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Moscú sigue el desarrollo de la investigación de este crimen «arrogante y demostrativo», señaló la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha declarado este viernes que el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue un crimen «arrogante y demostrativo», y Moscú espera que no solo se encuentre a los perpetradores, sino también a los que ordenaron el magnicidio.
El Gobierno de Haití informó este jueves que hay un sujeto con nacionalidad estadounidense entre las seis personas detenidas por el asesinato del presidente de la nación. Además, según fuentes del Ejecutivo, habría otro estadounidense en el grupo de sospechosos del crimen que fueron detenidos, aunque esta información no ha sido confirmada de manera oficial.
«Esta información causa nuestra seria preocupación, indica que, una vez más, fuerzas externas están intentando utilizar un conflicto puramente interno para sus propios intereses egoístas», recalcó Zajárova.
En este sentido, la diplomática expresó la esperanza de que las fuerzas del orden de Haití puedan «comprender las verdaderas razones de lo sucedido» y llevar ante la Justicia no solo a los perpetradores de este crimen, sino también «a los clientes, así como a los posibles cómplices».
Zajárova también calificó de «sorprendente» que los portavoces de las autoridades de EE.UU. no fueron capaces de confirmar ni desmentir, y rehuyeron responder a la pregunta de los periodistas sobre la participación de ciudadanos estadounidenses en este crimen.
«¿Por qué es sorprendente? Porque cuando se habla de los ‘famosos hackers’ rusos, los mitológicos ciudadanos rusos que interfieren en las elecciones y según fuerzas políticas de EE.UU. influyen en procesos mundiales», los representantes de los órganos del país norteamericano «están más dispuestos a hablar», recordó la vocera. Es más, valiéndose de lo que ellos consideran ‘pruebas concluyentes’, «lanzan sentencias acusadoras, introducen sanciones», llaman a la comunidad internacional a sumarse a estas acciones contra esta «amenaza rusa», añadió.
«Cuando se habla de sus ciudadanos estadounidenses que están detenidos en Haití y este país ha emitido un anuncio oficial sobre ello, ¿por qué ustedes no quieren comentar esto? ¿Por qué ahora no son tan locuaces?», se pregunta la portavoz de la diplomacia rusa, subrayando que el que fue asesinado es «el presidente de un estado soberano».
El miércoles en la madrugada, un grupo de individuos armados, que al parecer hablaban inglés y español, atacaron la residencia privada del mandatario, ubicada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe. Moïse falleció tras recibir el impacto de doce balas, mientras que su esposa, Jovenel Moïse, resultó lesionada y fue hospitalizada en un sanatorio de la capital y posteriormente trasladada en un avión ambulancia a un centro médico de Miami, en el estado de Florida (EE.UU.).
Haití permanece en estado de sitio a raíz del asesinato del mandatario de 53 años. De momento, el Consejo de Ministros, bajo la presidencia del primer ministro interino (Joseph), «ejerce el Poder Ejecutivo hasta la elección» de otro jefe de Estado.
Hasta el momento, son ya 17 los sospechosos detenidos, mientras cuatro más han fallecido durante los operativos para atrapar a los responsables del asesinato, según anunció la noche de este jueves el primer ministro interino, Claude Joseph. Entretanto, el Gobierno haitiano está en la búsqueda de otras siete personas que habrían participado en el magnicidio.
«El objetivo es que haya justicia por la muerte del presidente Moïse», declaró Joseph en entrevista con Telesur.
Al mismo tiempo, Joseph evitó pronunciarse sobre la nacionalidad de los responsables del crimen, al considerar que las investigaciones están todavía en desarrollo. «Yo prefiero esperar los detalles, de manera que les pueda hablar cuando tenga mayor información», declaró el primer ministro interino.
El magnicidio se produjo a menos de tres meses de celebrarse las elecciones presidenciales y legislativas en Haití, previstas para el 26 de septiembre, a las que Moïse no podía presentarse.
CIUDADANÍA – Redacción El Independiente de Granada – Martes, 16 de Febrero de 2021
La Iglesia aprovechó la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 1996 para inscribir a su nombre un total de 244 bienes inmuebles en la provincia de Granada. En ese listado, remitido este martes al Congreso de los Diputados y consultado por El Independiente de Granada, figuran iglesias, parroquias o casas parroquiales, pero también suelo rústico, viviendas, locales y garajes.
Entre los templos inscritos entre 1998 y 2015, fundamentalmente a nombre del Arzobispado de Granada o la Diócesis de Guadix y Baza, se encuentran la Iglesia de Santa María de la Alhambra, ubicada dentro del recinto del conjunto monumental de la Alhambra, que es Patrimonio de la Humanidad, iglesias del Albacín y también la Catedral de Guadix.
Como titulares de los bienes inmuebles, en el caso de Granada, aparecen también el Seminario Sanatorio Sierra Nevada de Granada o el Seminario Conciliar San Cecilio, e incluso Iglesia católica -sin más referencia-.
Además de los templos, como se ha señalado, se incluye suelo, viviendas y otros inmuebles, como casas parroquiales, viviendas, locales o garajes.
El informe, elaborado con la información recopilada por la Vicepresidencia del Gobierno en Registros de la Propiedad de toda España, ha sido remitido al Congreso de los Diputados, en cumplimiento del mandato parlamentario aprobado en 2017.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado en rueda de prensa que la modificación de la Ley Hipotecaria realizada por el Ejecutivo de José María Aznar el 30 de diciembre de 1996 favoreció que se pudieran inscribir a título de propiedad los bienes eclesiásticos con la certificación expedida por el diocesano correspondiente. Una nueva reforma de la norma, en el año 2015, puso fin a esa posibilidad.
Casi 35.000 inmatriculaciones a favor de la Iglesia católica en España entre 1998 y 2015
La vicepresidenta ha detallado que, según la información recabada en la totalidad de los Registros de la Propiedad, se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la ley de 2015 en toda España. De ese total, 20.014 fincas son templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto.
En el caso de la provincia de Granada, hay 167 bienes que cuentan con certificación eclesiástica y 77 con título distinto a esa certificación.
Calvo ha destacado que la elaboración de la lista supone «un ejercicio de transparencia» del Gobierno, que ha ofrecido una información «prolija, rigurosa y veraz». A partir de ahora, es posible la consulta pública del origen de la inmatriculación de los bienes inmuebles, lo que podría facilitar su reclamación en caso de conflicto sobre su titularidad.
La vicepresidenta ha aclarado que las inmatriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal. Esa legalidad, ha añadido, provocó un volumen que ahora puede ser contestado por las vías administrativa y judicial.
Es decir, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por «vía administrativa», para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por «la vía de los tribunales».
La Catedral de Granada no aparece específicamente mencionada, pero fue inscrita en junio de 2015
En el listado de bienes recogidos en el informe no se menciona específicamente a la Catedral de Granada, pero un exhaustivo informe que elaboró Granada Laica constató que el Arzobispado aprovechó los últimos meses de privilegio legal para inmatricularla -junto a otras iglesias que sí se mencionan, como San Pedro o San Miguel Bajo-. En el siguiente enlace se puede consultar esa información publicada en su día por El Independiente de Granada: El Arzobispado aprovechó los últimos meses de privilegio legal para inmatricular la Catedral y templos del Centro y el Albaicín.
El documento entregado al Congreso de los Diputados por el Gobierno detalla, en el caso de Granada, 244 propiedades, como indica el cuadro recogido anteriormente. No obstante, en el listado figuran, además, otras 8 referencias sobre las que únicamente se ofrece la siguiente información: Alhama de Granada (1); Almuñécar nº 01 (1); Granada nº 02 (1); Granada nº 07 (1); Granada nº 09 (1); Motril nº 01 (1); Motril nº02 (1); y Santa Fe (1).
En todos estos casos y, en virtud de la opción que facilitaba la ley aprobada por Aznar en su día, son bienes inmuebles que han quedado inmatriculados a favor de la Iglesia. No tuvo tanto éxito con la Basílica de la Virgen de las Angustias, que como informó en su día El Independiente de Granada. Un error en la tramitación se lo impidió, al confundirse de registro, y considerar el Ministerio de Justicia en la resolución final dictada en 2016 que lo solicitó fuera de plazo y ya vigente la nueva norma de junio de 2015 que derogaba los privilegios a la Curia.
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JERUSALÉN (AP) – Un ataque aéreo israelí destruyó el sábado un edificio de gran altura que albergaba la oficina de The Associated Press en la Franja de Gaza, a pesar de los repetidos llamados urgentes de la agencia de noticias al ejército para detener el inminente ataque. AP calificó el ataque de «impactante y espantoso».
Doce empleados de AP y autónomos estaban trabajando y descansando en la oficina el sábado por la tarde cuando el ejército israelí telefoneó una advertencia, dando a los ocupantes del edificio una hora para evacuar. Todos pudieron salir, agarrando algunas pertenencias, antes de que tres misiles pesados golpearan el edificio de 12 pisos y lo colapsaran en una nube gigante de polvo.
Aunque nadie resultó herido, el ataque aéreo demolió una oficina que era como un segundo hogar para los periodistas de AP y marcó un nuevo capítulo en la ya inestable relación entre el ejército israelí y los medios internacionales. Grupos de libertad de prensa condenaron el ataque. Acusaron al ejército, que afirmaba que el edificio albergaba la inteligencia militar de Hamas, de intentar censurar la cobertura de la implacable ofensiva de Israel contra los militantes de Hamas.
Antes de la demolición, AP hizo llamadas urgentes al ejército israelí, el ministro de Relaciones Exteriores y la oficina del primer ministro, pero fueron ignorados o se les dijo que no había nada que hacer.
Durante 15 años, la oficina del último piso de la AP y la terraza de la azotea fueron un lugar privilegiado para cubrir los conflictos de Israel con los gobernantes de Hamas en Gaza, incluidas las guerras de 2009, 2012 y 2014. La cámara de la agencia de noticias ofreció tomas en vivo las 24 horas mientras los cohetes de los militantes se arqueaban. hacia Israel y los ataques aéreos israelíes golpearon la ciudad y sus alrededores esta semana.
«No hemos tenido indicios de que Hamas estuviera en el edificio o activo en el edificio», dijo el presidente y director ejecutivo de AP, Gary Pruitt, en un comunicado. “Esto es algo que comprobamos activamente lo mejor que podemos. Nunca pondríamos en riesgo a nuestros periodistas a sabiendas ”.
Pruitt describió a la agencia de noticias como «conmocionada y horrorizada de que el ejército israelí apunte y destruya el edificio que alberga la oficina de AP y otras organizaciones de noticias en Gaza». Advirtió: «El mundo sabrá menos sobre lo que está sucediendo en Gaza debido a lo que sucedió hoy».
“Este es un desarrollo increíblemente perturbador. Evitamos por poco una terrible pérdida de vidas ”, dijo, y agregó que la AP estaba buscando información del gobierno israelí y estaba en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El edificio albergaba varias oficinas, incluidas las del canal árabe por satélite Al-Jazeera. Decenas de residentes que vivían en departamentos en los pisos superiores fueron desplazados.
Un video transmitido por Al-Jazeera mostró al propietario del edificio, Jawwad Mahdi, suplicando por teléfono a un oficial de inteligencia israelí que esperara 10 minutos para permitir que los periodistas ingresaran al edificio para recuperar equipo valioso antes de que fuera bombardeado.
“Todo lo que pido es que permitan que cuatro personas … entren y tomen sus cámaras”, dijo. «Respetamos tus deseos, no lo haremos si no lo permites, pero danos 10 minutos». Cuando el oficial rechazó la solicitud, Mahdi dijo: “Has destruido el trabajo, los recuerdos y la vida de nuestra vida. Colgaré, haré lo que quieras. Hay un Dios.»
El sábado por la noche, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el edificio fue utilizado por la inteligencia militar de Hamas. “No era un edificio inocente”, dijo.
Israel cita habitualmente la presencia de Hamas como una razón para atacar edificios. También acusó al grupo de utilizar a periodistas como escudos humanos.
El teniente coronel Jonathan Conricus, un portavoz militar, se negó a proporcionar evidencia que respalde las afirmaciones del ejército, diciendo que comprometería los esfuerzos de inteligencia. «Creo que es una solicitud legítima para ver más información, y trataré de proporcionarla», dijo.
Conricus dijo que el ejército está «comprometido tanto con los periodistas, su seguridad como con su trabajo libre».
Para los periodistas de AP, fue un momento difícil. La mayor parte del personal de AP ha estado durmiendo en la oficina, que incluye cuatro dormitorios en un apartamento de arriba, durante la actual ronda de combates, creyendo que las oficinas de una agencia de noticias internacional eran uno de los pocos lugares seguros en Gaza. En un territorio paralizado por un bloqueo israelí-egipcio, estaba equipado con un generador que ofrecía las raras comodidades de la electricidad, el aire acondicionado y el agua corriente.
El corresponsal de AP, Fares Akram, dijo que estaba descansando en una habitación de arriba cuando escuchó gritos de pánico de sus colegas sobre la orden de evacuación. Los empleados reunieron a toda prisa el equipo básico, incluidas las computadoras portátiles y las cámaras, antes de bajar las escaleras.
«Estoy desconsolado», dijo Akram. “Te sientes como en casa. Sobre todo, tienes tus recuerdos, tus amigos. Pasas la mayor parte del tiempo allí «.
Al-Jazeera, la red de noticias financiada por el gobierno de Qatar, transmitió los ataques aéreos en vivo cuando el edificio se derrumbó.
“Este canal no se silenciará. Al-Jazeera no será silenciado ”, Halla Mohieddeen. dijo la presentadora al aire de Al-Jazeera English, su voz llena de emoción. «Te lo podemos garantizar ahora mismo».
La madrugada del domingo, Hamas lanzó una fuerte andanada de cohetes contra la metrópolis de Tel Aviv, diciendo que era una venganza por aplastar el edificio de gran altura.
El presidente Joe Biden habló con el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre la creciente violencia.
«Expresó su preocupación por la seguridad de los periodistas y reforzó la necesidad de garantizar su protección», dijo la Casa Blanca.
Más tarde el sábado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló con Pruitt, presidente de AP, para expresar su preocupación por el incidente. El Departamento de Estado dijo que Blinken ofreció su apoyo a los periodistas independientes y señaló lo «indispensable» de sus informes en las zonas de conflicto. También expresó alivio de que el equipo de AP en Gaza estuviera a salvo.
La Asociación de Prensa Extranjera, que representa a unos 400 periodistas que trabajan para organizaciones de medios internacionales en Israel y los territorios palestinos, expresó su «grave preocupación y consternación» por el ataque.
«Causar conscientemente la destrucción de las oficinas de algunas de las organizaciones de noticias más grandes e influyentes del mundo plantea preguntas profundamente preocupantes sobre la voluntad de Israel de interferir con la libertad de prensa», dijo. «La seguridad de otras oficinas de noticias en Gaza ahora está en duda».
Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, dijo que el ataque genera preocupaciones de que Israel esté apuntando a los medios de comunicación «para interrumpir la cobertura del sufrimiento humano en Gaza». Exigió una «justificación detallada y documentada» del ataque.
El Instituto Internacional de Prensa, una red mundial de periodistas y ejecutivos de medios, condenó el ataque como una «grave violación de los derechos humanos y las normas acordadas internacionalmente».
El ejército israelí ha tenido durante mucho tiempo relaciones inestables con los medios de comunicación extranjeros, acusando a los periodistas internacionales de tener prejuicios en su contra.
El ataque se produjo un día después de que el ejército israelí hubiera proporcionado información vaga, y en algunos casos errónea, a los medios de comunicación sobre una posible incursión terrestre en Gaza. Resultó que no hubo invasión terrestre, y la declaración fue parte de un elaborado ardid destinado a engañar a los militantes de Hamas en posiciones defensivas subterráneas que luego fueron destruidas en los ataques aéreos israelíes.
Periodistas internacionales han acusado al ejército de engañarlos y convertirlos en cómplices de una operación militar. El ejército dijo que el error fue un error honesto.
El Canciller destacó que Alemania siempre ha abogado por que Ucrania siga siendo un país de tránsito en la exportación de gas de Rusia a la Unión Europea.
BERLÍN, 20 de abril / TASS /. Alemania ha tomado una decisión a favor del gasoducto Nord Stream 2 independientemente del punto de vista de otros países de la UE, pero la lucha política que se está librando en torno al proyecto es mucho más amplia que solo la cuestión del suministro de gas, dijo la canciller alemana Angela Merkel en Martes.
Se dirigió a la sesión de primavera de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) a través de un enlace de video.
Merkel destacó que Alemania siempre ha abogado por que Ucrania siga siendo un país de tránsito en la exportación de gas de Rusia a la Unión Europea. Hizo hincapié en que conocía las opiniones contradictorias sobre el gasoducto Nord Stream 2 y la posición de muchos estados miembros. Sin embargo, la UE ha desarrollado una posición conjunta, que se refleja en la renovación de la Directiva de Gas de la UE, dijo.
«Podemos ver que el conflicto aquí es mucho más amplio y se centra en la cuestión de cuánto queremos apoyar el comercio con Rusia, principalmente en el sector energético. Alemania ha decidido a favor de construir Nord Stream 2», dijo Merkel.
«Pero esta es una lucha política, que muchos ven de manera diferente», enfatizó el canciller. Señaló que «el gas aún no fluye a través de Nord Stream 2, no será mejor ni peor que el gas suministrado a través del gasoducto Nord Stream 1 o el gas, que se entrega desde Rusia a través de Turquía.
El proyecto Nord Stream 2 prevé la construcción de dos cadenas de tuberías con una capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos por año desde la costa de Rusia a través del Mar Báltico hasta Alemania. La construcción se suspendió en diciembre de 2019 cuando la empresa suiza de tendido de tuberías Allseas detuvo las obras debido a las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, la construcción se reanudó en diciembre de 2020.
Nord Stream 2 AG, el operador del proyecto, informó a principios de este mes que el gasoducto está actualmente terminado en un 95%, aproximadamente 121 km de la longitud total del gasoducto aún no se han colocado.
El diputado conservador alemán Nikolas Löbel anunció este domingo (07.03.2021) que abandonará la política tras reconocer que cobró de una empresa por recomendar sus mascarillas sanitarias a instancias públicas del país. Se trata del segundo político conservador en Alemania en pocos días que dimite por el mismo motivo, después del caso de Georg Nüßlein (CSU).
Ambos políticos anunciaron que no se presentarían a las próximas elecciones de septiembre. Para el jefe de la CSU, Markus Söder, no es suficiente con que no se presenten a la reelección al Bundestag. «No se debe tolerar que los representantes del pueblo conviertan la crisis en negocio», tuiteó el ministro presidente de Baviera. «Es incompatible con los valores fundamentales del partido», añadió.
El secretario general de la CDU, Paul Ziemiak, tachó en Twitter de «profundamente inmoral» que parlamentarios «se hayan enriquecido con el aprovisionamiento de mascarillas en la peor crisis desde la II Guerra Mundial». La oficina del político de la Unión Cristianodemócrata (CDU) comunicó que Löbel, de 34 años, abandonará inmediatamente el grupo parlamentario de su formación en el Bundestag (cámara baja), dejará su escaño a finales de agosto (cuando acaba su mandato) y no se presentará a las elecciones generales de septiembre.
«Ser miembro del Bundestag y poder representar allí a mi ciudad Mannheim es un gran honor y una obligación moral especial. He violado esto con mi actuación y por eso quiero disculparme ante todos los ciudadanos de este país», aseguró en un comunicado Löbel. Según el semanario «Der Spiegel», que destapó el caso, Löbel ha confirmado que cobró 250.000 euros tras mediar en un pedido de mascarillas. (efe/dpa)
El proyecto Nord Stream ha mostrado en forma evidente, que la soberanía alemana en particular y la europea en general está en entredicho.
Alemania vive hoy la expresión concreta, que incluso la soberanía de países, aparentemente poderosos, se ven limitadas si el aliado principal decide que puede ser bueno o no en materia de acuerdos comerciales, de decidir a quién le compra la energía que necesita para su industria y sus hogares y si le está permitido tener relaciones con una federación, como es la rusa, definida por Washington como enemigo estratégico principal.
Tras un año 2020 plagado de problemas, derivados de las amenazas estadounidenses, la falta de firmeza política por parte del Gobierno alemán, presidido por la canciller Angela Merkel, y la oposición de Washington, organismos de la Unión Europea y con extrema oposición de países como Polonia, Letonia, Lituania, Estonia y Ucrania entre otros, el proyecto Nord Stream II, que se encuentra en un 94 % de su ejecución tuvo que frenar su avance y recién comenzar la parte final de las labores en diciembre del año 2020. Esto, cuando los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos mostraban que el expresidente estadounidense Donald Trump ya no sería inquilino de la Casa Blanca dando un respiro momentáneo para concluir este propósito energético.
La información oficial entregada respecto al proyecto señaló que “a mediados de enero de 2021, la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica (BSH) de Alemania emitió un permiso para la finalización del gasoducto Nord Stream II en la Zona Económica Exclusiva Económica (ZEE) de Alemania. Los medios alemanes también señalaron que la finalización aún podría retrasarse por acciones legales de grupos ambientalistas, ya que el tramo restante de 30 km del gasoducto atraviesa el borde de un área de conservación de aves. El día 25 de enero de 2021 el buque tendido de tuberías Fortuna había comenzado a trabajar en el sitio de construcción de Nord Stream II en aguas danesas, y que el trabajo se estaba realizando de acuerdo con los permisos pertinentes de las autoridades danesas” (1)
El proyecto Nord Stream II da cuenta de la construcción, instalación y puesta en práctica de un gasoducto con la participación de empresas de Alemania, Suiza, Países Bajos y Rusia cuya ejecución sobrepasa los 12 mil millones de dólares y que conectará, en paralelo al gasoducto Nord Stream I (que está en uso desde el año 2011) Rusia con Alemania y países de Europa central y del este. Una instalación que a lo largo de 1.230 kilómetros de tuberías a través del mar Báltico vincula los puertos de Ust Luga en Rusia con la estación de término ubicado en la ciudad alemana de Greifswald.
La oposición al Nord Stream II ha colocado a Alemania en un dilema diplomático, económico y con un trasfondo geopolítico, que viene a ser el motivo principal de esta oposición a la alianza germano-rusa que entraña el mencionado gasoducto. Un proyecto que pone a Alemania como principal destinatario del gas ruso, pero cuya ramificación implica otros países europeos, que necesitan del gas ruso por la serie de ventajas frente al forzado ofrecimiento de gas licuado por parte de Estados Unidos, más costoso y contaminante frente a la decisión europea de cesar el uso de combustibles fósiles de aquí al año 2050. En una clara muestra de neoimperialismo, Estados Unidos a través del lobby energético que ha logrado aglutinar el apoyo del Congreso para oponerse a Nord Stream II a pesar que no los incluye y que se encuentra a 7 mil kilómetros de distancia cruzando el Atlántico; pretende cerrar la posibilidad que la Federación Rusa (considerado un enemigo estratégico al igual que China) concrete acuerdos comerciales con países europeos por considerarlo una amenaza a la seguridad, es decir se impone, más que una necesidad energética, una exigencia político-militar de Washington y la OTAN.
Las opiniones de políticos, gobiernos, el lobby energético estadounidense, grupos ambientalistas, han señalado que el proyecto Nord Stream II no beneficia a la Unión Europea, lo que en estricto rigor es cierto pues trae ventajas directas para los países que son parte del proyecto y los que se quieran sumar lo podrán hacer gestionando con Alemania el acceso a la matriz principal. Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo llevó la voz cantante en esta línea de oposición. Por su parte el ex Primer Ministro italiano Matteo Renzi y el primer ministro húngaro Viktor Orbán cuestionaron que se privilegiara este nuevo gasoducto sin haber puesto en las agendas de prioridad al descartado proyecto South Stream, desechado por Rusia el año 2014. Rusia además, suspendió las negociaciones a fines del año 2015, para construir el gasoducto Turkish Stream, gasoducto debía entrar en funcionamiento en 2019 y reemplazaría al South Stream, al que Gazprom renunció por la oposición de la Unión Europea.
Existe un grupo de países (nueve en total) que está abiertamente contra el proyecto Nord Stream II. Son aquellos que en marzo del año 2016 enviaron una carta, firmada por sus líderes políticos (2) advirtiendo que el proyecto Nord Stream 2 contradice los requisitos de la política energética europea respecto a que “los proveedores de la Unión Europea no deben controlar los activos de transmisión de energía y que el acceso a la infraestructura energética debe garantizarse a las empresas que no forman parte del consorcio”. Lo sintomático de esta carta es que 8 de sus nueve firmantes fueron parte de los países del desaparecido bloque socialista y que hoy, en el caso de los países bálticos y Polonia en forma principal, son renuentes a cualquier tipo de acuerdo con Rusia.
A esa carta de países de la Unión Europea, se une la misiva enviada en julio del año 2016 por dos legisladores republicanos el fallecido senador y excandidato presidencial John McCain y Marco Rubio quienes hicieron llegar sus opiniones al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, donde calificaron a Nord Stream II como un paso atrás para la política de diversificación y energía de Europa. Planes sindicales. A los senadores también les preocupa que este proyecto pueda socavar las economías de Ucrania y Europa del Este” (3) En la argumentación de esto parlamentarios está la visión hegemónica de Estados unidos que adiciona ideas tales como el considerar que la alianza entre Alemania y Rusia a través de Gazprom socava la seguridad y estabilidad energética general de Europa y genera la posibilidad que Rusia genere un elemento de presión frente a las necesidades energéticas europeas, una consideración extraña tomando en cuenta que desde hace medio siglo la ex Unión Soviética y la actual Federación Rusa han sido proveedoras del gas para Europa.
Isabelle Kocher, directora ejecutiva de Engie (empresa de capital francés) y socia del proyecto Nord Stream, criticó las sanciones estadounidenses dirigidas a los proyectos, y dijo que eran un intento de promover el gas estadounidense en Europa. A esa visión se une el análisis que vislumbra otras intenciones de Estados Unidos. Según Igor Yushkov, analista senior del Fondo Nacional de Seguridad Energética, los senadores han distorsionado la verdad en su carta. “Rusia está construyendo nuevos gasoductos no tanto para suministrar más gas como para crear alternativas a la red de gas de Ucrania, mientras que el objetivo de los estadounidenses es llevar a los rusos de regreso a Ucrania y continuar financiando ese país a expensas de Gazprom. No es un secreto que el gas ruso le da a Ucrania miles de millones de dólares estadounidenses”
El gas ruso debería compensar la disminución del gas de Noruega, países bajos y otros países europeos que ya no poseen posibilidades de yacimientos de gas. Se da la paradoja que países con enormes transnacionales energéticas como Italia (ENI) Francia (Total) países bajos (Shell) y Gran Bretaña (British Petroleum) no poseen ni petróleo ni gas, son simplemente especuladores, empresas propietarias y oportunistas que suelen aprovechar las ventajas derivadas de guerras de agresión, invasiones y gobiernos corruptos, para asentar sus garras en ricos yacimientos que los provean no sólo de la energía sino que de ingentes capitales con el cual seguir gozando las prebendas de países desarrollados. Resulta una clara política de doble rasero criticar el suministro de gas de Rusia a Europa alegando temas vinculados a soberanía energética, al mismo tiempo que las empresas transnacionales europeas suelen participar del financiamiento a los grupos en guerra en países ricos en recursos energéticos para tener la primera línea en su explotación. No es casual que la italiana ENI en Libia entregue su sostén al Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) con sede en Trípoli, en la trinchera opuesta a la Total francesa que apoya al mariscal Jalifa Haftar que controla los pozos, refinerías y puertos del este libio.
En el plano de la realidad, del pragmatismo del que se supone es el libre comercio internacional, tan predicado por Washington y sus aliados occidentales, los recursos energéticos de la Federación Rusa significan un suministro directo, más económico y sin las tensiones derivados de un recurso energético que tiene que pasar por gasoductos en países intermediarios como lo ha sido con Polonia, Ucrania y Bielorrusia, de los cuales los dos primeros han sido tradicionales enemigos de Rusia y receptores de todo tipo de ayudas y planes destinados a generar procesos de disputa con Moscú, que en el caso específico de Kiev han implicado tensiones, que han llegado incluso al enfrentamiento armado entre las tropas del gobierno central y fuerzas separatistas en el este del país de mayoría rusa.
En todo este marco resulta evidente que quien está definiendo la política energética alemana, no es precisamente el país europeo. Las presiones, sobre las directrices sobre este punto clave de la independencia económica en materia de la provisión energética provienen directamente de Washington. No sólo bajo el ex presidente Trump, sino desde el momento mismo que Nord Stream surgió a la luz pública, bajo el gobierno del expresidente Barack Obama. Gobierno, parlamentarios y el poderoso grupo de presión energético estadounidense, que anhela que sea el gas licuado estadounidense el que provea el mercado europeo a pesar de ser más contaminante y oneroso. Washington ha sido enemigo de llevar a buen término el proyecto germano-ruso, que dotaría de gas barato y limpio a numerosos países europeos.
El discurso estadounidense es tan claro como evidente. Estados Unidos, país que se encuentra a siete horas de vuelo comercial de Europa y a unos 8 mil kilómetros a través del Atlántico sostiene que este proyecto aumentaría enormemente la influencia de Rusia (país euroasiático) en un momento de fuerte tensión entre Washington y Moscú cuyo ejemplo lo encontramos en materia de la política de sanciones implementadas contra Moscú, las acusaciones de intervención en la política interna estadounidense, los desencuentros en materia del Tratado de misiles INF entre otros puntos.
Para políticos alemanes como el eurodiputado Markus Piper del Partido Popular Europeo el tema de fondo con las críticas a Nord Stream son claras y visualizan a Washington y el interés de fortalecer su política energética interna “Si abandonamos la energía nuclear y el carbón al mismo tiempo, necesitamos el gas natural como puente vulnerable hacia la era del hidrógeno. Visto así, el fin de Nord Stream es el comienzo del gas licuado estadounidense. Es mucho más caro y contaminante, pero es un negocio para Estados Unidos. Así que para Estados Unidos, ya sea Trump o Biden, Nord Stream no tiene que ver con los intereses de seguridad, sino con su propio negocio de fracking o fracturación hidráulica a costa del medio ambiente”.
En todo este análisis no podemos dejar pasar un hecho que huele a bandera falsa. Es decir, ese tipo de operaciones destinadas a refrendar una política de hostilidad contra determinado país. Me refiero al envenenamiento del político ruso Alexéi Navalni en agosto del año 2020 por medio del uso del agente nervioso Novichok del cual se acusó a los servicios de inteligencia ruso en momentos que justamente el tema del Nord Stream y las tensiones con Estados Unidos se encontraban en su apogeo. Un Navalni que fue detenido precisamente en Alemania y que en su vuelta a Rusia fue detenido en el aeropuerto. Acontecimiento que implicó que el Parlamento Europeo sacara una resolución “sobre la detención de Alexéi Navalni en Moscú donde se insta a las instituciones de la Unión Europea y a todos los Estados miembros a que pongan fin a la finalización del gasoducto Nord Stream II y apremia para que la Comisión utilice todos los medios jurídicos y políticos disponibles para impedir su finalización, con el fin de evitar que Europa aumente su dependencia del suministro energético ruso”.
Nord refleja, en toda su dimensión la pugna geopolítica en el continente europeo, donde una potencia a la baja como Estados Unidos pretende imponer, de modo totalitario, su doctrina de lo que debe ser la política económica y de defensa europea. Nord Stream II desde el punto de vista económico es de menor relevancia, si lo comparamos con otro proyecto energético, el llamado “Fuerza Siberia”, acordado el año 2014 entre Rusia con Vladimir Putin y China con Xi Jinping e inaugurado en diciembre del año 2019. Un convenio de gasoducto multimillonario, que suministra gas al norte de China desde la región de Yakutia en Siberia. Llamado el Acuerdo del Siglo entre el grupo Gazprom de Rusia y la Corporación Nacional de Petróleo de China con una inversión de 55 mil millones de dólares para 3 mil kilómetros de tuberías, en un contrato a 30 años que reportará un estimado de 400 000 millones de dólares estadounidenses durante el período.
Nord Stream II y Fuerza Siberia son la muestra que las visiones de multilateralismo son absolutamente distintas entre un Estados Unidos impregnado de sus mitos fundacionales, añejos, falsarios y sobre todo hegemónicos enmarcados en su anquilosado destino manifiesto, cuestionado incluso por sus socios europeos. Un multilateralismo que se impone frente a las visiones de dominio de Washington, que día a día ver perder terreno en amplias regiones del mundo. No se trata sólo del gas y su distribución, sino también del cómo establecer mejores relaciones políticas y comerciales.
Nord Stream ha sido calificado por las administraciones de Obama y Trump como como una “herramienta de coerción” pero, sin embargo, el único que coacciona, amenaza chantajea, ofrece sanciones a diestra y siniestra si los países, soberanamente, deciden comerciar con Rusia, es precisamente Washington. Nord Stream ha mostrado en forma evidente, que la soberanía alemana en particular y la europea en general está en entredicho.
Estados Unidos ataca los proyectos de gas de Rusia en Europa.
El obstáculo principal es la capacidad de producción de las empresas farmacéuticas, que continua siendo más lenta de lo esperado. Una de las posibles soluciones es pedir a las compañías que compartan los derechos para poder producir sus vacunas, algo que en cualquier caso sería voluntario y no obligatorio.
Además, los Veintisiete debatirán la introducción de los llamados certificados de vacunación. Una medida que podría dar impulso al dañado sector turístico y evitaría otra desastrosa temporada veraniega.
Otro de los temas en la agenda es el cierre de fronteras entre algunos estados miembros. Apenas unas horas antes de la cumbre, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, ha asegurado que «el cierre de fronteras por parte de algunos Estados miembros perjudica a todo nuestro mercado único. Pido que se levanten todas las formas de restricción siempre que sea posible».
Discrepancias sobre el certificado de vacunación
España y Grecia, dos de los países más dependientes del turismo, son los que más apoyan la propuesta y recuerdan que ya existen sistemas similares con otras vacunas. Mientras que en el norte, países como Alemania, creen que aún es demasiado pronto. No todas las personas han tenido ya la oportunidad de vacunarse, por lo que podría crear ciudadanos de primera y de segunda clase.
El progresivo levantamiento de las restricciones y el posible certificado de vacunación para viajar serían una buena noticia para el turismo en España. Grecia, por su parte, ha movido ficha y ha cerrado un acuerdo con Israel para permitir la entrada de turistas vacunados. Algo que España por ahora no se plantea.
De momento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere centrar los esfuerzos en aumentar la capacidad de producción de vacunas en Europa. Junto con Bélgica, Dinamarca, Lituania y Polonia ha pedido al presidente del Consejo, Charles Michel, que la cumbre sirva para hablar abiertamente de cómo se pueden garantizar los fondos para producir más vacunas.
BARCELONA
ACTUALIZADO:
Jéssica Albiach (Valencia, 1979) afronta sus primeras elecciones como cabeza de lista de En Comú Podem con el objetivo de reforzar al espacio político para convertirlo en un actor clave que haga posible un cambio de gobierno en Catalunya. Ahora mismo, sin embargo, los comuns son la única fuerza que aboga por una alianza a tres con ERC y PSC, que tanto Pere Aragonès como Salvador Illa rechazan frontalmente. Muy crítica con el actual Ejecutivo autonómico, también lamenta el electoralismo del PSOE en cuestiones como la regulación del precio de los alquileres o los indultos a los presos políticos.
Lo que deseo claramente es un gobierno de izquierdas. Hace mucho tiempo que tenemos en Catalunya un gobierno que no está dando respuestas a las necesidades que hay encima de la mesa. Hay debates importantes que se han ido posponiendo, como el modelo productivo del país o que tenemos un sistema económico que es injusto y que está dejando a mucha gente atrás. La principal fractura que tiene Catalunya es la desigualdad y necesitamos darle una salida progresista, por la izquierda, a la crisis que tenemos.
También necesitamos un gobierno que crea en la mesa de diálogo. Hemos conseguido arrastrar al Partido Socialista, pero durante todo este tiempo hemos visto como Junts per Catalunya no creía en ella. Necesitamos que en los dos gobiernos haya fuerzas que crean en el diálogo como la única manera de canalizar la solución al conflicto entre Catalunya y España. Y necesitamos un gobierno que ponga a las personas y a los cuidados en el centro y que entienda que la transición ecológica ya no es para dejar un futuro mejor, sino que es el gran impulso para que la gente no pierda su trabajo en la industria y necesitamos también dar protección a los pequeños y medianos empresarios.
Para nosotros es una mesa que es urgente, porque arrastramos un conflicto desde hace mucho tiempo, que está generando mucho sufrimiento y hay temas por resolver. Obviamente lo primero es la libertad de los presos políticos, la entendemos como una urgencia en términos humanitarios, porque hablamos de la vida de personas; en términos jurídicos, porque retorcieron el código penal para poderlos condenar por sedición; y en términos políticos, porque si queremos que en la mesa de diálogo haya una negociación sincera, necesitamos la libertad de los dirigentes independentistas.
Hasta que consigamos el referéndum no podemos quedarnos de brazos cruzados y por eso necesitamos un calendario de reuniones, un plan de trabajo y una propuesta, que debe ser acordada por los dos gobiernos y votada por los catalanes. Necesitamos poder avanzar en el autogobierno, el blindaje del catalán y en la reforma del sistema de financiación para poder mantener adecuadamente los servicios públicos, porque es un sistema que es injusto con Catalunya y vemos como hay otros territorios que se están aprovechando de este sistema, mientras en paralelo están haciendo dumping fiscal.
Aquí la alternativa es quedarnos de brazos cruzados hasta que alcancemos el referéndum o batallar por ello y mientras tanto ir dando pasos. Y consideramos que esta es una propuesta que puede llegar a más acuerdos.
Hemos visto como el PSOE en otros momentos de su historia ha defendido el referéndum. Y nosotros insistimos en que si queremos llegar a cumplir nuestro programa, donde aparece el referéndum pactado, necesitamos tener más fuerza. En el Gobierno español tenemos cinco ministros por diecisiete del PSOE.
Es que considero que es la única alternativa al Govern de JxCat y ERC que tenemos ahora. Las relaciones entre ellos dos están rotas. Hace un año el propio presidente Torra dijo que la legislatura no tenía más recorrido, porque no había confianza ni lealtad entre los socios. Y lejos de revertirse, la situación se ha ido agravando. Teniendo claro que tenemos programas bastante diferentes, no entenderíamos la incapacidad de acuerdo entre las fuerzas de izquierdas para poder sacar adelante al país. Sería una noticia muy mala repetir esta fórmula que vemos que ha fracasado, y que no ha servido para avanzar nacionalmente ni social.
Lo que tenemos claro es que los diputados y diputadas de En Comú Podem estamos trabajando a favor del cambio, en ningún caso servirían para investir a nadie para que las cosas sigan igual y para hacer un Govern que no transforme la realidad.
La renta Covid es una ayuda específica en forma de complemento para las personas que trabajan o están en paro pero no llegan al salario mínimo. Es un complemento para todas las trabajadoras pobres, para que puedan tener unas condiciones dignas de vida. Para financiarla, por un lado, tenemos una reforma fiscal, que no ha terminado de ponerse en marcha. Y esta debe ser la legislatura de la fiscalidad verde, es importante que haya un Govern que se la crea. El impuesto sobre vehículos contaminantes ha quedado parado con la pandemia, pero hay dos más, los de los barcos y grandes empresas contaminantes, que no se han desarrollado.
La parte que tiene más impacto presupuestario es Sucesiones, que JxCat quiere derogar. Por otro lado, tenemos los fondos europeos, también la posibilidad de alcanzar el 2,2% del déficit [autonómico], que son unos 5.000 millones más, y luego estamos trabajando en una reforma del sistema de financiación.
Yo no he dejado de insistirle al vicepresident Aragonès que no es el momento de parar el grifo, sino de hacer políticas expansivas. Hemos visto cómo ha costado mucho que se empezaran a dar las ayudas, como no se ha llegado a acuerdos con los principales sectores afectados … Estos días se están poniendo en marcha nuevas ayudas, independientemente de que estemos en campaña es una buena noticia que se abra el grifo, porque hasta ahora se ha ido mucho con el freno puesto.
Consideramos que el Gobierno siempre tiene que ir a más. Pero cuando se hizo este cómputo no se incluyó la política de los ERTE, que para nosotros fue la gran apuesta. Intermón Oxfam decía que 700.000 personas no han caído en la pobreza gracias a los ERTE. Han permitido que mientras el PIB ha caído tres veces más que en la crisis de 2008, el paro ha caído la mitad [que entonces]. Si se incluyen los ERTE las ayudas se sitúan en poco más del 5%, por encima de lo que han puesto en marcha otros países europeos.
Pero no tenemos que hacer una política triunfalista y ahora mismo estamos trabajando en dos medidas que consideramos prioritarias. La primera es que también se den ayudas directas a los sectores más impactados por la crisis y hay reticencias dentro del Gobierno. Pedro Sánchez debería entender que son necesarias, estaríamos hablando de unos 10.000 millones. Y, por otro lado, está la ley de regulación del precio de los alquileres. Fue aprobada en Catalunya y vimos que el PSC votó en contra, porque decía que por tema de competencias no nos correspondía a nosotros regularlo, y ahora a nivel del Gobierno central nos encontramos como el PSOE tiene congelada la ley hasta que pase la campaña electoral. Es injusto e irresponsable que esté jugando electoralmente con la regulación del precio del alquiler, cuando es una necesidad urgente.
Sí, absolutamente. Hace meses que Jaume Asens está hablando con Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, la vicepresidenta Calvo y cuando lo empezaban a ver claro llega una convocatoria electoral y eso se está retrasando. Asens y otros expertos prepararon el borrador de la reforma y el ministro Campo [Justicia] lo tiene sobre la mesa, o en un cajón. Lo que está claro es que lo están deteniendo. Y lo mismo ocurre con los indultos. Son temas con los que los partidos no deberían estar jugando.
Con las compañeras de CUP coincidimos en el Parlament en muchas votaciones en temas sociales, económicos, de defensa del territorio o en medidas feministas. Pero vemos que cuando llegan determinadas votaciones decisivas, como por ejemplo investir a Torra o a Puigdemont, terminan facilitando la investidura, pero cuando llega el momento de votar para que Pablo Iglesias pueda ser vicepresidente del Estado nos encontramos con una negativa. Y ahora nos volvemos a encontrar con que la CUP no cierra la puerta a investir a Laura Borràs, que habla de derogar el impuesto de Sucesiones.
Fue paradójico, porque nos encontramos que Junts, ERC y la CUP votaron en contra del decreto estatal sobre los fondos europeos con el argumento de que en buena parte iban a grandes empresas, y luego cuando hemos visto el listado de empresas de los proyectos a través de los cuáles la Generalitat quiere invertir nos encontramos a Naturgy o a Suez. Es importante que durante la tramitación del decreto nos pongamos a trabajar para que los fondos deben ir a parar también a las pymes. Debemos pensar también que con las energías renovables no se puede dar un pelotazo y nos preocupa que acaben siendo grandes empresas las que vayan al territorio y elijan directamente. Hay un liderazgo público, que vaya de la mano de los municipios y que de manera democrática y participada podamos escoger para que estas energías renovables no se conviertan en una burbuja.
En la gestión de los fondos también deben participar los ayuntamientos. Hasta ahora creo que la Generalitat no lo ha hecho bien, porque ha funcionado más como una ventanilla única que marcando cuáles debían ser las líneas de los proyectos. Haría falta una mesa con las entidades, los agentes sociales y los agentes económicos para ver cuáles son las necesidades del país, no son las empresas que nos las tienen que decir, sino que es lo público quien ha decir cuál es el país que queremos.
Yo estaba convencida de que dentro de la desgracia de la pandemia se había abierto una ventana para blindar lo público porque se había creado un consenso a nivel social, pero este consenso no llega a trasladarse al ámbito político. Hace unos días en un debate electoral sólo la CUP y nosotros hablábamos de desprivatizar y de deshacer este entramado sociovergente en el que al final no sabes lo que es público, lo que privado, lo que es concierto, lo que está externalizado y donde hay afán de lucro. El resto en ningún caso cerraban el paso al afán de lucro y que haya gente que estuviese haciendo negocio con nuestra vida y nuestra salud. Hay consenso social, pero desgraciadamente veo como algunos partidos quieren continuar con esta colaboración público-privada, que es muy perversa.
Pues mira, sólo este año el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo 2.000 viviendas públicas, mientras el Govern de la Generalitat está haciendo 30. No necesariamente se deben construir más pisos, sino que debemos incorporar pisos de grandes propietarios y de fondos buitres en el parque de vivienda pública, deben tener la obligación de poner parte de los pisos vacíos en alquiler social.
También está el proyecto de hacer una nueva Ley de barrios, que implicaría rehabilitar los barrios que están más degradados y esto genera también empleo, determinar en ellos zonas verdes, fomentar en ellos los huertos urbanos, también incorpora la parte de la Catalunya vaciada, fomentando puntos de venta directo de los productos agrícolas y ganaderos o mejorando el transporte público y la accesibilidad. A diferencia de la ley de barrios del Maragall la financiación sería una parte de la Generalitat, una parte del Estado y una parte de fondos europeos, serían 5.000 millones en cinco años.