Las conclusiones provienen de un reporte de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de EE.UU.
La directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines. Foto: Susan Walsh, Archivo / AP
La Oficina de la Directora de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines, ha publicado este viernes los resultados de su informe acerca del origen del coronavirus, donde, entre otros detalles, concluye que el virus no fue elaborado como un arma biológica.
El ente subraya que este tipo de alegaciones «se apoyan en afirmaciones científicamente inválidas«, al tiempo que señala que son «inconsistentes con la información técnica disponible sobre los coronavirus».
En el documento declasificado este viernes se precisa que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban divididas respecto a los orígenes de la enfermedad, aunque se subraya que la mayoría de los entes considera que el covid-19 no fue un producto de ingeniería genética.
Sin embargo, dos agencias de inteligencia creen que no existen «evidencias suficientes» como para hacer una evaluación al respecto.
«Tras examinar todos los informes de inteligencia disponibles y otras informaciones, la Comunidad de Inteligencia sigue dividida sobre cuál es el origen más probable del covid-19. Todos los organismos consideran que hay dos hipótesis plausibles: la exposición natural a un animal infectado y un incidente asociado a un laboratorio», reza el reporte.
Asimismo, la inteligencia estadounidense precisa que el covid-19 habría aparecido como muy tarde en noviembre de 2019.
Además, los expertos creen que las autoridades de China no tuvieron conocimiento de la propagación de la enfermedad antes de que surgiera el primer brote.
Sin embargo, en el texto del informe se detalla que el Instituto de Virología de la ciudad china de Wuhan (WIV, por sus siglas en inglés) «creó anteriormente quimeras o combinaciones de coronavirus similares al SARS», si bien esto «no permite saber si el SARS Cov-2 fue creado genéticamente por el WIV».
Pese a que el informe no vincula a las autoridades del gigante asiático con el origen del coronavirus, la inteligencia EE.UU. constata «la falta de cooperación de Pekín» para esclarecer el origen del virus. Además, se lamenta por las «numerosas lagunas de información relaciondas con los datos técnicos».
Según Washington, el hecho de que Pekín «continúa impidiendo la investigación global, se resiste a compartir información y acusa a otros países […] refleja, en parte, la propia indecisión del Gobierno del país» sobre los resultados de una eventual indagación respecto al origen del coronavirus.
En la Ciudad de México la cobertura es del 99 % y el estado con mayor retraso es Chiapas, con el 60 %.
Campaña de vacunación contra el coronavirus en Campeche, México, 21 de julio de 2021 Foto: Legion-Media / XNataliaxPescadorx
El Gobierno mexicano reveló este viernes que ya se alcanzaron las metas trazadas para la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus, pues hasta el momento el 83 % de la población mayor de edad ya fue inoculada.
«Hay un éxito completo», aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien desde el principio de la pandemia fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el principal vocero y encargado de la crisis sanitaria.
Los resultados de la ‘Operación Correcaminos’, como se bautizó en México la campaña de vacunación, fueron dados a conocer durante la conferencia de prensa que López Obrador encabezó en el estado de Campeche, ubicado en el sureste del país.
De acuerdo con el reporte, en la campaña han participado 304.805 brigadistas que trabajan en 14.190 puestos de vacunación instalados en todo el país.
La vacuna se aplicó de manera escalonada: primero al personal de salud; luego a los mayores de 60 años, el personal educativo, la población de 50 a 59 años, las embarazadas, las personas de 40 a 49 años, las que están en la frontera, las de 30 a 39 años y, en la última y más reciente etapa, las de 18 a 29 años. El Gobierno todavía no tiene previsto vacunar a los menores de edad, salvo quienes padecen enfermedades con comorbilidades.
En total, se han vacunado 74,4 millones de personas, de la cuales 60,3 millones ya cuentan con el esquema completo. La entidad más retrasada es Chiapas, con un 60 %, y la más avanzada, la Ciudad de México, con el 99 %.
Logros
«Hablar de meta cumplida requiere de referencias específicas», explicó López-Gatell, tras recordar que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2020 reveló que solo el 62 % de la población dijo que aceptaría la vacuna, en tanto que un 10 % dudaba y poco más del 28 % la rechazaba por completo, pero el hecho de que el 83 % de la población objetivo ya se haya vacunado demuestra que se evaporó la desconfianza.
López-Gatell, por su parte, explicó que las cifras de este viernes dan por cerrada una etapa en la que se buscó que se vacunara a la población adulta. «La crisis sanitaria más grande que el mundo haya enfrentado en este siglo requería el más grande operativo de salud pública del que tenga memoria nuestro país», afirmó.
Para que las vacunas llegaran a todos los rincones del país, añadió, se involucraron todas las instituciones del Estado nacional, provincial y municipal, pero destacó en particular el papel que desempeñó el canciller Marcelo Ebrard para adquirir las dosis.
«La búsqueda no fue tarea fácil. Encontrarlas a tiempo y en cantidades suficientes fue algo crucial que pocos países han logrado», explicó al revelar que México cuenta con vacunas suficientes porque contrató casi 250 millones de dosis, que incluyen 10 millones donaciones, y que son suficientes para vacunar a 132 millones de personas en un país con una población de 126 millones.
López Obrador, por su parte, celebró que, gracias al profesionalismo con el que actuaron todas las dependencias involucradas y a los cuidados que se tomaron, no se hayan echado a perder lotes de vacunas por falta de refrigeración, ya que ese era uno de los principales riesgos.
«Ha sido muy importante el sistema de distribución de la vacuna, toda la logística y distribución, estamos hablando de millones de dosis, de aplicar la vacuna en los pueblos más apartados, no solo en las ciudades, y cómo se logró hacer llegar la vacuna a todo el territorio nacional», destacó.
El buque fue enviado para operar con aliados de la OTAN y socios en la región, según comunicó la Sexta Flota de EE.UU. el viernes.
El USS PorterFord Williams / AFP
El destructor estadounidense USS Porter se ha adentrado en el mar Negro bajo vigilancia de las fuerzas de la Armada rusa, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.
«Las fuerzas y equipos de la Flota del mar Negro han prestado vigilancia a las acciones del destructor USS Porter, dotado de misiles guiados, que entró en las aguas del mar Negro el 30 de octubre», señalaron en el Centro Nacional de Gestión de la Defensa, citado por Tass.
El viernes, la Sexta Flota de EE.UU. anunció la partida del USS Porter hacia el mar Negro, desde el mar Egeo, según se desprende de un mensaje anterior.
«El USS Porter ha comenzado su tránsito al norte hacia el mar Negro para operar con nuestros aliados de la OTAN y socios en la región», reza el mensaje en Twitter.
Por separado, la Sexta Flota comunicó el mismo día que su buque insignia USS Mount Whitney había partido hacia el mar Negro para tomar parte en operaciones conjuntas con las fuerzas de la OTAN.
Se precisó en el comunicado que a bordo del Mount Whitney se encuentran oficiales de la Fuerza Naval de Ataque y Apoyo de la OTAN (STRIKFORNATO, por sus siglas en inglés), el principal mando naval de la OTAN que, además, actúa como enlace de la alianza con las fuerzas navales de EE.UU.
Sin precisar las rutas ni los países involucrados en las operaciones, el documento subraya que «operar y entrenarse conjuntamente demuestra el compromiso de la OTAN con el mantenimiento de la libertad de navegación en las aguas internacionales para todas las naciones».
Los pasados junio y julio, la Sexta Flota y Ucrania llevaron a cabo los ejercicios Sea Breeze-2021 de la OTAN y sus aliados en el mar Negro, cerca de aguas territoriales rusas. Las maniobras, las de mayor escala de los últimos veinte años, contaron con la participación de un total de 32 barcos, 40 aviones y helicópteros, así como 5.000 soldados de 24 países.
Como resultado de la operación, dos personas fueron detenidas y se incautaron varios vehículos, teléfonos móviles y más de 15.000 euros en efectivo.
Coche de la Policía Nacional estacionado frente a una comisaría en Madrid (España), el 30 de mayo de 2018.Juan Medina / Reuters
La Policía Nacional española confiscó 150 kilos de cocaína repartidos en 133 paquetes ocultos en una furgoneta estacionada en un parque de Madrid, según un comunicado publicado este viernes en su página web.
En una grabación adjunta se observa cómo un agente apunta con una pistola a los presuntos propietarios del alijo y les ordena, junto con un compañero, que se tumben en el suelo. Acto seguido se ve cómo les ponen las esposas.
El cuerpo policial del país ibérico indica que, gracias a la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, supo que uno de los miembros de una organización criminal iba a recoger una importante partida de cocaína que se encontraba en territorio nacional.
Tras abrir una investigación sobre el caso, los agentes identificaron al responsable en dicha banda de la logística del transporte en España, un ciudadano marroquí con numerosos antecedentes por delitos contra la salud pública. Asimismo, descubrieron que su pareja lo ayudaba a mover la mercancía ilícita.
Fue entonces cuando los policías lograron localizar el vehículo con la droga, que los delincuentes planeaban trasladar a un lugar seguro para su posterior distribución.
Como resultado de la operación, fueron detenidos el responsable del transporte y su pareja. Además, se incautaron los dos vehículos en los que viajaban, tres teléfonos móviles y 15.755 euros en efectivo.
Esta semana fue de especial relevancia porque una comisión del Senado acusó al presidente de nueve delitos graves, entre ellos «crímenes contra la humanidad».
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.Legion-Media
Sin saber que le estaban grabando, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, preguntó durante la pausa de una entrevista cuánto valía un puesto en el Supremo Tribunal Federal (STF).
«Presten atención: ¿Cuánto creen que cuesta un puesto en el Supremo Tribu…?», se cuestionó el mandatario, quien no terminó la frase porque fue alertado de que estaba en directo.
Bolsonaro hacía una entrevista con el canal de noticias Jovem Pan y su equipo de comunicación también la retransmitía en Youtube y Facebook. Jovem Pan hizo una pausa publicitaria y el mandatario soltó la frase relajado, sin recordar que continuaba la grabación en las redes sociales.
«¿Estás grabando ahí? ¿Está aquí? Entonces, esto es Brasil, nos golpean, hombre, todo el tiempo (…) Imagínense si Haddad [candidato de izquierda a las elecciones de 2018] se hubiera sentado en mi lugar, ¿cómo sería Brasil?», continuó para tratar de cambiar de tema.
El comentario del mandatario se produce en medio de sus propias críticas por el retraso del Senado para aprobar el nombramiento del exministro de Justicia André Mendonça, pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Esperanza, e indicado por el propio Bolsonaro para un cargo en el STF.
Pregunta incómoda
Después, en otra entrevista con el mismo medio, el humorista André Marinho preguntó a Bolsonaro sobre un supuesto esquema de desvío de dinero en el que estaría implicado uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro.
«Marinho, sabes que soy el presidente de la República y respondo sobre mis acciones. Entonces, no aceptaré tu provocación«, comentó el presidente, quien terminó por abandonar la entrevista.
Esta semana ha sido de especial relevancia en Brasil porque tras seis meses de trabajo, una comisión de investigación del Senado aprobó un informe en el que acusó a Bolsonaro de nueve delitos graves, entre ellos «crímenes contra la humanidad».
En el informe, los senadores también pidieron «suspender hasta nueva orden» al presidente las redes sociales, después de que vinculase falsamente en una retransmisión en directo a los vacunados contra el coronavirus con la posibilidad de desarrollar el sida.
A pesar de la importancia de las revelaciones, muchos analistas concuerdan en que Bolsonaro sigue contando con numerosos apoyos en el Congreso y que será poco probable que las denuncias le afecten a nivel judicial, pero sí supondrán un golpe a su ya mermada popularidad de cara a las elecciones de 2022.
elDiario.es ha sido testigo directo de los pagos en metálico de los opositores a un alto cargo y dos inspectores del supervisor bancario. Uno de ellos interrumpió la grabación de las clases para explicar su sistema de cobros, que tiene lugar en sus domicilios particulares, bares y un coworking
La tarde del 8 de octubre, viernes, varios veinteañeros desfilaron por la jamonería DBellota —un local de la calle Fuencarral, pleno centro de Madrid, que funciona como bar y tienda de embutidos ibéricos— siguiendo un mismo ritual. Entraban, buscaban con la mirada a un hombre sentado en una de las mesas ubicadas al fondo y acudían a su encuentro. Algunos se sentaron a conversar y pidieron refrescos o cañas. Otros saludaron brevemente y se marcharon. Todos depositaron discretamente el dinero en efectivo.
«Pagué más de 10.000 euros en mano durante 18 meses y no vi nunca facturas ni recibís»
Alumnos de diferentes promociones de la academia en la sombra creada por trabajadores del Banco de España relatan cursos enteros de pagos en metálico y entregas de sobres trimestrales cercanas a los 1.000 euros. Nunca recibieron documento alguno que pueda acreditar esos pagos que reportaron a uno de los preparadores 8.000 euros mensuales
Opera como una academia en la sombra creada ‘ad hoc’ para preparar las oposiciones al Banco de España, donde trabajan como inspectores o altos cargos tres preparadores: el director del departamento de Resolución, Alberto Casillas Cuevas, su hermano Juan, inspector de la entidad, y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole, como desvela en exclusiva este miércoles elDiario.es.
Vídeo – Así explicaban los pagos en metálico los inspectores del Banco de España: «Pagáis mi casa de Boadilla, en la de mi hermano o en ese bar»
SABER MÁS
Los tres profesores cobran la misma tarifa a los alumnos, 160 por asignatura y mes, y es habitual que se recomienden unos a otros cuando aparece un aspirante que pretende obtener una plaza en el supervisor bancario. Así lleva siendo durante el último lustro gracias al boca a boca entre los alumnos. elDiario.es ha hablado con decenas de ellos durante los últimos meses. La mayoría tiene estudios económicos y no llega a la treintena.
Los jóvenes fueron entrando en el local a cuentagotas siguiendo la rutina de cada final de trimestre. Tocaba pagar las clases de Estadística y Matemáticas correspondientes a julio, septiembre y octubre (en agosto no se impartieron). 160 euros al mes por cada una de las dos asignaturas que imparte este profesor: 960 euros en cada entrega, 40 menos del tope máximo para los pagos en efectivo desde el pasado julio cuando Hacienda los limitó a 1.000 euros dentro de las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Las instrucciones de pago las había dado el propio preparador en una de las últimas clases de septiembre. Al final de su exposición, interrumpió el sistema de grabación —tanto Juan Casillas como su hermano Alberto suelen grabar las sesiones por si algún alumno no puede asistir— y detalló «para los nuevos» cómo debían hacerse los pagos. Ofreció tres posibilidades: en su casa de Boadilla del Monte; en el domicilio en el centro de Madrid de su hermano Alberto, también preparador; o en el citado establecimiento de la calle Fuencarral. «Cualquiera de las tres opciones, fenomenal», dijo a los alumnos sin ofrecer en ningún caso la posibilidad de realizar los pagos por transferencia bancaria o plataformas de micropagos como Bizum. Su explicación puede verse en el siguiente vídeo.
Este periódico ha acreditado que esos pagos se realizaron exactamente como pidió el profesor. En metálico y en persona. Los abonos a través de otras fórmulas que dejan rastro son excepcionales en esta academia en la sombra montada por profesionales del Banco de España y suelen reservarse a personas que viven fuera de Madrid, donde residen los tres preparadores, según han contado varios alumnos a esta redacción y ha podido comprobar en persona una periodista de elDiario.es que ha estado semanas asistiendo a las clases y ha sido testigo de esas entregas en efectivo.
La misma semana de la cita en la jamonería, Alberto Casillas Cuevas, hermano de Juan y jefe del departamento de Resolución del Banco de España, también había ido citando en su casa del distrito de Salamanca de Madrid a la veintena de alumnos que asisten telemáticamente a las clases de Contabilidad que imparte durante tres horas cada semana. Actualmente tiene al menos dos grupos diferenciados por niveles a los que cobra con similar tarifa y procedimiento que su hermano y la tercera inspectora de la entidad: 160 euros mensuales a pagar en mano y en efectivo. Entre reunión y reunión de su trabajo en el supervisor bancario, recibe en el mismo despacho desde el que imparte su asignatura por Zoom. Si dispone de tiempo, propone a los estudiantes tomar algo por la zona para resolver dudas o comentar cómo llevan el estudio.
El primer lunes de octubre muchos de esos alumnos ya habían preparado otras cantidades, también con dinero en metálico, para entregar en un coworking ubicado en un sexto piso en la Glorieta de Cuatro Caminos, en Madrid, a la inspectora Patricia Navarro-Rubio Poole, nieta de quien fuera gobernador de la entidad entre 1965 y 1970, un cargo al que accedió tras haber sido ministro de Hacienda en la dictadura y procurador en Cortes. Los alumnos abonaron ese día las clases de Sistema Financiero. Otros 160 euros por cabeza cada mes a cambio de recibir las explicaciones de la asignatura en vídeos que requieren de un usuario y contraseña para poder acceder e incluyen una marca de agua con el nombre del opositor. De esa forma, evita que pueda ser difundido y, en caso de que ocurra, poder cazar a quien pretenda seguir sus clases sin pasar por caja.
Sobre las 20.30 horas de ese lunes cuatro de octubre, la inspectora salió de la oficina abrazada a una carpeta con el dinero dentro. Detrás de ella, varias de las opositoras que acababan de efectuar los pagos. Patricia Navarro-Rubio había permanecido en esa sala dos horas y media recogiendo las cantidades en efectivo y departiendo con los alumnos, que aprovechan esos encuentros para comentar sus avances en los estudios y preguntar dudas.
Alumnos consultados sostienen que hay más empleados del Banco de España que ofrecen servicios similares por los mismos precios para preparar a los opositores que aspiran a ocupar una plaza de inspector o a otras similares en la entidad, un extremo que esta redacción no ha podido confirmar. Este sistema de clases particulares lleva funcionando al menos desde 2016 y las cantidades recibidas varían. Uno de los preparadores, Juan Casillas, ha llegado a percibir 8.000 euros mensuales en metálico por impartir dos asignaturas a grupos de más de veinte alumnos en anteriores ejercicios. El desembolso por parte de los alumnos también es elevado: algunos han llegado a pagar más de 10.000 euros por año y medio largo de formación.
Según la normativa de Hacienda, la preparación de oposiciones está exenta de IVA y, por tanto, no existe la obligación de expedir factura. Es así desde 2013 cuando la Dirección General de Tributos, tras años de controversia, resolvió en una consulta vinculante que las clases de preparación de oposiciones son materias incluidas en los planes de estudio del sistema educativo español y, en consecuencia, están exentas de ese impuesto. Estos ingresos, en todo caso, deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF. Además, deben reflejarse en el Libro de Registro de Ingresos.
elDiario.es se ha puesto en contacto con los tres profesionales del Banco de España. Alberto Casillas y Patricia Navarro-Rubio respondieron por teléfono que no iban a hablar de este tema y no contestaron a ninguna de las preguntas que les fueron remitidas por correo electrónico acerca del número de alumnos, el sistema de cobro o sus declaraciones de impuestos. Tampoco lo hizo Juan Casillas, al que esta redacción remitió las mismas preguntas por email y a través de mensajes de WhatsApp que sí leyó.
Los tres inspectores tienen concedida la compatibilidad para ejercer una segunda actividad que otorga la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No obstante, algunos de los permisos no cuadran con las actividades que vienen ejerciendo durante los últimos años. Este miércoles, tras desvelar elDiario.es el gran negocio de estos tres empleados públicos, ambas instituciones se han pasado la pelota ante la posibilidad de depurar posibles responsabilidades.
En el Banco de España afirmaron estar «valorando» la información publicada «por si procediese llevar a cabo alguna actuación» al tiempo que insisten en que el primer paso debería darlo, en todo caso, la citada Oficina. En el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de quien depende la Oficina de Conflicto de Intereses, defienden, por su parte, que corresponde al Banco de España iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si hay un supuesto o no de infracción a la legislación de incompatibilidades, dijeron a elDiario.es fuentes de ese departamento.
El Gobierno de coalición explicó que no podía tumbar por completo la legislación laboral de Rajoy, pero se comprometió a desmontarla a través de los llamados «elementos más lesivos». En la reforma laboral que se plantea para este año son básicamente tres. El PSOE asegura que el compromiso es conjunto, pero Unidas Podemos ve diferencias en el contenido
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acompañado de las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, entre otras, en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Villar POOL/Archivo
La reforma laboral ha enfrentado a los dos partidos que conforman el Gobierno. La legislación que negocia desde hace meses el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales recoge la derogación los «aspectos más lesivos» de la regulación de Rajoy de 2012, como los denominó el Gobierno de Pedro Sánchez, y otras reformas estructurales clave en el mercado de trabajo español, como la reducción de la temporalidad. Yolanda Díaz ha asegurado este lunes que parte del ala socialista del Gobierno no quiere derogar la reforma del PP y le ha pedido al partido claridad al respecto. Sánchez ha respondido que «todo el Gobierno» está comprometido a llevar a cabo una «modernización de la legislación laboral», ha dicho, «con vocación de consenso».
Bajo la proclama de «derogar la reforma laboral del PP» han estado, según el momento, diferentes medidas del marco legal del Gobierno de Rajoy. En estos momentos, en la legislación que negocia Trabajo con los agentes sociales dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, se concreta en estos tres (o cuatro) aspectos:
– En primer lugar, la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, que afecta a cuestiones clave como el salario. Esta medida pretende evitar que las empresas utilicen convenios propios para precarizar las condiciones en un sector determinado y compitan a la baja devaluando salarios. Además, los sindicatos suelen insistir en que reequilibra la negociación colectiva. Los sindicatos de sector suelen ser más potentes, y tienen más fuerza para negociar frente a las patronales, que los representantes del comité de empresa de muchas compañías, donde en ocasiones hay más temor a enfrentarse a los empresarios. Las patronales defienden por su parte que da más «flexibilidad» al mercado de trabajo.
– En segundo lugar, la recuperación de la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. Es decir, la prórroga de los convenios una vez caduca su vigencia hasta que los empresarios y sindicatos acuerden uno nuevo. Rajoy limitó la ultraactividad a un año. También se subraya como una medida necesaria para devolver poder a los trabajadores en la negociación con las empresas, ya que algunas no muestran ningún interés en pactar un nuevo convenio al ser conscientes de que, si no lo hacen, el anterior decae al año.
– En tercer lugar, endurecer la posibilidad de aplicar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por el empresario e intentar acabar con las comisiones ‘ad hoc’ en estas negociaciones, muy criticadas por su escaso poder frente a la empresa. Trabajo propuso que se puede aplicar esta medida en una situación que justificara un despido colectivo, para evitar esta situación.
Se suma siempre a este paquete, aunque no es propiamente dicho desmontaje de la reforma laboral del PP, un cuarto elemento: la revisión de la subcontratación para evitar la devaluación de las condiciones laborales. El ejemplo más recurrente es la precarización de las ‘kellys’, las limpiadoras de habitaciones de hotel que han sido externalizadas en muchos hoteles y las subcontratas han empeorado sus condiciones de trabajo previas. Aquí, Trabajo propuso a los agentes sociales fijar que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas sea «el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata». De nuevo, los empresarios rechazan restringir esta vía de «flexibilidad» para las compañías.
Según ha expresado Yolanda Díaz, parte del Ejecutivo estaría, pese a lo acordado, a favor de la primacía del convenio de empresa sobre el del sector. Este lunes, el gobernador del Banco de España ha apoyado esta medida de la reforma del PP y, al ser preguntada al respecto por los medios de comunicación, Nadia Calviño ha evitado desvelar su parecer al respecto. Sí ha destacado la necesidad de buscar un equilibrio entre la protección del trabajador y la «flexibilidad» del mercado de trabajo.
La vicepresidenta primera, que se erigía a finales de la semana pasada como coordinadora de la reforma laboral –en un movimiento que Unidas Podemos tachó de «injerencia»–, no se ha sumado al discurso de su Gobierno sobre la necesidad de derogar la legislación de 2012, que incluso ha valorado positivamente en el pasado. Recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa es un compromiso expreso del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
De los «elementos más lesivos» a los «más urgentes»
Para entender qué «derogación de la reforma laboral» está sobre la mesa en estos momentos, conviene echar la mirada atrás. PSOE y Unidas Podemos tenían en sus programas electorales, y en sus proclamas constantes desde la oposición, la «derogación de la reforma laboral del PP». Sin matices. Cuando ambos partidos llegaron a La Moncloa –primero los socialistas en solitario y luego en coalición con Unidas Podemos–, las formaciones aterrizaron esta idea. La derogación sería parcial.
En el Gobierno monocolor del PSOE, con la ministra Magdalena Valerio al frente de Trabajo, se acuñaron los conceptos «elementos más lesivos» de la reforma de Rajoy y «Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI». El plan era desmontar solo algunas cuestiones de la legislación del PP, que el Gobierno señaló como más perjudiciales, y elaborar una nueva regulación laboral para hacer frente a nuevos retos del mercado de trabajo.
Los «elementos más lesivos» consistían, básicamente en: recuperar la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios colectivos y se incorporaba una necesaria revisión de la subcontratación. La entonces ministra Valerio avanzó con los sindicatos un texto legal sobre estas cuestiones, muy desarrollado, pero el Gobierno del PSOE entonces no las aprobó por no obtener el respaldo de los empresarios.
Con el Ejecutivo de coalición, el Ministerio de Trabajo acabó en manos de Unidas Podemos. En concreto, de Yolanda Díaz. El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos recogía textualmente esta formulación: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012». Tras esta premisa general, el texto acordado entraba en detalle en algunos elementos que se consideraron «más urgentes» de tumbar. Estos incluían la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad y, además, el despido por bajas médicas.
El pacto de coalición abordaba también –aunque fuera de esos puntos «más urgentes»– la necesidad de «limitar» la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y la revisión de los llamados «descuelgues» de los convenios colectivos.
Una derogación por «fases»
La ministra Yolanda Díaz explicó poco después de tomar la cartera de Trabajo que «técnicamente» no era derogable toda la reforma laboral del PP, algo que «sería irresponsable», según apuntó en una entrevista en El País. El marco legal que aprobó al Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 era muy extenso y el Ejecutivo de coalición argumentó que no era factible tumbarlo por completo. Además, aseguraba tampoco se quería volver a la regulación previa tal cual, con la que persistían importantes problemas del mercado laboral, como el alto paro y la excesiva temporalidad.
Así, el nuevo plan impulsado por Díaz era una derogación parcial o ‘desmontaje’ de varios elementos de la legislación de Mariano Rajoy a lo largo de varias fases. La primera consistía en eliminar el despido por bajas médicas, que es la única medida que se ha aprobado hasta la fecha. En segundo lugar, se proponía abordar los elementos «más urgentes» y, en el largo plazo, reformar otras cuestiones de la reforma del PP –se llegó a mencionar, por ejemplo, el despido colectivo– mientras se abordaba una amplia modernización del marco laboral en cuestiones como la reducción de la temporalidad, el elevado desempleo, una revisión de la jornada para mejorar la conciliación y otros retos del mercado de trabajo.
Pero llegó la pandemia. La crisis sanitaria interrumpió los planes legislativos del Gobierno, centrados durante meses en los ERTE y la protección frente a esta crisis. Hace unos cinco meses, el Ministerio de Trabajo recuperó la negociación semanal del desmontaje de la regulación del PP, de los elementos «más urgentes», que se incluyeron en la reforma laboral comprometida a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, junto a otras medidas estructurales: la revisión de los contratos formativos, de los contratos para reducir la excesiva temporalidad y la creación de los ERTE permanentes para evitar los despidos masivos en épocas de crisis. Yolanda Díaz ha insistido este lunes en que negoció este paquete con el presidente Pedro Sánchez.
Ahora, los partidos que forman el Ejecutivo se han emplazado a hablar para examinar el acuerdo de coalición en lo que afecta a la reforma laboral. En el primer encuentro, de este lunes por la tarde, no ha habido consenso. En el PSOE aseguran que su compromiso con el desmontaje de la reforma del PP se mantiene, pero en Unidas Podemos denuncian que una parte del Gobierno quiere que se mantenga el ‘statu quo’. En estos días se desvelará si las diferencias internas son una cuestión más de coordinación interna y primacía del liderazgo de Calviño o Díaz, o si se trata de un cambio de parecer respecto al pacto de Gobierno.
El tribunal condena al partido de Pablo Casado como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impago del impuesto de Sociedades en 2007 de la empresa que realizó las obras. Impone otros dos años de cárcel a Bárcenas y vuelve a dar por acreditada la «contabilidad paralela» del PP, como ocurriera en la sentencia de Gürtel
Sede nacional del Partido Popular en la calle Génova. Ricardo Rubio / EUROPA PRESS POOL/AFP7
La Audiencia Nacional ha dictado este jueves la sentencia del segundo gran juicio a dos décadas de irregularidades en el Partido Popular. El fallo recalca la existencia de una caja B en el partido con la que se pagó parte de las obras de la sede nacional del partido en la calle Génova de Madrid y condena al principal acusado, el extesorero Luis Bárcenas, a dos años de prisión. El tribunal condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007.
La verdad judicial choca, por tanto, con los testimonios en el juicio de los máximos responsables del partido entre 1990 y 2018, que comparecieron como testigos. Entre ellos, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos. Con diferentes fórmulas, todos negaron haber conocido la existencia de una contabilidad paralela en el partido y haber recibido los supuestos pagos a su nombre escamoteados a Hacienda que recogen los papeles de Bárcenas. Pero seis testigos sí reconocieron haber percibido el dinero que aparece en los manuscritos del extesorero.
El fallo, como ya hiciera la sentencia del juicio de la Primera Época de Gürtel, alude en repetidas ocasiones a la «contabilidad paralela» del Partido Popular, que da por acreditada, así como a los papeles de Bárcenas, las anotaciones manuscritas donde el tesorero de la formación anotaba entradas y salidas del dinero negro procedente de los empresarios. La Sala relata cómo Bárcenas desempeñó el cargo de gerente del PP desde 1990 a junio de 2008, un periodo en el que gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política como donaciones privadas “a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.
Respecto a la veracidad de los ‘papeles de Bárcenas’, la ponente, María Fernanda García Pérez, recupera el argumento de la defensa de Unifica –la empresa que realizó las obras– que, en su informe final, aludía que los papeles de Bárcenas no tienen por qué ser todo verdad o todo mentira: “Cabe otra opción, y es que sea verdad alguna anotación”.
En la sentencia de la pieza separada del caso Gürtel conocida como “papeles de Bárcenas”, la Sala condena a Bárcenas como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de la Empresa Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares y le impone una multa de 1,2 millones de euros.
El tribunal condena al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García a dos años y 9 meses de prisión y multa de 2,6 millones de euros como autores de un delito contra la Hacienda pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Por contra, la Sala absuelve a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez y la empleada de Unifica Laura Montero. En el caso de Bárcenas, Urquijo y Belén García, los tres quedan absueltos de los delito más graves de los que estaban acusados, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental.
En el caso del extesorero del PP, el tribunal le aplica la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores, si bien, apunta, fueron los registros practicados en la sede del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación. Al ex tesorero del PP, también se le aplica, junto con los otros dos condenados, la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por otra parte, se rechaza las dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.
El Congreso de Perú sufre una grave baja en su popularidad luego de conocerse que 7 de cada 10 peruanos des prueba su gestión.
El ex oficial mayor del Congreso José Elice explica que si bien le plazo máximo es de 80 días, este podría acortarse si las partes responden con celeridad. El tribunal constitucional deberá resolver a la brevedad, pues es un secreto la intención de la oposición, mayoría en el parlamento, de promover una moción de vacancia en contra de Pedro Castillo.
Este nuevo intento de desestabilización del país no ha pasado desapercibido en la población, cansada de la crisis política que aumenta la preocupación tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
La directora ejecutiva de DATUM, Urpi Torrado analiza los motivos de esta alta taza de desaprobación y de la baja en la aprobación que pasó del 30% al 21% en un mes.
Esto se ve reflejado en las protestas que ocurren en la capital del país. Este lunes durante la presentación del gabinete por le voto de investidura ante el pleno del congreso, los pedidos para cerrar el congreso se escucharon en las voces de miles de ciudadanos, que se apostaron frente al palacio legislativo. Por lo pronto se espera una pronta resolución por parte del Tribunal Constitucional, para evitar una nueva crisis.
Alegan que son los sujetos beneficiarios de los seguros de hogar de las propiedades.
Viviendas amenazadas por la lava del volcán de La PalmaBorja Suarez / Reuters
Algunos bancos están comunicando a los clientes que han perdido sus viviendas u otras propiedades al ser sepultadas por la lava del volcán de La Palma, en las islas Canarias (España), que deberán pagar la totalidad del préstamo hipotecario que tuvieran contratado con el dinero que les sea ingresado del Consorcio de Seguros.
Diversas familias afectadas han trasladado una queja a las administraciones de la isla al considerar que se trata de una práctica «impropia» de la situación de excepcionalidad que se vive desde la entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja, el pasado 19 de septiembre, con millares de personas desplazadas de sus hogares, muchas de las cuales han perdido incluso su residencia habitual.
De momento se está estudiando la situación para comprobar si es viable llevar a cabo una denuncia individual o colectiva. «Aunque en casi todos los casos el dinero de la tasación no compensa el valor de la vivienda arrasada por el volcán, la entidad bancaria impone el pago del préstamo», indican los denunciantes en eltime.es, un periódico digital de La Palma.
Algunos juristas consideran que la obligación principal del préstamo consiste en un pago determinado y obligatorio mensual, y que solo si no se cumple con ese pago se podría ejecutar la cláusula que hipoteca el bien inmueble y reclamar el importe íntegro adeudado.
Por otro lado, el objeto del seguro es la vivienda, no el préstamo. De manera que una vez desaparecida la propiedad, el cliente sigue teniendo la obligación de pagar el préstamo.
Sin embargo, la versión de los bancos es muy diferente. Consideran que el seguro de hogar se otorgó como requisito para conceder la hipoteca y que en él se incluyó una cláusula que sitúa como beneficiario del seguro al propio banco, en el caso de que ocurra una catástrofe.
Desde que comenzó esta situación excepcional, el Consorcio de Seguros ha cubierto el 10 % de los 1.100 expedientes abiertos en la isla, lo que ha supuesto más de 13 millones de euros en indemnizaciones.
