La orden fija unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su atención a medios en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, a 20 de enero de 2023. —Álex Cámara/EUROPA PRESS
«La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación«, reza la orden elaborada por el Gobierno andaluz que abre la veda a la privatización de la sanidad pública.
Su publicación este jueves supone un antes y un después en la historia de la sanidad andaluza, ya que permitirá los conciertos con la empresa privada en atención primaria, estableciendo una serie de tarifas –que asumiría el Servicio Andaluz de Salud– por disponer de sus servicios.
En concreto, la orden tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios.
La orden, cuyo borrador ha generado en las últimas semanas críticas tanto desde los grupos parlamentarios de la oposición de izquierdas al Gobierno andaluz del PP-A como por parte de sindicatos del sector sanitario, incluye un anexo con las tarifas máximas que se fijan para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio.
El anexo incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de conciertos, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde se fijan unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
Asimismo, el SAS fija una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta que se concierte para estancias de uno a siete días de duración, de 150 euros diarios para las que se prolonguen de ocho a 30 días, y de 125 euros para las estancias de más de 30 días.
El importe máximo que se fija para un día de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750 euros, y para estancias por casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas que oscilan entre los 200 y los 130 euros diarios según la duración de las mismas, en función de si se prolongan de uno a siete días, de ocho a 30 días o de más de 30 días.
Por otro lado, el anexo de la orden de tarifas también incluye precios por procedimientos de radioterapia y protonterapia, con importes máximos que oscilan entre los 42.000 euros que se contemplan para un tratamiento completo de protonterapia pediátrico con anestesia, y los 3.000 euros que el SAS podría pagar por concertar un tratamiento completo de radioterapia sin ingreso.
‘Público’ ha accedido a los documentos oficiales que demuestran cómo un jovencísimo Villarejo, que ya era subinspector de Policía en 1975, cobró un premio en metálico de 25.000 pesetas por participar en una operación que acabó con el fusilamiento de tres detenidos que habían sido torturados en la Dirección General de Seguridad.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en un montaje con los documentos sobre la recompensa y condecoración que ganó en la operación policial contra el FRAP, en el verano de 1975. —Público
En el verano de 1975, el dictador Franco agonizaba pero el régimen daba señales de fortaleza aumentando la represión. Mano dura, endurecimiento de la ley antiterrorista y cargas policiales para reprimir las manifestaciones ilegales. En la Dirección General de Seguridad (DGS), en lo que hoy es la sede de la Comunidad de Madrid, tenían mucho trabajo. Los agentes recién llegados a la Brigada Regional de Investigación Social aprendían con mucha rapidez de los veteranos el único método de investigación que tenía la policía política: las torturas.
Entre los más veteranos, Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño‘, conocido por su violencia hacia los detenidos. Y entre los alevines, José Manuel Villarejo, el alemán, como le llamaban los militantes antifranquistas por ser rubio y de tez sonrosada. Hoy se le conoce por los presuntos delitos que cometió para enriquecerse a través de las ‘cloacas del Estado’, pero en 1975, con 24 años, Villarejo era uno más entre los temibles agentes de la BIC (Brigada Central de Información Social), dirigida por el siniestro comisario Roberto Conesa, uno de los maestros de los policías torturadores del franquismo.
Propuesta de la Dirección General de Seguridad para una medalla al mérito policial para Villarejo. — Público
Precisamente, en el expediente de Conesa, al que ha podido acceder Público, constan los premios, las felicitaciones y condecoraciones de aquella primera época como policía de Villarejo, que ingresó en la Academia en 1972. Según esos documentos internos policiales, en el verano de 1975 era ya subinspector y por su participación en la operación de desarticulación del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, una organización de lucha antifranquista, le dieron una recompensa de 25.000 pesetas en metálico y recibió una felicitación pública. La Dirección General de Seguridad le propuso para la cruz al mérito policial con distintivo blanco.
Junto con Villarejo, otros 36 inspectores y subinspectores, cuatro secretarias y 10 policías armados (los llamados grises) recibieron su recompensa por aquella operación contra el FRAP desarrollada en julio y agosto de 1975 y que llevó al paredón de fusilamiento a José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanzel 27 de septiembre de 1975.
Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra. —Público
Un verano para olvidar
Julio Pacheco Yepes (Madrid, 1955) tenía cuatro años menos que Villarejo en el verano de 1975. «Enseguida le pusimos nombre al alemán, en cuanto comenzó a hablarse de sus escándalos y de sus grabaciones. Resulta que era el famoso comisario Villarejo», dice Pacheco a Público. Hace unos días ha interpuesto en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, una querella contra cuatro agentes de la BIC, entre ellos Villarejo, por crímenes de lesa humanidad en concurso real con delito de torturas. «He esperado a que saliera adelante la nueva ley de memoria democrática; podría haber una oportunidad de investigarse todo esto, aunque no soy muy optimista», confiesa.
Han pasado casi 48 años desde que Julio fue detenido, el 24 de agosto de 1975 a las 11 de la noche, y conducido a la Dirección General de Seguridad (DGS), donde durante siete días le molieron a palos, según su denuncia, esos cuatro policías y alguno más que no ha podido identificar. Por entonces estudiaba Biológicas en la Universidad Complutense y estaba afiliado a la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que formaba parte del FRAP. Hacía poco que se había afiliado al Partido Comunista Español Marxista Leninista y su tarea era repartir propaganda, poner carteles y hacer murales sobre la situación política. Tenía 19 años y una compañera que compartía sus inquietudes para traer la democracia a España.
Nada más llegar a la DGS, «viví momentos de terror, pero me mentalicé de que tenía que aguantar, no hablar, no delatar a nadie, que la cadena de detenciones se parara en mí», recuerda. Para hacerle hablar y que confesara que él era el «jefe de un comando», a Julio le llevaron a donde estaban torturando a su compañera, para que se quebrara. «La vi, tan pequeñita, de rodillas, mientras un policía gigantesco le daba golpes con la porra en las plantas de los pies».
Aquello le dio más fuerza, reconoce. «Hay que aguantar, ser más fuertes que ellos, no gritar, no quejarme delante de ellos». Durante los tres primeros días permaneció en el piso de arriba de la DGS, en los despachos, esposado a un radiador. «No tengo noción de haber comido, ni bebido nada durante ese tiempo», dice.
Después le bajaron a los calabozos y le hicieron la ficha, y comenzó el periplo de verdad. «Estás en sus manos, pueden hacer lo que quieran contigo. Me daban golpes en las plantas de los pies, que es muy doloroso. Los tuve hinchados después casi un mes. Y me hacían la rueda, que es una técnica en la que el detenido gira como una peonza en el suelo y, uno a uno, los policías, en círculo, le van dando golpes: uno te da una patada, otro con la porra, etc. Uno de los de las ruedas era Villarejo —indica Julio Pacheco—. Él no me llegó a interrogar, era un policía mayor que no he podido identificar».
Pasados los siete días, llegó una comitiva militar y le leyó los cargos en su contra: terrorismo. Le trasladaron a la cárcel de Carabanchel, donde permaneció tres meses, hasta que el Tribunal de Orden Público (TOP) le puso en libertad con otros cargos más laxos, asociación ilícita y propaganda ilegal, y una fianza de 30.000 pesetas. Nunca se llegó a celebrar el juicio contra Julio Pacheco.
Una denuncia por malos tratos archivada
Uno de los 36 detenidos durante la operación contra el FRAP aquel verano denunció malos tratos recibidos en la DGS; entonces, en el contexto de la dictadura, esto era una falta y no un delito ni mucho menos un crimen de lesa humanidad. Público ha podido localizar de esa denuncia en el expediente de Conesa, contra quien iba dirigida además de otros funcionarios policiales: Carlos Domínguez, Álvaro Valdemoro de Lara y Pedro Polo García. La denuncia era por los mismos hechos denunciados ahora por Julio Pacheco Yepes, aunque contra otros agentes —el único que coincide es Valdemoro de Lara—.
Documento interno de la Policía informando a los agentes denunciados del juicio en su contra. —Público
«En mi caso fueron cinco a seis policías los que me torturaron. He podido identificar a algunos gracias a la denuncia que este compañero puso en su día y que se archivó. Y también gracias al libro La secreta de Franco, de Pablo Alcántara, donde expone muchísimos nombres de los policías políticos», cuenta Pacheco. En su caso, los denunciados son además de Villarejo y Álvaro Valdemoro de Lara, José María González Reglero y José Luis Montero Muñoz.
Respecto a la recompensa que recibieron los agentes que le torturaron, Julio Pacheco asegura que le da «asco». «Mi padre, que trabajaba en una fábrica, cobraba 8.000 pesetas al mes en 1975. Imagina lo que suponían las 25.000 pesetas que se llevó Villarejo. Esta gente eran mercenarios». De hecho, en el expediente del comisario Conesa constan multitud de recompensas por operaciones policiales y medallas desde que en 1939 ingresó en la Brigada Político Social, tras participar en varios juicios sumarísimos que llevaron a la muerte a los procesados por ser adeptos a la II República, hasta su jubilación en 1979.
La asesora del secretario del Departamento de Defensa de EE.UU. para Asuntos de Seguridad Internacional, Celeste Wallander.
Una alta funcionaria del Pentágono afirma que Ucrania debe empezar a pagar por su cuenta las armas que le ha suministrado Washington desde el inicio del conflicto.
“Ahora mismo no disponen [los ucranianos] de un presupuesto de esa magnitud (…), pero tenemos que conseguir que [los ucranianos] inicien su propia planificación del gasto de defensa”, afirmó el martes la asesora del secretario del Departamento de Defensa de EE.UU. para Asuntos de Seguridad Internacional, Celeste Wallander.
Hablando en una audiencia en el Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes, Wallander señaló que Washington no entregó a Kiev todas las armas solicitadas, al tiempo que las autoridades ucranianas “no han hecho ninguna compra importante a empresas estadounidenses”.
En este sentido, el congresista republicano por el estado de California, Mike García, declaró que la idea de que Ucrania adquiera armas en lugar de pedirlas gratis caería bien entre los contribuyentes estadounidenses, aunque admitió que Kiev está enfrentando dificultades económicas.
Las declaraciones de Wallander se producen luego que el interés por la transparencia de los fondos estadounidenses gastados en Ucrania siguiera cobrando fuerza.
El 22 de febrero, el Comité de Control y de Rendición de Cuentas exigió al Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que presentaran informes sobre los gastos de ayuda a Kiev, para asegurarse de que esos fondos están “protegidos del despilfarro, el fraude y el abuso”.
El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer había dicho anteriormente que los legisladores estadounidenses aprobaron 113 mil millones de dólares en ayuda militar, económica y humanitaria para Ucrania el año pasado.
Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, los países occidentales, encabezados por EE.UU. han brindado abierto respaldo al gobierno de Volodimir Zelenski en el sector militar, lo que, según Moscú, agrava la situación entre las dos partes del conflicto y pone a Ucrania al borde de un colapso.
Multitud de vehículos de palestinos calcinados tras los ataques de colonos en Huwara, Cisjordania ocupada, 27 de febrero de 2023.
El Departamento de Estado de EE.UU. acusa al régimen de Israel de no evitar los ataques mortales de los colonos contra civiles palestinos en Cisjordania ocupada.
“El personal de seguridad israelí a menudo no impidió los ataques de los colonos y rara vez detuvo o acusó a los perpetradores de la violencia de los colonos”, se lee en un informe sobre terrorismo 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Congreso publicado el martes.
Conforme al reporte, los colonos israelíes que viven en Cisjordania han cometido una variedad de ataques físicos, daños a la propiedad y crímenes “nacionalistas” contra el pueblo palestino.
De igual modo, ha subrayado que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) israelíes han denunciado que durante algunos ataques los militares israelíes estaban presentes en la escena.
Las cifras registradas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones de Derechos Humanos israelíes, así como medios de comunicación, muestran que las arremetidas de los colonos durante el último año aumentaron en gravedad y escala. En el mismo contexto, cifraron en 496 los ataques de colonos israelíes contra palestinos, en comparación con los 358 documentados en 2020.
Asimismo, las embestidas han sido más destructivas y se han expandido a otras partes de Cisjordania ocupada. “Tales incidentes han generado una gran preocupación entre partes del establecimiento de seguridad israelí y una serie de condenas públicas de funcionarios gubernamentales”, reza el informe.
El régimen de Israel ha intensificado sus atrocidades contra palestinos. En el último caso, colonos de la extrema derecha israelíes, apoyados por las fuerzas de ocupación, atacaron el domingo a los palestinos en los pueblos al sur de Nablus, en el norte de la Cisjordania ocupada, sobre todo la localidad de Huwara, que han dejado hasta ahora al menos un palestino muerto y más de 350 heridos, así como viviendas y vehículos quemados.
El ataque se produjo días después de la redada violenta del ejército israelí en Nablus, considerada como la más letal desde 2005, que dejó el 22 de febrero 11 muertos, entre ellos un comandante de la Yihad Islámica Palestina, un menor de 16 años y tres hombres de 61, 66 y 72 años, además de decenas de heridos.
Según los últimos balances, el número de palestinos asesinados en los territorios ocupados por las fuerzas israelíes desde principios de 2023 ha aumentado a 61, incluidos 13 niños.
En más del 30% de las declaraciones presentadas en 2021 se marcó la casilla en favor de la Iglesia.
El presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella, durante una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid el 28 de enero de 2023. —Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS
La Iglesia católica recaudó en la última campaña de la declaración de la renta, la de 2021, más de 320 millones de euros, una cifra récord que supone un incremento del 8,5% con respecto al año anterior y que se debe al aumento en 84.201 del número de declaraciones en favor de la Iglesia. En concreto, en 2021 ganó 25,3 millones más que el año anterior.
Así lo ha avanzado este martes el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, que ha detallado que más de 8,5 millones de españoles marcan la casilla de la Iglesia teniendo en cuenta las declaraciones individuales y las conjuntas, lo que supone el 31,29% de las presentadas.
Más de 8,5 millones de españoles marcan la casilla de la Iglesia
El importe total asignado a la Iglesia en la última campaña de la renta, que hace referencia al ejercicio fiscal 2021, alcanza 320.723.062 euros, «cifra récord del sistema» y que supone un incremento del 8,5% con respecto al año anterior (25 millones más). De media, la aportación que recibe la Iglesia de cada contribuyente es de 37,73 euros.
La Iglesia española vuelve a recuperar así la tendencia al alza que se rompió el año anterior, cuando se produjo un descenso de 5,6 millones de euros en la recaudación, una caída que la CEE achacó a la crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 84.201, más del doble que en el año anterior
Con los datos provisionales, se constata que el número de declaraciones a favor de esta instituciónha aumentado en 84.201, más del doble que en el año anterior, lo que supone un importante respaldo a la labor de la Iglesia.
La asignación tributaria supone, como media, el 22% de la financiación de las diócesis, lo que a juicio de la CEE es una progresiva mejora de su capacidad de financiación propia por otras vías al margen de la declaración de la renta, gracias al aumento de las colectas propias, del trabajo de las oficinas de sostenimiento en las diócesis, etc.
En este sentido, Barriocanal ha informado de que las colectas han aumentado un 10% este año y cada vez son más los fieles que se están comprometiendo con cuotas periódicas, que ayudan a las parroquias a tener una planificación económica financiera.
Las diócesis que están en provincias con rentas altas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia ayudan a sostener a las diócesis de la España despoblada
El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 14 de las 17 comunidades autónomas (especialmente Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad valenciana) y 10 comunidades se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes. Destacan Castilla-La Mancha (44,2 %), La Rioja (43,5 %), Extremadura (43,4 %), Murcia (42,6 %) y Castilla y León (41,7 %).
En relación con el importe asignado, se ha producido un incremento de la cantidad recaudada en todas las comunidades autónomas. En términos absolutos, los mayores aumentos se han dado en Madrid, Andalucía y País Valencià.
Según han destacado, las diócesis que están en provincias con rentas altas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia ayudan a sostener a las diócesis de la España despoblada y, por tanto, con menor capacidad para su sostenimiento.
Preguntado por si los escándalos que afectan a la Iglesia pueden influir negativamente, Giménez Barriocanal ha precisado que «la Iglesia tiene sus luces y sombras», que «sus sombras se conocen muy bien» y que «todo el mundo tiene derecho a opinar» pero ha puesto de relieve la «inmensa labor social, asistencial y de acompañamiento» que realiza «en momentos especialmente duros».
Eso es así Rubén lo que pasa es que la ignorancia siempre llega a través de estos medios que mienten y crean tramas con bulos , por eso hay que ser más inteligente que ellos y no hacer caso a medios días cuando hay días enteros ya sé les ha visto el plumero , espero que la gente se de cuenta de una vez por todas.
A algunos se le les llena la boca hablando de la «normalidad democrática» en España, pasando por alto hechos que la ponen en riesgo como la financiación ilegal de partidos, el espionaje a políticos o los múltiples casos de corrupción.
Esta idea es la que ha desarrollado Pablo Iglesias en Hora 25, cuando ha reflexionado sobre la «normalidad democrática» y ha presentado todos aquellos hechos que ponen en duda el funcionamiento de la democracia española.
Para Iglesias, que partidos políticos, ministros, empresarios, policías y miembros de la Inteligencia sean juzgados e incluso hayan ido a prisión durante los años de democracia es síntoma de la corrupción sistemática en España.
«Hablar de corrupción sistemática y hablar de corrupción como forma de Gobierno, por mucho que no se lo merezcan un montón de concejales honrados, es revelar la historia de este país», ha señalado el exvicepresidente del Gobierno.
Iglesias ha puesto como ejemplo casos como la financiación ilegal del Partido Popular, el caso Villarejo o el paso por prisión de exministros como José Barrionuevo o Rafael Vera.
Por ello, la «corrupción sistemática» de la que habla Iglesias es lo que merma la democracia española. Ya que considera que en un país donde la corrupción es sistemática no se puede hablar de «normalidad democrática».
La reflexión de Pablo Iglesias se ha llevado unos cuantos aplausos tuiteros y ha recibido comentarios de los usuarios compartiendo sus opiniones al respecto. Ya sea sobre las palabras del propio exvicepresidente, para aportar sus puntos de vista o añadir información.
Las provocaciones y faltadas de los miembros de Vox no son exclusivas del Congreso y el Senado. Bien lo saben, por ejemplo, en la Asamblea de Ceuta, con los continuos comentarios xenófobos del portavoz ultraderechista Carlos Verdejo. Sin embargo, ya hemos visto en varias ocasiones cómo las formas de Verdejo se encuentran de forma invariable con los rapapolvos dialécticos de la concejala y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed Hossain.
Pues la cosa ha vuelto a suceder. Durante una sesión en la Asamblea, el ultraderechista se permitió hablar de su vestimenta en un comentario entre xenófobo y machista: «Con el modelito que trae usted últimamente igual también le sirve de disfraz».
En su turno de palabra, Hamed respondió: «No quiero rebajarme al barro que tanto le gusta al señor Verdejo, que no es más que la expresión de la inutilidad y el odio hecho política […] Sin embargo, sí que me ofende y mucho que usted aluda constantemente a Marruecos y que pretenda asociar a la población musulmana de Ceuta a Marruecos. ¿A usted no le hemos dejado todavía suficientemente claro que esto es España y aquí todos somos todos españoles? Españoles de pura cepa«. Después continuó: «Usted es español de racismo. Usted es un nostálgico de los tiempos de Franco».
Mención especial al señor al lado de Verdejo, agachando la cabeza no se sabe si para reírse o de la vergüenza.
Las palabras de Hamed también han llegado a las redes sociales.
Faltadas en las instituciones, comentarios xenófobos, votar en contra de todos y cada uno de los derechos sociales y las ayudas importantes, lanzar una moción de censura con un ex comunista de 90 años como candidato… Tras varios años en la política nacional es lo que ha dado Vox de sí.
Comisiones Obreras denuncia que los terapeutas ocupacionales se llevan patinetes y utensilios de su propiedad para trabajar con los enfermos porque no disponen de recursos.
Señalización del Hospital Público Enfermera Isabel Zendal, en Madrid. —Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS
Los trabajadores del Hospital Isabel Zendal alertan de que el centro no puede admitir más pacientes derivados de otros hospitales para rehabilitación por falta de recursos. La joya de la corona de Isabel Díaz Ayuso, a la que ha destinado una nueva partida de cerca de dos millones de euros para mantenimiento, aparte de tener inoperativos prácticamente dos tercios del edificio, no dispone de los materiales adecuados para trabajar en la recuperación de los pocos pacientes que acoge.
Tal y como han podido confirmar fuentes de Comisiones Obreras (CCOO), el Zendal ya no admite a pacientes con amputaciones. En la plantilla actual disponen de seis fisioterapeutas y dos terapeutas ocupacionales, una cifra que —aseguran— «no es suficiente para asumir la carga de trabajo existente». En este sentido, ponen de relieve la situación de crisis que se desencadena cuando alguno de ellos se da de baja o falta por otras razones: «no dan a basto».
«Los terapeutas ocupacionales se llevan utensilios de su propiedad para trabajar con los enfermos porque no tienen recursos materiales y tienen que recurrir a su imaginación para tratarlos», detalla Ismael de la Torre, delegado de CCOO en el Zendal. En concreto, los trabajadores se ven obligados a comprar con su dinero «patinetes, cubos o pelotas» para llevar a cabo los ejercicios de rehabilitación.
El Zendal, un hospital cuya construcción supuso un desembolso de más de 170 millones de euros y que tenía como objetivo descongestionar el resto de centros de la región, no dispone de medios para ello. De hecho, tanto los sindicatos como los propios empleados ponen en duda su viabilidad. Pues el centro ni siquiera dispone de equipo sanitario propio, sino que subsiste con médicos, enfermeros y auxiliares detraídos de otros hospitales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. —Alberto Ortega / Europa Press
De la Torre considera que no hubiera hecho falta este centro si se hubiera puesto en marcha la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, rehabilitado el antiguo Hospital Puerta de Hierro y contratado personal para abrir las camas que se cerraron en los hospitales del SERMAS en la última década. Si bien, llama a que, una vez construido, se rentabilice la inversión.
ANTONIO LÓPEZ MARIÑO / LUZES-PÚBLICO / ILUSTRACIONES: ‘ISABEL ZENDAL, LA MADRE DE TODAS LAS VACUNAS’ (EDITORIAL TEÓFILO COMUNICACIÓN)
«Material pudriéndose en el subsótano»
Asimismo, un trabajador anónimo del propio Zendal se ha puesto en contacto con este medio para denunciar que, sin embargo, en los subsótanos del hospital «hay materiales, como colchones, jeringas y uniformes, que se están echando a perder por no darles uso». Critica que Pabellón 1, el único con pacientes, «no se ha llegado a llenar del todo nunca» y lamenta que el centro se haya convertido en «una especie de geriátrico, una residencia hecha hospital».
El facultativo explica que los palés almacenados «se están pudriendo debido a que el subsótano se inunda de agua». Asegura que «hay respiradores que se compraron para la covid, pero que están defectuosos y no se han usado ni se pueden usar para nada». Además, se suma a las denuncias sobre la escasez de bienes para la atención a los pacientes y señala que los enfermos «han usado pantalones de recambio de los sanitarios porque durante mucho tiempo no ha habido ropa de cambio, como camisones».
El fiscal, que será enjuiciado en unos meses y para el que la Fiscalía pide 121 años de prisión por presuntos delitos de revelación de secretos y detenciones ilegales, aporta un audio que incide en la campaña de descrédito que sufrió, propagando un bulo sobre un procedimiento por pederastia
El juez Manuel Penalva (con gafas de sol) y el fiscal Miguel Ángel Subirán (con sombrero), a su llegada a la Audiencia de Palma de Mallorca, donde han sido llamados a declarar como investigados por presuntas irregularidades en el ‘caso Cursach’, el 6 de febrero de 2020. —Isaac Buj/EUROPA PRESS
Lino Lopez
hace 2 horas