Gobiernos del PP regaron la fundación adscrita a su partido con 750.000 euros de dinero público desde 2019

La Fundación Concordia y Libertad ha estado inactiva en los últimos meses y presenta su renovación este 17 de marzo; sin embargo, no ha dejado de recibir subvenciones. Desde 2019 todas las ayudas de Gobiernos autonómicos y locales que ha recibido eran del PP.

Barones PP

Alberto Núñez Feijóo, el pasado 6 de diciembre, junto a los presidentes autonómicos y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.  EFE/ Kiko Huesca

Alberto Núñez Feijóo relanza este viernes la Fundación Concordia y Libertad, el brazo ideológico del Partido Popular que quedó descabezado cuando Adolfo Suárez Illana, su presidente, dejó la política el pasado 29 de noviembre. Desde entonces la fundación ha estado «inoperativa», aseguran en Génova, mientras se construía un nuevo equipo y un nuevo proyecto para relanzarla este 17 de marzo. Aún así, el cobro de subvenciones no cesó. El pasado 12 de diciembre la fundación adscrita al PP recibió 110.000 euros de la Comunidad de Madrid: dos ayudas, por valor de 100.000 y de 10.000 euros, que concedió la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Según consta en el boletín de la comunidad, se otorgaron 100.000 euros a la fundación del PP para un proyecto de cooperación exterior «para apoyar la construcción de comunidades medioambientalmente sostenibles en el departamento de Boyacá (Colombia)». La otra subvención, de 10.000 euros, se concedió para acciones de «fortalecimiento de capacidades locales y construcción de ciudadanía activa para el proceso de localización de la Agenda 2030» en cuatro municipios del norte de Madrid.

La Fundación Concordia y Libertad (renombrada así por el PP de Pablo Casado y a la que previsiblemente Feijóo también cambiará el nombre este viernes) tenía un plazo de 18 meses desde la recepción del dinero para desplegar el primer proyecto y un año para el segundo. Por ahora, han consumido cuatro meses, pero resulta difícil seguir la pista de ambas subvenciones porque la actual dirección del PP, preguntada por Público, se desliga de ellas y asegura que la fundación se reiniciará por completo. Es más, en sus comunicados oficiales se refieren a una «nueva fundación».

La pista de las dos subvenciones otorgadas por Madrid se pierde con el reinicio de la fundación

Este periódico ha tratado de conocer el detalle y el estado de los proyectos subvencionados por la Comunidad de Madrid preguntando tanto al partido como a los responsables de la propia fundación, pero no ha habido respuestaEn su página web, todavía sin renovar, no consta ningún proyecto ni en marcha ni anterior en la región colombiana de Boyacá.

Según la base de datos nacional de subvenciones, la adjudicación de las ayudas se hizo a la Fundación Humanismo y Democracia, que es el nombre con el que se constituyó originariamente en 1977. Cuando Casado la renombró, la operación fue únicamente eso: un cambio de imagen y de nombre. La fundación mantuvo sus estatutos, sus objetivos y su CIF, el código que identifica a las empresas y organizaciones. Esto explica que en algunos documentos siga figurando su antiguo nombre. La operación, en principio, se repetirá de forma idéntica con Feijóo: cambio de nombre y mantenimiento de todo lo demás.

750.233 euros entre 2019 y 2022

Pero las subvenciones otorgadas por el Gobierno de Ayuso no son una excepción. Gobiernos autonómicos y municipales del PP llevan años regando la fundación con ayudas públicas. Entre 2019 y 2022 le han entregado al menos 750.233 euros. Los 110.000 de la Comunidad de Madrid se suman a los 347.300 del Ayuntamiento de Madrid, 175.000 de la Xunta de Galicia y 117.933 de la Junta de Castilla y León.

Este es el dinero público total que esta fundación ha recibido de gobiernos autonómicos y locales desde 2019, según la base de datos de subvenciones. Y todo procede de gobiernos de su propio partido. La Junta de Castilla y León le otorgó la subvención en junio de 2019, la Xunta de Galicia (con Feijóo al frente) en julio del mismo año y el Ayuntamiento de Madrid (ya con José Luis Martínez-Almeida como alcalde) en noviembre. Las dos primeras estaban destinadas a proyectos de cooperación en el exterior.

Además, según publicó eldiario.es en el año 2020, la fundación se encargó de gestionar dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de Madrid. Esta adjudicación se tradujo en ingresos de 460.000 euros al año para la Fundación Concordia y Libertad entre 2015 y 2020.

El Estado subvenciona las fundaciones de los partidos

La organización está vinculada al Partido Popular de forma oficial desde abril de 2017, unos meses después de que la FAES de Aznar hiciera el camino contrario. Como sucede con gran mayoría de fundaciones de partidos políticos, su principal vía de financiación son las ayudas estatales (del Gobierno central) y no los ingresos procedentes de gobiernos autonómicos y locales. Existen incluso ayudas del Ministerio de Cultura que se dan exclusivamente a las fundaciones y asociaciones de partidos que tienen representación en el Congreso o el Senado.

De hecho, entre 2019 y 2022 la Fundación Concordia y Libertad recibió 1.920.624 euros del Gobierno, entre ayudas del Ministerio de Cultura y del de Asuntos Exteriores. La Fundación Pablo Iglesias, la principal del PSOE, en ese mismo tiempo percibió 1.393.242 euros en subvenciones del Gobierno central y solo 10.387 euros en autonómicas, en este caso, de la Comunidad de Madrid.

La fundación del Partido Popular, eso sí, tiene como uno de sus objetivos «la Cooperación Internacional, especialmente en países en vías de desarrollo», según sus propios estatutos.

Inyecciones de dinero que vienen de lejos

Aunque la base de datos nacional de subvenciones solo permite ver las ayudas concedidas en los últimos cuatro años, las inyecciones de dinero a la fundación del PP a través de las Administraciones regidas por el partido vienen de más lejos. Las últimas cuentas publicadas por la propia fundación, las de 2021, recogen las de Galicia, Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid, pero también otra del Gobierno de La Rioja. Esta subvención, destinada a cooperación internacional con un monto de 115.844 euros, se otorgó en 2018 por el anterior ejecutivo autonómico, que presidía José Ignacio Ceniceros, también del Partido Popular.

En diciembre de 2022, el Tribunal de Cuentas emitió un informe de fiscalización de las fundaciones de partidos políticos sobre los ejercicios 2018 y 2019. El informe refleja que entre los dos años la fundación recibió subvenciones del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad de Murcia, la Xunta de Galicia, el Gobierno de la Rioja y la Junta de Castilla y León. Todas las Administraciones estaban gobernadas por populares salvo el consistorio madrileño, en manos entonces de Manuela Carmena (hasta las elecciones de mayo de 2019).

En 2019 la fundación ingresó más de 2 millones de euros: el 70% por subvenciones

Las cuentas, además, muestran una clara dependencia de los fondos públicos. Según el informe, en 2019 la fundación ingresó 2.216.452 euros: el 70,21% por subvenciones públicas, algo más de 1,5 millones. Las donaciones de particulares, en cambio, fueron solo 18.622 euros.

Los tres pies al gato | ‘Aves de rapiña’, por Ana Pardo de Vera

Esta semana hemos conocido que al menos, tres cargos públicos de la Asamblea de Madrid ha cobrados ayudas sociales para familias vulnerables. El portavoz del Gobierno de Ayuso, Enrique Ossorio, lo ha cobrado porque, pese a tener el patrimonio más abultado y la cartera más llena del Ejecutivo, considera que merece un descuento de la factura entre el 25 y el 65% durante 2023 solo por pertenecer a una familia numerosa. Y si usted tiene envidia de él, tenga familia numerosa, ha dicho el consejero con su habitual empatía. Es un hombre que, sin duda, huele el dinero a distancia, no así la pobreza y desigualdad del territorio que gobierna, que no encuentra por ningún lado pese a los reiterados informes de alerta de Cáritas.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha confesado él mismo que también lo cobra y que el suyo es aún más cuantioso que el de Ossorio, porque cobra el bono destinado a los consumidores vulnerables severos, es decir, que le descuentan un 40% de la factura y hasta un 80% durante 2023 si cumple los requisitos. Sabemos a ciencia cierta que Serrano cobra 82.000 euros. Vulnerable no parece, pero lo de vulnerable severo es un insulto a los y las madrileñas que realmente lo son.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, también ha admitido que ha cobrado el llamado bono térmico, como Ossorio y Serrano. Dice que se enteró cuando salió la noticia y que si supiera lo suyo, no habría pedido la dimisión de Ossorio horas antes. Reconoce el error y dice que tratará de devolver la cuantía recibida. Al menos, Mónica García sí ha rectificado, aunque la suya es una equivocación -si lo es- muy grave: de la derecha que preside Ayuso, a la que le parece bien que su hermano se lucre con dinero de la propia administración madrileña que ella gestiona en plena emergencia sanitaria y social; de la derecha que lidera Ayuso, que considera adecuado que se apruebe un protocolo para encerrar a los y las mayores enfermos de covid para morirse en las residencias … De esa derecha, la de la Púnica o la Gürtel, no se puede esperar nada, ninguna solidaridad, justicia social, … nada. Pero de la izquierda que pide empatía a la derecha, sí, sus votantes, simpatizantes, militantes, no esperan, desde luego, lo que ha hecho Mónica García, tuviera constancia o no.

El bono que han cobrado Ossorio, Serrano y García no siendo vulnerables, llamado bono social térmico, no se obtiene por generación espontánea, que no te engañen: para acceder al bono social térmico, previamente había que haber solicitado otro bono también para vulnerables, el bono social eléctrico, que sí requiere requisitos. Es decir, los tres cargos públicos que han recibido la ayuda social han pedido previamente otra ayuda, siendo conscientes de que ni son vulnerables ni les hacía falta. Siendo conscientes de que los recursos públicos son finitos y alguien que los necesite, algún día, dejará de percibir una ayuda por su culpa.

Alberto Garzón: «Yolanda Díaz puede ser presidenta del Gobierno»

El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón (Logroño, 1985), regresaba de su permiso por paternidad en el momento más convulso de la legislatura. Las discrepancias en el seno del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos son evidentes, una tensión que se llevó al límite a principios de marzo por la ley del ‘solo sí es sí’. La legislatura se agota, las municipales y autonómicas se aproximan y el electoralismo toma protagonismo. Esta semana, la izquierda fracasaba en la reforma de la ‘ley mordaza’, seguirá la norma de Mariano Rajoy una legislatura más. Las discrepancias también se evidencian en el propio espacio de la izquierda, Yolanda Díaz lanzará «pronto» su candidatura a presidenta del Gobierno por su plataforma Sumar y las tensiones con Podemos están cada vez más a flor de piel. En este contexto, Garzón recibe a Público para dar su primera entrevista desde su reincorporación, reflexionar sobre el futuro de la izquierda y hacer balance de lo que ha hecho y queda por hacer desde la cartera de Consumo. Una entrevista de Sato Díaz, Jefe de Política y Alejandro Tena, redactor de Público. Puedes leer la entrevista completa en publico.es

Julio Anguita responde a 12 periodistas en «La noche de Hermida». 1993

Un interesante programa dirigido y presentado por Jesús Hermida en el que se puso a prueba a Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida (IU) en la época. Anguita respondió a las preguntas de los invitados: Carlos Carnicero, José Oneto, Antonio Franco, Xavier Vidal-Folch, Melchor Miralles, Ramón Cotarelo, Pilar Urbano, Andrés Aberasturi, Emilio Romero, Nativel Preciado, Cándido y José Antonio Sentís.

Cuando Julio Anguita se presentó por sorpresa a un acto de Podemos con Pablo Iglesias | Rubén Hood

Llorando como una magdalena, Julio es y será, el mayor referente político jamás extinto. Lo echo tanto de menos…
Marilo, me pasa lo mismo, un nudo en la garganta
Qué maravilla de político era Julio Anguita, y junto a Pablo Iglesias, imágenes que emocionan, muchas gracias Rubén!!!!
Nunca me cansaré de volver a vivir este momento glorioso ❤🧡💜
Yo no soy de llorar, pero no puedo evitarlo viendo ese video, antes lo vi y repetí un montón de veces y ahora me emociono igual. El abrazo entre esos dos grandes hombres es conmovedor ¡¡EL ABRAZO ENTRE ESOS DOS GRANDES ESTADÍSTAS APORTA LAS ENERGÍAS SUFICIENTES PARA ARREMETER CONTRA TODO Y CONTRA TODOS!! Muchas gracias Ruben
Era un político honrado de lo que ya no existe, que pena que se fuera…..❤❤❤
Un verdadero sr. Este país tan necesitados de personas como él
Me encanta la emoción que demostró Pablo. Un gran Hombre. Anguita, se te echa de menos y te seguimos queriendo.
No es que se pueda plantar cara al bipartidismo, es que se DEBE. Nos va todo en ello.
Es que es jodidamente emocionante 🥺
Que pocos quedan como el,firme ,tajante con ansia de ser de izquierdas,es y será siempre el maestro,y dijo verdades como puños

Los gobiernos del PP en Madrid mantienen escuelas públicas sin terminar desde hace una década

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos denuncia que el «nuevo» plan educativo presentado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llega tarde y con acciones que estaban obligados a realizar, pero que han pospuesto.

CEIP Héroes 2 de mayo en Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid, de febrero de 2023. - Cedida por la FAPACEIP Héroes 2 de mayo en Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid. – Cedida por la FAPA.

Familiares de alumnos de la escuela pública en la Comunidad de Madrid denuncian que el último y supuestamente ambicioso programa educativo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para la construcción de nuevas infraestructuras «no tiene nada de novedoso» y «no hace más que tergiversar actuaciones que ya estaban puestas en marcha». Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos critican que la licitación de «nuevas» obras, avanzada por el Gobierno regional, consiste en realidad en acabar edificaciones ya empezadas «en prácticamente en el 100% de los casos».

Durante todo este tiempo de demora, entre sucesivos gobiernos del Partido Popular (PP), cientos de familias han tenido que soportar que sus hijos e hijas vayan a clase entre obras o sean desplazados, algunos desde hace casi una década.

Recientemente, la Consejería de Educación ha anunciado, en vísperas de la campaña electoral, una inversión de 130 millones de euros en la licitación de obras para el levantamiento de un nuevo colegio, cuatro institutos y cinco escuelas infantiles, además de la ampliación de otros 23 centros de la región que, supuestamente, empezarán a dar servicio el próximo curso 2023/24. Pero los padres y madres aseguran que se trata de un programa «completamente vacío».

Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, explica a Público que el anuncio «hizo muchísimo daño a las familias que están sufriendo estas obras eternas y que tienen a sus hijos, o bien desplazados a otros centros, o dando clase entre obras». Una situación que, a su juicio, se podría evitar, más allá de con un buen calendario de obras y contratos de calidad, con la eliminación de las «creaciones jurídicas», los conocidos como centros fantasma, una figura a través de la cual los colegios admiten matrículas de alumnos aun sin haberse empezado a construir.

Bajo esta forma de proceder, cuando llega la época de la escolarización, aunque esos centros todavía no existen, sale la entidad jurídica para recoger solicitudes de matrícula. De tal modo que si empieza el curso pero la obra no está terminada, se traslada a los alumnos a otros centros hasta que consiguen la cédula mínima de habitabilidad. Una organización que la FAPA critica, pues acaba por convertirse «en un caos tanto para los centros que acogen a los estudiantes y acaban saturados, como para los propios menores que sufren todos los cambios y los consiguientes procesos de adaptabilidad».

Es el caso del CEIP Héroes 2 de Mayo de Colmenar Viejo, en obras desde 2014; el CEIP Charles Dickens de Loeches en Madrid, cuya segunda fase de construcción empezó hace más de ocho años; el IES María Goyri Goyri de Villaverde, reclamado desde 2017, con todo el alumnado desplazado; o el IES Ana Frank, también en Madrid, que pese a que el centro existe de forma jurídica, aún no se ha empezado a levantar.

IES María Goyri Goyri, en Villaverde, Comunidad de Madrid, de febrero de 2023. - Cedida por la FAPA
IES María Goyri Goyri, en Villaverde, Comunidad de Madrid. – Cedida por la FAPA.

Alumnos que dan clase en barracones

La Consejería ha intentado edulcorar su plan con un supuesto paquete de nuevas ampliaciones en escuelas, como por ejemplo el CEIP María de Villota de Vallecas. Pero la FAPA ha desmentido que esta, como otras tantas, sean una nueva iniciativa, en un vídeo donde recoge imágenes que demuestran que el edificio ya contaba con retrasos en sus obras desde hace varios años.

Algo similar a lo que ocurre en el CEIP Mercedes Vera de Rivas-Vaciamadrid (que pasó a llamarse CEIP Hispanidad, en contra de la comunidad educativa). La FAPA explica que en septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó la partida presupuestaria para contratar las obras para su construcción, comprometiéndose a tenerlo finalizado para el curso 2022/2023. Sin embargo, de nuevo, se han incumplido los plazos: aunque en el 2022 se empezó a construir la primera fase con un plazo de ejecución de 12 meses, todavía no está finalizado. Mientras tanto, el alumnado está desplazado en otro centro educativo, donde dan clase en aulas prefabricadas.

CEIPSO La Luna, en Rivas, Comunidad de Madrid, de febrero de 2023. - Cedida por la FAPA
CEIPSO La Luna, en Rivas, Comunidad de Madrid. – Cedida por la FAPA.

Por su parte, el CEIPSO La Luna abrió sus puertas en 2017, explica la FAPA, después de muchos años de reivindicaciones y tras cuatro años de espera en autorizar la construcción del mismo. La corporación local adelantó más de cinco millones de euros para la construcción de la primera fase, el equipamiento y el mobiliario, y la obra se realizó en plazo. Pero la segunda fase y el gimnasio a cargo de la Comunidad de Madrid sigue pendiente desde hace seis años.

Morillas detalla que «para salir del paso» en el patio se han instalado más de una docena de barracones que usan como aulas, donde se imparte clase a una parte del alumnado. «La situación en Rivas-Vaciamadrid es ya una cuestión de emergencia educativa, que hace imprescindible la creación de más centros educativos públicos con carácter de urgencia», advierte.

Otros ejemplos de escuelas sin acabar son IES Torcuato Fernández Miranda de Arroyomolinos y el CEIP Gabriela Morreale, de Leganés. Respecto al primero, el Ayuntamiento cedió el terreno en 2020 para su construcción. La Consejería recurrió de nuevo a la creación jurídica del centro, «generando falsas expectativas en las familias» y los alumnos están realojados en clases provisionales sin gimnasio, biblioteca, ni aula de informática. En cuanto al segundo, su alumnado, docentes y familias conviven desde 2018 con las obras. Desde sus ventanas son testigos en primera persona de los vaivenes de las grúas, material de obra y vallas anexas a sus pabellones.

El enfrentamiento del PSOE con Podemos acerca a Sánchez a sus barones más críticos

La reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ provoca que la dureza de líderes como García Page o Lambán se centre más en los socios del Gobierno que en algunas decisiones de Moncloa. El presidente de Castilla-La Mancha ha cargado en las últimas semanas contra Ione Belarra e Irene Montero, incluso reclamando su dimisión. 

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto celebrado en Toledo el pasado jueves.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto celebrado en Toledo el pasado 15 de septiembre .  Eva Ecorlanese / PSOE

«Somos un partido político en el que la discrepancia no se persigue». Es uno de los mensajes que la dirección del PSOE trasladaba a finales del año pasado para rebajar la importancia de las críticas habituales hacia algunas decisiones tomadas por Pedro Sánchez. Especialmente procedían desde Castilla-La Mancha o Aragón, territorios de Emiliano García-Page y Javier Lambán. Meses después, el foco crítico ha cambiado. Lo provoca principalmente la tensión de los socialistas con sus socio de Unidas Podemos, ejemplificada a la máxima potencia por la reforma de la ley del solo sí es sí.

El «ruido» interno se ha minimizado. Porque, según argumentan en el entorno del presidente castellano manchego ahora mismo, la parte de Unidas Podemos, especialmente la de Podemos, les está poniendo muy fácil defender a la otra parte del Gobierno. Page siempre ha sido muy crítico con la presencia de la fuerza morada en la coalición. Su Gobierno autonómico junto a Podemos entre 2017 y 2019 fue muy tenso e inestable. Además, ideológicamente la distancia entre el mandatario socialista y la formación morada es amplia.

Esta situación no significa que el presidente de Castilla-La Mancha vaya a dejar de dar su opinión sobre asuntos como la reforma del delito de malversación si es necesario o sobre las alianzas con los partidos independentistas catalanes. La tensa votación de la proposición de ley el pasado martes en el Congreso evidenció además un distanciamiento de los socialistas también con EH Bildu y ERC, que votaron junto a UP. Algo que en este caso sería del agrado de Page, con una vocación de recoger más votos por el centro electoral, que son necesarios también para que el PSOE no pierda las próximas elecciones.

Con motivo del 8 de marzo, Page dejó un titular: «A río revuelto, ganancia de violadores». El presidente castellano manchego aludió directamente a Unidas Podemos al señalar que «si todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser más dura la sanción para los que maltratan y violan», la culpa «no la puede tener un 99% de la población». «La culpa la tiene quien se equivoca», dijo.

Hace unas semanas Page concedió una entrevista a El Confidencial. En ella, dejó unos cuantos mensajes dirigidos a los socios de Sánchez. «Si Montero y Belarra reconocen su error, tendrían que plantearse dimitir», destacó el titular. Del mismo modo afirmó que Podemos es «un caballo de Troya en el Gobierno».

A diferencia de otros territorios, el PSOE castellano-manchego no ve necesario contar con el espacio de Unidas Podemos para ganar las elecciones. De hecho, en 2019 obtuvo la mayoría absoluta y ni Podemos ni IU entraron en las Cortes Regionales. El próximo mes de mayo será la primera vez que ambas formaciones concurran juntas como UP. Page ha minusvalorado las opciones de la candidatura hacia su izquierda. Los socialistas aseguran que manejan encuestas con resultados similares a los de 2019. Y reiteran públicamente que solo hay dos opciones. Un Gobierno del PSOE o un Gobierno de PP junto a Vox, que sustituiría a Cs a nivel parlamentario.

La reforma de la ley del sólo sí es sí era una reclamación que venía haciéndose desde los territorios hace tiempo. La alarma social fue in crescendo desde finales de año y varios barones pedían actuar. Al abordar el tema Sánchez logró la felicitación pública de otro de sus habituales críticos. Lambán destacó a principios de febrero la decisión del presidente. «Aplaudo al presidente Sánchez por modificar esa ley. No he dudado nunca de las buenas intenciones de los propósitos iniciales de esa ley, pero desde luego, en cuanto a su fábrica, es una calamidad y a las pruebas me remito por los efectos de su aprobación», dijo.

El presidente de Aragón compartió un acto con Sánchez el pasado 18 de febrero en Zaragoza. En él volvió a agradecerle la reforma. Y aprovechó para cargar contra UP sin mencionarlos. «Te aplaudo que no aceptes bajo ningún concepto que los feminismos cínicos y extravagantes le arrebaten la bandera del feminismo a quien con más dignidad la puede ostentar, que es el PSOE», dijo.

Pocos días después Lambán concedió una entrevista a El Mundo, como ya hiciera Page en el mes de septiembre. Aquella cayó como una bomba en Ferraz y Moncloa. Y en ambos lugares no tuvieron problemas en airear su malestar con el presidente castellano manchego. No pasó lo mismo con la realizada por Lambán, que tuvo un protagonismo mucho menor, casi inexistente.

El tono del presidente aragonés fue comedido aunque remarcó su autonomía frente a Ferraz y Moncloa. Pero el titular principal fue nuevamente un dardo contra Unidas Podemos. «Estamos dando poder a los extremos hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de la nación», dijo Lambán. El mandatario autonómico pide en este sentido que haya entendimiento entre PSOE y PP.

Curiosamente la situación política electoral de Aragón es diferente a la de Castilla-La Mancha. Los socialistas gobiernan en coalición precisamente con Podemos, que cuenta con una Consejería, al igual que el Partido Aragonesista (PAR) y la Chunta Aragonesista (CHA). Por la aritmética electoral en este territorio, parece más complicado que los socialistas no necesiten apoyos de esos mismos partidos de cara a revalidar su Gobierno.

El PSOE comprobará su unidad interna de primera mano el próximo sábado 18 de marzo. Los socialistas han convocado un Comité Federal en el que deberían participar todos los líderes territoriales. Uno de los objetivos principales, más allá de los debates políticos que puedan darse, es aprobar las listas electorales. Pero la actualidad política y la situación electoral de cara al mes de mayo tendrá, seguro, otros puntos calientes en el debate interno.

Los ecologistas reclaman al PP que revele cuáles son las 650 fincas de Doñana con regadío ilegal que se quieren indultar

WWF solicita una reunión urgente del Consejo de Participación del parque ante el “ataque” de los populares “y de la Junta” motivada “únicamente por intereses electoralistas” en la comarca del Condado

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en un acto en Doñana la semana pasada.

La segunda ley que PP y Vox han registrado en el Parlamento andaluz por vía de urgencia para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, los cuales utilizan ahora de manera ilegal el agua de su acuífero, ha desencadenado una nueva tormenta que, en la práctica, supone regresar a la casilla de salida en la que se estaba en enero del año pasado. La proposición presentada por ambas formaciones es un calco a la de entonces, también en puertas de unas elecciones (entonces autonómicas, hoy municipales), aunque con algunos matices, y uno de ellos es que ahora se ha quitado del texto la referencia a las 1.400 hectáreas que podrían acogerse a esta amnistía. A cambio, introduce un nuevo dato: la aplicación de la legalidad vigente supondría la “desaparición” de 650 explotaciones agrícolas cuya producción supera los 100 millones de euros.

PP y Vox llevan al Parlamento andaluz una segunda ley para legalizar cultivos de regadío en Doñana a tres meses del 28MPP y Vox llevan al Parlamento andaluz una segunda ley para legalizar cultivos de regadío en Doñana a tres meses del 28M

Pues bien, WWF quiere ahora conocer precisamente cuáles son esas 650 explotaciones, y en este sentido ha presentado una solicitud formal en el registro de la Junta de Andalucía. La organización ecologista entiende que si en la exposición de motivos de la ley se habla con tanta precisión de estas 650 fincas es porque “deben ser conocidas por Vox y PP”, así que también insta a que se aporte el listado y cartografía de estas explotaciones.

De paso, ha solicitado al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, la convocatoria urgente del pleno de este organismo para que sea informado de los pormenores de a propuesta. En este foro se sientan administraciones –Junta y ayuntamientos de la comarca–, organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que es la encargada de dar los derechos de agua), sindicatos, entidades ecologistas y la Estación Biológica de Doñana, entidad científica dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Que se presenten los informes técnicos

Ya puestos, WWF solicita en su petición que se facilite copia no sólo de la proposición de ley, sino también de los informes técnicos que la acompañen, la cartografía y toda la documentación justificativa que se haya presentado junto con la propuesta. Asimismo, pide que se aporten diversos informes que deben acompañar este tipo de modificaciones de planes especiales, como el de incidencia territorial o la evaluación de impacto ambiental.

La organización ecologista es consciente de que la mayoría de estos documentos no existen, de ahí que con esta petición lo que persigue es dejar en evidencia el escaso arrope técnico de una proposición de ley “perjudicial para Doñana, el acuífero y los regantes legales de la comarca”. Por ello, insiste en que “es necesario que el Consejo de Participación se reúna cuanto antes y sea informado de todos los detalles” de esta iniciativa legal, aunque este foro tiene carácter consultivo y sus dictámenes no son vinculantes.

La proposición de ley ha vuelto a romper puentes con el Gobierno central (el Ministerio de Transición Ecológica amenaza con llevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional) y que está por ver qué reacción produce en la Comisión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2021 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no proteger el acuífero del expolio que sufre. A juicio de WWF, esta segunda intentona “está motivada únicamente por intereses electoralistas en el Condado de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes”.

Suelos agrícolas regables con aguas superficiales

Otra organización ecologista, SEO/Birdlife, incide por su parte en que la actual sobreexplotación de los recursos hídricos “mantiene los ecosistemas de Doñana al borde del colapso”, por lo que lamenta que el Gobierno andaluz del PP “vuelve a evitar el diálogo, el consenso y el debate obligado sobre cualquier decisión que se tome” en el parque nacional. De paso, critica que obtener el derecho a regar con aguas superficiales en una zona con tan escasos recursos no puede conseguirse con “la amnistía de infractores en un grave agravio comparativo entre agricultores”.

La proposición de ley pretende calificar los terrenos de las 650 fincas que se beneficiarían de la medida como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, una condición que no consiguieron con el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, popularmente conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014 para zanjar la cuestión en teoría de una vez por todas. La Junta de Andalucía sostiene que esto no supone una amnistía, argumentando que siguen para adelante los expedientes sancionadores que estos agricultores tienen abiertos por piratear agua de un acuífero que se encuentra en muy mal estado. La iniciativa aporta una solución “sin tocar un solo litro del acuífero del que bebe Doñana”, insiste en este sentido el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.

Guerra total en Doñana: Moreno acelera el trámite de la ley para ampliar regadíos y el Gobierno le amenaza con los tribunales

Almeida deja Madrid en números rojos en 2022 al cerrar el año con un agujero de 357 millones

Es la primera vez en 12 años que el consistorio cierra sus cuentas en pérdidas. Un agujero fiscal nada desdeñable si nos atenemos a que heredó una situación más que saneada de Carmena, con un superávit de 1.057 millones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid, a 28 de febrero de 2023, en Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid, a 28 de febrero de 2023, en Madrid.  Gustavo Valiente / EUROPA PRESS

Por primera vez en más de una década, las cuentas municipales de la ciudad de Madrid cierran el ejercicio anual en números rojos. La gestión de José Luis Martínez Almeida ha cerrado sus cuentas con un déficit que supera los 350 millones de euros, algo que no se veía desde 2011.

Según un documento cursado por la Concejalía de Hacienda del consistorio capitalino al Ministerio de Hacienda –al que ha tenido acceso El País y ha confirmado Público– el agujero fiscal tras la legislatura de Almeida es de 357.448.737,29 euros.

Una cantidad nada desdeñable si nos atenemos a que el actual regidor heredó una situación más que saneada tras el paso de Manuela Carmena por la alcaldía, cuyas cuentas se saldaron con un superávit de 1.057 millones.

Se trata de una situación anómala que apenas tendrá consecuencias para el Ayuntamiento de Madrid. No en vano tanto la Unión Europea como el Ejecutivo han suavizado los rigores de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Almeida se ha escudado en que «la bajada de ingresos de las administraciones durante la pandemia se tradujo en una menor participación en ingresos del Estado», cifrados en 271 millones de euros. Fue el Ministerio de Hacienda, ha justificado, quien explicó que «los iba a entregar en tres años, 2022, 2023 y 2024» en cuantías de 70, 100 y 100 millones de euros aproximadamente.

Se rompe, en cualquier caso, la senda de reducción de deuda que puso en marcha Manuela Carmena. De hecho, en sus cuatro años al frente de la gestión del consistorio se redujo el pasivo en 3.174 millones de euros, lo que supuso una rebaja del 54%.

Los números rojos cosechados por Almeida contrastan con la tesis defendida por el alcalde, que aboga por una bajada de impuestos como una de las medidas imprescindibles en sus presupuestos para 2023, prorrogados tras no contar con suficientes apoyos.

«¿Dónde está el dinero?»

Más Madrid no ha dudado en acusar al alcalde de dejar la ciudad «en números rojos», una situación que se da «por primera vez en 12 años» por «no saber recaudar». «¿Dónde está el dinero?», se preguntan.

En rueda de prensa, los concejales Pilar Sánchez y Miguel Montejo han alertado de «unos números preocupantes, que suponen que por primera vez en 12 años el Ayuntamiento entra en pérdidas». Madrid es «una ciudad en números rojos, a pesar de que cuando Almeida llegó a la Alcaldía se encontró unas cuentas saneadas, con 1.057 millones de superávit, pero se lo ha fundido, lo ha derrochado y sin hacer ninguna obra de transformación», ha destacado la portavoz adjunta del grupo, Pilar Sánchez.

Eso lleva al principal grupo de la oposición a preguntarse por el destino del dinero público. «¿Dónde está el dinero, Almeida?», ha lanzado la edil, tras cargar contra la «nefasta gestión» de los ‘populares’.

El BCE reconoce internamente que los grandes beneficiarios de la ola inflacionaria son las grandes empresas

Los consumidores y los trabajadores están soportando el elevado precio de las energías o de los alimentos. 

04/03/2023. Christine Lagarde durante una rueda de prensa tras una de las reunidos del BCE, en Fráncfort, a 2 de febrero de 2023.

Christine Lagarde durante una rueda de prensa tras una de las reunidos del BCE, en Fráncfort, a 2 de febrero de 2023.  Kai Pfaffenbach / REUTERS

Desde sus despachos, los responsables del Banco Central Europeo (BCE) han reconocido que las grandes empresas son las que más se están viendo beneficiadas por la escalada inflacionaria que experimenta actualmente la Eurozona. Los trabajadores y los consumidores, por el contrario, son los que están «pagando la factura», según informa Reuters.

En los últimos nueve meses, la explicación macroeconómica dada desde el BCE señalaba que los elevados precios (coste de energías, alimentos, chips informáticos…) estaban afectando a las empresas de los 20 países de la zona euro. Los beneficios empresariales, precisamente, son los que están alimentando la ola inflacionaria. Al contrario de lo que ocurre en EEUU, en Europa la demanda no está saturado la economía.

Madis Müller, jefe del banco central de Estonia, prevé que la subida de tipos de interés del BCE del 16 de marzo no vaya a ser la última. «También es muy posible que los tipos de interés deban mantenerse altos durante bastante tiempo, para que podamos estar seguros de que la inflación volverá y se mantendrá cerca del 2%«, ha aclarado Müller.

En febrero, la inflación general se redujo ligeramente al 8,5%, debido al descenso en el coste de la energía. No obstante, los precios de la mayoría de los demás artículos han vuelto a subir. El incremento de la inflación subyacente al 5,6% invita al BCE a endurecer sus medidas en política monetaria. Los mercados auguran otra subida de 50 puntos básicos para el 4 de mayo.

UP pide soluciones para paliar el precio de los alimentos

En España, Unidas Podemos ha pedido a sus socios de Gobierno que tomen medidas para intervenir el precio de los alimentos. En diciembre, el PSOE sacó adelante una medida para rebajar el IVA de algunos alimentos. No obstante, dicha iniciativa parece que no ha surtido gran efecto, según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

El ministro de Agricultura, Luis Planas aseguró que la escalada de inflación ya ha alcanzado su techo, por lo que debería empezar a notarse en el resto de la industria alimentaria. UP, sin embargo, ha puesto sobre la mesa tres medidas para ayudar al consumo de las familias.

Por un lado, limitar los precios para devolverlos a niveles de febrero de 2022, previo a la guerra en Ucrania. También fijar el precio de algunos productos básicos a través de la Ley de Comercio Minorista. Y, por otro lado, otorgar una bonificación del 14% de la cesta de la compra de las familias.