El edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela en Caracas (la capital).
Venezuela denuncia el “intento intervencionista” de EE.UU. de reconocer al líder opositor Juan Guaidó, como el presidente interino del país sudamericano.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela, en un comunicado publicado este miércoles en su cuenta de Twitter, ha manifestado su rechazo a la decisión de Estados Unidos de avalar la extensión por un año más, a partir del 5 de enero, del mandato de Guaidó, como supuesto “presidente encargado” de Venezuela, así como de ratificar la continuidad también por un año más de la Asamblea Nacional que fue despojado de su poder en 2017.
La postura de la Administración estadounidense presidida por Joe Biden respecto a Guaidó, “forma parte de una política fracasada y reincidente”, que “de manera criminal afecta la soberanía del país y busca poner en riesgo su paz, su estabilidad y su desarrollo”, indica el texto.
Además, pone de relieve que Washington pretende, en realidad, dar legitimidad al “grupo criminal transnacional ya tristemente célebre por su papel en el robo y despilfarro de los recursos de todos los venezolanos y venezolanas que se encuentran secuestrados en el exterior por causa de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales dictadas desde Washington”.
Caracas denuncia que Biden “lejos de superar la política hostil de su predecesor”, Donald Trump, ha decidido continuar “su persecución financiera, diplomática, económica y política” contra los venezolanos.
“Es tiempo de que el Gobierno estadounidense abandone sus amenazas y rectifique su posición, como ya lo han hecho varios de los actores internacionales que en algún momento cedieron ante la presión o el engaño de EE.UU. para desconocer al Gobierno venezolano”, se lee en el comunicado oficial.
Guaidó se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela en una plaza de Caracas (capital) en enero de 2019, con el apoyo de EE.UU. Según Caracas y analistas, el exdiputado es un títere al servicio de los intereses de Washington que, de momento, le ha permitido manejar y controlar miles de millones de dólares de las cuentas congeladas de Venezuela en el extranjero.
La Cancillería lanzó un comunicado luego de que el portal Declassified UK revelara que las fuerzas británicas enviaron armamento nuclear para la guerra de 1982.
Ministerio de Relaciones Exteriores de ArgentinaJSPhoto / Legion-Media El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina lanzó un comunicado este miércoles para advertir sobre «la gravedad de la presencia de armas nucleares» en las Islas Malvinas, luego de que el portal periodístico Declassified UK revelara que el Reino Unido envió este tipo de armamento al archipiélago durante la guerra de 1982, cuando el país sudamericano intentó recuperar la soberanía del territorio estratégico.
La publicación del sitio británico se basa en documentos de los Archivos Nacionales, destacando la gran preocupación que había entre los funcionarios ingleses sobre las posibles consecuencias políticas que podría tener un mal uso de aquel peligroso armamento. En concreto, se trata de 31 armas que se enviaron en los portaaviones HMS Hermes (18) y HMS Invincible (12), mientras que la restante se trasladó mediante un barco de la flota real, llamado Regent.
Por esos días, el gran temor del Ministerio de Defensa inglés era que las «bombas nucleares de profundidad» pudieran «perderse o dañarse y el hecho se hiciera público». Al respecto, aquella cartera dijo en un acta: «Las repercusiones internacionales de tal incidente podrían ser muy dañinas». Por otro lado, en uno de los documentos se señala que no había riesgos de una «explosión de tipo bomba atómica», pero se alertó que, en caso de que un artefacto resultase dañado, podría provocar hasta 50 «muertes adicionales» por cáncer.
Buenos Aires puede reclamar ante organismos internacionales
Luego de esta publicación, la Cancillería argentina señaló que en el 2003 ya sabía algo de este asunto: «El Ministerio de Defensa británico publicó un informe en el que se mencionaba que la fuerza de tarea que se constituyó para ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982 incluyó navíos equipados con armamento nuclear», dice el texto.
Ese mismo año, Buenos Aires envió una nota de protesta a Londres «manifestando la suma gravedad de la situación». En su momento, solicitó mayores precisiones sobre la presencia del armamento en las Islas Malvinas durante el conflicto bélico y pidió «que se asegure que en forma fehaciente no hay armas nucleares en ningún lugar del Atlántico Sur». Esto, considerando que en 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco, que establece la desnuclearización de América Latina y el Caribe.
Por su parte, Londres negó haber violado el acuerdo y sostuvo que todas las armas regresaron en buen estado. Sin embargo, Argentina lamenta «la reticencia del Reino Unido a brindar información detallada al respecto», y subrayó que en 2003 se confirmó la presencia del armamento nuclear británico.
Con ese marco, la cartera conducida por Santiago Cafiero remarcó que si aparecieran más documentos desclasificados que aporten más información a la ya difundida por medios de prensa, «el Gobierno argentino reiterará su reclamo al Gobierno del Reino Unido». Así, «en el marco de su invariable política contraria a las armas nucleares», la Cancillería adelantó que «prevé plantear esta situación ante los organismos internacionales competentes».
El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez.
Cuba ha desestimado las declaraciones de EE.UU. sobre papel de la isla en la trata de personas, y asegura que con esas afirmaciones, Washington justifica lanzar una agresión contra la Habana.
“Declaraciones del Gobierno de Estados Unidos sobre ayudas, trata de personas, terrorismo y DDHH no tienen vínculo con desempeño de nuestro país. EE.UU. pretende justificar con mentiras las medidas de abuso y agresión contra la población cubana”, ha denunciado este miércoles en un mensaje en la red social de Twitter, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.
Cuba ha rechazado en varias oportunidades las acusaciones del país vecino y asegura que tiene una política de “Tolerancia Cero” ante cualquier modalidad de trata de personas. Declara además que mantiene un excelente desempeño en la prevención, el enfrentamiento y la protección a las víctimas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una entrevista con la cadena libanesa de noticias Al Mayadeen, 26 de diciembre de 2021.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destaca el fracaso del líder opositor Juan Guaidó en derrocar su gobierno legítimo afirmando que él está en el olvido.
“Él anda perdido en las sombras y la soledad de su propio fracaso. El proyecto político fue una especie de Frankenstein que fracasó”, aseveró el mandatario en una entrevista especial concedida el domingo a la cadena libanesa Al Mayadeen.
Maduro denunció que el imperialismo norteamericano veía a Venezuela como una colonia que puede designarle su propio presidente y luego, invadir el país, pero se enfrentó a un pueblo resistente que impidió sus planes desestabilizadores.
Por lo siguiente, el dirigente chavista aseguró que Venezuela seguirá avanzando en el camino del bienestar y de la felicidad, mientras que Guaidó y sus aliados “persistirán en el fracaso y se seguirán hundiendo en el pantano”, ellos “están en el olvido de la historia”, reiteró.
Maduro resaltó también el respaldo que recibió por muchos países y pueblos del mundo ante la decisión de EE.UU. y el sector opositor del país suramericano de formar en enero de 2019 un gobierno interino ilegal, presidido por Juan Guaidó, para acabar con su Gobierno legítimo y constitucional.
El Ejecutivo de Maduro y el sector más radical de la oposición, aglutinada en la llamada Plataforma Unitaria, iniciaron el 13 de agosto conversaciones en México a favor de la estabilidad política y la convivencia pacífica en la nación sudamericana; pero estos diálogos se congelaron en octubre.
En ese periodo, se realizaron tres rondas de conversaciones en las que se lograron acuerdos parciales para procurar mecanismos de acceso a los fondos internacionales de consulta con actores políticos nacionales e internacionales, y acercamientos en cuestiones sociales, económicas y políticas. Además, en el contexto de las citas en México, el bloque de la oposición aceptó participar en los comicios regionales, realizadas el 21 de noviembre.
El presidente electo de Chile Gabriel Boric declaró el lunes que el traspaso de poder será ordenado e institucional y el aparato del Estado estará encaminado a que la democracia funcione, al mantener la reunión con Sebastián Piñera. El candidato izquierdista obtuvo casi el 56 % de los votos ante el ultraderechista José Antonio Kast, quien recibió un 44 %, y al asumir la presidencia el 11 de marzo, se convertirá en el mandatario chileno más joven de la historia.
El presidente venezolano afirmó que el país ha «resistido embates brutales» de EE.UU. y sus aliados, responsables de una «persecución financiera, monetaria, comercial sin precedentes en la historia de los últimos cien años».
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. LEONARDO FERNANDEZ VILORIA / Reuters
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este domingo durante una entrevista exclusiva para el medio libanés Al Mayadeen que 2021 fue el primer año en el que se registró una recuperación financiera en el país sudamericano desde que se iniciaran la «guerra económica» y las «sanciones criminales» impuestas por EE.UU.
«Este 2021 es el primer año de crecimiento económico desde que empezó esta guerra económica, desde que empezaron las sanciones criminales del imperialismo norteamericano«, sostuvo el mandatario, asegurando que Venezuela empezó a aumentar la producción de alimentos, bienes, servicios y tuvo un crecimiento en la industria, el comercio y el mercado interno, factores que tuvieron «un gran impacto en la actividad económica de la gente». Según dijo, fue un buen año «en todos los sentidos«.
«Estamos siendo testigos de un proceso de recuperación sostenible basado en el trabajo, basado en la recuperación de la economía productiva, la economía real, y basado en el esfuerzo colectivo de todo un país», reiteró el presidente venezolano, agregando que existen «grandes esperanzas y expectativas de que el año 2022 va a ser mucho mejor» y se alcance una una aún mayor recuperación.
A pesar de no proporcionar detalles sobre el porcentaje de crecimiento de este año, Maduro hizo hincapié en que el país latinoamericano ha «resistido embates brutales» de EE.UU. y sus aliados, responsables de una «persecución financiera, monetaria, comercial sin precedentes en la historia de los últimos cien años».
El mandatario aseveró que su pueblo pudo resistir a las medidas adoptadas en su contra «con mucho equilibrio y mucha firmeza» y decidió «avanzar en base al trabajo colectivo» y «estimulando todos los sectores económicos». «Lo fundamental de un país tiene que ser el desarrollo de su economía real, de todos los factores», afirmó Maduro, asegurando que «Venezuela lo está logrando paso a paso, afortunadamente».
Dura semana para la oposición venezolana. Por una parte, Julio Borges renunció a su cargo de comisionado para las relaciones exteriores del autoproclamado gobierno interino. Se mostró muy crítico contra la gestión de Juan Guaidó y le acusó de actos de corrupción. Además, la Asamblea General de la ONU reconoció las credenciales recibidas este año del Gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal Jessica Sosa nos cuenta estas y otras dificultades para la oposición.
La Jurisdicción Especial para la paz confirmó que en el caso también está involucrado un civil.
Veintiún miembros del Ejército colombiano y un civil admitieron su responsabilidad en el asesinato extrajudicial de al menos 247 personas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, confirmó este viernes un comunicado de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Estas ejecuciones sumarias perpetradas por el Ejército, también llamadas «falsos positivos», habrían ocurrido en las zonas de El Catatumbo, donde fueron asesinadas 120 personas, y en la Costa Caribe, lugar en el que se contabilizan al menos 127 víctimas mortales.
Según la JEP, este año han sido imputados 25 miembros del Ejército y un civil por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen delitos de lesa humanidad. De acuerdo a esa jurisdicción, que fue establecida tras los acuerdos de paz entre el Gobierno y las extintas FARC, esos crímenes «no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos».
Esa política de Estado también incluyó incentivos y presiones de los comandantes sobre sus subordinados para obtener «muertos en combate». De acuerdo a la justicia tradicional, tras la imputación, «22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes».
El comunicado oficial de la JEP destaca que el oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien comandaba la Brigada 30. De acuerdo a su testimonio, mostró su «absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad».
Además de admitir los crímenes, los involucrados ampliaron sus versiones de los hechos, expresaron su «compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer la verdad», detalló la jurisdicción de paz. Uno de los puntos clave es que algunos militares aportaron nuevas pruebas que serán usadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para las investigaciones correspondientes.
Para la magistratura, el reconocimiento de estos crímenes por parte de sus autores «es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa ‘el sistema de incentivos condicionados’ en el que se funda este sistema de justicia transicional».
¿Y ahora qué?
Después de este proceso, se ha puesto en marcha el mecanismo para preparar la audiencia de reconocimiento de los hechos y sus responsables.
En los próximos cuatro meses, la JEP ha instruido cuatro tareas: acciones pedagógicas sobre el caso de los «falsos positivos», en el Norte de Santander y la Costa Caribe; las valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad de los autores de los crímenes; los encuentros privados entre los comparecientes y las víctimas; y la preparación del «camino restaurativo» y reparador para quienes padecieron el horror de esta política de Estado.
«El objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron», apunta la magistratura.
A principios de este año, la JEP determinó que, de acuerdo con una exhaustiva investigación, entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como «bajas en combate», una cifra que supera ampliamente la presentada en un informe de la Fiscalía General de la Nación en julio de 2018, en la que contabilizaba 2.248 víctimas de «falsos positivos» en Colombia y en un período más largo, entre 1988 y 2014.
Un regulador energético de Estados Unidos negó la compra de PNM Resources (Nuevo México) por parte de Avangrid, una de las filiales del consorcio español Iberdrola.
La transacción valuada en más de 8,3 billones de dólares fue negada a pesar de que ya había sido aprobada por cinco agencias federales y la Comisión de Servicós Públicos de Texas.
La Comisión de Regulación Pública de Nuevo México rechazó de forma unánime la adquisición debido que el plan propuesto «no es tan importante como se presenta y es insuficiente para sobreponerse al riesgo potencial» que existe.
Además, el regulador consideró que hay serias dudas del actuar de Avangrid e Iberdrola por la investigación que inició España en contra de altos funcionarios de la empresa por corrupción, principalmente por el caso de José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía de España y quien habría usado su posición para favorecer al consorcio.
Tras la decisión del regulador, Iberdrola lamentó la decisión y anunció que analiza la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Nuevo México.
«Estamos analizando los mejores caminos para seguir en Nuevo México. Aún vemos grandes oportuinidades para aprovechar el éxito que hemos tenido en EEUU y estamos comprometidos a asumir nuestra parte para apoyar los esfuerzos del país para expandir la infraestructura de energía renovable», declaró el consorcio, de acuerdo con The Financial Times.
Con ello Iberdrola pierde la oportunidad de convertir a Avangrid en la tercera empresa de energías renovables más importante de EEUU, con presencia en 24 estados.
Las proyecciones presentadas indicaban que, de concretarse la adquisición de PNM, Avangrid habría contado con 4,1 millones de puntos de suministro, una base de activos regulados por más de 14.400 millones de dólares, una red de distribución y transporte de 168.000 kilómetros, y cerca de 10,9 gigavatios de capacidad instalada.
Actualmente la filial tiene acticos en EEUU por más de 39.000 millones de dólares, cuenta con ocho servicios de electricidad y gas natural, y atiende más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Ingalterra.
El miércoles, la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos anunció la nominación del Gobierno de México y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dentro de las ocho personas e instituciones propuestas para recibir el reconocimiento para el Control de Armas en 2021. Esta nominación se debe a que, en un hecho inédito, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 4 de agosto una demanda civil ante una corte federal de Boston contra once empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusó de emprender «prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México».
Entre los demandados están algunos de los mayores fabricantes de armas, como Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A, Colt’s Manufacturing Company y Glock. El Gobierno mexicano considera que a varias de estas compañías les falta una mayor responsabilidad civil y corporativa. Incluso el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó en una de sus conferencias que estas compañías «hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada». El Jefe, El Grito y Emiliano Zapata 1911 son algunos de los modelos más solicitados por los narcos mexicanos.
Por otra parte, el relajamiento de las normas para adquirir armas en Estados Unidos ha alimentado un tráfico constante, así que mientras los narcotraficantes mandan toneladas de droga hacia el vecino de norte, las armerías se hacen de muchísimo dinero producto de los envíos en sentido inverso.
México calcula que alrededor de medio millón de armas son introducidas anualmente en el país y dado que está dinámica dató de principios de siglo, la estimación es que hay al menos 10 millones de armas estadounidenses que cruzaron la frontera ilegalmente y cuyo destino principal ha sido el crimen organizado. La mayoría fueron adquiridas en negocios ubicados en estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde existen más de 20.000 establecimientos autorizados para la venta. Alrededor del 70 por ciento de los asesinatos en México se llevan a cabo con esas armas, por lo que al menos 24.000 homicidios al año estarían vinculados a ellas.
El problema de la violencia en México es demasiado complejo como para que pueda atribuírsele toda la responsabilidad a un par de culpables, puesto que hay muchos más actores involucrados ya sea por acción directa, omisión o negligencia. Por esta razón, cuando México asumió hace ya casi un mes la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Ebrard dedicó su discurso al tráfico ilícito de armas que se ha convertido en una amenaza permanente contra la paz y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos.
Esta demanda no ha estado exenta de polémicas. Rusia, Siria, Irán e Indonesia se opusieron al debate en el Consejo de Seguridad al considerar que el tráfico ilegal de armas debe discutirse desde la Asamblea General. En Estados Unidos, algunos juristas y la influyente Asociación Nacional del Rifle consideraron que la demanda atentaba contra el derecho que tiene todo ciudadano estadounidense a poseer y portar armas. Mientras que en México, la oposición reclamaba que esta queja perjudicaría la relación entre ambos países.
Ante estas confusiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que la demanda que se interpuso no implica de ninguna manera al Gobierno estadounidense ni que tampoco atenta contra la Segunda Enmienda; y ante la ONU, Marcelo Ebrard afirmó que no se trataba de cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino de denunciar prácticas indolentes.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University.
Si EE.UU. pone como sus principales puntos de la agenda el narcotráfico y la inmigración, México pondrá en la palestra el tema del tráfico de armas y a esto deberá sumársele el de lavado del dinero de la droga que se hace en las instituciones bancarias estadounidenses y en su sistema financiero
En una repuesta conjunta, las armerías apuntaron que en lugar de tomar las medidas necesarias como mejorar la seguridad fronteriza, erradicar la corrupción y financiar adecuadamente a la Policía y al Ejército, México, en cambio, se las ha responsabilizado y exhibido de manera irracional.
El Gobierno mexicano, por su parte, arguye que sabiendo que sus armas son utilizadas por el crimen organizado en México, las compañías no toman ninguna medida de control para monitorear e impedir que sus distribuidores le vendan varias armas a una misma persona, que se utilicen prestanombres o incluso que se manden por correo.
Este enero de 2022 se celebrará en la Corte de Massachusetts la audiencia para definir si se desecha la demanda o procede. Aunque pasara lo último, estamos lejos de ver un desenlace. Dos años le tomó al Gobierno de México preparar el caso, por lo que podríamos esperar un tiempo igual o mayor para la discusión de los argumentos y el desahogo de pruebas. Sin embargo, ya se ha logrado el impacto deseado. Si Estados Unidos pone como sus principales puntos de la agenda el narcotráfico y la inmigración, México pondrá en la palestra el tema del tráfico de armas y a esto deberá sumársele el de lavado del dinero de la droga que se hace en las instituciones bancarias estadounidenses y en su sistema financiero.
En las relaciones bilaterales siempre hay responsabilidades compartidas, y así es como deberían de abordarse estas cuestiones en el futuro.
