El juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, lleva dos años y medio investigando a Podemos y a varios de sus miembros, en una causa que arrancó con los «rumores» del abogado despedido del partido, José Manuel Calvente, como él mismo llegó a decir al juez. El llamado caso Neurona aglutinó ocho líneas de investigación, de las que solo una permanece viva y que mantiene imputado al partido a las puertas de la próxima convocatoria electoral de mayo.
Desde que el juez Escalonilla abrió la causa, en julio de 2020, han sido numerosísimas las diligencias que ha practicado bajo la petición de las acusaciones: José Manuel Calvente, la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, la abogada destituida Mónica Carmona, Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege.
La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de todas las líneas de investigación y advirtió al juez de que «este procedimiento no podía convertirse en una constante auditoría de las cuentas de Podemos». Sin embargo, la causa Neurona se ha convertido exactamente en eso y no sólo sobre la contabilidad del partido, también en relación a asuntos insignificantes que acabaron imputando a una miembro del partido y a una extrabajadora por haber cogido en brazos en algún momento a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias.
El partido pidió este jueves el archivo de la última pieza que queda viva del conglomerado Neurona: el contrato de Podemos con la consultora mexicana Neurona para labores de marketing electoral en la campaña de las elecciones de abril de 2019. El juez cree que el contrato, de 363.000 euros, fue simulado, pero en el auto de cierre de la instrucción, en julio de 2022, declaró probados los trabajos del personal de Neurona. Sin embargo, ordenó una última diligencia: un informe pericial sobre el precio pagado por Podemos; quiere saber si se ajustó al precio de mercado o por el contrario se sobredimensionó el importe.
Pero ya son 11 las empresas y entidades que le dicen que no al juez, rechazando su ofrecimiento de encargarse de dicha pericial, bien porque no tienen los conocimientos necesarios, bien por la dificultad de concluir si el precio fue caro o barato. Al fin y al cabo, existe libertad de mercado y el marketing político y electoral se rige por condicionantes que no se pueden medir, como la confianza del partido en la consultora y las perspectivas de esta de volver a trabajar para la misma formación política.
Una a una, el juez Escalonilla ha ido tumbando todas las líneas de investigación que abrió hace dos años y medio, manteniendo en estos momentos por el contrato de Neurona la imputación por presunto delito electoral a Podemos, a su responsable de finanzas, Daniel de Frutos; a su director de Comunicación, Juan Manuel del Olmo; y al cofundador del partido Juan Carlos Monedero.
Siete investigaciones archivadas
Una de las primeras investigaciones que recibió el carpetazo, el 26 de octubre de 2020, fue la relativa al contrato con la consultora portuguesa ABD Europa LDA. Calvente había señalado que los contratos con esta empresa para la campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019 fueron simulados y que hubo desvío de fondos hacia una especie de red política de corrupción internacional. Pese a no aportar pruebas al respecto, el juez Escalonilla abrió una investigación, pero al no detectar irregularidad alguna en unos contratos fiscalizados además por el Tribunal de Cuentas tuvo que decretar el archivo.
Sobre la ‘caja de solidaridad’ de Podemos y los 30.000 euros que el partido transfirió a la entidad #404 Comunicación Popular, el juez decretó su archivo dos veces: primero en julio de 2021 y, tras el recurso de Vox y de Cánovas, volvió a cerrarlo en enero de 2022, decretando que «no consta distracción de los fondos» y «no existe norma que prohíba las donaciones a la entidad 404».
Respecto a la investigación abierta por las donaciones de los cargos del partido al denominado Proyecto Impulsa, Escalonilla la archivó en octubre de 2021, después de decretar que había quedado acreditado el destino de dichas donaciones a fines sociales.
En relación al cobro de complementos salariales y el abono de gastos de
desplazamiento de la gerente y del tesorero de la formación morada, tras la
denuncia de Calvente y Mónica Carmona, el juez destacó que la gerente
tenía facultades para incluir dichos complementos en las nóminas
de los trabajadores y que los órganos del partido aprobaron esas
cantidades, por lo que descartó cualquier delito.
Además de estas cuestiones, José Manuel Calvente había denunciado que las obras de la nueva sede de Podemos habían sufrido sobrecostes injustificados. Pero el juez no encontró irregularidades y archivó la investigación por presunta apropiación indebida. En la misma fecha, enero de 2021, el juez también sobreseyó la investigación relativa al presunto clonado del ordenador de una de las abogadas del partido, porque ni la presunta perjudicada ni los responsables del partido habían denunciado tal delito.
Una empleada despedida infló el ‘caso Niñera’
La última línea de investigación cerrada ha sido el llamado caso Niñera, un caso que nunca existió más allá de la presunta mala fe de los denunciantes, avivada por el testimonio de una empleada despedida.
Así, al juez Escalonilla no le quedó más remedio que afirmar en su auto de archivo, en julio de 2022, que «no sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana [asesora del Ministerio de Igualdad y extrabajadora de Prensa, respectivamente, que llegaron a estar imputadas] se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público».
Ahora el juez Juan José Escalonilla tiene pendiente justificar cómo cierra el caso Neurona, tras el previsible archivo de la última investigación, sobre el contrato con la consultora mexicana, tal cual lo apoya la Fiscalía. La cuestión es cuándo lo hará y si mantendrá imputado al partido de cara a la campaña electoral de las autonómicas, en mayo, algo difícil de sostener, aseguran fuentes jurídicas.
