«El Gobierno vasco aún subvenciona al colegio del Opus que llamó loco a mi hijo por denunciar abusos de un profesor»

Juan Cuatrecasas, padre del menor de 12 años víctima de pederastia por un profesor de religión en el Colegio Gaztelueta -del Opus- en Bizkaia, consigue que el Papa abra una investigación sobre lo sucedido hace 13 años. 

Juan Cuatrecasas, diputado socialista y padre de la víctima del Caso Gaztelueta
Juan Cuatrecasas, diputado socialista y padre de la víctima del ‘caso Gaztelueta’.- CEDIDA

Juan Cuatrecasas no se rinde. El hoy diputado del PSOE por La Rioja centra todas sus esperanzas en que se haga justicia con su hijo gracias a la mediación del papa Francisco, quien ha ordenado abrir el caso del hoy joven que con solo doce años sufrió abusos sexuales y acoso escolar por parte de un profesor de religión en un colegio de Bizkaia, el de Gaztelueta, del Opus. La familia, y la propia víctima, sufrieron la incomprensión del centro que tachaba «a mi hijo de loco», pero también de toda una sociedad y del propio Gobierno vasco que jamás retiró la subvención al colegio que es concertado.

La familia Cuatrecasas tuvo que abandonar Bilbao y reubicarse en La Rioja. Según explica el padre a Público, «mi hijo progresa adecuadamente. A pesar de todo lo que ha sufrido, está estudiando. Pero ahí están aún secuelas como la falta de confianza y sociabilidad y haberse visto apartado, a pesar de ser la víctima, de una vida normalizada».

Para este padre es vital dar visibilidad a estos casos y agradece que «cuando todo el mundo nos dio la espalda, varios medios de comunicación ayudaron a que elcaso Gaztelueta no se olvidara».  Insiste Juan Cuatrecasas en que, solo quien lo sufre, «es consciente de las secuelas que esto deja a las víctimas, sobre todo cuando ni el colegio ni la sociedad ni las instituciones están a la altura, como fue nuestro caso».

Juan Cuatrecasas: «Ni el colegio ni la sociedad ni las instituciones estuvieron a la altura»

Insiste en que «estos niños y niñas sufren muchísimo, y además quedan excluidos como si hubieran hecho algo malo. El sentimiento de culpabilidad, afortunadamente, mi hijo ya lo ha superado». Su propio caso fue terrible: «Mi mujer y mi hijo no salían de casa y yo sufrí amenazas en plena calle», afirma.

Pasos al frente con la Ley de Infancia

Pero este diputado socialista no deja de ver luz al final del túnel. Así, además de confiar en que se haga justicia eclesiástica gracias a la implicación del papa Francisco, quien fue informado por la propia víctima y por su padre, asegura que «en este país hemos dado pasos al frente. No todo es malo. Venimos de la nada. Con la ley de protección la infancia y la investigación del Defensor del Pueblo las cosas van mejorando». Aún así, reconoce que «queda mucho por hacer. A su juicio, «hay que seguir empujando para que las víctimas tengan acceso a sus derechos y que se desarrollen políticas de educación para prevenir y dar visibilidad al problema», explica.

En 2015, los padres del menor que sufría abusos sexuales enviaron una carta al papa. El pontífice respondió enseguida, según explica Cuatrecasas, con estas palabras: «La cruz es muy grande y voy a poner el tema en el Tribunal de la Doctrina de la Fe, sin molestar al chico».

Después Cuatrecasas recibió una llamada de la Conferencia Episcopal. Según explica, «querían quedar conmigo para mostrarnos el afecto personal del papa». Pero la realidad nada tuvo que ver con esto. El matrimonio y su hijo se reunieron con Silverio Nieto, el sacerdote que envió el Vaticano a investigar el caso Gazteluetay que, después, se vio salpicado por el espionaje a Bárcenas. En el encuentro con esta familia ignoró a la mujer, ordenó al niño hacer un croquis de la sala donde ocurrían los abusos e interrogó como si fuera una autoridad al padre del menor afectado.

Silverio Nieto

Cuatrecasas explica que «yo no sabía quién era entonces Silverio Nieto, y de buena fe accedimos. Vinieron un viernes. La reunión empezó bien, en tono jocoso, y de repente cambió, se convirtió en un interrogatorio, solo faltaba el flexo, dándome con la luz en los ojos«. Ha sido hace unos meses cuando el propio afectado ha vuelto a escribir al Papa Francisco y cuando por fin el Vaticano ha decidido abrir una investigación con el caso Gaztelueta.

Cuatrecasas explica que, en realidad, el caso no se reabre en la Iglesia, «porque aquel momento no hubo procedimiento y se archivó la investigación por falta de pruebas». Es ahora cuando la Iglesia abre el caso». A su juicio, «el papa ha cumplido con su palabra».

El padre del hoy joven de 25 años espera que se haga justicia también con «un colegio que ha incitado al odio contra una víctima de pederastia y que sigue siendo un centro concertado y subvencionado por el Gobierno vasco»

El Papa reabre el ‘caso Gaztelueta’ tras la petición de la víctima de abusos sexuales

La Justicia española condenó, en un principio, a 11 años de prisión al exprofesor José María Martínez Sanz, aunque después el Supremo le rebajó la pena a dos años de cárcel.

 

04/09/2022 El papa Francisco, durante la beatificación a Juan Pablo I El papa Francisco, durante la beatificación a Juan Pablo I. — Remo Casilli / REUTERS

El Papa Francisco ha dado orden a un tribunal canónico para reabrir la investigación de la Iglesia sobre el caso Gaztelueta. Un hecho donde la Justicia española condenó, en un principio, a 11 años de prisión, aunque después el Supremo le rebajó la pena a dos años de cárcel al exprofesor José María Martínez Sanz, del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya), por abusos sexuales continuados cometidos entre 2008 y 2011 a un alumno menor de edad.

El pontífice le ha anunciado la reapertura de la investigación a la víctima, ha confirmado a EFE el padre, Juan Cuatrecasas. El Papa ya ordenó, en 2015, a petición de la familia, una investigación de este caso, pero se cerró meses después al «no haberse probado» los abusos. Tres años después, en 2018, la Audiencia de Bizkaia sí los consideró probados y condenó al profesor, fallo confirmado después por el Tribunal Supremo.

El Opus Dei repulsa los abusos

El Opus Dei ha manifestado, mediante un comunicado, su repulsa: «Manifestamos una vez más nuestra repulsa por cualquier tipo de abuso, y recordamos el protocolo de protección de menores de la Prelatura. Deseamos que este nuevo proceso ayude a sanar heridas y a arrojar una mayor claridad sobre el caso», subraya el Opus Dei en el comunicado, recogido por Europa Press.

Según ha informado el Obispado de Bilbao, la instrucción del proceso canónico se ha encomendado al obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué Huerto, con el rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, José Luis Perucha Rojo, como notario. Como asesores estarán la rectora del Universidad Pontificia de Salamanca, Mirian Cortés Dieguez, y el vicario general de la Diócesis de Asidonia-Jerez, Federico Mantaras Ruiz-Berdejo.

El Obispado ha señalado, a su vez, que el Papa ha seguido de cerca, desde 2014, la situación de las personas y las diferentes actuaciones realizadas por los tribunales españoles y por la Iglesia en referencia al caso Gaztelueta y que «ahora ha ordenado la ampliación del proceso canónico para depurar responsabilidades y ayudar a curar las heridas causadas».

Indignación en redes por la terraza con simbología franquista: «¿Quién nos defiende de los fascistas? Almeida, no»

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Hay mesas de madera de pino de roble, de formica o pensadas para la playa. Las hay de Ikea, compradas en el rastro o de promoción de alguna cervecera. Hay mesas de billar también. Incluso de ping-pong. El concepto «mesa» evoca un mundo de posibilidades a tener en cuenta cada vez que irrumpe su significante.

Sin embargo, ahora, gracias a la imaginación de un hostelero de Usera, cuando escuchemos la palabra «mesa» podríamos imaginar el rostro flácido de Francisco Franco sobre una bandera preconstitucional.

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Un bar saca mesas a la calle con la cara del dictador Franco ante la pasividad del Ayuntamiento de Madrid

Y es que en Madrid, tierra de libertad, uno puede permitirse ser creativo y retrógrado. Incluso se puede regentar un bar y hacer apología del franquismo. Ha ocurrido en Usera, según ha denunciado el edil del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Álvaro Vidal.

Lo ha hecho en una comisión, durante un debate sobre el cumplimiento de la nueva ordenanza de terrazas. «Es una vergüenza. Ustedes saben qué terraza es», dijo el concejal.

La noticia, como era de prever, ha causado estupor en muchos tuiteros que han querido mostrar su malestar a través de las redes sociales:

 

 

 

 

 

 

 

 

Es lo que tiene Madrid, una ciudad que ofrece múltiples posibilidades y que te permite, al mismo tiempo, no encontrarte con un ex y apoyar la cerveza sobre la imagen de un dictador. Ahí es nada.

Unidas Podemos fuerza un debate sobre la Sareb en el Congreso con la Ley de Vivienda atascada

La formación morada llevará la próxima semana al Pleno una iniciativa para poner al servicio del parque público de vivienda todos sus inmuebles.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, durante un pleno del Congreso, a 13 de septiembre de 2022.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, durante un pleno del Congreso, a 13 de septiembre de 2022.  Juanjo Martin / EFE

Pese al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para llevar al Congreso el proyecto de ley, el socio minoritario ha planteado más cambios a través de enmiendas, mientras que partidos como ERC y EH-Bildu exigen más modificaciones, tanto en la regulación de los precios del alquiler como en la prohibición de los desahucios.

El papel de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, que absorbió los activos ‘tóxicos’ de la banca durante su rescate en la anterior crisis financiera) también es una de las cuestiones en liza en esta ley, ya que Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu exigen ampliar el parque público con sus recursos.

Concretamente, la iniciativa es una proposición no de ley registrada en febrero tras la reforma que permitió la nacionalización de la entidad en la que Unidas Podemos aboga por replantear el papel de la Sareb y convertirla «en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida».

Alquileres de un máximo de 300 euros

Así, piden que la Sareb realice una gestión social de su parque de viviendas, la suspensión indefinida de los desahucios en viviendas de su propiedad en las que no haya alternativa habitacional, y la movilización de su suelo urbanizable con vistas a ofrecer alquileres sociales.

Para su gestión social, reclama vincular las rentas de sus alquileres al nivel de ingresos, con un precio medio de 100 euros entre niveles inferiores para personas con mayor dificultad y un límite máximo de 300 euros.

Control y transparencia

Para asegurar un control adecuado de la Sareb, proponen su dependencia del ministerio competente en materia de vivienda, la creación de un organismo específico para comprobar el cumplimiento de sus objetivos, y la participación de los ministerios en su consejo de administración y este organismo de seguimiento.

Asimismo, exigen la puesta en conocimiento de todos los activos que tiene en propiedad, ya que denuncian que sus inmuebles y suelos son «algo desconocido para los ministerios que tienen competencias relacionadas, como es el caso de Transporte o Derechos Sociales».

Finalmente, desde Unidas Podemos piden modificar los próximos bonos para permitir rendimientos negativos, tras la demanda interpuesta contra sus tenedores (Abanca, CaixaBank, Sabadell, BBVA, Unicaja, Ibercaja y BFA), y que estas entidades paguen por la misma. Por esta razón, critican, la compañía dejó de ingresar 147 millones de euros en 2020.

El Parlamento Europeo aprueba el nuevo marco común para asegurar salarios mínimos «dignos» en la UE

El acuerdo alcanzado entre las instituciones del bloque comunitario no supone fijar un umbral mínimo común.

Sesión en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, a 14 de septiembre de 2022.
Sesión en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, a 14 de septiembre de 2022.  Philipp von Ditfurth / EUROPA PRESS

La falta de transparencia y de control a las eléctricas, punto débil de las medidas energéticas anunciadas por Von der Leyen

«Sabemos lo que nos cuesta la energía, pero desconocemos el coste real de la producción energética. Von der Leyen va teniendo buena intención pero no se atreve a tocar los intereses de los oligopolios energéticos», afirma a ‘Público’ la eurodiputada Sira Rego.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una sesión en la Eurocámara, a 14 de septiembre de 2022.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una sesión en la Eurocámara, a 14 de septiembre de 2022.  EFE

El silencio de Pablo Iglesias ANÍBAL MALVAR

Pablo Iglesias, en un acto el pasado mes de julio. ALBERTO ORTEGA / EP

Imagino a Pablo Iglesias sentado a la sombra de una higuera en cualquier rincón de la Alpujarra, la silla de paja, el cayado nudoso de olivo entre las piernas, el palillo entre los dientes y la boina hasta las cejas. Está muy quieto. Solo muy de vez en cuando agita una mano para espantar una mosca o un abejorro. Callado. Sumergido en el silencio.

La corleoniana imagen me vino a mientes estos días, después de rebuscar en nuestros periódicos tradicionales y en las teles alguna reseña a la presentación del libro Medios y cloacas del ex vicepresidente (editado por Escritos Contextatarios/CTXT). Salvo por las Dinas y otras fantasías judiciales de ayer y hoy, Pablo Iglesias ya no está en los medios. Ni por sus hechos ni por sus obras. Lo han desterrado a la higuera de la Alpujarra a dormitar despierto. A un dolce far niente irremediable por mucho que haga.

Pensaba escribir este Repartidor de Periódicos sobre las, previsiblemente furibundas, reacciones mediáticas a este acontecimiento editorial. Y me encontré la nada. La sombra de la higuera en la Alpujarra. Un lo demás es silencio horaciano. Indiferencia total. Vacío y éter. Algunos incluso nos atreveríamos a llamarlo censura, si no viviéramos en una democracia plena.

Lo primero, porque un libro del ex vicepresidente de Gobierno, de cualquier ex vicepresidente de Gobierno, es noticia por obligación. No se le pueden hurtar al ciudadano las reflexiones, saberes, anécdotas o chorradas que haya escrito una de las personas que, durante años, han regido sus destinos. Eclipsarlo es un atentado contra el conocimiento de la Historia (Pablo Iglesias es YA Historia nuestra, como Aznar y Rajoy) y contra la deontología periodística. No está en juego la libertad de expresión de Pablo Iglesias, sino nuestro derecho ciudadano a la información.

Si cualquier ex vicepresidente de cualquier gobierno español publicara ahora un libro, cualquier libro, andaría de gira por todos los medios españoles hasta el agotamiento, recibido por directores y sanedrines de redactores jefes en agotadoras mesas redondas con café y pastas y sin whiskies (ah, viejos tiempos).

Me vienen a la cabeza las presentaciones de los cuentecillos babosos de Ana Botella, o las memorias de José Bono, un compendio de autocomplacencias, tergiversaciones y ocultaciones por las que cobró de Planeta 800.000 euros de adelanto, cantidad que ni hubieran soñado Javier Marías, Vargas-Llosa, el añorado Vázquez Montalbán ni nadie. El libraco de Bono, por supuesto, no solo no fue un best-seller, sino que no le interesó absolutamente a nadie, como era previsible. Supongo que la planetaria editorial, inserta en el grupo Atresmedia, sabía a quién y por qué pagaba esa ruinosa millonada. Pero el libro tuvo tan fastuoso y cansino recorrido mediático como el dorado ataúd de Isabel II. Lo mismo que los botelleros cuentecitos machistas de la aletrada alcaldesa del spa. Era un no parar de entrevistas y dobles y triples páginas. A Pablo Iglesias, el tío que mejor conoce las entretelas del primer gobierno de coalición de nuestra democracia, no lo han llamado ni para insultarlo, con lo que antes les ponía.

Rebusco en la red y no creáis que nuestros muy autoproclamados progresistas periódicos digitales se han volcado, tampoco, en difundir el libro. La conclusión que yo saco es que el título Medios y cloacas es más que acertado, y que ya hay más cloacas que medios.

No dudéis de que este panfletillo rojo de mierda, si sacaran mañana libro el ex vicepresidente Rodrigo Rato o incluso el melifluo y muy caduco Pablo Casado, correríamos a la librería a comprarlo, leerlo y analizarlo, y solicitaríamos una entrevista que el autor no nos concedería. Porque es nuestro deber. Son personas que, en sí, son noticia. Por mucho que nos desagraden.

¿Y si en lugar de Pablo Iglesias fuera Vox, me preguntarán mis queridos y desquiciados trolls? Si alcanzaran cotas de gobierno capaces de influir en el timón de España, por supuesto que sí. De momento, solo son muletas peligrosamente cojas para enfascistar el paso del neoliberalismo pepero. Y, además, son ellos los que no quieren vernos ni en ruedas de prensa.

Como muestra, nunca tuve reparo en conversar con el fascista confeso Manuel Fraga, a quien pude extraer declaraciones pero nunca una entrevista (jamás me la concedió). Hasta en una ocasión cené a su vera, por un premio de guion que me dieron cuando él era presidente de la Xunta. Hasta los postres no se me pasó el agobio, porque en todo momento pensaba que el postre iba a ser yo.

Sinceramente, no sé si Ferreras/Florentino han tenido el poder de orquestar esta sinfonía de silencios a derecha e izquierda (que sería grave), o si ya somos todos tan sucios que no merecemos el calificativo de periodistas (que sería peor), y preferimos no meternos en charcos que evidencien que calzamos pies de barro. Yo me llevo mis pies de barro a pisar charcos con Pablo Iglesias, y con quien haga falta, después de estos trágicos silencios. Y, si hay sequía, ya pondré yo los charcos con lágrimas por mi profesión.

CASO ALGARROBICO El Tribunal Superior de Andalucía rechaza la demolición del hotel de El Algarrobico

Tras 15 años de sentencias condenatorias, los jueces alegan que su derribo todavía es improcedente porque cuenta con licencia urbanística del Ayuntamiento de Carboneras

El hotel de El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras (Almería). JULIÁN ROJAS

La piqueta seguirá aún a la espera de derribar el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería), símbolo del urbanismo desaforado en la costa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó el pasado jueves la demolición del hotel pedida por Greenpeace tras la mochila de sentencias contrarias a su legalidad que ha acumulado durante 15 años. El laberinto judicial sobre su devenir acabó en 2016 con la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que las obras se realizaron en un “suelo no urbanizable de especial protección del parque natural de Cabo de Gata-Níjar”. Pero cinco años después, la desaparición de este edificio fantasma permanece en un limbo.

Los jueces del alto tribunal andaluz consideran que el derribo no se puede ejecutar de momento porque el Ayuntamiento de Carboneras otorgó la licencia de obras en 2003, que sigue vigente, y antes de que se pronuncie la Justicia sobre la demolición, el consistorio de este municipio de cerca de 8.000 habitantes debe anularla. “La demolición por razones de legalidad de las obras construidas solo es una decisión que corresponde a la Administración o Administraciones, una vez finalizado el procedimiento de revisión de oficio de la licencia”, dictamina la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del TSJA. “La obra dispone de un título jurídico válido mientras no se establezca lo contrario”, matizan los magistrados.

De este modo, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Carboneras (gobernado por el PSOE), que debe anular la licencia concedida hace 18 años si cumple los requerimientos de la justicia. Mientras, la organización ecologista recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. “Ya existen sentencias del Supremo que ordenan derribos con licencia como en Marina Isla de Valdecañas en Cáceres y además alegaremos el efecto cascada: si un planeamiento es ilegal, los actos posteriores en ese terreno no urbanizable también lo son”, avanza José Ignacio Domínguez, el abogado que lleva el caso para Greenpeace.

Desde la sentencia del Supremo en 2016, el Gobierno y la Junta comenzaron a negociar el derribo del Algarrobico y cómo se pagaría la factura, que podría ascender a 7,1 millones. Pero para demoler este símbolo del ladrillo hace falta un fallo judicial que inste a ese derribo o un acuerdo con la promotora. En su día la constructora Azata rechazó recibir 2,3 millones por los terrenos en el retracto avalado por la justicia, y esto complicó aún más el enrevesado recorrido posterior de este caso.

Vista aérea del Hotel en El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata.
Vista aérea del Hotel en El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata.JULIÁN ROJAS

A pesar de rechazar la piqueta, el TSJA da la razón a Greenpeace y obliga al Ayuntamiento de Carboneras a tramitar la revisión de oficio de la licencia de obras por “posible existencia de nulidad de pleno derecho”. Llueve sobre mojado porque en 2018 el TSJA ya instó al Consistorio a modificar su planeamiento urbanístico para que el suelo donde está el hotel figurara como protegido en lugar de urbanizable y ampliar la servidumbre de protección de la orilla del mar hasta los 100 metros, tal y como establece la Ley de Costas. Sin embargo, tres años después del mandato del TSJA, el Consistorio lo sigue ignorando. Un acuerdo del pleno municipal calificó los suelos como no urbanizables, pero no lo envió para su publicación al Boletín Provincial, por lo que no tiene efectos reales.

Domínguez alerta sobre los incumplimientos del alcalde de Carboneras, el socialista José Luis Amérigo: “Estamos en puertas de entrar en la vía penal porque es un desprestigio para la Justicia que el Ayuntamiento no cumpla ninguna de las sentencias. Debe hacerlo, y si no, empezará la vía penal contra el alcalde después de que pidamos al TSJA que le aperciba por desobediencia”.

Mientras tanto, las obras para la desaparición del hotel seguirán a la espera de una sentencia firme que le dé vía libre, al igual que la restauración de 6,5 hectáreas de terreno al borde del Mediterráneo.

Pese al revés recibido ahora desde el TSJA, este hotel levantado a principios de siglo en la costa almeriense está condenado a su desaparición tarde o temprano. Además, cada vez parece más complicado que la constructora pueda ser indemnizada por las Administraciones. La Audiencia Nacional ya ha dejado claro que la promotora no tiene derecho a recibir los más de 70 millones que pedía al Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. El edificio, cuya construcción de paralizó en 2006 cuando estaba al 94% de su ejecución, además de estar en una zona protegida de un parque natural se levantó a unos 50 metros del mar e invade la franja de protección de 100 metros fijada en la Ley de Costas, algo respaldado también por los tribunales.

 

ACTIVISTAS en TENERIFE se ENFRENTAN a un MACROPROYECTO de VIVIENDAS de LUJO en CUNA DEL ALMA

He estado allí este verano y la situación es muy triste. En la Playa de las Américas a mi chica se le saltaban las lágrimas. Turismo de guiris borrachos y karaokes. Además el capital nisiquiera se queda en la isla y los trabajadores poco más que esclavos. Hay diferencia hasta en la mala leche de la gente entre el Sur y el Norte.Y los más triste, como dice la chica del vídeo, es que hay tinerfeños que lo defiende y dicen que es que ahí «no hay nada más que desierto». EL DESIERTO TAMBIÉN ES NATURALEZA. TAMBIÉN ES PRECIOSO!! Y eso sin hablar de la privatización de las zonas naturales. O el arrase de zonas arqueológicas.

Lula llama a Bolsonaro “genocida” tras el asesinato de un simpatizante

A tres semanas de los comicios presidenciales en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa a su rival, Jair Bolsonaro, de ser un genocida.

La campaña electoral de Brasil quedó conmocionada este sábado, por el asesinato de un seguidor del expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a manos de un partidario del actual mandatario, Jair Bolsonaro, durante una discusión política en el Estado de Mato Grosso. Lula ha sido contundente en culpar por la tragedia a su rival Bolsonaro, a quien acusa de promover el en el país.

Sin presentar acusaciones contra su rival de la ultraderecha, Lula exigió a Bolsonaro que explicara las propiedades compradas con dinero en efectivo por él y su familia.

El exlíder sindical, que aspira a un tercer mandato, también se refirió a los sondeos de la opinión pública que le colocan al frente de todos los candidatos, a tres semanas de los comicios.

Lula también prometió que de ganar en las urnas del 2 de octubre, trabajará para generar oportunidades iguales para todos los brasileños.