El robo de votos del Tribunal Supremo. Golpe a la democracia

Alberto Rodríguez y Meritxell Batet

Quién a estas alturas confía en la Justicia española o no ha leído ni escuchado ninguna noticia en los últimos diez años por lo menos o padece una grave insuficiencia cognitiva.

Lo ocurrido con el escaño de Alberto Rodríguez puede parecerles caso menor… Pataleta lo llamaban algunos conspicuos miembros del Psoe, con el cinismo característico de esta patética claque que mantiene el partido. Eliminar de forma abyecta el acta de diputado de una persona que representa a casi 70.000 votantes es una bofetada radical en toda la escuadra democrática abriendo la puerta a desmanes varios

Analicemos el caso: Alberto Rodríguez es denunciado por un policía ultraderechista (sí, ultraderechista confeso) que en ¡2014! le propinó una patada durante una manifestación. No hay prueba alguna, más que la declaración del policía. No hay testigos del acto agresivo. Nadie vio nada, ni los compañeros del policía. Ni grabaciones. Nada. Declaración, contra declaración.

Al diputado se le condena a una pena de un mes y medio de cárcel sustituida por una multa de 540 euros que ya ha satisfecho. La condena del tribunal es por mayoría, nada de unanimidad que sería requerida ante el desliz y la entidad de la sentencia. Cinco votos en contra (los de jueces conservadores, algunos de ellos cargos anteriores del PP) y tres en contra (los jueces progresistas, que incluso hacen público su desacuerdo y muestras discordancias graves con la sentencia). Condena ideológica clara que niega la presunción de inocencia y condena con la única prueba que aporta verbalmente el denunciante.

El pago de la multa se efectúa por lo que no debería haber inhabilitación de ningún tipo según la ley que dice que una pena de multa no supone inhabilitación.

Se conmina en voz del genuino Marchena que solicita a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que requiera el acta de diputado a Rodríguez, ésta a su vez consulta a los letrados del Congreso que confirman que la multa no es privativa de inhabilitación afirmando que no procede solicitar el acta de diputado… pero Marchena, cual patrone mafioso, sigue presionando y Batet cede entregando la cabeza del diputado a la furia judicial conservadora. No se sigue el criterio de los letrados de las Cortes, que no son vinculantes pero sí están ahí, para algo servirán, pensamos. Y con esto, queridas mías, se confirma el asalto sangriento del poder judicial al legislativo. Con una grandiosa contundencia que nos deja sobrecogidas porque en el poder del Congreso  es donde está la voz del pueblo. Votamos a los diputados/as son nuestros/as representantes, cosa que el poder judicial  se lo pasa por el arco del triunfo.

Se comentaba que la señora Batet andaba llorosa ante tamaña componenda pero ni por asomo se planteaba la dimisión de un puesto que se ve obligado a tragar un sable de considerables dimensiones y queda sumido en la indignidad. ¿Dimitir? ¿Dignidad política? ¿Qué es eso?

Podría decir sin temor a exagerar que esto es un difuso y bien diseñado golpe de estado. Claro que las educadas voces psoistas me llamarán histérica…A lo que les responderé que la tarea de Judas Iscariote les va como anillo al dedo. Siempre habrá un domado Psoe (me niego a llamarles socialistas) para realizar el trabajo sucio de la derecha, para plegarse , como domados y doblados de cerviz ciudadanos bien adiestrados. Asquito profundo que dan.

Cuando la derecha clama por el tongo en las elecciones  con ese mal perder característico de la poca práctica democrática  optando por la judicialización de la política arman el zafarrancho para obviar lo votado y doblar el espinazo democrático no hay delante de las huestes infectas un frente firme que les mantenga a raya. Al contrario, desde siempre, esta izquierdita de salón cree que tragando sables, haciéndose la buena, los otros, domeñaran la furia. Y es justo al contrario. Si algo valora un ultra auténtico (no hago distingos entre las dos derechas, son ultramontanas de libro) es la contundencia en la respuesta. Además les da igual. Montan el pifostio por todo ¿por qué no ir a por todas? Si ser buenecitas solo explaya sus ansias de sangre.

Quienes nos quedamos en perplejidad constante viendo la dificultad de jueces y fiscales para identificar a M. Rajoy, en dictar sentencias justas y en tiempo (antes de prescribir o de morir “accidentalmente” los acusados, Villarejo dixit) en Gürtel, Púnica y etc. Quienes vemos con espanto al rey Emérito darse la gran vida a nuestra costa mientras se nos desgrana en comisión parlamentaria las vergüenza de un CESID o como las cloacas policiales deben suministrar al anterior jefe del estado bromuro para que no se tire hasta a la escoba y escuchamos como surgen sonoros nombres en los Pandora papers sin que nadie mueva ni una ceja,  que cada día nos sorprende una nueva noticia en el desvarío nacional de corruptos a cascoporro. Mientras todo eso ocurre, observamos la contundencia en juzgar algo inverosímil, dictar sentencia condenatoria y presionar al Congreso para eliminar a un diputado, que no es problema personal, como él apuntó, sino de representación. Han hurtado el voto a casi 70.000 canarios.

El claro viraje del trilero Sánchez en el congreso reciente ha sido claro. El abrazo de Vergara con González era esto. De siempre se supo que Sánchez pactaba con UP a regañadientes, como la novia/o que se casa con el suplente porque el ideal no quiere. El ideal de Sánchez y su troupe (que troupe, madre…escuchando a la “lumbrera” de Iván Redondo que dicen que era el listo del grupo, una se da cuenta de cómo serán los tontos) siempre fue Cs. El amor brillaba en los ojos del trilero Sánchez, cuando contemplaba a Rivera pero el “con Rivera no…” sonó muy alto y al final no quedó otra que asumir un matrimonio sin amor son UP.

Desde el minuto uno sobraba una parte de la coalición. Y más ahora, que aparece una persona con brillo de liderazgo y parece aunar conformidad en las diversas vías de la izquierda. Cierto es que nos conformamos con poco, que no es oro lo que reluce pero la imagen de Yolanda Díaz emerge con la suficiente fuerza como para dar un ligero resquemor a esa derecha psoistica que se vio representada en el abrazo tóxico entre González y Sánchez. Dicen que cerraban heridas y lo que ocurría es que trasvasaba el veneno acomodaticio, burgués y traidorzuelo del pasado al presente. Que tampoco hacía mucha falta porque pocos, muy pocos personajes políticos hemos visto con una capacidad tal de travestismo político como Sánchez, capaz de decir algo y lo contrario en horas sin despeinarse ni inmutarse.

Que se expulse de la Cámara a un diputado ejemplar mientras se traga cada día los carretones de mierda política que tragamos dice mucho y mal del sistema. Y dice mucho y mal de nosotras como pueblo. Y perdonen, también dice mucho y mal del partido de Alberto Rodríguez (que con buen sentido abandonó el sábado por la tarde) que no es capaz de arropar a su diputado dando un puñetazo en la mesa hasta hacerla saltar por los aires.

Un partido que no hace frente común en defensa de sus electores y de sus miembros es un partido chicle. Un partido que no ofrece confianza porque le faltan agallas y capacidad endogámica para defender a los/as suyos.

Y si fuera necesario salir del gobierno, se sale. Por supuesto, porque UP, solo puede perder confianza y votos estando en un gobierno indecente que con una mano empuña puñal traidor y con la otra toma prestado el apoyo de los 35 diputados que le confirman como gobierno. Salir ya de una gestión donde nunca debieron estar. Marcharse con una tangana de cuidado y llenar las calles como lo hizo tiempo anterior y tan buenos resultados electorales obtuvo de una postura clara encarnando a la inmensa minoría que no nos sentimos representadas por un gobierno vergonzante.

No es el gobierno de la izquierda. Ni tan siquiera es el gobierno de una socialdemocracia decente. Es un puñetero gobierno pusilánime que maquilla de izquierdita cobarde lo que es solo un amasijo de políticas derechizadas y vacías de contenido. Apuesto lo que quieran a que acuerda la Reforma Laboral dejándola igual o peor, con mucha semántica de una pseudoprogresía vacía de contenido. Ejemplos tenemos varios: Propuesta de Ley de Memoria Histórica, Propuesta de Ley de control de alquileres… Por no hablar de las collejitas cariñosas que se les da de vez en cuando a las eléctricas, obviando que fue precisamente el gobierno de Felipe González el que nacionalizó las empresas del grupo Rumasa… Poder se puede. Hacer se debería hacer pero no se atreven… o no quieren porque luego las puertas giratorias no funcionan.

El golpe de estado que la judicialización del poder ejecutivo y legislativo realiza cada día nos demuestra el pertrecho de interés de una derecha salvaje y una izquierda domada. Pero muy domada.

El lewfare de cada día ha funcionado de forma directa dando en plena línea de flotación de la democracia. Hoy más que nunca el puñetazo en la mesa es la única opción. Porque a lo de Alberto Rodríguez seguirán más casos. Estamos bien seguras.

MARÍA TOCA

                                 24 DE OCTUBRE DE 2021, 11:42

Los tres pies al gato | ‘ETA es pasado y Villarejo, presente’, por Ana Pardo de Vera

PUBLICADO EL 22 DE OCTUBRE DE 2021

«Casado nos habló de ETA por la mañana en el Congreso y Villarejo, por la tarde y en el mismo sitio, de Rajoy. El PP sabía lo que iba a decir el excomisario en la comisión del Congreso que investiga la trama Kitchen porque se lo adelantamos en Público antes de que fuera al Parlamento, pero de eso no dice nada. El PP, como Vox, prefiere hablar de ETA, que desapareció hace diez años y hacer mucho ruido con el dolor de las víctimas, que es lo más ruin que se le puede hacer a alguien que no obtiene consuelo».

 

Revelan más de 160 casos de abusos policiales, agresiones sexuales y malos tratos a solicitantes de asilo en EE.UU.

La información, recopilada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y denunciada por la ONG Human Rights Watch, da cuenta de conductas abusivas en las áreas de control migratorio que dependen de ese organismo estatal.

Migrantes son detenidos por un agente de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. en El Paso, Texas, EE. UU., el 31 de marzo de 2021 Foto: Edgard Garrido / Reuters

Documentos internos del Gobierno de EE.UU., revelados por la ONG Human Rights Watch, dejan al descubierto más de 160 casos de abusos policiales, agresiones sexuales y malos tratos a solicitantes de asilo cometidos en su mayoría por agentes fronterizos, entre 2016 y 2021.

 

Human Rights Watch presentó el jueves un informe donde da cuenta de los abusos que habrían sido cometidos por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según informes internos, recopilados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) y elaborados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), estas conductas abusivas se registraron en las áreas de control migratorio que dependen de ese organismo estatal.

Entre las acusaciones que se desvelan en los textos hay abuso físico, sexual y verbal, violaciones del debido proceso, condiciones de detención severas, denegación de atención médica y trato discriminatorio en la frontera y zonas cercanas.

Al respecto, la directora asociada para EE.UU. de Human Rights Watch, Clara Long, afirmó que «la conducta de los funcionarios fronterizos y de migraciones que se detallan en estos informes realmente causan estupor». Además, señaló que este tipo de acciones, al margen de la ley, «son un secreto a voces dentro del DHS» y que pareciera haberse naturalizado «que sus organismos de frontera cometan abusos alarmantes».

A finales de septiembre, generaron gran conmoción una serie de imágenes difundidas en los medios que muestran a varios agentes a caballo de la Patrulla Fronteriza estadounidense agrediendo a un grupo de migrantes que cruzaba el río Bravo.

Los abusos relatados

Entre los hechos compilados en los informes, en los que se han hecho algunas tachaduras, y sobre los que se desconoce si están siendo investigados, se relata que un supervisor en la Oficina de Asilo de San Francisco informó que la hija pequeña de una solicitante que entrevistó fue agredida sexualmente, posiblemente por un funcionario de la CBP o de la Patrulla Fronteriza que habría obligado a la menor de edad a desvestirse y «la manoseó«.

Otra situación de este tipo ocurrió cuando un oficial amenazó con encerrar a un solicitante de asilo por negarse a tener sexo con él, según se recoge en el informe.

En el documento HRW también menciona un caso en el que un agente de la Patrulla Fronteriza golpeó con su rodilla a una mujer en la parte inferior de la pelvis, provocándole moretones durante varios días. La víctima denunció lo ocurrido al funcionario que valoraba su petición de asilo.

Un caso similar sucedió con otro migrante, al que un funcionario golpeó con tal fuerza que quedó inconsciente y sufrió inflamación cerebral.

Como recomendación, la presidenta de la ONG, con sede en Nueva York, dijo que el Gobierno de Joe Biden debería tomar «medidas urgentes» para asegurar que las personas victimizadas «tengan acceso a la Justicia y que cese este patrón persistente de abusos y conductas indebidas».

Alrededor de 1,7 millones de migrantes han sido detenidos por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) durante el año fiscal 2021 (1 de octubre de 2020- 30 septiembre de 2021), según reveló el miércoles The Washington Post. Este registro triplicaría el promedio de los arrestos entre 2012 y 2020.

 

 

Empresa de Carlos Slim anuncia un acuerdo con el Gobierno mexicano para reparar el tramo de la desplomada Línea 12 del Metro

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Grupo Carso comunicó que reforzará el tramo metálico elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos.

Henry Romero / Reuters

El Grupo Carso, conglomerado que preside el empresario Carlos Slim, firmó este miércoles un convenio con el Gobierno de Ciudad de México para hacer trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, que se desplomó el pasado 3 de mayo cuando transitaba un tren lleno de pasajeros, con saldo de 26 personas fallecidas.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Grupo Carso aseguró que, pese a que su subsidiaria CICSA fue la encargada de construir parte de esa infraestructura, «no causó ni es responsable del lamentable evento».

En el texto, la compañía apuntó que para no «prolongar más» los trabajos de rehabilitación y reforzamiento, resolvió firmar el acuerdo de colaboración y participar en un fondo de indemnización para los familiares de las víctimas del accidente.

Trabajos de reparación

Sobre los trabajos de mantenimiento, el referido grupo empresarial informó haberse comprometido a la reparación del tramo colapsado, entre las estaciones Tezonco y Olivos.

La compañía precisó que se reforzará el tramo metálico elevado para que «se ajuste a las nuevas exigencias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México», el cual fue modificado tras los fuertes sismos de septiembre de 2017.

A finales de junio, Slim dijo a medios locales que el accidente en la Línea 12 del Metro fue una «desgracia». El multimillonario ofreció su compañía para realizar los trabajos de rehabilitación, aunque descartó en ese momento que hubiese algún problema con la construcción.

Indagatoria de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) presentó el pasado jueves 14 de octubre los primeros hallazgos de su indagatoria, en la que reveló que el accidente ocurrió por «deficiencias» que estuvieron presentes desde su «origen».

«Ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen están en el diseño. Por otro lado, el error grave de construcción, referente a la carencia, mala ubicación y mala soldadura de los pernos de cortantes, por las mismas razones no pudieron haber sido detectadas en inspecciones, en tanto que no son visibles por encontrarse dentro de la estructura», explicó Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía.

La dependencia capitalina informó que acusaría por homicidio y lesiones a empresas y personas que debieron asegurarse de que las causas del colapso no se presentaran.

 

Chiste amargo: Facebook bloquea HispanTV por publicar ¡pornografía!

La red social Facebook ha vuelto a desactivar la cuenta de la cadena HispanTV; esta vez con el pretexto de publicar “contenido pornográfico”.

El lunes por la noche (hora local) Facebook cerró la cuenta, sin una advertencia previa. Al entrar de nuevo se lee un mensaje que informa de un bloqueo temporal de publicaciones. En el aludido aviso no se aclara cuanto tiempo durará el castigo.

La causa de esta sanción, según relata Facebook, es algo sorprendente: “compartir contenido pornográfico”, una acusación sin fundamento e incluso ridículo, pues la divulgación de este tipo de contenidos es ilegal según las leyes de la propia República Islámica de Irán.

En respuesta a la queja de HispanTV, Facebook ha respondido que actualmente no es posible zanjar este problema ya que cuenta con menos revisores disponibles debido a la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.

Por el momento, el medio sigue subiendo sus contenidos e informaciones en otras cuentas de Facebook a través de los enlaces: HispantvAsiaOccidental, Hispantv.BuenDiaAméricaLatina, HispantvProgramasDocumentalesHispanTV IranHispantv.

La cadena iraní en lengua española HispanTV ha sido en reiteradas ocasiones objeto de la censura mediática de las multinacionales estadounidenses de tecnología, como Google y Facebook.

 

Esto mientras los medios alternativos, como el nuestro, han tenido, en años recientes, gran acogida en las redes sociales y miles de personas se han decantado por ellos, ya que informan con veracidad y exactitud y, sobre todo prefieren ser la voz de aquellos que no la tienen.

El director de HispanTV, el Dr. Ali Ejarehdar, opinó oportunamente que las empresas tecnológicas norteamericanas actúan conforme a las políticas “hostiles” del Gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades del país persa han denunciado a menudo que las ofensivas contra los medios de comunicación iraníes constituyen una flagrante “violación de la libertad de expresión y la libre circulación de la información”.

 

Bolivia: grupo ligado a magnicidio en Haití intentó matar a Arce

Gobierno boliviano informa de que en 2020 se produjo un intento de magnicidio contra el presidente Arce, en el que estarían implicados los asesinos de Jovenel Moise.

Durante una rueda de prensa realizada este lunes, el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, ha revelado una serie de documentos que demuestran que varias personas implicadas en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moise, en víspera de las elecciones de 2020, estuvieron en Bolivia para intentar asesinar a Arce.

Existió un intento de desestabilizar el país mediante un plan elaborado para no dejar a nuestro candidato, y actual presidente Luis Arce Catacora, asumir el mando emanado de las urnas y en Bolivia hubo un intento de magnicidio”, ha destacado Del Castillo.

Conforme al ministro boliviano, Luis Fernando López, el exministro de Defensa del gobierno de facto de Jeanine Áñez, fue uno de los integrantes en hacer los contactos con los grupos mercenarios y paramilitares.

En este sentido, Del Castillo se ha referido a un informe del portal estadounidense The Intercept publicado en julio que puntualizó que López habría estado dispuesto a dar un golpe militar contra la asunción de Arce o atacar a su Gobierno incluso después de que tomara el poder.

 

Por otra parte, el alto funcionario boliviano ha enfatizado que varias personas que aparecen actualmente involucradas en el asesinato del mandatario haitiano el pasado 7 de junio, se encontraban en Bolivia durante los días antes y después de las elecciones del país. “Esto no es coincidencia”, ha resaltado.

De acuerdo a Del Castillo, German Alejandro Ribera García, excapitán colombiano arrestado en Haití, y Arcangel Pretel Ortiz, acusado de ser uno de los autores del magnicidio de Moise habrían estado en Bolivia entre el 16 y el 19 de octubre de 2020. “Este [Germán Ribera], quien aceptó haber participado en el asesinato del presidente de Haití, llegó a Bolivia dos días antes de las elecciones nacionales”, ha aseverado.

Según el titular boliviano, los sicarios que pretendían operar en Bolivia tenían experiencia en operaciones militares, uno de ellos ligado a la empresa militar estadounidense Blackwater.

El ministro ha puesto de relieve que este sujeto que intentó asesinar a Luis Arce, mató al presidente de Haití y tuvo operaciones militares en los Emiratos Arabes Unidos (EAU).

Del Castillo ha cerrado sus declaraciones alertando a “quienes ya saben lo que están haciendo y lo que intentaron hacer”, que el Gobierno de Bolivia es consciente de todo “lo que están intentando hacer ahora y lo que pretenden hacer los próximos días”.

Lo único que les pedimos e instamos es que dejen de hacer o planificar esa arremetida que están planificando desde hace bastantes meses”, ha denunciado el ministro.

sar/hnb

«Eliminar el cáncer comunista»: Desclasifican cómo Londres incitó y ayudó a encubrir la masacre de hasta 3 millones de personas en Indonesia

En plena Guerra Fría, una emisora y un boletín controlados por un servicio propagandístico del Reino Unido se dedicaron a atacar a movimientos de izquierda y llamaban a exterminarlos.
"Eliminar el cáncer comunista": Desclasifican cómo Londres incitó y ayudó a encubrir la masacre de hasta 3 millones de personas en Indonesia

El Departamento de Investigación de Información (IRD, por sus siglas en inglés) de Reino Unido, servicio propagandístico secreto del país durante la Guerra Fría, promovió y luego ocultó el exterminio de hasta tres millones de simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia (PKI) y de movimientos de izquierda en la década de 1960, según documentos desclasificados y citados por The Guardian.

De acuerdo a los papeles publicados recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el operativo —que empezó a inicios de 1965— preveía que un grupo de funcionarios británicos, liderados por Ed Wynne, crearan una emisora y un boletín dirigidos por supuestos disidentes indonesios.

El objetivo era contener al primer presidente de Indonesia, Sukarno, quien promovía una política independentista y aplicaba un enfoque de confrontación hacia Malasia, apoyando a los rebeldes en el país vecino.

Sukarno se apoyaba en diferentes, y a veces opuestas, fuerzas políticas, incluidos el Islam político, los millones de partidarios del PKI y una parte de los militares, aunque en su mayoría los oficiales rechazaban tal coalición.

 

Propaganda contra el Gobierno

Dadas las circunstancias de la Guerra Fría y el papel que jugaba el Partido Comunista en Indonesia, la radio encubierta había elegido al mandatario como el principal objetivo de sus ataques. Además, criticaba «tantos personajes en la jerarquía del Gobierno, el Ejército y el servicio civil como podamos encontrar», admite Wynne en un informe.

La radio y los materiales escritos estaban dirigidos para influenciar principalmente a las capas altas de la sociedad indonesia. Las 28.000 copias de uno de los periódicos llegaban a «generales, medios de comunicación de derecha e incluso al propio Sukarno», según Wynne.

El 30 de septiembre de 1965, cuando la campaña propagandística estaba «en pleno apogeo», tuvo lugar un fallido golpe de Estado organizado por los militares procomunistas. A pesar de haber asesinado a seis generales, no pudieron conseguir sus fines y fueron aplastados. En los días posteriores, llegó al poder un grupo de derecha encabezado por el general Suharto, el segundo presidente de la República.

A finales de octubre de ese año empezaron masivas matanzas a los miembros del PKI y todos los sospechosos de tener inclinaciones izquierdistas. Tari Lang, hija de la fallecida defensora de derechos humanos Carmel Budiardjo recuerda que «cualquiera que fuera de izquierda era arrestado» y no solo los miembros del PKI».

 

«Eliminar el cáncer comunista»

Con el inicio de las matanzas, los propagandistas no redujeron la intensidad de sus ataques contra el partido político. «No clamamos por la violencia, pero exigimos en nombre de todos los patriotas que este cáncer comunista sea eliminado del cuerpo del Estado», escribían en un número especial del boletín.

En cuanto al PKI, lo comparaban a «una serpiente herida», afirmando que «ahora es el momento de matarlo antes de que tenga la oportunidad de recuperarse».

«La dilación y las medidas a medias solo pueden conducir a […] nuestra destrucción definitiva y completa», afirmaban los propagandistas, reiterando que los miembros del PKI «y todo lo que representa» debían ser «eliminados para siempre«.

Encubrir el exterminio

Se estima que durante las operaciones realizadas por comandos especiales o fuerzas militares y pandillas locales, murieron entre 500.000 y tres millones de personas.

Ante los alarmantes hechos, los funcionarios británicos trataban de «ocultar el hecho de que las carnicerías contaran con el apoyo de generales«, revela una evaluación de operación escrita por el funcionario del IRD, Norman Reddaway, en 1966.

El propagandista también alabó el trabajo del equipo de Wynne, afirmando estar «en sintonía» con los generales de derecha. «La máquina de noticias fue nuestro garrote, el boletín y nuestras operaciones poco ortodoxas, nuestro estilete», señaló Reddaway, agregando que «el descrédito de Sukarno fue un éxito rápidamente».

Los informes también señalan que el movimiento de Sukarno les estaba costando unos 250 millones de libras esterlinas al año, pero lograron contrarrestarlo a un costo mínimo en cuestión de meses. «Estoy encantado de que se haya eliminado a un buen número de comunistas«, reconoció Reddaway en otra misiva.

«Las FF.AA. y policiales se sentirán con fuerza en las calles»: Lasso declara el estado de excepción en todo Ecuador para combatir la delincuencia

«Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen», declaró el mandatario.

Soldados cerca de la prisión Guayas 1, Guayaquil, Ecuador, el 30 de septiembre de 2021 Foto: Fernando Mendez / AFP

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este lunes el estado de excepción en todo el país «para llevar a cabo control de armas, inspecciones y patrullajes 24 horas al día», en el marco del «plan nacional de seguridad».

El mandatario destacó el problema del narcotráfico y anunció varias medidas para combatir la delincuencia. «Todos los sectores sociales y políticos debemos trabajar en absoluta unidad, porque en las calles de Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico«, reiteró Lasso.

«Empezando de inmediato nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional […] para llevar a cabo control de armas, inspecciones, patrullajes 24 horas al día, requisiciones de drogas, entre otras acciones», afirmó.

«Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen«, declaró. En ese contexto, anunció también la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, «que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía nacional y de las Fuerzas Armadas que sean demandados por simplemente cumplir con su deber».

Asimismo, Lasso precisó que las autoridades indultarán a los agentes que fueron «injustamente condenados por haber cumplido con su labor».

El presidente dijo que «la falta de oportunidades empuja a muchas personas al consumo de drogas», añadiendo que se formará un comité interinstitucional para prevenir el consumo de drogas y reinsertar a consumidores en la sociedad.

 

El Tribunal de Florida impone ocho cargos contra el diplomático venezolano Alex Saab

El juez John O’Sullivan le imputó ocho cargos y le denegó la libertad condicional. La próxima comparecencia fue fijada para el 1º de noviembre.

Boceto de la audiencia del diplomático Alex Saab en Miami, EE.UU., el 18 de octubre de 2021 Foto: Daniel Pontet / Reuters

El diplomático venezolano Alex Saab, extraditado el pasado sábado a EE.UU. desde la isla africana de Cabo Verde, fue llevado este lunes al tribunal del Distrito Sur de Florida, donde el juez John O’Sullivan le imputó ocho cargos, siete de ellos por presunto lavado de dinero y uno por supuesta conspiración para cometer este delito.

Alex Saab —que resultó detenido en circunstancias irregulares en junio de 2020 por las autoridades caboverdianas— fue imputado por O’Sullivan desde una celda en Miami, donde se encuentra detenido.

La audiencia fue realizada a través de teleconferencia. La defensa solicitó libertad bajo fianza para el acusado, pero la petición fue denegada. De momento, la próxima comparecencia se ha fijado para el próximo 1º de noviembre.

Más temprano, el Ministerio de Justicia de Cabo Verde informó que el diplomático venezolano tendría un proceso judicial «justo y equitativo», sin condena a pena de muerte o cadena perpetua, conforme a la Constitución del país africano y según las garantías ofrecidas por Washington.

Venezuela, por su parte, ha calificado la extradición de Saab como un «secuestro» que vulnera el derecho internacional y diplomático, e insiste que su detención en Cabo Verde se hizo de manera «ilegal» sin una orden de captura, «violando las leyes del país y la Convención de Viena».

Saab fue detenido en Cabo Verde cuando iba rumbo a Irán en una misión diplomática para adquirir medicinas y alimentos para Venezuela. El funcionario hizo una parada técnica en la isla africana para recargar combustible pero las autoridades lo detuvieron pese a su condición diplomática. Tras la detención, la defensa del embajador denunció el hecho como una arbitrariedad y advirtió que había sido víctima de abusos, torturas y violación de sus derechos humanos.

«Una puñalada mortal»

Tras la extradición del diplomático, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que la medida aplicada por EE.UU. había significado el fin del proceso de diálogo que realizaba su gobierno con sectores de la oposición radical en México, ya que en septiembre pasado Caracas había sumado a Saab como «delegado pleno» de la mesa de negociaciones.

«El Gobierno de Estados Unidos le aseguró a la Plataforma Unitaria que no se iba a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo. […] Y lo hizo, con alevosía, con espíritu criminal», declaró.

«El Gobierno de EE.UU. sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión de diálogo en México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México, lo sabía el Gobierno de EE.UU. y actuó», expresó Maduro, quien adelantó que están en gestiones ante la Naciones Unidas para solucionar el caso del diplomático venezolano.

Para el mandatario venezolano, EE.UU. no quiere diálogo, ni democracia, ni paz, ni avance para su país.

La extradición de Saab ocasionó que Caracas se retirara y suspendiera el viaje a México para comenzar una nueva ronda de negociación con la oposición radical, encuentro que estaba previsto para el domingo 17 de octubre.

EE.UU. señala a Caracas

Este lunes, el portavoz del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, Ned Price, criticó que Caracas decidiera suspender las negociaciones en México por el caso Saab.

«Están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de los millones de venezolanos«, aseguró Price, quien aseguró que su país seguirá «apoyando» el diálogo en México, que comenzó en agosto pasado y que, según él, debería reiniciarse el próximo domingo.

Durante la rueda de prensa, Price aseguró que la extradición de Saab, que ocurrió el mismo día en que se retomaba el diálogo entre el Gobierno y la oposición en México, no tenía ninguna intención de dinamitar las negociaciones porque, supuestamente, en EE.UU. «la aplicación de la ley es independiente de la política».

No obstante, minutos después el funcionario sí exigió a la justicia venezolana que liberara a seis exejecutivos de Citgo, filial de  Petróleos de Venezuela, que están detenidos desde 2017 con condenas que van entre los ocho y 13 años de prisión por delitos de corrupción.

Según el funcionario estadounidense, los llamados «seis de Citgo» fueron «detenidos injustamente» y «deberían ser liberados de forma inmediata e incondicional».

 

Último clavo en ataúd de Áñez: TCP tacha de ilegal su interinato

Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, en un acto en La Paz, Bolivia, 6 de agosto de 2020. (Foto: Reuters)

El Tribunal Constitucional (TCP) boliviano declara ilegal que Áñez se haya autoproclamado presidenta cuando titulares del Senado y Diputados estaban en funciones.

El TCP de Bolivia sentenció, mediante una resolución, publicada el viernes, que la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, tras el golpe de Estado de 2019 no se ajustó a la legalidad.

Esto significa, indicó, que no hubo “vacío de poder” cuando Áñez ocupó la Presidencia, tal y como la oposición sostuvo para justificar la medida, ya que los titulares del Senado y de Diputados seguían en funciones, pues sus renuncias no habían sido revisadas aún en las respectivas Cámaras.

El fallo emitido por el TCP definió la no correspondencia de una sucesión ipso facto, fundamentándose en el hecho de que Áñez se declaró primero presidenta del Senado y luego jefa del Parlamento, en los dos casos sin voto parlamentario, para después granjearse su acceso a la Presidencia del Estado en sucesión del renunciante exmandatario Evo Morales.

 

Según el tribunal, tras la salida de Morales solo podían asumir directamente su entonces vicepresidente Álvaro García —que también renunció— o los entonces presidentes del Senado o de Diputados, y no un vicepresidente camaral, sin pasar por el voto de sus colegas, como lo hizo Áñez.

El 13 de marzo de 2021, la Policía de Bolivia arrestó a Áñez en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, después de que la Fiscalía emitiera una orden de detención por cargos vinculados con el golpe de Estado. De hecho, la Fiscalía General presentó una demanda contra ella y cinco exministros por “genocidio”.

Es más, el ministro de Gobierno del país, Eduardo del Castillo, denunció que la expresidenta de facto obtuvo entre febrero y marzo de 2020 un crédito para vivienda de 100 000 dólares con la garantía del exministro Arturo Murillo y su jefe de gabinete Sergio Méndez, ambos detenidos en Estados Unidos por corrupción. De hecho, agregó, ese crédito coincide con desembolsos para la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

Durante las marchas posgolpe en Bolivia, la Policía bajo orden de Áñéz reprimió fuertemente con armas y agentes químicos a los manifestantes que se oponían al statu quo. La represión policial y militar dejó unas 36 víctimas mortales y más de 800 heridos.