicar por videoconferencia, es que no dejaron ni que se asomara a la venta para que me viera y verla yo a ella desde la calle».
La voz de esta mujer se va quebrando a medida que recuerda los últimos días de la vida de su madre. «De vez en cuando contestaban. No te informaban de la situación clínica, decían que nuestra madre estaba bien. Todo tranquilo. No os preocupéis. Mi madre llevaba allí ocho años. Así pasaban los días. Crecía la alarma social y confiamos en ellos, en su palabra», explica.
El día 30 la familia de esta anciana recibió la llamada del médico. «Nos informó que mi madre había sufrido una hipoglucemia, que ha perdido la conciencia, pero que ya se había recuperado». El facultativo confirma a Ángela y sus hermanos «que no tenía fiebre, que de oxigenación estaba normal. Respira bien, nos dicen». Pero el día 4 de abril, a través de una llamada, ya se les comunica que la situación de la anciana es dramática. «Que tiene los pulmones encharcados, está sin conciencia y con fiebre alta», recuerda con desesperación. A pesar del cuadro clínico grave, Ángela asegura que «en la residencia nunca se plantearon llevarla al hospital».
El día 8, a las 6.30 de la mañana, la familia recibe la noticia de la muerte de su madre. «Deducimos que murió sola y no sabemos si sufrió. Pasamos un mes entero preocupados, pero no pudimos comunicar con ella de ninguna manera».
Ángela y sus hermanos presentaron una querella contra Ayuso por homicidio imprudente que fue desestimada. Hoy volverán a declarar ante la Fiscalía. Pese a todo, confían en que algún día «se haga justicia».
