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Categoría: Partidos políticos
El BNG de Ana Pontón celebra sus 40 años en el mejor momento de su historia
La formación nacionalista celebra el aniversario de su asamblea fundacional con el objetivo de asaltar la Xunta de Galicia ampliando su electorado y atrayendo al votante galleguista que apoyaba a Feijóo.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) celebra este domingo y mañana lunes el 40 aniversario de su asamblea fundacional, celebrada el 25 y el 26 de septiembre de 1982 en el antiguo frontón de Riazor, en A Coruña.
Lo hace en su mejor momento en estas cuatro décadas, tras haber obtenido en 2020 su mejor resultado en unas autonómicas -más de 311.000 votos, el récord de la formación- para convertirse en la segunda fuerza política del país, con escaño en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados, casi una treintena de alcaldías y, sobre todo, el liderazgo de Ana Pontón, su portavoz nacional desde 2016, que cuenta con índices de conocimiento y valoración ciudadana que nunca antes en había logrado un político nacionalista.
«Somos la formación política que más se parece a Galicia«, comentaba Pontón el pasado jueves a Público en una conversación celebrada a pocos metros del frontón donde se fundó, cuando ella tenía 5 años, la organización que ahora dirige.
«El proyecto del BNG que hoy puede disputarle al PP la hegemonía en Galicia no es individual, sino colectivo, y engarza con el trabajo de estos 40 años en los que nos hemos ido transformando al ritmo en que lo ha hecho este país», añadía.
El BNG surgió de la unión de una constelación de partidos y organizaciones civiles que tenían en común la lucha antifranquista y la defensa de la identidad y la soberanía de Galicia, pero de muy diversa base ideológica y con un espectro de actividad que iba desde la defensa de los derechos civiles y lingüísticos al feminismo y el ecologismo.
En sus dos grandes polos se situaban los comunistas patrióticos de la Unión do Povo Galego (UPG), fundada entre otros por Xosé Luís Méndez Ferrín y Bautista Álvarez, y los nacionalistas del Partido Socialista Galego (PSG) de Xosé Manuel Beiras, que habían derivado hacia posiciones marxistas desde la socialdemocracia de corte europeo. Todavía sigue siendo una organización con partidos en su seno, pero la mayoría de los militantes lo son a título individual.
Ambas formaciones, que habían pedido el no a la Constitución del 78 al considerar que el modelo autonómico no resolvía las necesidades de Galicia, habían concurrido también en coalición a las primeras elecciones al Parlamento de la comunidad, donde obtuvieron tres diputados que fueron expulsados de la Cámara por negarse a jurar la Carta Magna.
En 1985 se quedaron con uno, Xosé Manuel Beiras, el economista y catedrático de la Universidad de Santiago quien ejercía de portavoz nacional de la formación desde sus inicios y quien se mantendría en ese cargo hasta principios del nuevo siglo.
Beiras fue ampliando el espectro electoral de apoyos al Bloque, que se convirtió en la segunda fuerza de Galicia hasta conseguir 18 diputados en 1997, adelantando al PSOE, y obteniendo en esos años alcaldías de ciudades como Vigo, Ferrol y Pontevedra, y gobernando en otras como A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense en coalición con los socialistas. También llegando al Congreso con más de 300.000 votos que le dieron dos escaños, en una lista que encabezaba Francisco Rodríguez, secretario xeral de la UPG.
Además, Camilo Nogueira obtuvo un escaño en el Europarlamento con una candidatura únicamente galega y casi 350.000 votos,el top de apoyo electoral que ha tenido hasta ahora el partido.
Las discrepancias entre Beiras y Rodríguez acabaron con la salida de la portavocía nacional y, en 2005, con su dimisión como presidente del Consello Nacional del Bloque. Ese año, con Anxo Quintana al frente, el BNG obtuvo sus peores resultados en lustros, quedándose con trece diputados aunque, paradójicamente, con capacidad para gobernar sumándolos a los 25 del socialista Emilio Pérez Touriño -el Parlamento gallego tiene 75 asientos-, situar a Quintana en la vicepresidencia de la Xunta y hacerse con las consellerías de Industria, Agricultura, Cultura y Vivenda.
Aquel Ejecutivo de coalición acabó con la era Fraga y puso en marcha proyectos ambiciosos, pero en 2009 el bipartito de Touriño se vino abajo cuando el Bloque perdió un diputado y Feijóo logró su primera mayoría absoluta.
Batalla interna
A partir de entonces, dimitido Quintana, la formación se vio inmersa en una cruenta batalla interna que culminó en 2012 en la asamblea de Amio (Santiago), donde el Bloque se dividió en dos entre los partidarios de la UPG, que apoyaban la candidatura de Guillerme Vázquez como portavoz nacional y Francisco Jorquera como cabeza de cartel a las autonómicas, y los que defendían al tándem formado por Beiras y el entonces portavoz parlamentario, Carlos Aymerich.
La mayoría de estos últimos acabaron por abandonar la formación y acabarían configurando dos partidos nacionalistas fuera del BNG.
«Fue la situación más dolorosa que he vivido en toda mi vida», narra Encarna Otero, una histórica de la organización, en el documental que el Bloque ha realizado para conmemorar sus 40 años, y en el que hablan algunos de quienes se fueron. «Pero creo que valió la pena«, añade Otero. «Si Galicia está hoy donde está es gracias a aquella asamblea».
El BNG está hoy donde está, pero en 2012 Feijóo logró renovar su mayoría absoluta a pesar de que que sus políticas de recortes habían despertado un enorme descontento y de que la emergencia social de los movimientos ciudadanos estaba empezando a espumar. Aquella escisión quizá le ayudó.
La izquierda nacionalista se presentó dividida a las autonómicas de aquel año: Anova, el partido de Beiras, se alió con Yolanda Díaz en Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), que obtuvo 9 escaños, frente a los 7 del BNG. Cuatro años después, con Pontón como líder y cabeza de cartel elegida pocos meses antes, cayó hasta 6 diputados, mientras la sucesora de AGE, En Marea, aumentaba su liderazgo.
Desde entonces y en apenas un lustro, el Bloque ha recuperado e incluso superado el empuje que tenía en los tiempos de Beiras, y ha devuelto al Parlamento Gallego su tradicional configuración en tres único grupos: conservador, nacionalista y socialista.
«El cambio en el BNG tenía que venir desde dentro, tenía que protagonizarlo Ana Pontón», afirma Aymerich, hoy secretario xeral de la Universidade de A Coruña, en referencia a los vínculos de la nueva portavoz nacional con la UPG.
«Estoy muy contento y muy esperanzado, ya no soy militante del Bloque pero sigo siendo votante y ‘apoyante’. Ana es una óptima candidata, tiene todo para ser la primera mujer presidenta de Galicia y yo me alegro de que lo que algunos defendíamos hace años se ahora lo que ella propone, concluye el exportavoz parlamentario del Bloque.
Órdago
La transversalidad de Pontón hace aún desconfiar a alguna parte de la militancia, pero el órdago que lanzó hace un año advirtiendo de que no seguiría al frente del proyecto si el BNG no cerraba filas en torno a la forma que ella planteaba para arrebatarle el poder a Feijóo -un discurso centrado en el cambio y en la defensa nacional de Galicia, pero alejado de cualquier tesis independentista que pudiera complicar la ampliación del electorado del Bloque-, surtió efecto. Ella lo llamó «período de reflexión».
«Lo que Ana no quería es que hubiera parte del partido que se conformara con obtener un buen resultado en las próximas elecciones para seguir ejerciendo de eterna oposición», explica una fuente próxima a Pontón. «Ella está convencida de que el BNG puede presidir la Xunta, y ha logrado convencernos a todos de que no es una boutade», añade.
Aquel período de reflexión concluyó en una asamblea en la que Pontón obtuvo el 99,5% de los votos. Y si entonces el Bloque parecía confiado en poder pelear por la Xunta, la marcha de Feijóo ha reforzado ese argumento. Alfonso Rueda no goza del carisma ni del punch electoral de aquél, y su inacción ante la crisis y sus primeras medidas desconciertan y enfadan a la ciudadanía. Además, el líder del PSdeG y presumible candidato, Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente del la Diputación de A Coruña, no está en el Parlamento de Galicia y tiene índices de conocimiento y valoración mucho más bajos que los de Pontón.
«El BNG ha recuperado la autoestima del pueblo gallego, por eso cada vez hay mas gente que se identifica con nosotros. La utilidad del Bloque está en defender el orgullo de la Matria, de as gallegas y gallegos. Lo mejor está por venir porque tenemos ganas, capacidad de trabajo, responsabilidad y lucha«, concluye la eurodiputada Ana Miranda.
ALBA rechaza bloqueo de EEUU contra Cuba, Venezuela y Nicaragua
El Consejo Político del ALBA-TCP rechazó el bloqueo y las sanciones de EE.UU. contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Llamó al multilateralismo y a la integración regional.
Vigésimo segundo Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.
Cita que se llevó a cabo sin la presencia del secretario general del ente, Sacha Llorenti, a quien le fue denegado el visado por EE.UU.
Hecho condenado por los cancilleres de los países miembros, que además reprueban las sanciones de EE.UU. contra naciones soberanas.
El bloque ratificó su compromiso con la promoción de un orden internacional justo, democrático y equitativo, basado en la defensa del multilateralismo y principios de la Carta de ONU.
Además, hubo llamadas a fortalecer el ALBA-TCP como plataforma de integración regional.
En su declaración final, el organismo condenó el secuestro e intento de robo por parte de EE.UU., del avión venezolano de carga de la empresa Emtrasur. Lo cual afirma denuncia que constituye un nuevo acto de saqueo y apropiación ilegítima de los bienes nacionales venezolanos en el exterior. Además, rechazaron la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores de terrorismo por parte de Washington.
Gobierno colombiano adelanta diálogos de paz con disidencia de FARC
El gobierno colombiano adelanta conversaciones con los disidentes de la guerrilla de FARC que no se acogieron al pasado proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Después de la firma de paz con la guerrilla de las FARC algunos de sus miembros desistieron del acuerdo por distintas razones, entre uno de ellos está Iván Márquez quien comanda la denominada Segunda Marquetalia. El gobierno de Gustavo Petro ya comenzó diálogos para una segunda oportunidad.
Según el acuerdo pactado con la extinta guerrilla de las FARC, señalaba que aquel que incumpliera o no se acogiera a lo firmado debía enfrentar en el futuro a la justicia ordinaria, donde se habilitarían los delitos conexos a la rebelión, este es el gran dilema de cómo se va a tratar a esta disidencia.
Los que conocen de cerca el proceso de la Habana creen que en este debe haber unos requerimientos esenciales para que no se haga muy extenso y de confianza.
El gobierno nacional ha señalado que tanto la guerrilla como los paramilitares y la delincuencia organizada tendrán un trato diferente cada uno, acorde a los delitos que hayan cometido.
Álvaro Altamiranda, Bogotá.
Irán y Brasil planean lazos de empresas basadas en el conocimiento
Autoridades de Irán y Brasil evalúan formas de desarrollar la cooperación en el campo de la agricultura y entre empresas basadas en el conocimiento.
Conforme publicó el lunes la agencia de noticias iraní Fars, el embajador iraní en Brasil, Hosein Gharibi, y el titular del Centro de Investigación Agropecuaria de Brasil (Embrapa), Celso Luis Moretti, coincidieron en la necesidad de ampliar la cooperación entre ambos países a las empresas basadas en el conocimiento y el uso de tecnologías modernas en el campo de la agricultura.
Otro eje de la conversación, estuvo centrado en revisar el estado de las relaciones entre los dos países en el campo de la investigación agrícola en los últimos años y, en específico, de los proyectos que desarrollan en conjunto en sectores, como la soja y la pesca.
Gharibi, que también confirma en un tuit el encuentro con Moretti, destacó la agricultura como la piedra angular de las relaciones entre los dos países y enfatizó la disposición de Irán a utilizar las amplias capacidades de investigación de Brasil en varios campos de la agricultura, así como la necesidad de diseñar mecanismos de implementación para acuerdos posteriores.
Moretti, a la vez, afirmó que ampliar la cooperación y el intercambio de experiencias con Irán es una de las prioridades de Embrapa, uno de los centros de investigación agrícola más exitosos que tiene sucursales activas en los diversos campos relacionados en todo Brasil.
Las relaciones entre Teherán y Brasilia se remontan a 120 años y, con el fin de aprovechar las capacidades existentes entre ambos países, hace veinte años se estableció la Cámara de Comercio Irán-Brasil con el propósito de apoyar el intercambio de productos.
Irán es uno de los principales compradores de productos agrícolas y pecuarios brasileños y exportador de fertilizantes de urea al país suramericano.
PABLO IGLESIAS carga contra FELIPE GONZÁLEZ y el SILENCIO de MÁS PAÍS sobre los AUDIOS de FERRERAS
Unas 1.500 personas se manifiestan en Madrid para pedir otro modelo de residencias
Los manifestantes han pedido elevar el ratio de personal por usuario y un incremento de las inspecciones.
Los convocantes, además, han reclamado elevar el ratio de personal cuidador para garantizar que los mayores reciben una atención correcta. Para garantizar que las incidencias no se conviertan en norma, los ciudadanos que se han concentrado en el centro de la capital han exigido también más inspecciones y controles regulares.
La manifestación ocurre tan solo dos días después de que un usuario de una residencia de San Sebastián de los Reyes acudiera al Pleno del Ayuntamiento de dicha localidad para denunciar, con un emotivo discurso, las malas condiciones de vida, con temperaturas de hasta 40ºC y «comida deleznable».
El relato de este anciano, Mariano Turégano, los 140 pacientes de la residencia vivieron la ola de calor de este verano, una de las más largas e intensas, sin aire acondicionado, lo que derivó en ingresos hospitalarios por deshidratación. Unas condiciones, según puso de manifiesto este residente, que provocan además que nadie quiera trabajar en el mismo, que achacó a los «sueldos miserables» que se pagan.
A la manifestación ha acudido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que ha criticado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por «abandonar» a los mayores y «dejar las residencias en manos de negocio y de fondos buitre».
Las privatizaciones son parte de la culpa, según los manifestantes. Tanto es así que al menos hubo un 15% más de fallecidos en las residencias privadas durante la pandemia.
Las peticiones de los manifestantes, no en vano, están siendo escuchadas por el Gobierno. El Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra ya ha aprobado un primer plan para la transformación total del sector. Algunas de las medidas que ya han trascendido son el fomento de la teleasistencia, el incremento del ratio de personal –con un mínimo de 80% de contratos indefinidos– y un límite de 120 plazas por residencia para acabar con la masificación de los centros.
Dos empresas españolas se niegan a pedir perdón y a esclarecer su colaboración con el nazismo
Documentos desclasificados han probado los vínculos con el Tercer Reich de los bancos de Bilbao y Vizcaya (hoy BBVA) y de Minersa. Varias organizaciones judías y de víctimas del nazismo han solicitado sin éxito al banco que pida perdón y aclare sus crímenes.
Hace ahora justamente veinte años, el director general del emporio de comunicación alemán Berterlsmann, Günter Thielen, comparecía en Múnich para pedir perdón por el pasado nazi de la empresa y dar a conocer los resultados de la investigación llevada a cabo por una comisión independiente para esclarecer los vínculos de esa compañía con el Tercer Reich. El gigante internacional germano del periodismo pasaba, de ese modo, a engrosar la lista de empresas del país que no solo reconocían las mentiras diseminadas por la propia corporación durante décadas para ocultar su pasado criminal, sino que abrían al público los archivos completos de la compañía.
La versión «oficial» precedente era que Bertelsmann había sido clausurada por los nazis debido a sus tendencias antigubernamentales. Esta fantasía diseminada por los propios responsables de la empresa fue literalmente pulverizada por un informe de 794 páginas elaborado por una comisión independiente. El concienzudo trabajo de los investigadores, encabezados por el historiador de la Universidad de California Saul Friedlander, acreditó de forma irrefutable que, al contrario de como venían sosteniendo, el imperio comunicacional aceptó varios contratos de impresión otorgados por el gobierno nazi y, en tan solo unos años, creció hasta convertirse en el mayor productor de libros para el ejército alemán durante la guerra, publicando unos 19 millones de ediciones. La mayoría de las publicaciones eran folletos y panfletos destinados a fortalecer la moral y el coraje de los soldados en el frente, pero muchas de las obras también contenían textos extremadamente agresivos sobre extranjeros y judíos.
Las revelaciones provocaron un escándalo sin precedentes que, en última instancia, llevaron a Günter Thielen a decir que Bertelsmann AG aceptaba sin reservas el informe de la comisión histórica independiente como el registro oficial de la historia de la compañía durante el Tercer Reich, al tiempo que expresaba su «sincero pesar por las inexactitudes» que los expertos habían descubierto en su historia corporativa anterior. Para llevar a cabo su investigación, los cuatro académicos comisionados tuvieron pleno acceso a los archivos de la empresa Bertelsmann, así como contacto con testigos históricos como Reinhard Mohn, hijo de Heinrich Mohn, director de la empresa durante el Tercer Reich. En opinión de Thielen, «la experiencia les había reforzado porque la precisión histórica y la transparencia son una parte integral de los valores fundamentales de Berterlsmann, que espera servir de ejemplo a otras empresas».
Fue justamente a Berterlsmann a quien se refirió hace unas semanas como ejemplo digno de imitarse la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, Concha Díaz Berzosa, después de que El Nacional de Catalunya publicara una serie de cuatro reportajes de investigación acerca de la participación en los negocios nazis de la compañía vasca Minersa y de los bancos de Bilbao y de Vizcaya. En opinión de Díaz Berzosa, «lo mínimo que podrían hacer los responsables del BBVA si se demuestran sus vínculos con el Tercer Reich sería pedir perdón por colaborar con los nazis».
Los vínculos a los que se refería la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen quedaron, de hecho, absolutamente acreditados este verano mediante testigos y documentos completamente irrefutables divulgados por la prensa. Y esta misma semana se ha sumado a la petición de transparencia y de perdón la sección catalana de la Liga contra el racismo y el antisemitismo, más conocida por sus siglas, Licra. Al decir de su presidente, Isaac Levy, el BBVA no solo debe pedir disculpas por sus negocios sucios con Hitler, sino que debería abrir los archivos, investigar su pasado y dar a conocer los resultados. «Si he de ser sincero, no me sorprendió que esos financieros de los bancos de Bilbao y Vizcaya se subieran al carro del dinero nazi. Lo que me dejó perplejo es que hayan tenido que pasar ochenta años para que sus actividades turbias hayan sido divulgadas», apunta Levy. Antes que él y que Díaz Berzosa, historiadores como Xabier Irujo y políticos como el exsenador del PNV Iñaki Anasagasti o el diputado de Bildu Jon Iñarritu se habían adherido ya a la petición de perdón y transparencia.
Hasta la fecha, tanto los responsables actuales de este banco como los directivos de la empresa Minersa no solo se han negado a realizar declaraciones al respecto, sino que, en el caso del BBVA, se han encastillado en su supuesta ignorancia acerca de unos episodios minuciosamente expuestos por la prensa catalana. «No sabemos nada porque sucedió hace mucho tiempo», han asegurado a Público a través de su departamento de comunicación.
Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial nunca tuvieron dudas de las simpatías nazis de los principales accionistas de los bancos de Vizcaya y de Bilbao de manera que, en ausencia de documentos españoles que acrediten ese vínculo (escasos, destruidos, perdidos o deliberadamente ocultos debido a la manifiesta mala fe de las compañías implicadas), la única prueba documental con la que se cuenta son los papeles desclasificados hace algunos años por los norteamericanos. Estos corroboran inequívocamente la implicación de ambas entidades y de sus directivos en negocios que igualmente envolvían a empresas como la citada Minersa (fundada, entre otros, por Friedrich Lipperheide Henke, un nazi afincado en Euskadi y directamente vinculado al Banco de Vizcaya) o a IG Farben y Sofindus, un conglomerado de empresas que operó desde 1938 a 1945 y que fue puesto a andar por el empresario nazi Johannes Bernhardt. Claro que, a falta de una investigación académica más seria, la información disponible acerca de los vínculos de esas entidades bancarias con los chiringuitos hitlerianos es escasa, fragmentaria o nula y se restringe a las propias revelaciones llevadas a cabo por la prensa.
Estas investigaciones periodísticas prueban, entre otras cosas, la cercanía con el Tercer Reich de varios miembros del clan de Neguri, denominación coloquial con la que acostumbra a designarse a la oligarquía de industriales y financieros que alumbraron con el tiempo el BBV, resultado de la fusión del Bilbao y el Vizcaya en 1988. Los de Neguri debían su sobrenombre al hecho de que se concentraban en la margen derecha del barrio homónimo de la ciudad de Getxo. Parte del dinero con el que varios de ellos consolidaron o fundaron sus fortunas procedía de sus negocios con la Alemania nazi y, paralelamente, con las oportunidades que les brindaron sus amistades con el régimen franquista, que es la parte más conocida de la siniestra historia de colaboración con dictaduras sanguinarias de buena parte de la burguesía vizcaína. «El Banco de Vizcaya está vigilando la cuenta de crédito de los alemanes ya que los directivos de la entidad temen que se embarguen activos alemanes», se lee en uno de los documentos secretos de los aliados dados a conocer por El Nacional. El informe fue desclasificado en 1987 y originalmente datado a finales de 1945.
Documento desclasificado número 01
«Sin embargo, las cuentas estarán camufladas y los directores y responsables del banco sin duda ayudarán en este trabajo ya que todos son germanófilos y totalitarios». En otro de los papeles desclasificados por los estadounidenses en ese mismo año puede leerse: «Guillermo Ibáñez, director del Banco de Vizcaya, está ayudando a camuflar el capital alemán en España. Este capital se suele poner a nombre de cierta Mdme. Bergarche y enviado a su familia en Buenos Aires».
Documento desclasificado número 03
Una excepción entre los de Neguri fue la familia de Ramón de la Sota, cercana al PNV, y forzada a exiliarse. Ramón de la Sota y Llano falleció en Getxo el 17 de agosto de 1936, poco después del comienzo de la Guerra Civil española. Tres años después, el Tribunal de Responsabilidades Políticas condenaba a sus descendientes al abono de una sanción de cien millones de pesetas «por conspiración para la rebelión militar», de tal suerte que sus entonces cuantiosos bienes fueron embargados y, entre ellos, cuarenta buques de sus compañías que habían sido usados para evacuar Bilbao. Detrás de la operación, un auténtico atraco político, se hallaban los herederos de su primo y antiguo socio Eduardo Aznar y de la Sota, quienes terminaron apropiándose de todos sus activos con la ayuda de sus amigos franquistas. La Compañía Naviera Sota y Aznar pasó a llamarse tras la Guerra Civil Naviera Aznar y acabó convertida en la mayor flota mercante de España. La dirigía José Luis de Aznar y Zavala, nieto del fundador y una de las personalidades más ricas de la época.
La germanofilia e inclinaciones totalitarias de los Aznar está fuera de dudas, del mismo modo que existen pruebas irrefutables del modo en que se usó su naviera para llevar a América Latina a los nazis perseguidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El propio José Luis de Aznar ayudó incluso a ocultarse en su finca manchega de Cabañeros al nazi Friedrich Lipperheide Henke, quien asentó e incrementó su fortuna mediante la venta a Hitler de fluorita o wolframio a través de sociedades como Somimet o la todavía viva Minersa, y mediante la comercialización y explotación en España de las patentes de IG Farben, el conglomerado nazi de compañías químicas que producía el Zyklon B. Al frente de la junta de accionistas de Minersa siguen hoy aún descendientes de esos criminales como Alejandro Aznar, presidente de Marqués de Riscal, entre otros muchos cargos corporativos.
Los Lipperheide y sus amigos de Neguri (el resto de accionistas de Minersa, la empresa que explotaba, entre otros yacimientos, las minas catalanas de Osor) contribuyeron a sostener el esfuerzo bélico del Führer de un modo determinante proveyendo al Tercer Reich de fluorita y de tungsteno. Ambos minerales eran indispensables para los planes militares de Hitler. El wolframio era utilizado para endurecer el acero y reforzar el blindaje de los tanques y aumentar la capacidad de penetración de sus proyectiles. Y lo mismo sucedía con la fluorita, usada, entre otras cosas, para la fabricación del aluminio y en ciertos procesos necesarios para blindar sus vehículos militares.
El grueso del espato de flúor español exportado a la Alemania nazi procedía de la cornisa cantábrica y fue comercializado a través de Sofindus. Sin embargo, se extrajeron y vendieron de forma clandestina varios miles más de toneladas de otras minas catalanas como El Papiol (Baix Llobregat) u Osor (la Selva). Lo de El Papiol pertenecía a Sofindus pero los fluoruros de Osor —en parte extraídos por los rojos durante la época de la Guerra Civil en la que la mina estaba colectivizada— fueron vendidos por Lipperheide y sus amigos banqueros. Otros informes de los aliados sugieren incluso que Pérez de Leza llegó a trabajar también para Somimet, sociedad predecesora de Minersa fundada por los directivos del Banco de Vizcaya.
El conglomerado nazi Sofindus llegó a acaparar cerca del 80% de los intercambios comerciales hispanoalemanes. Fue en el 20% restante donde los Lipperheide consolidaron sus activos. También Friedrich, como accionista, ocupó cargos de la máxima responsabilidad en el Banco de Vizcaya. Del mismo modo que sus secuaces de Getxo, murió como un empresario respetable. Su familia de origen alemán acabó convirtiéndose en un notorio ejemplo del modo en que cierta burguesía vizcaína se lucró haciendo negocios con el Führer y trapicheando a la sombra del caudillo. No obstante, la Historia les había absuelto hasta la fecha por desidia, desconocimiento, oscurantismo en la gestión de los archivos, o por la pura mala fe de los herederos de los delincuentes.
Al menos veinte documentos desclasificados dados a conocer este verano proporcionan pruebas e indicios adicionales de la colaboración con el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial de los responsables del Banco de Vizcaya y de Bilbao. Hasta el día de hoy, ninguna empresa o banco ha aclarado públicamente, investigado o, menos aún, pedido perdón en el Estado español por su contribución a mantener en el poder al Führer.
Esta misma semana se presentó en Madrid un libro del periodista David de Jong que ahonda en esa idea. En la obra se denuncia la impunidad con la que actuaron las dinastías industriales más ricas de Alemania (Dinero y poder en el Tercer Reich). Según este investigador, las empresas más beneficiadas por las expropiaciones y los trabajadores forzados pagaron compensaciones económicas, «pero nunca asumieron una responsabilidad moral ni tuvieron que reconocer sus malas prácticas». Es justamente a ese ejemplo al que se aferran ahora Minersa y el BBVA.
Las corporaciones mencionadas por De Jong se apropiaron de negocios propiedad de judíos, utilizaron mano de obra esclava y fabricaron armas para el ejército de Hitler. En el caso de la oligarquía de Neguri, robaron compañías propiedad de sociedades leales a la República, traficaron con productos producidos por mano de obra esclava judía y proporcionaron minerales imprescindibles para la fabricación de armas y el esfuerzo bélico de Hitler.
Varios de los casos paradigmáticos citados por el escritor son los de la BMW, que se proveía de esclavos del campo de concentración de Dachau; la Daimler-Benz, que los obtenía de Buchemwald, y Dr. Oetker, Quandt y Volkswagen, que usaron los de Neuengamme.
En 1999, el gobierno y la industria alemanes se comprometieron en un acuerdo a destinar a partes iguales un total de 5.000 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores forzados, en su mayoría procedentes del este de Europa. Ochenta empresas pagaron el 60% de esos 2.500 millones de dólares que les correspondían, según De Jong.
A su juicio, el problema es que «no tuvieron que asumir ninguna culpa, ninguna responsabilidad moral por lo que habían hecho ni tuvieron que reconocer malas prácticas». Y de esto es de lo que trata su libro, de las empresas que no han respondido todavía de su pasado.
En el caso del BBVA o Minersa, no solo no han mostrado la más mínima determinación de profundizar en las revelaciones llevadas a cabo por la prensa sino que le han vuelto la espalda a los descubrimientos realizados. En opinión de la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, lo que procedería es «seguir el ejemplo de Berterlsmann y contratar a una serie de investigadores para conocer en profundidad el lado oscuro de la historia de la empresa que han heredado, incluso si ello diera lugar a responsabilidades. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no han prescrito. Es obvio que los directivos actuales no tienen una responsabilidad directa, pero sí un compromiso moral con las víctimas y la historia. Que abran los archivos a investigadores externos es, sin duda, importante, pero ellos mismos tendrían que indagar en su pasado y pagar de su bolsillo la investigación».
Al igual que la asociación barcelonesa Amical de Mauthausen, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) también cree que el banco debe emitir una disculpa pública y aclarar su pasado. «Creemos que honraría al BBVA que pidiera perdón si tal y como indica la investigación llevada a cabo por El Nacional de Catalunya, accionistas de las entidades que se fusionaron para originar el banco actual efectuaron negocios con los nazis», indicó un portavoz de la Federación.
«De hecho, es que no sería la primera», prosigue. «BMW, Hugo Boss y otras 6.000 empresas alemanas lo han hecho. El propio gobierno de Alemania pidió perdón en 2000 y estableció un fondo de ayuda para las víctimas del nazismo. Está claro que los actuales directivos, y los anteriores, no tienen responsabilidad, pero si una empresa tiene un pasado oscuro, lo mejor es indagar en él. No hay que olvidar que las personas y empresas que colaboraron con el Tercer Reich contribuyeron a que su maquinaria de crimen y guerra se perpetuara».
Se da la circunstancia de que estas declaraciones de la FCJE han sido atribuidas por su gabinete de comunicación al número 2 de la Federación, Maxo Benalal, un diputado balear investigado por corrupción que, desde hace algunos meses, figura como afiliado de Vox, el partido político heredero de la ideología fascista que hizo posible la colaboración del BBVA y Minersa con los nazis y que convirtió la Península en un refugio privilegiado para los huidos del Tercer Reich tras la derrota de Hitler. Benalal fue incorporado al cargo por el presidente de la FCJE, Isaac Benzaquen, a sabiendas de su posicionamiento político y de las sospechas de corrupción que pesaban sobre él, lo que socaba gravemente la autoridad de la Federación para emitir juicios sobre conductas empresariales. Hasta la fecha, Benzaquen no ha querido realizar declaraciones sobre la participación de las empresas nazis en el exterminio de su pueblo.
La pandemia deja a barrios pobres de Andalucía con tasas de tuberculosis como las de África
Un informe epidemiológico de la Junta advierte del incremento de la enfermedad infecciosa en zonas desfavorecidas, lo que expertos atribuyen a una mayor desigualdad socioeconómica y al deterioro de la atención primaria.
La desigualdad también puede dañar seriamente la salud. Un informe de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía refleja que casi el 21% de los casos de tuberculosis registrados en esta comunidad entre 2019 y 2021 se dieron en zonas desfavorecidas por su situación de pobreza y exclusión social. Y 27 de esos núcleos de población ya superan o se aproximan a las tasas de tuberculosis de países de África como Burundi, Ruanda o Senegal, con Índices de Desarrollo Humano y esperanza de vida bastante inferiores a los de España.
El informe publicado el pasado 24 de junio en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, de la Consejería de Salud, analiza la incidencia de la tuberculosis en 99 zonas desfavorecidas que «comparten niveles similares de paro, alfabetización, pobreza económica y material (viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente)». Y en esas zonas –la mayoría barrios de municipios de más de 50.000 habitantes- viven un total de 1.141.116 personas, el 17% de la población andaluza.
El estudio revela que de los 1.993 casos de tuberculosis declarados en Andalucía entre 2019 y 2021, el 20,8% -416- se registraron en las zonas desfavorecidas, sobre todo de las provincias de Almería, Sevilla y Cádiz, que aglutinan entre el 30 y el 15% de las incidencias notificadas en los núcleos de población más pobres. La Mojonera-Roquetas (Almería), con 37 casos; Tres Barrios-Amate (Sevilla), con 29; El Ejido Centro (Almería), con 27; Zona Sur de Algeciras (Cádiz); con 21, y La Plata-Padre Pío-Palmete y Polígono Sur (Sevilla) con 20 cada una, son las zonas con una mayor incidencia.
Esas zonas coinciden, además, con lo que reflejan las tablas de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística, donde 11 de los 15 barrios con la menor renta media anual por habitante y tres de los cinco municipios de España con menor esperanza de vida se encuentran en Andalucía.
27 de las Zonas Desfavorecidas de Andalucía «superan el umbral de baja endemicidad» propuesto por la Organización Mundial de la Salud
Los autores del informe publicado en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía destacan que 27 de las Zonas Desfavorecidas «superan el umbral de baja endemicidad» propuesto por la OMS (Organización Mundial de la Salud) -40 casos por cada 100.000 habitantes- y señalan que sus tasas «son similares a las reportadas por países como Marruecos o Bolivia». «La tasa de incidencia en las Zonas Desfavorecidas de Andalucía –añaden- alcanza e incluso supera en incidencia a países del segundo y tercer mundo».
De acuerdo con los datos del Banco Mundial referidos al año 2020, las tasas de tuberculosis de los 27 barrios pobres andaluces con mayor incidencia –entre 41,84 y 182 casos por cada 100.000 habitantes- llegan a duplicar la de Ruanda -58- y a igualar o superar en algunos casos con creces las de Mauritania -87-, las de Senegal -117- Bolivia -105- o Marruecos -98-, entre otros países.
Como recomendación para reducir estas tasas en Andalucía, los autores del informe subrayan que es «fundamental» entender que en los núcleos de población más pobres «los determinantes sociales y estructurales juegan un papel crucial en la adquisición y desarrollo de la enfermedad tuberculosa». «Estas Zonas Desfavorecidas –explican- vienen dadas por la existencia de grandes desigualdades socioeconómicas, que, a causa de la pandemia de la covid-19, se han visto incrementadas de forma alarmante». Y para solucionarlo proponen abordar de manera integral la situación, «priorizando y actuando sobre las Zonas Desfavorecidas».
Estos datos de los barrios pobres andaluces contrastan con los que figuran en un informe posterior que publicó en agosto el Sistema de Vigilancia Epidemiológica sobre la situación general de la tuberculosis en toda la comunidad andaluza, en el que se refleja una tasa de 6,27 casos por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2021, frente a los 9,19 del periodo 2013-2018, y en la que destaca sobremanera la de Almería, con un 14,27.
Los condicionantes sociales de una enfermedad
Antonio Escolar trabajó durante muchos años en la vigilancia epidemiológica andaluza, como jefe de sección en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, como investigador asesor en la Delegación de Salud de la Junta en esa provincia y como autor de varios estudios sobre mortalidad y desigualdad. Y lo primero que le ha sorprendido del informe de sus colegas es la cantidad de personas que viven en las llamadas zonas desfavorecidas: «¡Más de un millón de personas, un 17% de la población andaluza! Sólo eso debería de poner los pelos de punta a las autoridades», exclama.
A juicio de Escolar, lo que refleja este informe es una realidad que no se quiere ver, unas cifras de empobrecimiento que se han elevado aún más con la pandemia y que ayudan a propagarse a una enfermedad como la tuberculosis que encuentra su caldo de cultivo en la marginación, la mala alimentación y el hacinamiento. «La tuberculosis –explica- es una enfermedad indicadora de entornos sociales, habitacionales, en los que hay exclusión, abandono. Indica que si está creciendo en determinados lugares es porque no se están resolviendo las causas primeras que la originan».
«La tuberculosis es una enfermedad indicadora de entornos sociales, habitacionales, en los que hay exclusión, abandono»
Este experto, ya jubilado, que se denomina a sí mismo como «epidemiólogo social», considera esencial ir a las causas de las causas de la enfermedad, no limitarse a un enfoque puramente médico o biológico. «La salud –dice- es el resultado de una interrelación con los condicionantes sociales. Hay ya un consenso científico muy grande sobre esto, aunque la investigación sobre los determinantes sociales de la salud sigue siendo escasa. Se hace mucho hincapié en lo biológico, pero somos seres sociales, no vivimos en una burbuja, y dependemos mucho de dónde vivimos y en qué condiciones».
El informe de la Junta sobre la tuberculosis en las zonas más pobres es, según Antonio Escolar, muy contundente. Lo que viene a demostrar –añade- es que «las estrategias no están funcionando» para atajar la tuberculosis en esas partes de Andalucía. Las deficiencias de la atención primaria, agravadas por la pandemia, el aumento de la privatización del sistema sanitario y el deterioro general de los servicios públicos juegan en contra, a su entender, de hallar la solución para este mal.
Una sanidad demasiado volcada en el coronavirus
Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de la que fue director, sostiene que la estrategia sanitaria que se ha seguido con la pandemia ha podido dejar flancos sueltos, como el de la atención a la tuberculosis en estas zonas. «Esto demuestra que cuando todo un sistema sanitario se centra en la covid, se trasladan recursos y se deja el resto con una pobre atención, pasan estas cosas», afirma.
Según March, las dificultades de acceso a la atención primaria durante la pandemia han podido retrasar los diagnósticos y tratamientos de una enfermedad infecciosa como la tuberculosis, que suele afectar en mayor medida, además, a poblaciones más vulnerables con problemas añadidos de drogodependencias, desestructuración severa y falta de vivienda, a las que resulta más complicado hacer un seguimiento de su evolución.
Las esperas de días y semanas para conseguir una cita en un centro de salud, en muchos casos sólo para una consulta telefónica, han hecho aún más difícil garantizar la atención médica a pacientes de zonas vulnerables con menos recursos y muy complicadas situaciones personales y sociales, dice este profesor de la Escuela de Salud Pública: «Las zonas de transformación social necesitan más recursos y los recursos públicos son precisamente los que se han reducido en estos tiempos de covid en los que se ha centrado todo en la pandemia».
La Sociedad Española de Epidemiología ya advirtió el pasado marzo, con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, que la covid-19 seguía «frenando» el control de una enfermedad que es, después del coronavirus, la infecciosa que causa más muertes en el mundo: 4.000 diarias. A juicio de esta organización médica, el acceso reducido a los servicios de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis a causa de la pandemia ha favorecido un incremento de las muertes a nivel mundial, por lo que se requiere reforzar su vigilancia y la prevención.
La situación de los servicios sociales en Andalucía es «la peor de la historia», con listas de espera para ser atendido que pueden durar meses
Quienes trabajan diariamente en estas zonas, en los barrios pobres de Andalucía, conocen muy bien los problemas que sufren sus habitantes para salir adelante cada día. Valentín Márquez, coordinador del programa de Inclusión de Médicos del Mundo en esta comunidad, organización que forma parte de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), ha visto cómo la tuberculosis va de la mano de la pobreza y el hacinamiento muy habitual en unos barrios donde muchas personas tienen que compartir pisos de treinta o cuarenta metros cuadrados en pésimas condiciones, lo único que pueden pagar.
No obstante, Valentín Márquez cree que habría que corroborar los datos del informe de la Junta sobre las tasas de tuberculosis en los últimos años en estos barrios: comprobar si obedecen a lo que ocurrió durante la pandemia, cuando el acceso a los centros de salud estaba muy limitado, o a otros factores que no se explican únicamente por los efectos de la covid-19. Lo que sí tiene claro este portavoz de la EAPN es que la situación de los servicios sociales es «la peor de la historia», con listas de espera para ser atendido que pueden durar meses. Y eso, a su entender, repercute en una peor atención a la población más vulnerable y propicia a contraer enfermedades como la tuberculosis.
Sin dinero para comprar medicamentos
La mayor dificultad para acceder a los programas de ayuda social se suma a las carencias económicas que tienen muchas familias para poder pagar los medicamentos en las farmacias. En la ciudad de Sevilla, Médicos del Mundo agotó ya en julio el presupuesto que tenía para todo el año para su plan de ayuda a la medicación a personas con pocos recursos, asegura Márquez. «Si la gente tiene ya problemas para comer, gasta lo que tienen en comprar comida, no en medicamentos», resume.
El estudio de FOESSA y Cáritas del año 2021 sobre Integración y Necesidades Sociales reveló que el 66,8% de la población española en situación de exclusión severa y el 48,5% de la que se encontraba en exclusión había dejado de seguir un tratamiento médico, de comprar medicamentos, por problemas económicos. «Nos encontramos antes un curioso círculo vicioso que forman la crisis sanitaria y la social y terminan retroalimentándose: la crisis de origen sanitario genera una crisis social que afecta con intensidad a la salud de las personas que viven en los hogares más desfavorecidos, lo que, en última instancia, reduce sus posibilidades de integración social», se destaca en el informe.
Luis Lara fue durante doce años el jefe del programa de atención a la tuberculosis en la Junta de Andalucía y ahora forma parte del movimiento de las Mareas Blancas que defiende una sanidad pública fuerte. Y a este neumólogo, ya retirado, le sorprenden los datos del informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, sobre todo porque considera que se centra en exclusiva en la situación de las zonas vulnerables y no analiza lo que ocurre en el resto.
Lo que viene a decir Luis Lara es que la Junta ha tratado de focalizar el problema de la tuberculosis en unas zonas determinadas, sin entrar en el fondo de la cuestión: la situación de la atención primaria, que es donde debe centrarse, a su entender, la estrategia para afrontar esta enfermedad infecciosa. La estrategia está basada en hacer un diagnóstico precoz para evitar un contagio masivo, luego un tratamiento correcto y un estudio de los contactos del enfermo. Y todo eso –explica este neumólogo- le corresponde hacerlo a los profesionales de la atención primaria.
«Con la situación actual de la atención primaria, las cosas irán de mal en peor», denuncia Luis Lara, de Mareas Blancas
«Mientras existan tantos obstáculos para que el médico te vea, que sólo puedas hablar con él por teléfono, no se solucionará nada. Con la situación actual de la atención primaria, las cosas irán de mal en peor. Y que se dejen de inventos, lo que tienen que hacer es restablecer todos los programas de atención primaria que se estaban desarrollando», subraya el portavoz de las Mareas Blancas de Andalucía.
En su informe publicado el pasado junio, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía avisa: «En el futuro próximo se prevé que la situación actual empeore debido a las desigualdades socioeconómicas que la pandemia ha incrementado. Aunque poco a poco las unidades de tratamiento y manejo de tuberculosis van recuperando la actividad normal, se calcula que hemos retrocedido al menos 10 años en la lucha contra esta enfermedad».
Por su parte, la OMS ha advertido de que aunque la incidencia de la tuberculosis está disminuyendo en el mundo -un 11% entre 2015 y 2020-, un millón y medio de personas murieron a causa de esta enfermedad en ese último año, cuando por primera vez en una década aumentó la mortalidad. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud ha reclamado «urgentemente» inversiones, ayudas, atención e información para luchar contra la tuberculosis, fundamentalmente en los países de África, Asia y América con una mayor tasa de infección.
La tuberculosis está causada por una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones y se transmite a través del aire. Cuando alguien desarrolla tuberculosis activa, los síntomas (tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdidas de peso) pueden ser leves durante meses, advierte la OMS. Esto puede provocar que la persona afectada tarde en buscar atención médica, con el consiguiente riesgo de que transmita el bacilo a otras personas.
Argentina anula los contratos de autopistas que firmó Macri con filiales de ACS
Los contratos favorecieron a las empresas Ausol S.A. y GCO S.A, que les permitía cobrar los peajes en dólares, en lugar de en pesos argentinos.
El presidente argentino, Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron la nulidad de los contratos firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel que favorecieron a las empresas Ausol S.A. y GCO S.A. en 2018, que permitían cobrar en dólares los peajes de los accesos Norte y Oeste de la ciudad de Buenos Aires, ya que «les permitía tener una rentabilidad extraordinaria». El Gobierno argentino presentará el caso ante la Justicia.
Las empresas Ausol (Autopistas del Sol) y GCO (Grupo Concesionario del Oeste) tienen como accionista mayoritario a la concesionaria española de autopistas Abertis. Esta empresa está participada al 50% por la constructora ACS de Florentino Pérez (un 20% a través de su filial alemana Hochtief) y su socia italiana Atlantia. Concretamente, Abertis posee el 31,59% de Ausol, junto a otros socios como la italiana Salini-Impregilo (19,82%) y la argentina Natal Inversiones (14,12%), mientras que el 34,47% restante cotiza en bolsa. Igualmente, la concesionaria española posee, a través de su filial Acesa, el 42,87% de GCO, junto con la malaya IJM Corporation (20,1%) y el Fideicomiso de Administración Supervene I (5,73%), mientras otro 31,3% cotiza en bolsa.
«Los contratos que se firmaron y homologaron a través de dos decretos en 2018, fueron claramente desventajosos para el Estado nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas», sostuvo el presidente en el inicio de su discurso para explicar el por qué de esta decisión.
La medida ha sido oficializada este jueves mediante el decreto 633/2022 publicado en el Boletín Oficial, en el que se considera a los contratos de concesión como «lesivos al interés general» e instruye a la institución Vialidad Nacional a interponer la acción de lesividad.
El artículo 1 de la norma señala: «Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos n. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Durante el anuncio, Katopodis detalló que «durante 2018, el Gobierno de Mauricio Macri dictó dos decretos, 608 y 607, que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de dos corredores viales: Acceso Norte y Acceso Oeste. En un caso, Ausol S.A y en el otro GCO S.A».
«En ese marco, se establecieron un conjunto de decisiones, acciones y premisas que quedaron fijadas en ese contrato que, a nuestro entender —y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorias correspondiente—, determinan la nulidad absoluta de esa renegociación», añadió el ministro.
Un impacto económico de 2.000 millones de dólares
Las concesionarias firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que «comprometían» al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi 2.000 millones de dólares, informaron el presidente y el ministro.
Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
Así, en las estaciones de peaje Debenedetti y Márquez, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual 80 pesos argentinos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1.830 pesos argentinos.
La dolarización de los contratos de las autopistas
«En primer lugar, se estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro ni ninguna base objetiva, una deuda a favor de las empresas concesionarias. En el caso de Ausol en 540 millones de dólares, y en el caso de GCO S.A en un monto de 272 millones de dólares. Un total de 813.143 millones de dólares», precisaba Katopodis.
«La segunda cuestión es la dolarización (adoptar el dólar como moneda de curso legal) de ese contrato. Desde hace años, rige un marco legal y normativo en Argentina que establece que todos los contratos deben ser pesificados (en pesos argentinos), pero en esa renegociación el Gobierno del expresidente Macri les otorga una dolarización, sin ningún componente que lo justifique», sumó Katopodis.
Asimismo, explicó que un tercer elemento que da cuenta de las irregularidades de ese contrato es que «se determinó un ajuste del 8% anual. Lo que le permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria».
Una deuda a pagar en diez años
Para completar ese marco de decisiones, sostuvo Katopodis, que «para nosotros conllevan a un verdadero negociado de los peajes, se estableció que esa deuda se iba a pagar a lo largo de diez años, tiempo por el se iba a prorrogar el contrato».
«Por ley estaba establecido que el contrato terminaba en 2020, pero de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogarlo hasta el 2030, por ende están vigentes», enfatizó el ministro.
En esa misma línea, explicó: «En ese plazo lo que se iba a privilegiar era el pago de la deuda. Se modificaba la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras y las mejoras, que tienen que ver con el objeto central de un contrato de concesión». «En definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a sola firma», afirmó.
Luego de explicar las razones que dan cuenta del negocio de Mauricio Macri con las empresas concesionarias de los peajes, Katopodis señaló que, por pedido del presidente de la Nación, se iniciarán las acciones legales correspondientes, «para que sea la Justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este contrato».
En la presentación, Fernández subrayó que el Gobierno nacional «lleva adelante una política tendiente a ordenar el sistema de las autovías concesionadas». «Hemos recuperado para el Estado siete mil kilómetros que estuvieron concesionados y hoy administra el Estado, con buenos resultados», manifestó.
Además, anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste «seguramente será acercada como prueba en la causa penal por los peajes», en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos. «Vamos a reclamar que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en la Argentina», resaltó.
Fernando.q Guanche lisa
hace 1 día