La desmesurada rentabilidad de la sanidad privada, un negocio cuyo grueso se reparte en España una decena de grupos con elevadas participaciones en manos de fondos de inversión extranjeros, responde a la inyección de recursos públicos en un sector en el que los usuarios ya cubren el 98% del gasto.
Un equipo médico opera a un paciente en un quirófano de un hospital. — PxHere (CCO), 26-03-2017
«La privatización de los servicios sanitarios tiene una incidencia que no es directamente visible para los ciudadanos: encarece las prestaciones entre cinco y once veces, y cuanto más cueste esa prestación menos recursos deja para el sistema público», explica Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública.
Se trata de una de las entidades sociales más beligerantes con la generalización de unas políticas que, bajo el eufemístico paraguas argumental de la colaboración público-privada, desvían uno de cada diez euros de los presupuestos públicos a empresas que, con ellos, se aseguran una rentabilidad de manual: ingresan diez veces más de lo que les cuesta mantener sus instalaciones en un modelo de negocio en el que los usuarios, directamente o a través de pólizas, ya financian el 98% del coste.
Sánchez Bayle apunta otras dos características de esos procesos: por la parte institucional, «siempre que se privatiza un servicio, se infrautiliza o se sustituye», señala. Mientras, por la empresarial, «los centros se especializan en tratamientos de menor coste y alta rentabilidad, mientras los más complejos y costosos, como el cáncer, los cuidados intensivos de bebés, los trasplantes o la atención a víctimas de quemaduras de consideración, se desplazan a un sistema público con menos recursos».
«Resulta llamativo que puedas comprar en la bolsa de Londres acciones de la empresa que gestiona un hospital de Madrid», señala Emili Ferrer, experto en temas sanitarios de Economistas Frente a la Crisis (EFC), en referencia a LBEIP, el fondo propiedad de banco Lloyd’s que explota el centro privatizado de Arganda (Sureste) y participa en la propiedad de los de Alcalá (Henares) y Parla (Infanta Cristina).
Ferrer diferencia entre los procesos de concertación de servicios sanitarios mediante contratos, un modelo frecuente en Catalunya y Madrid, donde incluye la construcción de hospitales para su posterior explotación en un sistema similar al de las autopistas, y para el que reclama una regulación «con sistemas adecuados de control y seguimiento», y la privatización de parcelas del servicio público.
Esta segunda vía es un factor clave para el crecimiento de un sector privado que ya acapara en España más de la cuarta parte del mercado, con un 29,4% del total del gasto sanitario en 2019 y un 26,7% (menor por la pandemia) en 2020, niveles únicamente inferiores a los de Letonia, Portugal y Lituania, y con un 35,4% ya en 2018 si la perspectiva es la del gasto por habitante, mientras que el porcentaje de ciudadanos con seguro privado alcanzaba el 23,4% hace tres años, con tasas superiores al 30% en Madrid (36,7%) y Catalunya (31,8%) y cercanas en Balears (29,5%).
La primera, sin embargo, resulta clave para afianzar ese negocio de la sanidad privada y para apuntalar su desarrollo, ya que los conciertos de las administraciones públicas, en su práctica totalidad autonómicos, cubren más de la cuarta parte del gasto sanitario privado.
Esas inyecciones, concentradas en Catalunya (3.288 millones y 23,6% del presupuesto público en 2020) y Madrid (902 y 8,5%), que suman casi la mitad, y en menor medida en Andalucía (472 y 4%) y la Comunitat Valenciana (307 y 3,9%), resultan fundamentales para generar beneficios en las empresas que acceden a los conciertos.
Básicamente, porque la sanidad privada, como la mayoría de los negocios, se financia con las aportaciones de sus usuarios, los cuales, según los datos de ASPE, cubren un 74% del gasto con sus aportaciones particulares, vía tiquet o vía derrama, mientras otro 24% es cubierto por los seguros a los que estos han ido previamente pagando sus pólizas.
Los datos de ASPE, la patronal de los hospitales privados, y del Ministerio de Sanidad cifran en 8.587 millones de euros la cuantía de los conciertos sanitarios en 2020, que registraron un aumento de 320 millones y del 3,8% sobre el año anterior.
Los cuatro previos, entre 2016 y 2019, esa cantidad creció de los 7.551 a los 8.267, una aportación que, según esas mismas fuentes, equivalía a una horquilla, en este caso decreciente, del 26,1% al 24,4% del gasto sanitario privado.
En 2019, los usuarios aportaron 28.794 de los 38.865 millones que sumó el gasto sanitario privado
En números redondos de 2019, ejercicio más reciente del que ofrece datos, los usuarios aportaron 28.794 de los 38.865 millones que sumó el gasto sanitario privado mientras los seguros cubrían otros 8.196 y los gestores únicamente asumían 879.
En el caso de los hospitales, la aportación de los usuarios asciende a 5.029 millones de euros (86,5%) frente a 780 (13,5%) de los gestores, mientras que si a estos se les añaden centros residenciales y medicalizados las cifras serían 6.321 (89%) por 780 (11%).
Más del 60% de los hospitales privados accede a conciertos
Según las estimaciones de ASPE, «el 63% de los hospitales privados en España, 271 en total, cuentan con algún tipo de concierto«, los cuales cubren servicios hospitalarios en el 60% de los casos, primarios en un 6% y atenciones especializadas en un 19%, a lo que se añaden traslados de enfermos (13%) y trabajos con prótesis y aparatos terapéuticos (29%).
Esos grados de penetración en el mercado de la prestación de servicios sanitarios de carácter público y esos niveles de remuneración, con cobros que superan los 8.500 millones para un negocio que en la práctica arriesga menos de 900, permiten hacerse una idea de la dependencia de las inyecciones procedentes de los presupuestos autonómicos que presentan las cuentas de resultados de las empresas que gestionan esos centros.
¿Y quiénes son los principales beneficiarios de todo ese tinglado de «colaboración público-privada»?
La respuesta al detalle, con cuantías y distribuciones, resulta una tarea inabarcable dada la complejidad y las interrelaciones entre los grupos empresariales, los fondos de inversión que participan en ellos o los controlan y las administraciones con las que se relacionan. No obstante, sí es posible identificar a los principales actores de la sanidad privada, que en algunos casos resultan ser algunos de los mayores beneficiarios de los conciertos.
Las principales empresas de la sanidad privada
Las dos grandes marcas, Quironsalud y su filial IDCQ Hospitales y Sanidad, están controladas por el fondo de inversión alemán Fresenius, que es la principal firma europea del ramo y que durante unas semanas ha tenido en el escaparate a su buque insignia español, que supera los 2.000 millones de facturación anual con más de medio centenar de hospitales y más de cien clínicas y centros de otro tipo.
Fresenius, que gestiona otras marcas del sector sanitario como la cadena de clínicas Helios y la de material Kabi, tiene entre sus accionistas desde hace unas semanas a otro de los grandes fondos, el británico Elliot Investment Management, un movimiento que dejó en el aire la venta de Quironsalud, con la que se hizo en 2016 tras pagar 5.670 millones al fondo CVC, que llegó a interesarse por una eventual recompra.
CVC, un fondo británico que maneja inversiones por 75.000 millones de dólares y que ha pasado a ser conocido por el gran público tras invertir en LaLiga y en la WTA, el circuito internacional del tenis femenino, parece decidido a volver a operar en la sanidad española.
Además del fondo británico LBEIP, que gestiona tres hospitales en Madrid, los holandeses de DIF son los dueños del Puerta de Hierro de Majadahonda.
Entre las marcas de origen español que operan en el mercado de la sanidad se encuentra Ribera Salud, con Banc Sabadell y el fondo estadounidense Centene Corporación como accionistas de referencia, cuya facturación se sitúa en el entorno de los 500 millones de euros anuales y que explota cinco hospitales en la Comunitat Valenciana, entre ellos el de Alzira, pionero en las privatizaciones.
De un tamaño similar resultan ser la cadena Vithas, propiedad de la familia catalana Gallardo a través del Grupo Goodgrower; el grupo HLA, de la aseguradora Asisa, que gestiona varios hospitales en Catalunya y en Madrid, o HM hospitales, de la familia madrileña Abarca, y que también opera en varias comunidades.
Completan la lista de los principales operadores del sector hospitalario privado en España Hospiten, José Manuel Pascual, que tiene concertados con la Junta cinco de sus siete centros andaluces, y Sanitas, propiedad de la aseguradora británica Bupa.
¿Afecta este modelo de gestión al servicio?
Ni Sánchez Bayle ni Ferrer tienen ninguna duda acerca de las consecuencias que la extensión de estos modelos de privatización tienen sobre la prestación del servicio sanitario, al tiempo que llaman la atención acerca de las maniobras iniciadas en comunidades como Madrid y Andalucía, intensas desde hace décadas en Catalunya, para extender esos procesos del ámbito hospitalario al de la atención primaria.
«España es uno de los pocos países en los que hay atención primaria, que es la puerta del sistema pero también la única que puede atender a los pacientes sobre el terreno», señala el economista, algo clave cuando «lo que determina nuestra salud son nuestras condiciones de vida».
«Es necesario profundizar en el cambio de paradigma del sistema sanitario» que promueve la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el sentido de «pasar de curar a promocionar la salud. Y en eso tienen poco que hacer los hospitales, porque a un hospital solo se va cuando no hay más remedio».
«Un goteo de cambios cuantitativos acaba produciendo cambios cualitativos«, advierte el médico en relación con esos crecientes procesos de privatización en los que las empresas privadas de sanidad aplican, como las aseguradoras, una «selección de riesgos: eligen lo que cubren, los tratamientos que aplican y el tipo de cliente que buscan, mientras todo lo complejo va a la sanidad pública, que se encarga de atender a los pacientes con independencia del coste».
