El ataque es uno más del eterno y violento conflicto de tierras que sufren los pequeños campesinos e indígenas por parte de latifundistas en Brasil.
Imagen ilustrativaLuis Andres Henao / AP
Hombres armados y encapuchados llegados en varias camionetas atacaron y quemaron el campamento de trabajadores rurales de São Vinicius, en los alrededores de una hacienda en Nova Ipixuna, en el estado amazónico de Pará (norte de Brasil).
El ataque al campamento, donde viven 80 personas, se produjo la semana pasada, cuando una delegación ambientalista de defensores estaba en Glasgow, Escocia, para denunciar ante la COP26 la deforestación en la Amazonía y los crímenes contra aquellos que luchan por el derecho a la tierra.
Las agresiones contra la comunidad São Vinicius terminaron con varias familias aterrorizadas escondidas en el bosque y un número indeterminado de heridos que se trasladaron hasta la ciudad más próxima para ser atendidos.
«Me golpearon, me tiraron al suelo y me dijeron que me callara», explica un hombre que prefiere conservar el anonimato a la Comisión Pastoral de Tierras (CPT), una organización vinculada a la Iglesia Católica.
Según su relato, le introdujeron en un vehículo junto a otras nueve personas. «Nos pusieron boca abajo y nos dejaron en una zona desconocida. Fue como un secuestro», explica.
«Todo fue destruido, ni siquiera nos dieron una oportunidad», continuó.«No hubo muertos, pero muchos resultaron heridos (…) Fue una barbarie», añadió.
Violento conflicto de tierras
El caso de São Vinicius es uno más del eterno y violento conflicto de tierras que sufren los pequeños campesinos e indígenas por parte de latifundistas en Brasil, uno de los países con mayor concentración de tierras de América Latina.
En un video de denuncia del ataque, la defensora de tierras Claudelice Santos, que participó en la COP26, comentó: «Los campamentos de lucha por la tierra son atacados por terratenientes que usurpan las tierras«.
Santos advirtió que «estas personas están en riesgo porque el estado no puede darles seguridad, porque es lento en sus procesos». «Mientras tanto, los terratenientes y su banda de pistoleros disparan, torturan y arrojan a la gente al bosque. Están huyendo al bosque para no morir. Debemos movilizarnos urgentemente para que el Estado brasileño rinda cuentas y haga algo por estas familias», dijo.
Las familias de São Vinicius –que se dedican a la extracción de asaí, nueces y a la siembra de yuca para la subsistencia– viven desde hace años acampadas en los márgenes de la Finca Tinelli, en una zona yuxtapuesta a unas tierras propiedad del estado y que están en litigio desde hace tiempo. En 2002, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) determinó la creación del asentamiento São Vinicius, pero nunca llegó a oficializarlo.
«El asentamiento fue creado en el papel, pero en la práctica el Incra no hizo nada para materializarlo», denuncia la abogada Andréia Silvério, del CPT.
Por otro lado, los fiscales denuncian que durante años el Incra se mantuvo «inerte» y «no adoptó ninguna iniciativa para retomar la zona y promover el asentamiento de familias sin tierra». En dos de la visitas realizadas al lugar, los técnicos del Incra constataron que se estaban utilizando las tierras públicas para fines especulativos. «La propiedad estaba siendo mal utilizada, era improductiva y no cumplía con su función social», explicaron.
El CPT advierte que además de ocupar ilegalmente terrenos públicos, delito previsto por la ley, el terrateniente de la Finca Tinelli vendió ilegalmente 810 hectáreas del área, cometiendo otros delitos.
Los nicaragüenses acudieron a las urnas este domingo para elegir los poderes ejecutivo y legislativo para los próximos cinco años.
Un centro de votación en Managua, Nicaragua, 7 de noviembre de 2021.Foto: Oswaldo Rivas / AFP
Con el 49 % de los votos escrutados, el presidente sandinista Daniel Ortega, se perfila como claro ganador en los comicios generales en Nicaragua, obteniendo su formación un 74,99 %, lo que le permite afrontar un cuarto mandato consecutivo.
En busca de la reelección, Ortega, que cumplirá 76 años el próximo 11 de noviembre, pugnó en las urnas con Walter Espinoza (Partido Liberal Constitucionalista), Guillermo Osorno (Camino Cristiano Nicaragüense), Gerson Gutiérrez (Alianza por la República), Mauricio Orué (Partido Liberal Independiente) y Marcelo Montiel (Alianza Liberal Nicaragüense).
«Estamos enterrando la guerra y dándole vida a la paz», declaró el mandatario el día de la votación, al tiempo que recalcó que, «independientemente del pensamiento político, ideológico, religioso de cada quien», la población ha podido ejercer su derecho al voto y elegir a los candidatos de diferentes partidos.
Ortega completó su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990 y regresó al poder en 2007 con la promesa de «trabajo y paz» para los votantes. Actualmente, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que controla el Congreso y las instituciones gubernamentales junto con sus aliados, agota su tercer período consecutivo como mandatario del país, que culminará en 2022.
Además de elegir al futuro presidente, el pueblo nicaragüense también determinó a los diputados que obtendrán 90 de los 92 escaños de la Asamblea Nacional y decidió quiénes lo van a representar ante el Parlamento Centroamericano.
El proceso de votación fue supervisado por 232 «acompañantes electorales» de 27 países, aunque las invitaciones no se extendieron a los observadores de la Unión Europea o a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las autoridades de Nicaragua apuntan a una participación «masiva», pese a los llamamientos de la oposición a favor de la abstención.
Algunos países, como Estados Unidos, ya han adelantado que no reconocen estos comicios. Desde Washington, además, ya prometieron endurecer sus sanciones.
El dispositivo apenas entró en funcionamiento el pasado 27 de octubre. El vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, ya adelantó que será reemplazado.
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
La madrugada del domingo 7 de noviembre de 2021 se registró una explosión en las instalaciones del radar que el Gobierno ecuatoriano instaló en octubre en el cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí, en la costa del país suramericano, que tiene como objetivo detectar vuelos irregulares, principalmente aeronaves utilizadas para el narcotráfico.
«De momento, no se podría descartar un posible atentado terrorista«, dijo el Ministerio de Defensa Nacional a través de un comunicado, en el que informó del suceso.
En el texto añadió que miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan las investigaciones pertinentes «a fin de recabar datos y esclarecer este suceso».
Posibles causas
La explosión se registró a las 03:00 de la mañana, aproximadamente. El estruendo se escuchó en varias comunas, barrios y ciudadelas del cantón Montecristi.
En primera instancia, Pablo Ramírez, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, confirmó que efectivamente se trató de una explosión en el radar y, en declaraciones al portal Infórmate Manabí, dijo que al parecer «se trató de una falla en la bomba de engranaje» del dispositivo.
Más tarde, el ministro de Defensa, Luis Hernández, ratificó que hubo un daño en el radar y estaban verificando lo sucedido. El funcionario, según La República, atribuyó lo ocurrido a un ataque con dinamita.
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
Mientras las autoridades aún investigan para determinar lo que causó la explosión, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, ya adelantó que el dispositivo afectado será reemplazado.
«El Gobierno reemplazará prontamente el radar y esperamos que esté en funcionamiento lo más pronto posible», dijo Jijón.
11 días de funcionamiento
El radar entró en funcionamiento apenas el pasado 27 de octubre, con el propósito de controlar el tráfico aéreo ilegal en Manabí y parte de la provincia vecina de Santa Elena.
«A partir de hoy, ya está en funcionamiento el radar en el cerro de Montecristi, en Manabí. Felicito a todos quienes han hecho posible que en tiempo récord volvamos a tener control de la provincia», escribió entonces el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en su cuenta en Twitter, al tiempo que señaló que con la instalación de este dispositivo «terminó la historia de entregarle a los narcotraficantes el territorio ecuatoriano».
De acuerdo con el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Giovanny Espinel, el radar tiene un alcance de detección de más de 220 millas (354 kilómetros).
Radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí, Ecuador, para detectar narcoavionetasTwitter / LassoGuillermo
Un día después de entrar en funcionamiento, Espinel acudió al cerro de Montecristi, con el acompañamiento de los medios de comunicación del país, para verificar el funcionamiento del radar.
Previo a la entrada en funcionamiento del radar, a principios de septiembre, la FAE informó que en varios cantones de Manabí fueron descubiertos unos 40 terrenos con características para el aterrizaje de avionetas, que podrían ser usadas como pistas clandestinas para el narcotráfico.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones.
Agentes de policía montan guardia mientras los manifestantes contra Luis Arce sostiene una bandera. 11 de octubre de 2021Claudia Morales / Reuters
Líderes de la oposición boliviana convocaron a un paro nacional para este lunes, en una nueva protesta para exigir la derogación de la Ley sobre la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
Patronales del sector transporte, comercio y salud, convocados por los grupos de derecha que se oponen al Gobierno de Luis Arce, han llamado a la paralización de las actividades en todo el país para que se abrogue la también llamada «ley madre». Según el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, si el Ejecutivo no deroga la norma, irán a un paro indefinido.
El Gobierno, por su parte, ha recriminado a los convocantes que no objetaran la ley mientras estaba en discusión, sino que ahora promuevan estas acciones, justo cuando Arce cumple un año de gestión. Asimismo, alertan que la paralización de las actividades económicas podría provocar la pérdida de 112 millones de dólares al día.
¿Por qué están contra la ley?
En agosto de este año, el Parlamento de Bolivia aprobó la polémica norma, conocida como la Ley 1386, que entre otros puntos establece que la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo «podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central mediante decreto supremo», previa consideración y aprobación del consejo que rige la materia.
Esa disposición, establecida en el artículo 7 de la ley, ha sido una de las más cuestionadas por las gremiales, porque consideran le otorga atribuciones discrecionales al Ejecutivo para modificar la norma, sin contar con la validación del Congreso.
Manifestación en defensa de Luis Arce y la bandera wiphala tras el llamado de la oposición, Santa Cruz, 12 de octubre de 2021Lesly Moyano / Reuters
Para los convocantes del paro, la normativa es «copiada» de países como Venezuela, por lo que supuestamente traería «miseria y mendicidad» a Bolivia, como dijo en octubre pasado el presidente del conservador Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.
Como es costumbre, la derecha boliviana alega que las decisiones políticas de Arce están de alguna manera influenciadas por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el enemigo predilecto de los sectores conservadores del país andino.
En esa línea, el diputado opositor del partido Creemos, Erwin Bazán, aseveró la semana pasada que el objetivo del Ejecutivo es «pulverizar la economía privada» y llevar a Bolivia hacia «una ‘venezolanización’ de la economía, hacia una ‘cubanización’ del país».
¿Quiénes están detrás del paro?
Desde el Gobierno de Arce han señalado que el Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los principales promotores del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, estaría detrás de la convocatoria al paro nacional indefinido.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Edgar Montaño, apuntó que el Comité Cívico junto con otras organizaciones «que tomaron por la fuerza el poder» en 2019, habrían puesto como excusa la reciente tramitación de la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, para convocar a estas movilizaciones.
Luis Fernando Camacho, entonces líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, durante el golpe de Estado a Evo Morales, La Paz, 10 de noviembre de 2019Carlos Garcia Rawlins / Reuters
«Quiero advertir al Comité Cívico y a sus sectores golpistas que, por cada día de paro, Bolivia pierde 122 millones de dólares y solo el departamento de Santa Cruz, 32 millones de dólares», señaló Montaño el pasado jueves en conferencia de prensa.
A la par del rechazo a la Ley 1386, la Federación de Profesionales de Santa Cruz expresó su molestia por la tramitación de la Ley 342 y el PDES, porque supuestamente le quitaría a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades las facultades de planificación, financiamiento y ejecución de sus planes.
Esto último fue negado por el Ministerio de Obras Públicas. El titular de la cartera recordó que la Constitución boliviana establece que el Estado define la política económica y la planificación nacional, por lo que «no se está violando absolutamente nada».
El Gobierno de Arce ha alertado que la intención verdadera del paro, por parte de grupos de extrema derecha, es desestabilizar al país andino.
«Lo que están buscando es dividir y debilitar a nuestras organizaciones sociales para saquear nuestras riquezas», dijo el vicepresidente David Choquehuanca.
Por su parte, la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, recalcó que el paro afectará a las personas que, de manera cotidiana, se ganan «el pan de cada día».
«Nuevamente la extrema derecha antipatria busca perjudicar con un paro a nuestra querida Bolivia«, escribió Evo Morales en un mensaje publicado el viernes en su cuenta de Twitter.
«No reconocen el esfuerzo del hermano presidente Luis Arce, que junto al pueblo trabajador, se esmera cada día para recuperar y fortalecer la economía. El paro destruye el empleo», agregó el mandatario.
¿Dónde se darán las movilizaciones?
El miércoles 3 de octubre, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció un paro indefinido con alcance nacional, un llamado que fue rápidamente desmentido en los días siguientes.
«No es cierto», aclaró el representante del Comité Cívico de Oruro, Cecilio Pérez, sobre la convocatoria. Además, el vocero criticó que en lugar de reivindicar las necesidades y los proyectos de desarrollo económico de los departamentos, los comités convirtieron todo en «política».
«Este paro perjudica en la salud —por la pandemia del covid-19— y en la reactivación económica del país. Se está manejando políticamente para que el país no avance«, dijo Pérez.
En el departamento de Santa Cruz, en donde actualmente gobierna el opositor de extrema derecha Luis Fernando Camacho, se esperan importantes movilizaciones contra el Gobierno de Arce. Se trata de un territorio con fuerte influencia del Comité Cívico.
El papel del Comité Cívico
Camacho fue presidente del Comité Cívico y uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra Morales, además de una de las figuras que respaldó la posterior autoproclamación de Jeanine Áñez.
Apenas un mes después del golpe, Camacho apareció en un video publicado en redes sociales, en donde admitía abiertamente que su padre había llegado a a un acuerdo con el Ejército y con la Policía para que se sumaran a su estrategia golpista contra Morales.
A raíz de la violencia en las calles y tras la presión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, y se exilió en México para salvar su vida.
Es en este contexto que los ministros del Gobierno de Arce se refieren a los intentos de desestabilización por parte del Comité Cívico y otras organizaciones. Durante el anuncio del paro indefinido, el propio presidente de esta organización civil de derecha, Calvo, declaró en conferencia de prensa: «Este puede ser nuestro último ‘round’ de los bolivianos«.
Se trata de seis octogenarios que un abogado de Madrid habría utilizado para blanquear fondos de una red de narcotráfico que llegó a mover hasta 4.000 kilos de cocaína.
Coches de lujo, embarcaciones valoradas en más de medio millón de euros, propiedades y empresas, son algunas de las posesiones con las que contarían las seis personas mayores implicadas, pero que curiosamente tienen pocos recursos.
Precisamente, de esa falta de recursos se aprovecharía el abogado Juan Ramón García Crespo que los utilizaba como sus testaferros para blanquear fondos de la mayor red de narcotráfico desmantelada en la Comunidad Valenciana y cuyo cabecilla sería Juan Andrés Cabeza, según publica el diario El País. Importaban cocaína de Sudamérica y la introducían en Europa.
Al fijarse en el perfil de los seis mayores implicados, uno de ellos ya fallecido, las cuentas no cuadran. Los octogenarios no tenían recursos, alguno de ellos incluso reside en una vivienda tutelada del Ayuntamiento de Madrid desde 2018 y recibe una ayuda social de 286 euros al mes. Sin embargo, maneja 44 cuentas bancarias y su nombre aparece en 25 empresas. Otro de ellos ingresa menos de 8.100 euros al año de pensión, pero en el año 2017 controlaba 264 sociedades y 135 propiedades y está acusado de lavar 120.000 euros.
El ‘modus operandi’ era sencillo: el abogado pagaba a los mayores por firmar en la notaría, reconoce uno de los mayores implicados en la trama al diario El País. En total se habrían blanqueado más de dos millones de euros.
El abogado García Crespo fue arrestado en septiembre del 2019 en su vivienda de la conocida urbanización de La Moraleja de Madrid. Los agentes se encontraron con cuatro coches de lujo y 40.800 euros en efectivo. El informe policial concluyó que él era el «principal cerebro de las operaciones de blanqueo de la red criminal investigada».
El presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró como nuevo ministro del Interior al abogado Avelino Guillén, quien se desempeñó como fiscal en el juicio en el que el expresidente Alberto Fujimori (1990-200) fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
«Bienvenido, apreciado Avelino Guillén. Tu conocimiento, experiencia y trayectoria nos permitirán seguir luchando contra la delincuencia y, además, estaremos más cerca de cumplir los anhelos profundos de nuestro pueblo», indicó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.
Guillén fue parte del equipo fiscal que consiguió en 2009 que Fujimori sea condenado a 25 años de prisión, una labor que le valió que en 2008 el diario español El País lo nombre como una de las 100 personalidades más importantes del mundo en ese año.
El flamante ministro del Interior reemplaza al renunciante Luis Barranzuela, quien dejó el cargo tras celebrar una fiesta en su domicilio el 31 de octubre, contraviniendo la prohibición dada por la cartera del Interior para celebrar reuniones sociales en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.
Vista de la fachada de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Caracas, capital, 8 de marzo de 2020. (Foto: AFP)
Los expertos electorales de la oposición venezolana reconocen avances en las garantías electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país suramericano.
Según informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en su cuenta de Twitter, la segunda fecha de actividad de la auditoría de infraestructura tecnológica electoral para las elecciones regionales y municipales de Venezuela se desarrolló el martes 2 de noviembre, donde participaron personal técnico del organismo comicial y auditores externos, así como expertos electorales de los partidos políticos de la oposición venezolana.
Entretanto, los participantes de la oposición admitieron avances del CNE en el desarrollo de nuevas garantías electorales de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Los especialistas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicaron, a su vez, que estas garantías están en línea con la ley y los acuerdos que han logrado las organizaciones políticas del país.
Conforme a los representantes de la coalición opositora, entre los avances, señalan la observación y acompañamiento electorales como un elemento clave en el marco de garantías, cuya matriz de instancias participantes se ha diversificado, para las próximas elecciones.
Por su parte, Eugenio Martínez, un miembro de la MUD, consideró la presencia de un grupo de especialistas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el mismo acto como un hecho sumamente relevante, que, según éste, abre las puertas a una asistencia electoral al CNE en un futuro.
En tal sentido, el director del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Hector Vanolli, también dijo que la presencia de las misiones de observación internacional en tales hechos abre una ventana al mundo que posibilita a la comunidad internacional efectuar un seguimiento minucioso de este proceso electoral.
Además, la experta de la plataforma de la sociedad civil Foro Cívico, Beatriz Borges, admitió los avances en materia de observación y acompañamiento, considerando que es una ventana que se abre con la observación internacional para seguir en la ruta de la normalización del país caribeño.
Para el 21 de noviembre de este año en curso, más de 21 millones de venezolanas y venezolanos, y también extranjeros residentes en el país, están convocados a acudir a las urnas para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes, cargos para los que se postulan cerca de 5000 ciudadanos, de casi medio centenar de organizaciones políticas.
Los fondos, inicialmente destinados a las víctimas de los terremotos de 2001, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, el 16 de abril de 2018 Marvin Recinos / AFP
La Justicia de El Salvador condenó al expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y a dos personas más a pagar 10 millones de dólares que fueron desviados de un donativo hecho al país por Taiwán.
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador determinó que Saca deberá pagar seis millones de dólares. Además, Juan Tennant Wright, exdirigente del partido Arena, y Gerardo Balzaretti, presidente de un centro de estudios políticos, deben desembolsar dos millones de dólares cada uno.
Saca, Wright y Balzaretti fueron acusados por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y activos debido a que desviaron diez millones de dólares que provenían de un donativo que Taiwán entregó al país centroamericano en 2003. El destino de este monto era realizar cuatro proyectos para las víctimas de dos terremotos que afectaron a El Salvador en 2001. Sin embargo, fueron utilizados para financiar la campaña electoral del partido derechista Arena.
En un video publicado por la Fiscalía, uno de los fiscales afirmó que los acusados «causaron un daño al Estado» debido a que el «dinero venía destinado para obras sociales».
En agosto pasado, la Fiscalía había pedido al Juzgado que los ahora condenados fueran exonerados por la prescripción del delito de lavado de dinero, cometido durante el mandato del fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004). Sin embargo, una jueza pidió continuar con el proceso civil contra Saca, Wright y Balzaretti.
Saca cumple desde 2018 una condena de diez años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de fondos estatales.
Archivo – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. – -/El Universal via ZUMA Press Wi / DPA – Archivo
El presidente de México dice que el Gobierno de España «parece un empleado» de las empresas eléctricas
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez «parecen empleados» de las grandes empresas eléctricas, al tiempo que ha vuelto a advertir de que, si la reforma constitucional del sector eléctrico no sale adelante en el país norteamericano, «pasaría lo que está sucediendo ahora en España». «Con todo respeto, parecen empleados», ha dicho el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria, donde ha avisado de que, sin la refor …
En la Ciudad de México la cobertura es del 99 % y el estado con mayor retraso es Chiapas, con el 60 %.
Campaña de vacunación contra el coronavirus en Campeche, México, 21 de julio de 2021 Foto: Legion-Media / XNataliaxPescadorx
El Gobierno mexicano reveló este viernes que ya se alcanzaron las metas trazadas para la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus, pues hasta el momento el 83 % de la población mayor de edad ya fue inoculada.
«Hay un éxito completo», aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien desde el principio de la pandemia fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el principal vocero y encargado de la crisis sanitaria.
Los resultados de la ‘Operación Correcaminos’, como se bautizó en México la campaña de vacunación, fueron dados a conocer durante la conferencia de prensa que López Obrador encabezó en el estado de Campeche, ubicado en el sureste del país.
De acuerdo con el reporte, en la campaña han participado 304.805 brigadistas que trabajan en 14.190 puestos de vacunación instalados en todo el país.
La vacuna se aplicó de manera escalonada: primero al personal de salud; luego a los mayores de 60 años, el personal educativo, la población de 50 a 59 años, las embarazadas, las personas de 40 a 49 años, las que están en la frontera, las de 30 a 39 años y, en la última y más reciente etapa, las de 18 a 29 años. El Gobierno todavía no tiene previsto vacunar a los menores de edad, salvo quienes padecen enfermedades con comorbilidades.
En total, se han vacunado 74,4 millones de personas, de la cuales 60,3 millones ya cuentan con el esquema completo. La entidad más retrasada es Chiapas, con un 60 %, y la más avanzada, la Ciudad de México, con el 99 %.
Logros
«Hablar de meta cumplida requiere de referencias específicas», explicó López-Gatell, tras recordar que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2020 reveló que solo el 62 % de la población dijo que aceptaría la vacuna, en tanto que un 10 % dudaba y poco más del 28 % la rechazaba por completo, pero el hecho de que el 83 % de la población objetivo ya se haya vacunado demuestra que se evaporó la desconfianza.
López-Gatell, por su parte, explicó que las cifras de este viernes dan por cerrada una etapa en la que se buscó que se vacunara a la población adulta. «La crisis sanitaria más grande que el mundo haya enfrentado en este siglo requería el más grande operativo de salud pública del que tenga memoria nuestro país», afirmó.
Para que las vacunas llegaran a todos los rincones del país, añadió, se involucraron todas las instituciones del Estado nacional, provincial y municipal, pero destacó en particular el papel que desempeñó el canciller Marcelo Ebrard para adquirir las dosis.
«La búsqueda no fue tarea fácil. Encontrarlas a tiempo y en cantidades suficientes fue algo crucial que pocos países han logrado», explicó al revelar que México cuenta con vacunas suficientes porque contrató casi 250 millones de dosis, que incluyen 10 millones donaciones, y que son suficientes para vacunar a 132 millones de personas en un país con una población de 126 millones.
López Obrador, por su parte, celebró que, gracias al profesionalismo con el que actuaron todas las dependencias involucradas y a los cuidados que se tomaron, no se hayan echado a perder lotes de vacunas por falta de refrigeración, ya que ese era uno de los principales riesgos.
«Ha sido muy importante el sistema de distribución de la vacuna, toda la logística y distribución, estamos hablando de millones de dosis, de aplicar la vacuna en los pueblos más apartados, no solo en las ciudades, y cómo se logró hacer llegar la vacuna a todo el territorio nacional», destacó.
