La reapertura de lazos colombo-venezolanos es “la mejor noticia” que puede tener la gente en ambos países, considera el politólogo Jorge Amin Turbay Velandia.
Entrevistado por el canal HispanTV, el analista colombiano ha mostrado este lunes su gran alegría por el florecimiento de la paz entre Caracas y Bogotá.
Esto por muchas razones, “primero porque somos pueblos hermanos”, hay millones de seres humanos que pueden cruzar la frontera común fácilmente, “sin pasar por trochas, sin tener que correr riesgos y caer víctima de grupos ilegales” a la hora de ir a visitar a su familia al otro lado de la zona limítrofe, ha explicado.
El domingo, en el marco del proceso de normalización de lazos bilaterales —estancados desde 2019— viajaron a las capitales mutuas los embajadores recién designados; es decir, el venezolano Félix Plasencia y el colombiano Armando Benedetti.
Después del 7 de agosto, día en que se posesionó Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela, que estuvieron congeladas desde febrero de 2019, a raíz de que el Gobierno colombiano, presidido entonces por Iván Duque, decidiera reconocer como “presidente interino” de Venezuela al opositor Juan Guaidó.
El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian (dcha.), se reúne con el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, en Teherán, Irán, 28 de agosto de 2022. (Foto: mfa.ir)
Los Gobiernos de Irán y Bolivia destacan la necesidad de aumentar las cooperaciones y apuestan por incrementar el comercio bilateral en distintas áreas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, en una reunión sostenida el domingo con el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, quien está de visita oficial en Teherán (capital iraní), destacó la importancia que otorga Teherán al desarrollo de las cooperaciones con el país andino.
El canciller persa también anunció la disposición del sector privado iraní para desarrollar relaciones económicas con Bolivia y dijo que, en general, la República Islámica considera importante las relaciones con los países de América del Sur.
Además, mostró la preparación de Irán para implementar proyectos de infraestructura en Bolivia y exportar servicios técnicos y de ingeniería al país suramericano e incrementar el comercio bilateral en áreas de interés, como la agricultura.
A su vez, Mamani consideró útil su viaje a Irán para conocer las altas capacidades de la República Islámica de Irán, y enfatizó la importancia de mantener la cooperación y solidaridad entre ambos países para fortalecer multilateralismo y fortalecer la paz y la seguridad internacionales. De igual modo, calificó de impresionante las capacidades de Irán en los campos de la industria, la ciencia, la tecnología y la medicina.
Es más, el vicecanciller de Bolivia, quien ha viajado a Irán a la cabeza de una delegación de alto rango para realizar la primera comisión económica conjunta y la cuarta reunión de consultas políticas, consideró la celebración de la referida comisión como una oportunidad importante en el desarrollo de las relaciones entre los dos países.
Teherán mantiene con Bolivia extensas relaciones estratégicas y lazos de cooperación bilateral en diversas áreas.
Estos nexos se vieron interrumpidos en junio de 2019, cuando el gobierno defacto boliviano, encabezado por Jeanine Áñez, anunció el cierre de la embajada boliviana en el país persa. Sin embargo, las relaciones bilaterales entre Teherán y La Paz se han consolidado con la llegada a la Presidencia del actual jefe de Estado boliviano, Luis Arce, y se ha abierto una nueva etapa de relaciones entre los dos Estados.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está enlistando los alcances en materia económica registrados en lo que va de su Administración.
Como parte de su gira semanal, el presidente de México, en una reunión con trabajadores de la comisión Federal de Electricidad en Sinaloa, al destacar que la política de privatización del periodo neoliberal rebasó los límites del fracaso, abordó su plan de llevar internet a las comunidades apartadas.
AMLO culpó al neoliberalismo por baja en 60 % del poder adquisitivo, mientras prometió mantener el salario mínimo por encima de la inflación.
El mandatario también recordó que la industria petroquímica fue casi destruida en periodos previos.
El próximo 1 de septiembre, López Obrador presentará el cuarto informe de Gobierno enfocado en el logro de reducir la brecha de desigualdad social.
Electrolineras previstas en el estudio informativo para la construcción de dos aparcamientos junto al Bernabéu, presentado por el Real Madrid
“Sin espacio público no hay ciudad”, avisaba esta semana la concejala Marta Higueras, del Grupo Mixto, en redes sociales. Una frase con la que hacía alusión a las intenciones del Ayuntamiento de Madrid de entregar la gestión de más de 58.000 m2 de calles y plazas en el distrito financiero a la iniciativa privada. La noticia, adelantada en exclusiva por este periódico, pone sobre la mesa el debate de cómo se debe gestionar el espacio público de la capital y si un alcalde puede hipotecar la ciudad con plazos que superan con creces su legislatura, más allá incluso de su tiempo vital.
Cesiones a 75 años: la fórmula de Almeida para entregar 250.000 m2 de suelo público a Iglesia, fundaciones y Atlético de Madrid
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“40 años de privatización, 40. Almeida se irá pero su destrozo lo pagaremos durante muchos años”, lamentaba la edil socialista Enma López sobre el mismo asunto, recordando el plazo previsto por la concesionaria del proyecto en AZCA. “Lo único que ha hecho Almeida este mandato es regalar el patrimonio de todos a unos pocos. Para ellos, la ciudad solo es un negocio”, abundaba la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, haciendo hincapié en las concesiones previstas para la recta final de esta legislatura.
La lista es extensa y se ha abultado en las últimas semanas: por un lado están las cinco parcelas que se van a ceder a 75 años y que analizamos hace unos días en este artículo. De ellas, tres serán para la Iglesia Católica, a la que se facilita construir templos a través un concurso público hecho a su medida. Otras dos parcelas irán a parar a fundaciones, una de ellas con claros vínculos con el PP. Y los terrenos alrededor del Estadio Metropolitano se van a ceder al Atlético de Madrid durante 75 años para que monte su ciudad deportiva y un centro comercial con hotel incluido. En todos estos casos la ciudad recuperará los terrenos en el año 2097, una fecha más propia de las novelas de ciencia ficción que de las noticias de un periódico.
Por otro lado están las cesiones para obras, que incluyen la explotación de una infraestructura durante los años necesarios para cubrir la inversión requerida y el beneficio para el privado que aporta el capital. El ayuntamiento las está utilizando para la construcción de polideportivos sin gastar presupuesto municipal, en ocho puntos de Madrid: Cuatro Caminos, Montecarmelo, Las Rosas, Las Tablas, Barajas, Sanchinarro, Arganzuela y Paseo de la Dirección. En todos estos lugares la concesión será de al menos 25 años, hasta el 2047.
El modelo de cesión de obras también lo está usando el área de Movilidad para volver a privatizar los aparcamientos más rentables de la capital, a medida que los va recuperando de décadas de explotación. Durante la legislatura de Manuela Carmena estos pasaban a ser gestionados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), pero el equipo de Almeida prefirió entregarlo a la iniciativa privada y renunciar a sus cuantiosos beneficios. El resultado, además, está saliendo caro a los futuros abonados de estas instalaciones: a la hora de adjudicar la gestión del aparcamiento de Santo Domingo, el Ayuntamiento de Madrid ha escogido la oferta de una de las empresas que resultará más cara para los residentes. Al igual que hizo en el parking del Carmen. En el primer caso la explotación durará diez años. En el segundo llegará al 2044.
Las macro obras del Bernabéu y el caso AZCA
Antes de que acabe la legislatura está previsto dejar enfiladas las concesiones de los aparcamientos públicos en Santa Ana, Cortes, Luna y otros tres en Velazquez, cuyas concesiones vencen pronto. Y el área de Movilidad quiere dejar atadas durante décadas por lo que pudiera ocurrir en las elecciones. A ellas se sumará otra más sobre un aparcamiento, pero de carácter bastante distinto: la de los subterráneos junto al estadio Santiago Bernabéu.
A diferencia de las anteriores, esta obra la ha pedido ejecutar el Real Madrid. La entidad blanca redactó el estudio informativo pertinente para la construcción y explotación de 1.667 plazas de garaje durante 30 años, hasta el 2053. El Ayuntamiento lo validó y, por el camino, rechazó todas las alegaciones presentadas contra el proyecto del club de Florentino Pérez. Ahora prepara la licitación en concurso público a la que podrá acudir la entidad futbolística con clara ventaja: obtendrá el 10% más de puntos que cualquier otra empresa privada con interés en el proyecto, por haber presentado la idea.
El mismo modelo de concesión de obra a empresas sigue el caso de Renazca, la privatización de la zona de AZCA desvelada esta semana en este periódico, que incluye explotar 58.594 m2 de suelo público durante 40 años a cambio de unas obras de reurbanización, cobrando además dos millones anuales al Ayuntamiento por mantenerle y limpiar las calles. “No nos parecemos a ese proyecto, lo del Real Madrid es una vía para financiar el club y lo nuestro es una entidad sin ánimo de lucro”, se apresura a indicar a este medio el consejero delegado de la socimi Merlin Properties, Ismael Clemente, que está a la cabeza de la iniciativa, mientras defiende la oportunidad de su propuesta para revitalizar el tradicional centro financiero de la capital.
El proyecto que quiere privatizar 40 años AZCA, la principal zona de oficinas de Madrid
“El caso de Renazca supone un salto de nivel en todas estas concesiones, tanto por escala, como por los actores implicados y su permanencia”, explica el arquitecto y urbanista Álvaro Ardura, quien apunta que la legislación existente prevé largos plazos en las concesiones para inversiones de mucho más calado, en las que participan empresas privadas, “como autopistas o similares, y muchas veces ni se llega a agotar el plazo máximo”, advierte.
El Ayuntamiento defiende que se trata de modelos de colaboración público privada, un modelo liberal, que “tanto le cuesta admitir a la izquierda”, decía esta semana la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. “Lo que plantea el Ayuntamiento es una colaboración público privada a la madrileña. Hay muchas formas de hacerlo en las que no se cede todo, algo diferente a los cánones bajísimos o inexistentes como en el caso de esta ciudad, pagando encima el mantenimiento”, replica Ardura, quien cree que el consistorio se está “poniendo de rodillas ante el capital” en lugar de “actuar como administración pública que plantee una contrapartida”.
“Los plazos largos camuflan privatizaciones definitivas encubiertas”, añade el antropólogo José Mansilla, en conversación con Somos Madrid. “Lo que está experimentando Madrid es una nueva forma de que las empresas privadas saquen rendimiento al suelo, no con infraestructuras sino con espacio público”, advierte. Mansilla explica que la filosofía que está detrás es la del modelo Business Improvement District (BID) que nació en Canadá y que tiene su exponente más famoso en el Times Square de Nueva York, con ejemplos también en Reino Unido. Pero que en España no se aplica por no existir una regulación similar. “Se está encajado la idea a martillazos en nuestro marco legal”, apostilla Ardura.
«Enseñan el caos y la anarquía para que luego aparezcan los salvadores privados y que el ciudadano lo acepte»
José Mansilla — Antropólogo
Mansilla cree que lo que intenta el equipo de Almeida es “quitarse de responsabilidades de cara al futuro para que una entidad privada se encargue de la puesta a punto de la propia ciudad, no mediante una licitación de limpieza, sino con una concesión de las calles” y considera que está creando el caldo de cultivo para que los madrileños comulguen con la idea de abandonarse a manos del primero que venga con dinero para solventar los problemas: “Ahora empiezan a hablar del mal estado de la zona, es un mecanismo clásico, de manual de gentrificación”, asegura mientras recuerda el año 2005 en Barcelona, cuando los medios bombardearon de noticias sobre la degradación del centro de la ciudad, meses antes de que se aprobara una Ordenanza Cívica que recortó libertades. “Enseñan el caos y la anarquía para que luego aparezcan los salvadores privados y que el ciudadano lo acepte”
Contra este mensaje simplista, Mansilla aboga por explicar con calma y en profundidad lo que significa la gestión privada de un espacio público, ceder partes de la ciudad para uso y beneficio de unos pocos, y que puede acabar fragmentando los lugares en los que vivimos. “Es algo que no cabe en un tuit”, lamenta añadiendo que las explicaciones “tienen muchas capas y hay que quitarlas todas como la cebolla”. No es optimista con que el ciudadano esté dispuesto a pararse, escuchar y reflexionar: “Con la guerra y la crisis, la gente y la sociedad no están en este momento para sutilezas”.
¿Hacia dónde se dirige Madrid con estas políticas? ¿Cuál será su modelo de ciudad futuro? Ardura cree que “el proyecto de AZCA viene a constatar que el modelo del PP no es ser Copenhague ni París ni Berlín, sino el de un Londres postbrexit al estilo del de Boris Jonhson, desregulado totalmente y vendido al capital privado”. Para hacernos una idea, la experiencia de vivir hoy en la capital londinense la recordaba hace poco Pedro Bravo en este mismo periódico, en un artículo en el que analizaba los intentos de Almeida de parecerse a la City: “Cosas que son normales en la capital británica desde hace mucho tiempo: trabajar de dependiente o de camarero y tener que compartir no ya piso, sino habitación. Vivir en un cuchitril a un par de horas en transporte público de tu trabajo. Tener varias faenas y no llegar a fin de mes. No ver casi nunca a tus amigos o familiares. Estar solo, ser pobre, subsistir”.
Estas manifestaciones, suceden en el marco de la feroz persecución de la cual es objeto la vicepresidenta argentina, por un poder judicial que representa los intereses de los grupos más liberales. Un sector minoritario ultracapitalista que utiliza sus armas para perseguir, encarcelar y violar derechos de todo aquel que vaya en contra de su ideología. teleSUR
La vicepresidenta segunda del Gobierno denuncia que «hay injusticia fiscal» y recuerda a los bancos que fueron rescatados con dinero público durante la crisis financiera.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. —Juan Carlos Hidalgo/EFE
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado este jueves a la necesidad de reformar el Impuesto de Sociedades para mejorar su capacidad recaudatoria y ha denunciado que desde la crisis de 2008 este tributo «ha perdido un 40% de recaudación».
Durante una entrevista en Radio Nacional de España, Díaz ha señalado que a su juicio existe una situación de «injusticia fiscal» en la que las rentas salariales soportarían el 80% de la fiscalidad, mientras que las grandes corporaciones contribuyen mucho menos pese a haber obtenido grandes beneficios en el último año y medio.
«En este país queda mucho por hacer en materia tributaria y justicia fiscal. Desde la crisis financiera el Impuesto de Sociedades ha reducido su recaudación en un 40%. No puede ser que las pequeñas empresas paguen los servicios públicos en nuestro país», ha afirmado la vicepresidenta.
Unidas Podemos quiere llevar a la mesa de negociación de los Presupuestos de 2023 con el PSOE la reforma del Impuesto de Sociedades y también estudia llevar fórmulas para gravar la riqueza (la reforma fiscal propuesta por Podemos recoge un impuesto a las grandes fortunas con capacidad para recaudar hasta 10.000 millones de euros).
La vicepresidenta también se ha referido al acuerdo con Hacienda para la creación de los dos impuestos anunciados por Pedro Sánchez en el último mes: el impuesto a las grandes eléctricas y el impuesto a la banca. En este sentido, ha pedido a las entidades financieras que no repercutan el tributo a los consumidores (algo que ya estaría blindado en la propia norma, que se presenta este jueves en el Congreso de los Diputados) y les ha recordado que fueron rescatadas con dinero público en la recesión económica de 2012.
«Hemos trabajado hasta ayer desde los dos equipos. Las entidades financieras que fueron rescatadas por el PP tendrían que ser proactivas y dar un paso adelante, se juegan su reputación. A mí me gustaría que hicieran esto», ha defendido Díaz.
La ministra de Trabajo se ha referido también a los datos de la EPA conocidos este mismo jueves, que recogen que España baja de los tres millones de parados y alcanza ya los 20,5 millones de ocupados, unas cifras que no se veían desde el año 2008. La vicepresidenta se ha mostrado satisfecha con los datos y ha destacado que desde la entrada en vigor de la reforma laboral la temporalidad se ha reducido en un 30%, estrechando de manera notable la brecha con la medida de la Unión Europea.
Sin embargo, Díaz también ha avisado de que desde el 15 de julio el Departamento que dirige ha percibido «ralentizaciones» en el empleo que achacan a la situación de incertidumbre económica provocada por la inflación y la guerra de Ucrania, y ha recordado que los meses de agosto, septiembre y octubre no suelen ser positivos para el empleo.
Sobre los ERE y las condenas a los expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán, Díaz ha dicho que «el caso de los ERE es muy grave y tiene que ver con dinero público de los trabajadores andaluces. Cuidado, es muy grave y tiene que ver con el bipartidismo y con políticas que la ciudadanía ha demostrado que rechaza. La ciudadanía española no tolera la corrupción».
El titular de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, juez de profesión, atraviesa el momento más crítico desde su aterrizaje en política en 2012
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, capea como puede la crisis de los grandes incendios que asolan la comunidad mientras algunas fuentes del PP apuntan a que su carrera política ha acabado. El jurista entró en política en 2012, cuando era decano de los jueces de León y fue nombrado subdelegado del Gobierno en León. Gobernaba el PP y presumía de su excelente relación con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esa escasa experiencia de poco menos de tres años en la subdelegación, Suárez-Quiñones daba el salto a la política autonómica en 2015, cuando el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, lo fichó como consejero de Fomento y Medio Ambiente.
La Fiscalía abre diligencias contra el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León por el incendio de Sierra de la Culebra tras una denuncia de CCOO
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Suárez-Quiñones era la cara amable de la Junta. Su profesión de juez y su incorporación tardía a la política le daban cierto barniz de servidor público. Pero la gestión no fue todo lo eficiente que habría querido el PP, porque le tumbaron desde la Ley de Caza a la orden de caza del lobo al norte del Duero. Aún así, no protagonizó grandes polémicas hasta 2018, cuando la Operación Enredadera destapó una presunta trama de alteración de concursos públicos. A la cabeza de la red, el juez instructor colocaba al empresario leonés de los medios y de la construcción –actualmente condenado en Gürtel y pendiente de otro juicio– José Luis Ulibarri.
En ese enorme sumario había meses de escuchas telefónicas y en una de ellas aparecía una llamada de Suárez Quiñones a Ulibarri en la que le ofrecía hacerse cargo de la obra de una carretera, sin pasar por un proceso de licitación. “Yo soy la Administración”, razonó el consejero. Una vez que se hizo público, Suárez-Quiñones llegó a plantearse actuar contra la Justicia, pero no llegó a hacerlo. No fue imputado a pesar de que la UDEF apuntaba a la comisión de presuntos delitos. Para el consejero “no tenía un pase” que la llamada apareciera en el informe policial aludiendo a posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos.
El año pasado el incendio de Navalacruz (Ávila) que calcinó más de 20.000 hectáreas, también colocó al consejero en la picota. El fuego se originó en un vehículo en una carretera comarcal junto a la sierra. Se avisó al 112, el servicio de emergencias que depende de la Consejería de Fomento, y ni una sola de las llamadas –y fueron bastantes– consiguió que se activase a medios de extinción. El fuego iba a llegar al monte, pero el protocolo establecía que un fuego en una cuneta no era forestal y tenían que ocuparse los bomberos del Ayuntamiento de Ávila, a más de media hora de distancia. Y así se gestó la tragedia.
Las características de ese fuego incontrolable durante días fueron las mismas que las de los incendios de este verano: temperaturas de más de 30 grados, humedad no superior al 30% y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Los resultados fueron desoladores y Suárez-Quiñones dijo que había que hacer cambios para evitar desgracias similares.
Más de 60.000 hectáreas arrasadas, dos muertos y un operativo de incendios cuestionado
De las más de 20.000 hectáreas de ese fuego de Navalacruz se ha pasado a las 60.000 de los incendios de la Sierra de la Culebra y de Losacio en Zamora, sin contar fuegos como el de Monsagro en Salamanca, Montes de Valdueza en León o el de Sabinares del Arlanza en Burgos. El primer gran incendio, en la Sierra de la Culebra, se produjo el 15 de junio, en una ola de calor que venía durando varios días, con una sequía evidente y con previsiones de tormentas eléctricas. Pero el consejero no dio la orden de decretar el riesgo alto, que hubiera puesto en marcha un operativo muy distinto del que hubo esa noche en la que una decena de rayos desató el infierno. La orden no se dio porque todos los años el riesgo alto se fija el 1 de julio.
Pero además, al operativo reducido e insuficiente, se suma el modelo de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, que es mixto, con medios públicos y privados, y que contrata a bomberos solo durante unos meses y no durante todo el año. De este modo el fuego encuentra cortafuegos descuidados, pistas forestales sin limpiar, y combustible de sobra para volverse incontrolable. La gravedad del segundo incendio que ha asolado Zamora, el de Losacio, ha acabado con dos vidas, la de un bombero forestal y la de un pastor al que rodearon las llamas.
A ello hay que sumar las cuestionables condiciones laborables de los bomberos, que han mostrado en twitter la vitualla que recibían: bocadillos con escaso relleno, poca bebida y poca fruta. Este lunes, el consejero se defendía en una entrevista en la Cadena SER asegurando que la situación de los bomberos no era cosa suya sino de las empresas que los contrataban y de los convenios colectivos, y que parte de la culpa de la situación con los fuegos era cosa de las “nuevas modas” de los ecologistas, asumiendo el discurso negacionista de Vox, socio de gobierno del PP.
En esa huida hacia delante está también el propio Mañueco que afirma alternativamente bien que los incendios forman parte de la “naturaleza” bien que personas –que no concreta– “quieren quemar Castilla y León”. Este miércoles, la Guardia Civil detenía a un agricultor como presunto autor del incendio en la provincia de Burgos que obligó a evacuar varios pueblos. El hombre está investigado por haber realizado presuntamente trabajos agrícolas en una finca de cereal en horario prohibido. Ha quedado en libertad tras negarse a declarar, pero está investigado. Además, la Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación contra Suárez-Quiñones tras una denuncia de CCOO por su gestión del incendio de la Sierra de la Culebra. Todos los partidos de la oposición han pedido ya su dimisión.
La evolución de los incendios –y de la crispación vecinal y política– dejarán ver dentro de poco si el presidente deja caer a su consejero.
Manifestaciones por toda la comunidad piden la dimisión del presidente de la Junta y de su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quienes consideran responsables de la actual situación.
Panorámica de la manifestación que ha tenido lugar este sábado 23 de julio en Ponferrada en protesta por la falta de planificación forestal. —Isabel de la Calle Fernández
Castilla y León no aguanta más. Tras sufrir decenas de incendios en lo que va de verano, ciudadanos de todos los puntos de la comunidad han dado un puñetazo encima de la mesa y se han echado a las calles pidiendo la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de su consejero de Medio Ambiente, el popular Juan Carlos Suárez-Quiñones como responsables de la falta de planificación forestal.
El fin de semana de protestas comenzó ya el jueves en Zamora con una protesta en recuerdo de las muertes del bombero y el pastor fallecidos en el incendio de Losacio. Convocada por el sindicato CGT a las puertas de la Junta, tenía el lema de «Trabajo sin riesgo». Algunas de las pancartas que se exhibieron señalaban: «Zamora arde. La Junta responsable», dejando claro a quienes consideran responsables de la actual situación forestal de la comunidad.
El viernes ha sido el turno de León con una concentración convocada por Conceyu y en la que también se ha pedido la dimisión del presidente y su consejero por la nefasta gestión de los montes y por no dotar de suficientes medios humanos y materiales a los servicios de prevención y extinción de incendios. En este caso, muchas de las pancartas pedían un operativo público que esté activo todo el año, que pueda dar respuesta rápida a las situaciones de emergencia.
Imagen de la convocatoria que ha tenido lugar este sábado 23 de julio en Salamanca en protesta por la falta de planificación forestal. —Isabel de la Calle Fernández
Duras críticas al Gobierno de la Junta desde Ponferrada
El sábado por la mañana recogió el testigo de León la capital del Bierzo, Ponferrada, con una concentración en la plaza Lazúrtegui de más de 300 personas. La comarca berciana también se ha visto asolada por varios incendios, por lo que los bercianos han clamado contra la «falta de planificación forestal» de los responsables políticos y se han oído gritos de «nunca más».
Las pancartas en Ponferrada han sido muy críticas con el Gobierno de la comunidad. Algunas aseguraban: «Mañueco y Quiñones, a los tiburones» o «Don Mañueco nos toma a pitorreo y don Quiñones se rasca los…».
Las organizaciones ecologistas que convocaron la manifestación han pedido, además, que se apruebe la declaración de nivel de alerta tres y de zona catastrófica para las áreas más afectadas por el fuego, además de centrar sus críticas más mordaces sobre las figuras de Mañueco y Quiñones.
Salamanca ha sido la siguiente provincia en unirse a las protestas con una concentración en la Plaza Mayor de la capital charra este sábado a partir de las 20 horas. En ella se ha recordado como la comunidad está «calcinada y abandonada», además de pedir a la Junta «mejores condiciones laborales y un salario acorde con el trabajo» que realizan los bomberos forestales.
Valladolid finalizará con esta cadena de manifestaciones con la convocada este domingo 24 en la Plaza Mayor de la capital pucelana para pedir al Gobierno de Castilla y León soluciones ante el drama vivido con los incendios en la Sierra de la Culebra. Esta movilización también denunciará el abandono y el déficit de servicios en Zamora y su medio rural.
Hay que recordar que el incendio de Losacio, en Zamora, con más de 31.000 hectáreas arrasadas se ha convertido en el segundo incendio más importante de España, solo superado por el de Minas de Riotinto en 2004 (34.290 hectáreas quemadas). Este incendio se une en la misma provincia al de la Sierra de la Culebra, que tuvo lugar en el mes de junio y que con casi 25.000 hectáreas quemadas lideraba los incendios más importantes de este siglo hasta que comenzó el de Losacio.
Salamanca, Ávila y León han sido las otras provincias de la comunidad autónoma que han sufrido incendios muy importantes en este inicio de verano 2022.
