El presidente argentino, Alberto Fernández, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: AP)
Brasil y Argentina deciden lanzar una moneda común para reducir su dependencia del dólar de EE.UU., lo que sentaría las bases para un bloque monetario regional.
“Decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y reduciendo nuestra vulnerabilidad externa”, aseveraron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un comunicado conjunto hecho público el domingo por el Gobierno argentino.
Más temprano en el día, el diario Financial Times, en un artículo que incluye las declaraciones del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, informó que ambos países revelarán esta semana el inicio de los trabajos para lanzar la moneda única que se llamaría “sur”, lo que marcaría la segunda unión monetaria más importante del mundo.
“Habrá una decisión de comenzar a estudiar los parámetros necesarios para una moneda común, que incluye todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales. Sería un estudio de mecanismos de integración comercial”, aseveró el ministro de Economía argentino al mencionado diario.
Con este proyecto al que serán invitados otros países latinoamericanos, la región latinoamericana quiere impulsar el comercio de la zona y reducir su dependencia del dólar estadounidense.
Se calcula que una unión monetaria que cubriese a toda Latinoamérica representaría alrededor del 5 % del producto interno bruto (PIB) mundial, solo por detrás de la Eurozona.
Funcionarios argentinos y brasileños discutirán la iniciativa en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que tendrá lugar esta semana en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, y reunirá a los principales líderes de la región.
El Instituto Mexicano del Seguro Social celebra 80 años de su fundación. Desde el gobierno federal lo fortalecemos y preservamos su espíritu de solidaridad y humanismo. Además de brindar atención médica a los trabajadores afiliados, ampliamos sus capacidades para atender a la población sin seguridad social como parte de nuestro compromiso de garantizar el derecho del pueblo a la salud. El IMSS está en una muy buena época, en la que se han logrado acuerdos a partir de la unidad entre los sectores obrero, empresarial y gubernamental en aras de mejorar las condiciones de vida de las y los derechohabientes. Agradecemos por su trabajo al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto y al personal del Instituto que aportaron en momentos difíciles de la pandemia de COVID-19; fueron héroes y heroínas que ayudaron a salvar vidas. El Gobierno de la Cuarta Transformación mantiene un trabajo de convencimiento para que aviones de carga puedan utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde hay espacio y condiciones óptimas de seguridad; esto permitiría agilizar trámites y bajar la saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mañana, viernes 20 de enero, encabezaremos la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, con la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social: https://bit.ly/3QOHcmv Sigue las actividades del presidente de México: Sitio web: http://presidente.gob.mx YouTube: https://www.youtube.com/lopezobrador Facebook: https://facebook.com/lopezobrador.org.mx Twitter: https://twitter.com/lopezobrador_ Instagram: https://www.instagram.com/lopezobrador/ Telegram: https://t.me/PresidenteAMLO Spotify: https://spoti.fi/3QocikN
Este nombramiento tiene lugar dos semanas después de los ataques de radicales bolsonaristas a las sedes de los tres poderes en Brasil. Lula cree que hubo «muchos militares y policías» que fueron «conniventes» con el intento de golpe.
El presidente de Brasil, Lula da Silva | AP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó este sábado al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda, dos semanas después de la intentona golpista perpetrada por bolsonaristas radicales en Brasilia, informó el ministro de Defensa, José Múcio.
«Las relaciones, principalmente con el Ejército, sufrieron una fractura en el nivel de confianza. Por eso, pensamos que era necesario estancar eso pronto para poder superar este episodio», declaró Múcio ante los periodistas en Brasilia.
El cambio en el mando del Ejército se produce en medio del clima de desconfianza entre el mandatario progresista y sectores de las Fuerzas Armadas desde el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema el pasado 8 de enero.
El cese llega además un día después de la reunión que mantuvo Lula con Arruda y los comandantes de la Marina y la Aeronáutica para discutir inversiones y planes para modernizar las tres fuerzas.
Según señaló Múcio, la decisión fue comunicada este mismo sábado a Arruda, que deja el cargo antes de completar su primer mes en el mismo. Según el diario Folha de Sao Paulo, Lula tomó esa determinación porque Arruda «no demostró disposición» en tomar medidas «inmediatas» para aplacar sus dudas sobre la actuación de algunos militares en la intentona golpista de hace dos semanas.
Su sustituto será el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, quien esta semana, en una ceremonia militar, hizo un fuerte alegato en defensa del orden democrático y del resultado de las elecciones de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro, quien todavía sigue sin reconocer su derrota en las urnas. Paiva compareció este sábado junto a Múcio, aunque no dio ninguna declaración.
Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha manifestado en diversas ocasiones sus dudas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en relación a la invasión y los graves daños causados en las sedes de los tres poderes por parte de grupos violentos de extrema derecha.
La semana pasada, en un desayuno con periodistas, aseguró que hubo «muchos militares y policías» que fueron «conniventes» con el intento de golpe y que está «convencido» de que alguien de dentro del palacio presidencial de Planalto «facilitó» la entrada de los radicales.
El miércoles, en una entrevista a GloboNews, dejó entrever nuevamente esa desconfianza al criticar las agencias de inteligencia «del Ejército, de la Policía y de la Marina» por no avisarle de que bolsonaristas radicales se estaban organizando para el asalto de Brasilia.
Arruda asumió interinamente como comandante del Ejército el pasado 30 de diciembre, cuando aún estaba en el poder el ahora expresidente Jair Bolsonaro, y continuó en el cargo con el Gobierno de Lula, hasta su fulminante destitución, anunciada este 21 de enero.
En Venezuela culminó una rueda de diálogo extraordinaria entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN.
Fue un encuentro para aflojar tensiones, y ratificar los acuerdos políticos iníciales. La delegación del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el gobierno colombiano se encontraron de nuevo en Caracas, tras el impasse de hace tres semanas, cuando el presidente Petro anunció un cese al fuego bilateral con la guerrilla, y días después, la organización lo desmintió.
En Caracas los países garantes ratificaron el buen clima de negociación, en una presentación ante la prensa, donde se leyeron varios comunicados. Después, hablaron los jefes de las delegaciones.
Ni el jefe negociador por el gobierno ni su par del ELN eludieron el tema complejo del cese al fuego. Ratificaron que es un objetivo común pero aun a discutir.
Aquí se confirmó que la próxima rueda de diálogo, que será la segunda entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano de Gustavo Petro comenzará el 13 de febrero en México.
Decenas de manifestantes peruanos refugiados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fueron intervenidos de forma violenta por un contingente policial.
Las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte continúan. Decenas de peruanos de diversas partes del país llegaron a la capital para exigir el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.
No obstante, al no tener un refugio en Lima, la mayoría de ellos se hospedaron en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más importante del Perú y la más antigua de América.
Durante su estadía, los manifestantes fueron asistidos por los mismos estudiantes, sin embargo, poco tiempo después, fueron desalojados violentamente por la Policía, la cual ingresó a la fuerza y hasta destruyó parte de la edificación de la casa de estudios.
La represión policial llegó a la decana de América. Decenas de manifestantes del interior del país que se encontraban refugiados en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fueron intervenidos de forma violenta por un contingente policial.
Al menos 150 personas, entre mujeres y hombres de provincia, fueron vulnerados por miembros de la policía, cuyo accionar fue permitido por la rectora de la casa de estudios, Jerí Ramón. Mientras tanto, otro sector de manifestantes se dirigió hasta el centro de Lima para continuar con la marcha contra el Congreso y el Ejecutivo.
Los manifestantes, cansados de ser reprimidos por efectivos policiales solo por ejercer su derecho a la protesta, consideraron que el actual gobierno es una dictadura.
A pesar de que cada día aumentan los fallecidos y heridos en las protestas, el Congreso de la República y el Ejecutivo insisten en continuar en el poder.
Actualmente, Dina Boluarte tiene en trámite 9 denuncias constitucionales, de las cuales, cuatro de ellas están relacionadas con las protestas y la represión policial, la cual ha dejado 60 fallecidos y cientos de heridos.
Más que un discurso, lo que hizo Gustavo Petro en Davos fue ponerle un espejo a las elites económicas que intentan vender una imagen de sostenibilidad, pero viajan 21 kilómetros en jets privados y acumulan toda la riqueza mientras hablan de desigualdades… Analizamos el ‘capitalismo descarbonizado’ de Petro y las posibilidades para transitar hacia ese modelo.
Una protesta contra Dina Boluarte en Lima, capital de Perú, 12 de enero de 2023. (Foto: Getty Images)
La presidenta interina de Perú avisa que se está individualizando a “malos ciudadanos” que buscan quebrar el estado de derecho para castigarlos con el peso de la ley.
Las protestas y los disturbios se multiplican en Perú, pero la presidenta designada, Dina Boluarte, opta por mirar al otro lado. “Sus protestas son cosas que ustedes saben que están al margen de la ley”, espetó el jueves a la multitud iracunda, es más, acusó a los manifestantes de intentar “quebrar el Estado de derecho, generar caos y desorden, para tomar el poder de la nación”.
Lima fue el punto de quiebre, cuando desde todos los rincones del país confluyeron el mismo jueves en la capital comunidades indígenas, trabajadores, grupos de activistas, amas de casa, que se encontraron con la contención de las fuerzas del orden que se mantienen blindando las calles.
Aun cuando los medios nacionales e internacionales siguen en tiempo real los acontecimientos en el país suramericano, Boluarte se dio a la tarea de aclarar ciertos puntos.
“Quiero desmentir las noticias falsas (…) el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, dijo en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de Lima, acompañada de ciertos ministros.
Boluarte desmintió que la inestabilidad y la violencia estuvieran engullendo Perú. “Están equivocados, desde el Gobierno le decimos al pueblo peruano: la situación está controlada y estará controlada”, puntualizó.
Boluarte amenaza a su pueblo “con todo el peso de la ley”
La presidenta interina avisó que las autoridades conocen que hay “señores no van a cesar en su propósito de quebrar el Estado de derecho”, por lo que están “individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia” y arremeterán contra ese segmento “con todo el peso de la ley”. Según ella, intentos de la toma de tres aeropuertos del país el jueves fue un acto “preparado con premeditación, con suma anticipación”.
“Reitero que todo el rigor de la ley caerá sobre las personas que están cometiendo estos actos delincuenciales de vandalismo que no vamos a permitir”, enfatizó.
Para Boluarte, ninguna agenda social se persigue con las protestas, que, en su opinión, no son ni pacíficas, ni mayúsculas.
En medio de la convulsa situación, elogió el “inmaculado” accionar de la Policía Nacional en Lima. También agradeció a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la prensa.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está indagando las manifestaciones y la respuesta policial en Perú. Hasta el momento, las protestas han dejado 53 muertos y más de 600 heridos por distintas causas.
El estallido social en Perú comenzó el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte asumió el cargo de presidente por sucesión constitucional tras Pedro Castillo (2021-2022) y, luego de una tregua navideña, volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur.
Los peruanos quieren un Gobierno más democrático, razón por la que buscan el cierre del Congreso además de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, una nueva Constitución y unas nuevas elecciones.
Decenas de peruanos se han manifestado este jueves ante la Embajada de Perú, en Madrid. —María Blas/PÚBLICO
«En Perú, si protestas contra el Gobierno te matan», decía una de las pancartas de uno de los manifestantes peruanos que se ha reunido este jueves frente a la Embajadade Perú en Madrid. Los ciudadanos de Perú, residentes en Madrid, piden la dimisión de la actual presidenta del país, Dina Baluarte, nuevas elecciones, la disolución del Congreso y una nueva Constitución.
e Mejia. «Desde aquí pedimos que el embajador se desmarque de esta dictadura y que no sea su representante, que se posicione con el pueblo, porque si no será cómplice. Lo mismo le pedimos al Gobierno de España«, ha añadido.
Los peruanos quieren un presidente o presidenta más democrático. Esa es la razón por la que buscan la renuncia de Boluarte y también la disolución del Congreso. Si la mandataria renunciase, le sucedería el presidente del Congreso, el ultraderechista José Williams, exmilitar y responsable de la masacre de Accormarca (Ayacucho, sur de Perú) de 1985, en la que el Ejército peruano asesinó a 61 campesinos.
Los manifestantes afirman que el Gobierno es antidemocrático, pese a los intentos de Boluarte de dialogar con los ciudadanos. «No me creo que la presidenta quiera dialogar, porque a la vez que pide diálogo está disparando balas en la calle. Es un contrasentido. No puedes pedir diálogo mientras estás matando a la gente», ha declarado Mejia. Otro manifestante, Augusto Carranza, ha calificado a la presidenta peruana como una traidora: «Nos consideran terroristas, pero somos luchadores sociales. Dina está dominada por el imperialismo, ¿qué diálogo vamos a tener con ella?».
Decenas de peruanos se han manifestado este jueves ante la Embajada de Perú, en Madrid. —María Blas/PÚBLICO
Al ser preguntado por un posible acuerdo, Carranza no ha dudado en expresar que no lo ve posible. Pero, tanto Carranza, como el portavoz, creen en la relevancia de una una nueva Constitución, ya que la de 1993 fue creada por el dictador Alberto Fujimori. Mejia ha explicado que esta se ha mantenido «en beneficio de las oligarquías y ocasiona toda la pobreza y contaminación del país. Si no se renueva, el problema va a seguir».
Crisis en Perú
Detrás de la crisis de Perú no está, como ha explicado Mejia, «el terrorismo que comenta Dina». Allí hay masacre por parte del Gobierno, en la que «mueren manifestantes desarmados que se movilizan por sus reivindicaciones». Perú lleva sumergido en una crisis política y social desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, tras disolver el Congreso. Después llegó la incorporación de la actual presidenta del país y primera mujer en asumir la presidencia peruana. Un suceso que originó protestas en varias zonas del país, sobre todo en el sur, por parte de los peruanos. Sin embargo, pese a todas las muertes derivadas de los enfrentamientos (52 hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, 41 de los muertos son producto de la represión de las Fuerzas Armadas), y pese a todos los heridos (más de 1.000), la presidenta se niega a dimitir.
Decenas de peruanos se manifiestan ante la Embajada de Perú, en Madrid. —María Blas/PÚBLICO
No hay justificación para la represión judicial: «Ellos quieren limpiar todo lo que sea oposición de cara a las elecciones futuras. El objetivo final de esto es que la derecha y la ultraderecha ganen las elecciones. Boluarte ha propuesto que se cambien los responsables del organismo electoral con el criterio de que los que pongan ellos garanticen la victoria», ha expresado Mejia. «Dina no es una persona de paz, es una persona de guerra. Que pare la represión y que la Policía sea juzgada, ¿o no estamos en un Estado de Derecho? Y ella debería ser juzgada por ser presidenta y por ordenar esas matanzas. Después de eso ya podremos hablar».
La ‘Toma de Lima’
El Gobierno peruano volvió a declarar el estado de emergencia durante 30 días el pasado domingo para mantener el orden en la capital y en las ciudades sureñas de Cuzco, Callao y Puno. Miles de manifestantes llegaron a Lima este lunes desde varios puntos del país bajo el lema «¡Dina, asesina, dimite!», en una segunda Marcha de los Cuatro Suyos, con el objetivo de presionar a la presidenta. Otros se han unido este martes y miércoles con bloqueos en las carreteras y con la expulsión de la congresista, Ruth Luque, de la Plaza Túpac Amaru (Cuzco), a gritos de «usurpadora», «traidora» y «asesina. La legisladora votó a favor de la destitución de Castillo y, según los manifestantes, ha sido responsable de esta crisis política.
El numero de policías desplegados para la Toma de Lima de este jueves se ha incrementado a 9.600. El Congreso de Perú ha tenido que suspender sus actividades ante la llegada de miles de manifestantes a la capital desde las zonas sureñas de Puno, Cuzco, Andahuaylas y Ayacucho. Estos se han reunido en distintos puntos de la capital, como en la plaza San Martín, el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la plaza Dos de Mayo. Y Boluarte, después de pedir que no se volviese a repetir la violencia que desencadenaron las protestas, ha asegurado ahora que solo escuchará las peticiones sociales y no las políticas. «Estoy esperando que puedan hablar de sus agendas sociales. El Estado de Derecho no puede estar sujeto a los caprichos», ha dicho. Todos, desde los poderes políticos hasta el pueblo, buscan la paz. Desde los manifestantes que se encontraban ante la Embajada peruana, como la Unión Europea, que ha condenado la violencia en el país.
Decenas de peruanos se han manifestado este jueves ante la Embajada de Perú, en Madrid. —María Blas/PÚBLICO
Las protestas, pese a todo lo que han implicado, han hecho efecto, ya que provocaron la destitución del primer ministro de la presidenta, Pedro Angulo, justo una semana después de nombrarlo, en diciembre. Pero Boluarte sigue sumida en las disculpas por los muertos y en no renunciar a su cargo. De hecho, en diciembre manifestó que deberían dejarle tres años liderando el país para cumplir con el resto del mandato del expresidente. Podría haber intereses detrás: Mejia ha explicado que la presidenta es «cautiva de la derecha y la ultraderecha» y que esas fuerzas son las que le colocaron en el poder: «Tiene que haber un motivo muy superior a ella para no poder renunciar, porque si no ya lo hubiera hecho».
Descripción: El asalto a la democracia en Brasil por parte de bolsonaristas no es más que un nuevo episodio antidemocrático de la internacional del odio y la mentira que alienta golpes de estado con propaganda que usa la mentira como principal herramienta. Curiosamente las acusaciones contra Lula son las mismas que se alentaron para motivar el golpe en Bolivia, el asalto al capitolio y el intento de golpe en Perú… el fraude electoral, a esta les acompañan otras acusaciones como la de terrorismo, narcotráfico y financiación de Venezuela. En España VOX y PP junto a medios financiados con dinero público participa en estas campañas que también aplican en la política española.
Esta decisión se produce en un momento de desconfianza hacia las Fuerzas Armadas tras el asalto a las instituciones.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 17 de enero de 2023. —ROBERTA ALINE/EUROPA PRESS
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cesado este martes a 40 miembros de las Fuerzas Armadas que desempeñaban funciones de seguridad en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, evidenciando aún más la desconfianza que ya expresó tras el asalto de las instituciones.
Algunos de los cesados pertenecían a un departamento de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que otros formaban parte del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), uno de los organismos más señalados tras los ataques del pasado 8 de enero. La decisión fue tomada por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia.
El pasado jueves, en un desayuno con periodistas, Lula acusó a «muchos» policías y militares de haber sido «conniventes» con el caos generado en Brasilia. «Hubo muchos cómplices, cómplices en la Policía Militar, cómplices en las Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que las puertas del Palacio del Planalto se abrieron desde dentro porque no estaban rotas», dijo la semana pasada.
El GSI es una de estas instituciones más cuestionadas, y será renovada casi por completo, tal como confirmó el jefe de Casa Civil, Rui Costa. «Tenemos que garantizar un patrón de actuación que permita proteger los tres palacios», dijo.
Este gabinete está formado por cerca de 1.100 funcionarios, la mayoría pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y cuya función es hacerse cargo de la seguridad de las instalaciones y de las autoridades. Al menos el 10% de los aproximadamente 80 cargos que había hasta ahora han sido cesados, según el medio brasileño O Globo.
Las sospechas de Lula se extienden a gran parte de su gabinete y del Partido de los Trabajadores (PT), donde incluso han puesto en tela de juicio la gestión del ministro de Defensa, José Múcio, por no haber actuado antes contra los campamentos de bolsonaristas que se levantaron frente a las sedes del Ejército y en los que se pedía un golpe de Estado.
La idea de Lula y la primera dama, Rosângela da Silva, es instalarse en el Palacio de la Alvorada a finales de enero. Después de una primera inspección de las instalaciones, denunciaron el mal estado en el que se encontraba la residencia oficial, con goteras, ventanas rotas y alfombras y sofás en mal estado. Por esto, la primera dama indicó que solo se mudarán a la Alvorada cuando se realice un «inventario completo» y de las condiciones en que lo recibieron.
