Rusia saluda plan de paz chino para resolver conflicto ucraniano

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova

En el primer aniversario de la operación militar rusa en el suelo ucraniano, Moscú ha valorado el plan de China para resolver el conflicto por “medios pacíficos”.

Este 24 de febrero se cumple el primer año de la operación militar especial de Rusia en el este de Ucrania. Moscú afirma que sus fuerzas continúan su avance a lo largo de la región de Donetsk.

Este aniversario coincide con la propuesta de China para poner fin al conflicto. Según el ofrecimiento de paz, es importante respetar la soberanía de los países, así como garantizar la fuerza de los Estados. Además, Pekín pidie a Occidente detener las sanciones antirrusas, que en vez de resolver problemas crean nuevos.

“Apreciamos el sincero deseo de nuestros amigos chinos de contribuir a resolver el conflicto en Ucrania por medios pacíficos”, ha dicho este viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

 

De igual modo, ha subrayado que esto supone el fin de los suministros a Ucrania de armamento occidental y mercenarios, el fin de todas las acciones bélicas, el retorno de Ucrania al estatus de no alineado, así como “el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales”.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado en reiteradas ocasiones que ordenó la operación militar en respuesta a las provocaciones de la Organización del Tratado de la Alianza Norte (OTAN) y Kiev en sus fronteras, así como para desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

Feijóo financia a EDA TV con Dinero Público

La Xunta de Feijóo pagó 50.000 euros al canal ultra de Javier Negre días antes de su llegada a Madrid El gobierno del ahora líder del Partido Popular contrató al conocido propagandista de ultraderecha a través de tres contratos de publicidad del Xacobeo para, supuestamente, patrocinar el Camino de Santiago.

Denuncian amenazas de muerte en Ecuador por el caso ‘Gran Padrino’, que salpica al cuñado del presidente Lasso

La presidenta de la comisión parlamentaria, Viviana Veloz, encargada de la investigación del presunto entramado de corrupción del sector eléctrico, piensa que las intimidaciones tendrían como objetivo impedir el avance del caso.

Guillermo Lasso

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, habla con la prensa después de emitir su voto durante las elecciones locales en Guayaquil, Ecuador, a 5 de febrero de 2023.  Marcos Pin / AFP

La presidenta de la comisión parlamentaria, Viviana Veloz, encargada de la investigación del caso denominado El Gran Padrino en Ecuador –presunto entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico– denunció haber recibido amenazas de muerte. La presidenta piensa que las intimidaciones tendrían como objetivo impedir el avance del caso, en las que estaría implicado el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, según una investigación periodística.

Además, dichas amenazas buscarían evitar también que se indague en un informe policial archivado sobre supuestas vinculaciones entre el narcotráfico y la mafia albanesa, en el que se menciona la participación de un empresario cercano al Gobierno ecuatoriano.

«Con el logo de la mafia albanesa»

En una sesión telemática para avanzar en las investigaciones de El Gran Padrino, Veloz presentó una denuncia ante la Fiscalía por amenaza de muerte por un mensaje «con el logo de la mafia albanesa«, donde se reconoce la bandera del país balcánico. La presidenta de la investigación indicó que la nota la dejaron en el coche de su asesor en las inmediaciones de la Universidad Central en Quito.

Viviana Veloz recibió amenazas contra su familia a través de Instagram con el objetivo de dejar la investigación

Además, Veloz recibió amenazas contra sus padres y su familia a través de Instagram con el objetivo de dejar la investigación. «Responsabilizo públicamente al Gobierno de lo que me pueda pasar», advirtió la parlamentaria y se preguntó: «Si el poder político no se ha unido con la mafia, ¿entonces por qué empiezan a amenazarnos de muerte?».

Veloz agregó que en la denuncia presentada ante la Fiscalía también consta el nombre de un legislador de la comisión que el viernes pasado le dijo: «Dejen de meterse con la mafia, que os van a enviar un mensaje». El teniente coronel de la Policía, José Luis Erazo, testigo clave que debe comparecer ante la comisión parlamentaria, también denunció haber recibido amenazas y pidió protección.

A la sesión telemática celebrada este lunes no acudieron José Luis Erazo ni el general Geovanni Ponce, coordinador administrativo financiero de la Policía Nacional. También fue convocado el presidente, Guillermo Lasso, pero no asistió.

La Asamblea Nacional aprobó este martes una prórroga de diez días para que entregue su informe la comisión que investiga el caso. Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza –cercana al expresidente Rafael Correa–, informó que en la investigación del caso se realizaron 19 sesiones y se recibieron 40.000 hojas con información.

‘El Gran Padrino’

El medio digital La Posta reveló este mes de enero un presunto entramado de malversación y corrupción de fondos públicos y tráfico de influencias en empresas públicas del sector eléctrico. En el informe mencionan como el supuesto «padrino» de esa estructura al empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, quien rechaza las acusaciones.

Además de Carrera, los otros dos implicados hasta el momento son Hernán Luque Lecaro y Rubén Cherres Faggioni. Entre julio del 2021 y noviembre del 2022, Luque fue delegado de la presidencia en el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), según el diario El Comercio. Sobre Cherres se sabe que no ocupó cargos públicos aunque, según documentos facilitados por el asambleísta Ricardo Vanegas, sería accionista en al menos nueve empresas. Entre sus socios aparece el empresario albanés Dritan Gjika.

Los delitos que se investigan son concusión, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada

El proceso empezó después de que el medio La Posta publicara un audio el 9 de enero. En él se habla de pagos relacionados con nombramientos y contratos en empresas estatales. Entre otros se menciona la presunta entrega de un pago de 30.000 dólares para Carrera. Los delitos que se investigan son concusión –cuando el funcionario exige para la Administración y luego convierte lo pedido para sí mismo–, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada. La Asamblea Nacional va más allá y apunta a responsabilidades políticas.

Evalúan reabrir un informe antidrogas

El informe de la policía antidrogas preocupa al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso

La Fiscalía evalúa reabrir un informe de la policía antidrogas en el que aparece salpicado Cherres, hombre cercano al Gobierno, algo que preocupa a Lasso. El informe, elaborado entre mayo y julio de 2021, realiza un seguimiento a varias personas que supuestamente se reunieron en el local de una empresa que la Policía sospechaba por el uso del narcotráfico para enviar droga al exterior.

La fiscal general advirtió que las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas durante la realización de ese informe, en las que se lo escucha a Cherres presumir de su influencia por sus contactos en el Gobierno, están bajo «reserva nacional«.

Entre los nombres mencionados en el audio filtrado está el del ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, quien negó haber llegado al Gobierno a través de Cherres, aunque admitió conocerlo e incluso haberle entregado su currículum muchos meses antes de ser nombrado ministro.

La difusión del informe causó un gran malestar en el Ejecutivo, que en un comunicado arremetió contra el portal La Posta, también encargado de destapar el entramado bajo el título El Gran Informe.

El Gobierno de Lasso lo calificó como «un informe reservado» que estaba «archivado desde hace más de un año a petición de la Fiscalía y por orden judicial», porque «no había méritos para abrir un proceso». En un mensaje al país, Lasso incluso dijo que el informe periodístico está en el plano de una «historieta falsa, falaz e insultante«.

La revelación de este documento llegó en el momento más complicado de los 20 meses de mandato presidencial de Lasso, tras el referéndum promovido por su Gobierno para aplicar reformas en la Constitución y ver al movimiento del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, renovando sus fuerzas en las elecciones locales del pasado 5 de febrero.

Mascarillas y soterramiento de la A-5: las sospechas de corrupción que salpican la campaña de Almeida

Varios millones de euros destinados a mascarillas adulteradas y en comisiones abultadas en la compra de material contra la pandemia. Es el saldo judicial de una legislatura al que ahora se suma la investigación de la Fiscalía por un contrato presuntamente amañado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto ‘99 logros, 99 días’, en el centro cultural ‘Juan Genovés’, a 18 de febrero de 2023, en Aravaca, Madrid (España). Almeida abre hoy la precampaña electoral para los comicios municipales del

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto ‘‘99 logros, 99 días’, en el centro cultural ‘Juan Genovés’, el 18 de febrero de 2023, en Aravaca (Madrid), para abrir la precampaña electoral para los comicios municipales del 28 de mayo.  Alejandro Martínez Vélez / EUROPA PRESS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afronta la próxima campaña electoral municipal con un saldo negativo por escándalos relacionados con la compra de mascarillas y otro material para hacer frente a la pandemia. Y ahora además se ha abierto un frente en la Fiscalía Anticorrupción por la contratación de una empresa vinculada a un hermano del concejal de Medio Ambiente. 

Este miércoles se supo que la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias, el 17 de febrero, por un contrato de tres millones de euros que la concejalía de Medio Ambiente de Madrid otorgó en agosto de 2020 a la empresa Subterra SL. En dicha mercantil trabaja, según la denuncia que investiga la Fiscalía, el hermano de Borja Carabante, concejal de Medio Ambiente y Movilidad.

El soterramiento de la Carretera de Extremadura (A-5), dentro de la operación Campamento,  fue una de las promesas estrella de Martínez-Almeida en este legislatura, pero aún no se ha desarrollado. En agosto de 2020 el Ayuntamiento de Madrid adjudicó un contrato, como primer paso para avanzar en el proyecto Ejecución del Paseo Verde del Suroeste, soterramiento de la A-5- Paseo de Extremadura, a la unión de empresas (UTE) formada por Esteyco, SA y Subterra Ingenieria SL, mercantil en la que trabaja Rafael Carabante, hermano del concejal Borja Carabante.

La concejal del Grupo Mixto Marta Higueras denunció la adjudicación como presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. La denuncia va dirigida contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el concejal Carabante, así como contra las empresas adjudicatarias. La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación al respecto, que no supone aún la imputación de los denunciados.

Comisiones millonarias por las mascarillas

El caso Mascarillas es otra de las preocupaciones del Ayuntamiento de Madrid, personado en la investigación del juez Adolfo Carretero como perjudicado en la presunta estafa al consistorio y a la ciudadanía madrileña por las comisiones de cinco millones de euros por la venta de mascarillas, test y guantes al comienzo de la pandemia.

El juez investiga a Alberto Luceño y Luis Medina por las comisiones abultadas pero aún no ha descartado el presunto trato de favor que pudieron recibir los comisionistas. El aristócrata Luis Medina contactó a través de una antigua profesora con un primo de Almeida, consiguiendo el mail de la mano derecha del alcalde, Matilde García Duarte, coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid. 

A partir de ahí arrancó el caso Mascarillas, cuya investigación ha desvelado que Alberto Luceño había falsificado un carné del CNI, presentándose como colaborador de los Servicios Secretos. Pero quedan flecos por investigar que apuntan directamente al Ayuntamiento de Madrid, como por ejemplo si el consistorio protegió adecuadamente el dinero público.

Según el juez, Luceño pudo usar la falsa identidad como agente colaborador del CNI para «facilitar el presunto engaño realizado al Ayuntamiento de Madrid en el negocio criminalizado que se investiga».

Más mascarillas: un tío del concejal Fanjul fue el hilo

Otra investigación que apunta al Ayuntamiento de Madrid en esta legislatura es otro caso de compra de mascarillas. El Juzgado de Instrucción 30 de Madrid investiga la adquisición al empresario Philippe H. Solomon, responsable de la consultora Sinclair & Wilde, de 500.000 mascarillas adulteradas al principio de la pandemia, por las que el equipo de Martínez-Almeida pagó 2,5 millones de euros.

En este caso, la intermediadora es una economista que llegó al Ayuntamiento de Madrid a través de un tío de Borja Fanjul, segundo teniente de alcalde.

La economista, Araceli Vida, negó a este diario que ella hubiera actuado como comisionista en el negocio de mascarillas de Sinclair & Wilde. Varios correos electrónicos aportados a la causa prueban que ella llegó al Ayuntamiento de Madrid a través de un tío de Borja Fanjul, concejal del PP y segundo teniente de alcalde. Araceli Vida niega el cobro de comisiones, pero hay que tener en cuenta que su despacho, Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, contrató después una veintena de veces con el consistorio.

Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Fernández Díaz por espiar a Bárcenas en ‘Kitchen’

Pide otros 15 años para el exjefe operativo de la Policía con Rajoy, Eugenio Pino, y el ex secretario de Estado Francisco Martínez, y 19 años para Villarejo por la operación de espionaje con fondos reservados.

Jorge Fernández Díaz, en un acto de reconocimiento como Ministro del Interior a la reinserción de reclusos, en 2016

Jorge Fernández Díaz, en un acto de reconocimiento como Ministro del Interior a la reinserción de reclusos, en 2016.  Eduardo Parra / EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus peticiones de condenas para seis de los acusados en la operación Kitchensobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas sufragados con fondos públicos y sin orden judicial. Las penas mayores son para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, con 15 años de prisión, para su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y para su número dos de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, con idéntica cantidad de prisión.

Y mayores aún para José Manuel Villarejo, comisario jubilado, para el que pide 19 años de cárcel y 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial, por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio.

Para los comisarios Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo, solicita 12 años y 6 meses de prisión y 15 años respectivamente por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

Para el chófer de Bárcenas, luego recompensado su trabajo en esta operación con su ingreso en la Policía Nacional, Sergio Javier Ríos Esgueva, la Fiscalía pide 12 años de prisión, más 13 años y nueve meses de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

Para el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, la Fiscalía pide dos años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por delito de encubrimiento.

Para el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado sería responsable civil subsidiario.

Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas acusan a la cúpula de Interior en el Gobierno de Rajoy, además de los delitos de encubrimiento y contra la intimidad, de un delito de malversación anterior a la reciente reforma.

Pide el archivo para Olivera y Fuentes Gago

Retira las acusaciones para los investigados José Luis Olivera, comisario jubilado, y los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, al no quedar demostrado, según la Fiscalía, que participaran de alguna manera en le operativo parapolicial contra Bárcenas.

Tampoco consta, dice la Fiscalía, que ambos llevaran a cabo ninguna actuación durante la estancia de Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real dirigida a obtener información y documentación que pudiera ser relevante en los hechos que se investigaban en el caso Gürtel.

Según la Fiscalía, en la primera mitad del año 2013, desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por los encausados Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez, como secretario de Estado de Seguridad, y Eugenio Pino Sánchez, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, se ideó, «sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias», una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

También la familia de Bárcenas estuvo en el punto de mira, todo ello con la  finalidad de evitar que dicha documentación pueda acabar imputando a los cargos del PP en el seno de las diligencias que se practicaban sobre el caso Gürtel.

La Audiencia Nacional respalda no imputar a Cospedal

Hay que recordar que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha librado de la imputación, al negarse el juez instructor, Manuel García Castellón, a incluirla como investigada después de que trascendieran nuevas grabaciones que le sitúan pidiendo a Villarejo «parar» el asunto de la «libretita» de Bárcenas.

Pero el juez descartó la petición tanto de la Fiscalía como del PSOE y Podemos, que ejercen las acusaciones populares, de imputar a Cospedal al considerar que el sustento de la imputación se reducía «casi de forma nuclear a unos minutos de un corte audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto».

En este sentido, este mismo viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de Podemos, al que se adhirieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PSOE, en el que pedía que se reabriera Kitchen y que se investigara a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirman el cierre, acordado por el juez Manuel García Castellón, de esta causa en la que se ha investigado el operativo puesto en marcha para sustraer documentación del caso Gürtel al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas.

Para Anticorrupción, los acusados José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Manuel Gómez Gordo transmitían a Eugenio Pino Sánchez y Francisco Martínez la información y documentación relativa a Luis Bárcenas y su entorno que el chófer Sergio Javier Ríos Esgueva les hacía llegar. «Y, finalmente, los encausados Eugenio Pino y Francisco Martínez reportaban toda esta información al encausado Jorge Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior», consta en el escrito de la Fiscalía.

¿Qué puede hacer Europa para la construcción de la paz en Ucrania?: el acto organizado por ‘Público’

‘Público’ y la Fundación Espacio Público organizan, con motivo del primer año de la entrada de los tanques a Ucrania, el acto ‘¿Qué puede hacer Europa para la construcción de la paz en Ucrania?’. El evento acoge a expertos como la periodista rusa instalada en España desde el momento en el que surgió el conflicto Inna Afinogenova; la copresidente de Transform! Europa, Marga Ferré; el colaborador de Público, excorresponsal en Rusia, antiguas repúblicas soviéticas, Japón y Corea y experto en geopolítica y seguridad mundial, Juan Antonio Sanz; y con Jordi Calvo, doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista e investigador, además de coordinador del Centre Delàs y miembro de la Junta del International Peace Bureau. La mesa redonda está moderada por la directora adjunta de nuestro diario y experta en temas internacionales, Esther Rebollo. La inauguración corre a cargo del periodista de la Fundación Espacio Público, Marià de Delàs, y la clausura está protagonizada por la directora de Público, Virginia Pérez Alonso Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.

El Constitucional rechaza el recurso del PP contra la prohibición de desahuciar a gente vulnerable en el estado de alarma

La mayoría del pleno, con dos votos conservadores en contra, avala el real decreto-ley recurrido por el PP que suspendió los procesos de desahucio y lanzamiento de personas económicamente vulnerables y sin alternativa habitacional aunque hubiera un proceso penal abierto contra ellas

Manifestación contra los desahucios en una imagen de archivo Mariano Cieza Moreno / EFE

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que el Partido Popular presentó contra la norma que el Gobierno aprobó durante lo peor de la pandemia para suspender los desahucios de la gente más vulnerable mientras estuviera en vigor el estado de alarma, aunque estuvieran incursos en un proceso penal por ocupación irregular. La mayoría del pleno, con dos votos conservadores en contra, entiende que la medida del ejecutivo central no vulneraba el derecho a la propiedad de los que instaban los desahucios y destaca que solo retrasaba los lanzamientos por “un breve lapso temporal” frente a las alegaciones del PP, que llegó a sostener en público que este real decreto-ley amparaba la ocupación ilegal de viviendas.

El Gobierno amplía hasta agosto la suspensión de desahucios y la moratoria de alquileres

El Gobierno amplía hasta agosto la suspensión de desahucios y la moratoria de alquileres

La medida fue anunciada por el ejecutivo a finales de 2020, durante el primer año de la pandemia de COVID-19. Un real decreto-ley que fue modificado en marzo de 2021 y que, en la práctica, impedía ejecutar un desahucio o lanzamiento en casos de personas vulnerables sin algún tipo de alternativa habitacional. “El juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma”, decía esta norma sobre los casos que procedían de procesos penales.

Rusia: Biden no se atrevió visitar Kiev sin avisar primero a Rusia

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, durante una rueda de prensa.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, no se habría atrevido a visitar Ucrania sin antes pedir garantías de seguridad a Moscú, dice la vocera de la Cancillería rusa.

“Biden no se atrevió a visitar Kiev sin advertir a Rusia y sin pedirle a la parte rusa que garantizara su seguridad”, manifestó este miércoles María Zajarova durante una sesión informativa.

El mandatario estadounidense llegó el lunes a Ucrania en una visita sorpresa en vísperas del primer aniversario de la guerra en Ucrania (el 24 de febrero) para expresar su apoyo a Kiev. De hecho, ofreció a su homólogo ucraniano, Vlodomir Zelenski un nuevo paquete de ayuda bélica.

Casi inmediatamente después de que se informara que Biden había llegado a Kiev, fue activada la alerta aérea en todo el territorio ucraniano. Sin embargo, no se informó de ataques aéreos o con misiles rusos.

Al respecto, la portavoz rusa puso de relieve que “la visita del líder estadounidense fue escenificada con dramatismo, pero, en realidad, se asemejaba a una fallida actuación en un teatro de provincia”.

Incluso, hizo notar, que “para darle algo de dramatismo” a la llegada de Biden en Ucrania, “ordenaron sonar la alarma de ataque aéreo, aunque le dijeron a la gente de Kiev con anticipación que no le hicieran caso, debido a la ausencia de una amenaza real”. Todos los vecinos de Kiev sabían que no había ningún peligro, ya que era una parte de la puesta en escena por la presencia del presidente estadounidense.

Asimismo, dijo que, si Washington quería dar otro ejemplo a sus aliados sobre cómo apoyar al régimen de Kiev, “no salió muy bien”, en particular, en medio de las fuertes afirmaciones de que tienen el control total de la situación y que Kiev ha resistido y está a punto de ganar.

 

El martes, el director del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), Aleksandr Bortnikov, también confirmó que “EE.UU. sí notificó a Rusia sobre la visita de Biden a Kiev a través de la línea diplomática. No dimos garantías sobre su seguridad. Solo dijimos que tomamos la nota”.

A dos días de cumplirse un año de la operación militar rusa en Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, presentó a Rusia y a Ucrania, como víctimas del doble juego de Occidente y señaló que EE.UU. y sus aliados intentaron iniciar una crisis para llevar a Rusia a una derrota estratégica.

Jefe de la ONU: Todos los asentamientos israelíes son “ilegales”

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, habla en una sesión en la sede del organismo, Nueva York, 22 de febrero de 2023.

El secretario general de la ONU sentencia que todos los asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados son “ilegales” y “deben detenerse”.

“Toda actividad de asentamiento es ilegal según el derecho internacional. Y debe parar”, aseveró el miércoles el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en la apertura de la sesión de 2023 del comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino.

El titular de la ONU denunció que “cada nuevo asentamiento es un obstáculo más en el camino hacia la paz”.

Señaló que “la situación en el Territorio Palestino Ocupado está en su peor momento en años”. “En la Cisjordania y Gaza ocupadas, la desesperanza se está extendiendo, alimentando la ira y la desesperación”, afirmó.

Al referirse a las “noticias preocupantes” de que las fuerzas israelíes mataron ese mismo miércoles a 10 palestinos e hirieron a decenas más, Guterres criticó que “los ciclos mortales de violencia siguen acelerándose. Las tensiones están por las nubes. Y el proceso de paz sigue estancado”.

 

También señaló la situación “frágil” en Al-Quds (Jerusalén), así como las provocaciones israelíes y sus actos de violencia en los lugares sagrados y sus alrededores, y expresó que la posición de la ONU es “clara”.

“El estatus de Al-Quds no puede ser alterado por acciones unilaterales”, remarcó en alusión a los intentos israelíes al respecto, y agregó que “se debe preservar el carácter demográfico e histórico de Al-Quds, y se debe mantener el statu quo en los lugares sagrados” de la ciudad.

Guterres afirmó que el “objetivo final” es lograr “una paz que termine con la ocupación y asegure que dos estados” con “un Estado palestino independiente, viable y soberano”.

Desde la ocupación, el régimen ha establecido más de 250 asentamientos ilegales en Cisjordania que han llegado a albergar a más de medio millón de colonos. El 25 de enero, medios israelíes informaron que el gabinete sionista planeaba aumentar el número de unidades de colonos en 18 000 para los próximos meses.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) expresó el lunes su “consternación” por los planes del gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de legalizar los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, advirtiendo que estas medidas “impiden la paz”.