Jorge Fernández Díaz, en un acto de reconocimiento como Ministro del Interior a la reinserción de reclusos, en 2016. — Eduardo Parra / EUROPA PRESS
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus peticiones de condenas para seis de los acusados en la operación Kitchen, sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas sufragados con fondos públicos y sin orden judicial. Las penas mayores son para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, con 15 años de prisión, para su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y para su número dos de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, con idéntica cantidad de prisión.
Y mayores aún para José Manuel Villarejo, comisario jubilado, para el que pide 19 años de cárcel y 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial, por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio.
Para los comisarios Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo, solicita 12 años y 6 meses de prisión y 15 años respectivamente por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
Para el chófer de Bárcenas, luego recompensado su trabajo en esta operación con su ingreso en la Policía Nacional, Sergio Javier Ríos Esgueva, la Fiscalía pide 12 años de prisión, más 13 años y nueve meses de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
Para el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, la Fiscalía pide dos años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por delito de encubrimiento.
Para el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado sería responsable civil subsidiario.
Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas acusan a la cúpula de Interior en el Gobierno de Rajoy, además de los delitos de encubrimiento y contra la intimidad, de un delito de malversación anterior a la reciente reforma.
Pide el archivo para Olivera y Fuentes Gago
Retira las acusaciones para los investigados José Luis Olivera, comisario jubilado, y los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, al no quedar demostrado, según la Fiscalía, que participaran de alguna manera en le operativo parapolicial contra Bárcenas.
Tampoco consta, dice la Fiscalía, que ambos llevaran a cabo ninguna actuación durante la estancia de Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real dirigida a obtener información y documentación que pudiera ser relevante en los hechos que se investigaban en el caso Gürtel.
Según la Fiscalía, en la primera mitad del año 2013, desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por los encausados Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez, como secretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino Sánchez, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, se ideó, «sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias», una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales de Luis Bárcenas, extesorero del PP.
También la familia de Bárcenas estuvo en el punto de mira, todo ello con la finalidad de evitar que dicha documentación pueda acabar imputando a los cargos del PP en el seno de las diligencias que se practicaban sobre el caso Gürtel.
La Audiencia Nacional respalda no imputar a Cospedal
Hay que recordar que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha librado de la imputación, al negarse el juez instructor, Manuel García Castellón, a incluirla como investigada después de que trascendieran nuevas grabaciones que le sitúan pidiendo a Villarejo «parar» el asunto de la «libretita» de Bárcenas.
Pero el juez descartó la petición tanto de la Fiscalía como del PSOE y Podemos, que ejercen las acusaciones populares, de imputar a Cospedal al considerar que el sustento de la imputación se reducía «casi de forma nuclear a unos minutos de un corte audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto».
En este sentido, este mismo viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de Podemos, al que se adhirieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PSOE, en el que pedía que se reabriera Kitchen y que se investigara a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirman el cierre, acordado por el juez Manuel García Castellón, de esta causa en la que se ha investigado el operativo puesto en marcha para sustraer documentación del caso Gürtel al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas.
Para Anticorrupción, los acusados José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Manuel Gómez Gordo transmitían a Eugenio Pino Sánchez y Francisco Martínez la información y documentación relativa a Luis Bárcenas y su entorno que el chófer Sergio Javier Ríos Esgueva les hacía llegar. «Y, finalmente, los encausados Eugenio Pino y Francisco Martínez reportaban toda esta información al encausado Jorge Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior», consta en el escrito de la Fiscalía.
