El exdirector de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, declaran como testigos en una investigación sobre las muertes en los centros de mayores durante la primera ola de la covid.
Varias personas se manifiestan durante un homenaje-vigilia por las víctimas de la covid, a 18 de marzo de 2023, en Madrid. — Gustavo Valiente / Europa Press
Tres años después de que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso aprobara los protocolos que impidieron que casi la totalidad de los residentes en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid fueran derivados a hospitales cuando estalló la pandemia de la covid-19, un juzgado va a investigar en qué condiciones murieron estas personas. Así, por primera vez declararán como testigos ante un juez el entonces responsable de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
La comparecencia tiene lugar este jueves 23 de marzo a partir de las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. El primero en testificar será, previsiblemente, Mur, como firmante de los documentos, y sobre las 11.00 horas lo hará Reyero.
Durante la primera ola de la covid, entre marzo y abril de 2020, 7.291 mayores perdieron la vida en los geriátricos madrileños sin ser trasladados a un centro hospitalario. «Nosotros ya sabíamos que las derivaciones estaban paralizadas antes del 18 de marzo, cuando se firmó el primer protocolo», explica en una conversación con Público María Jesús Valero, portavoz de Marea de Residencias. Ella misma cuenta, entre el dolor y la indignación, que su padre fue uno de los fallecidos. Desde entonces, no ha parado de mover cielo y tierra para que «la cruda verdad» sobre lo ocurrido se esclarezca.
Cuando arrancó la pandemia en 2020 se firmaron hasta cuatro de los llamados «protocolos de la vergüenza», los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. En esos documentos se expresaba específicamente la orden de no desplazar a personas que tuvieran un problema cognitivo o de movilidad. «Todo el mundo sabe que prácticamente cualquiera que esté en una residencia tiene, o bien una, o las dos afecciones. Así que se libraron pocos», critica Valero. Junto a otras familias víctimas de esta «desastrosa» gestión han llegado a presentar en los tribunales más de 300 querellas, de las cuales solo hay 106 abiertas.
«Más grave, aún si cabe, son las llamadas a centros de salud a causa de otras patologías diferentes a la covid que tampoco trasladaban», lamenta Valero que recuerda que el número total de fallecidos se eleva a los 9.470 residentes. La comunidad trató de apaciguar las aguas bajo la excusa de que sus decisiones se tomaron en base a criterios clínicos, pero Marea de Residencias y Verdad y Justicia dudan de esa versión e insisten en la necesidad de una investigación a fondo: «Queremos saber por qué se decidió que nuestros familiares murieran solos y sin condiciones sanitarias dignas», dice.
«Nosotros queremos dejar claro que apoyamos esta iniciativa del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid. Hasta el momento, es el único que se ha atrevido a llamar a declarar a los auténticos responsables y ha cumplido con el auto del Tribunal Supremo que mandaba indagar el origen y la autoría de estas resoluciones prohibitivas», asevera Valero.
Las trabajadoras se suman a las denuncias
El Gobierno de Ayuso nunca llegó a medicalizar los geriátricos, como se había comprometido cuando se dispararon los casos de coronavirus. De hecho, fueron los propios trabajadores de los centros de mayores quienes denunciaron inicialmente la «situación de descontrol» en el confinamiento.
«No teníamos nada, ni medios, ni un mal gotero para que pudieran hidratarse. Ya no digo salvarles o alargarles la vida, sólo dejarles morir con dignidad«, recuerda María Ángeles Maquedano, auxiliar en una residencia. La trabajadora confiesa que las semanas que transcurrieron desde que se declaró el estado de alarma hasta Semana Santa (cuando «por fin empezaron a llevarse a la gente a los hospitales») fueron las peores en sus 15 años de experiencia en el sector.
Maquedano asegura que no se dio un trato adecuado a los mayores «porque no había recursos de ningún tipo» y narra cómo los residentes se contagiaron al no poder separar entre los infectados con covid y los que no «por una cuestión de espacio y de falta de directrices». Al presagiar lo que se vaticinaba y enterarse de las primeras muertes, muchos familiares intentaron sacar a sus mayores de los centros, pero la mayoría no lo consiguió. «Nos contactaban hasta por redes sociales para saber algo de los residentes porque la dirección del geriátrico no facilitaba ninguna información, y apenas podían comunicarse con ellos«, afirma la auxiliar.
Llama la atención que no haya sido hasta ahora cuando hayan llamado a declarar a Reyero, cuando fue él mismo quien reconoció tras dimitir, en unas declaraciones recogidas por este medio, que el Gobierno de Ayuso le negó la ayuda que pedía para poder salvar las vidas de los residentes. Es más, la propia Audiencia de Madrid ha llegado incluso a considerar «improcedente» que declararan los responsables. Por ello, aunque las asociaciones por la verdad y la dignidad de los fallecidos en las residencias reciben la noticia de la investigación en el juzgado con los brazos abiertos, aún no dan nada por conseguido y ponen la vista en Europa como próximo escalón jurídico al que apelar.
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