En Almas en pena de Inisherin un paisano decide romper inexplicablemente con su amigo de toda la vida. Para hacerle ver que no quiere volver a verle decide “hacerse daño”. Cualquier parecido con el futuro de la izquierda es pura coincidencia. Y la derecha, comiendo palomitas mientras ve la peli.
Esta sociedad ha suspendido varias auditorías que evalúan la calidad de su servicio desde su contratación en la Comunidad de Madrid, tiene un expediente sancionador abierto por Competencia, y fue condenada en 2014 por el Tribunal Supremo.
Informe de auditoría de Quimicral sobre los almacenes Femar de Vallecas, a 28 de octubre de 2022. — Público
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar el contrato a las empresas encargadas de distribuir la comida en los centros residenciales públicos a su cargo, pese a las quejas de decenas de familiares y trabajadores, que han denunciado en múltiples ocasiones el mal estado en el que llegan los alimentos. Tal y como ha podido saber Público, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ya ha comunicado «a los adjudicatarios de los distintos lotes la continuación de los conciertos».
Entre las compañías que continuarán ofreciendo este servicio, se encuentra Plataforma Femar S.L, que se ocupa de los menús de 21 centros tutelados de menores, además de 22 residencias de mayores, como la Francisco de Vitoria de Alcalá, comedores sociales y centros ocupacionales. Esta entidad ha sido criticada por repartir embutido podrido, pescado con espinas para niños de tres años y ancianos con disfagia, así como por las escasas cantidades de las que disponen. Deficiencias que, explican las familias, han llegado a provocar problemas de desnutrición entre los residentes.
Pero las dudas sobre la viabilidad de las prácticas de Femar no llegan sólo por parte de los empleados y usuarios. La empresa, que logró ganar seis de los nueve lotes que salieron a concurso el pasado marzo de 2022, ha sido valorada con puntuaciones negativas en varias ocasiones por Quimicral, la consultora en seguridad nutricional contratada por la propia Administración autonómica para inspeccionar su funcionamiento.
En los informes, a los que ha accedido Público, se remarca la «suciedad general» de las naves y los palés en los que se apoyan los víveres antes de ser repartidos, con riesgo a que las comidas se contaminen. También alertan que los almacenes no siempre realizan controles de temperatura, peligrando la cadena del frío que es fundamental para evitar el deterioro de los productos congelados.
De hecho, de acuerdo con lo reflejado en los documentos, la empresa auditora llegó a encontrar cámaras frigoríficas con comida en su interior apagadas en una de sus visitas. En la misma línea, Quimicral habla de desorden, problemas de transporte y señala la presencia de productos de limpieza tóxicos, sin aislar, junto a la comida. Regular, mal y muy mal son palabras que se repiten constantemente en las evaluaciones.
Desde el pasado septiembre, cuando entró en vigor el contrato de alimentación entre Femar y la AMAS, el sistema de provisión de alimentos en residencias de personas mayores y centros tutelados de menores ha dado un giro de 180 grados. Una coyuntura que no ha sorprendido demasiado, pues los criterios para acceder a la licitación enfocados a la bajada de precios (con una puntuación de 70 sobre 100) ya daban algunas pistas de la calidad del servicio que se iba a ofrecer.
Lejos de actualizar los precios a la inflación experimentada desde el inicio de la guerra de Ucrania, Ayuso apostó por recortar la calidad nutricional de las comidas diarias de niños, adolescentes y mayores que residen en los centros públicos, con menús de hasta 4,60 euros para cubrir el coste del desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
Durante el concurso, Fermar presentó una oferta anormalmente baja en tres de los lotes a los que aplicaba por los que fue requerida para que desglosara «razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o costes». La plataforma justificó su propuesta temeraria con vagas indicaciones sobre el aprovechamiento de las rutas de distribución, la supresión de intermediarios o su elevado volumen de ventas, que claramente compartía con el resto de candidatas que postulaban por precios reseñablemente superiores. Por lo que, en principio, nada la dotaba de una mayor eficiencia significativa en comparación con sus competidores.
Incluso un informe de valoración elaborado por el jefe de servicio de gestión administrativa de la Comunidad de Madrid reconoció que era «difícil plasmar numéricamente la reducción de costes por la implantación de la empresa en el sector y por la especialización en trabajos con administraciones públicas». Sin embargo, pese las quejas constatadas y publicadas, los suspensos de inspección y la reducción sospechosa de los costes en el procedimiento, el responsable no dudó en adjudicarle dos de los tres lotes investigados en base a la supuesta aptitud de su herramienta informática.
Quien sí que ha considerado estas prácticas como posibles movimientos anticompetitivos es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene abierto un expediente sancionador contra Femar. La investigación se centra, precisamente, en el supuesto «reparto de clientes y la posible manipulación de licitaciones destinadas al suministro de alimentos a colegios, residencias y centros penitenciarios» entre varias entidades.
Las indagaciones de la CNMC llevan en curso desde el 28 de mazo del año pasado, por lo que cuando el Gobierno de Ayuso contrató a la plataforma estos hechos, esto es, que Femar podría formar parte de un cártel, ya se conocían. Es más, en diciembre Competencia volvió a emitir una nota donde se informaba de que, tras haber inspeccionado las sedes de las compañías implicadas en el caso, la instrucción seguía adelante a la espera de una resolución, que debe emitirse en un plazo máximo de 18 meses.
Si bien esta no es la primera contienda a la que se enfrenta la plataforma, que fue condenada por sentencia firme como autor responsable de un delito continuado y consumado de falsedad en documento mercantil por el Tribunal Supremo (TS) en 2014.
Al conocer la decisión del Ejecutivo autonómico de alargar el concierto, Juan Lobato, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE ha hecho llegar una carta a Ayuso donde le ha exigido que «no prorrogue el sistema aprobado en el mes de septiembre dejando que sea el nuevo Ejecutivo que salga elegido después del 28 de mayo el que tome esa decisión».
En el escrito, el líder socialista ha puesto en valor la «dignidad» y el «respeto» que merecen las personas que viven en residencias y centros de menores. Lobato ha exigido que una buena alimentación de calidad sea lo prioritario para el Consejo de Gobierno de la comunidad.
Desde Más Madrid también son contundentes y reclaman «que la Administración tome las riendas» y se haga cargo del malestar generalizado en los centros residenciales públicos. El partido líder de la oposición en la Asamblea lamenta la situación de especial vulnerabilidad de los más pequeños: «Pueden estar dándoles basura, que difícilmente se van a poder quejar».
En esta segunda entrega de Otras Voces, Dina Bousselham entrevista a Juan Grabois, abogado, docente y militante popular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y recientemente precandidato del Frente Patria Grande en Argentina. En esta entrevista, Grabois nos cuenta su recorrido personal marcado desde los 17 años por la lucha de los cartoneros que supuso el inicio de un largo camino defendiendo a los clases más humildes. Marxista, peronista y cristiano, su proyecto de emancipación para argentina no es otro que poner en el centro la economía popular como motor eje fundamental. Según Grabois, la mayor deuda que tiene Argentina no es con el FMI, sino la deuda interna que tiene el Estado con el pueblo argentino: un tema que tiene que ver con la redistribución de la riqueza.
La constructora contrató a la hija del actual diputado del PP en Cantabria César Pascual, entonces gerente del hospital de Valdecilla, en noviembre de 2013, cuando le adjudicó un contrato de 900 millones
La constructora Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de César Pascual, actual diputado del PP en Cantabria. La primera de esas contrataciones se produjo en 2013, cuando Pascual, entonces gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, adjudicó un multimillonario contrato para la gestión no sanitaria de este centro al grupo de la familia Del Pino, al que luego blindó durante más de dos años de posibles indemnizaciones por incumplimientos de contrato.
El polémico macrocontrato de Valdecilla, marcado por sobrecostes, deficiencias y lo que partidos políticos y sindicatos de Cantabria han tachado de «privatización encubierta”, comprendía terminar las obras de ampliación de este centro, cuya fachada se derrumbó en 1999 (murieron cuatro personas), y la concesión de todos los servicios no sanitarios, con un coste para la Administración de más de 900 millones de euros durante 20 años.
El contrato se adjudicó a Ferrovial, protagonista en las últimas semanas por su polémico traslado a Países Bajos, que va a plantear a sus accionistas el próximo 13 de abril. Fue la elegida en alianza con la empresa local Siecsa. Con el Gobierno cántabro entonces con mayoría absoluta del PP, esa adjudicación fue el colofón a casi dos décadas de obras, costes disparados, problemas económicos y retrasos continuos en la renovación del centro.
La consejera de Sanidad era entonces la actual líder popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que nada más asumir esa cartera, en 2011, nombró gerente de Valdecilla a César Pascual. Fue este, y no la consejera, quien firmó la resolución del “contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización de una actuación global e integrada” en el hospital cántabro.
Tras un proceso de “diálogo competitivo”, Ferrovial acabó presentando la única oferta, tras apearse del proceso otras tres UTES formadas por grandes constructoras como OHL, ACS, Acciona o San José. Según la documentación disponible en la plataforma de contratación del Estado, Pascual firmó la adjudicación el 23 de noviembre de 2013. Y ese mismo mes, Ferrovial contrató a su hija Andrea Pascual como ingeniera en el New Doha International Airport de Qatar, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.
“Mi hija se incorporó en efecto el mismo mes pero estaba contratada con anterioridad”, asegura Pascual en un correo electrónico. El diputado, que ya ha anunciado en el Parlamento cántabro que no irá en las listas del PP para las elecciones del próximo 28 de mayo, explica que su hija “estaba trabajando en Marruecos para una empresa francesa y Ferrovial le ofreció un contrato muy sustancial en Qatar”. Y los contratos y visados para trabajar allí “no se formalizan en una semana ni mucho menos. No todos los ingenieros de caminos españoles dominan inglés y francés y menos aceptan trabajar en países árabes, sobre todo si son mujeres”.
Pascual defiende que su actuación en el procedimiento fue “intachable” y no tenía motivos para inhibirse ni hubo conflicto de interés. Argumenta que “la adjudicación del contrato se formalizó al único licitador que quedó después de todo el proceso y por tanto no cabía un supuesto posible trato de favor. El informe técnico dijo que cumplían y mi obligación como órgano de contratación era adjudicar. Si se hubiese dado el caso de más de un licitador obviamente me hubiera abstenido de la mesa de contratación como hubiera sido mi obligación pero no se dio el caso”.
Según Pascual, “para que exista un conflicto de intereses debe existir la posibilidad o la oportunidad de anteponer interés privado a la hora de elegir o tomar una decisión. En este caso no se dieron ninguna de las dos circunstancias: ni hubo que elegir ni tuve que decidir nada puesto que al cumplir los requisitos era obligada la adjudicación”.
Andrea Pascual sigue en Ferrovial: es actualmente project manager de Ferrovial en la ampliación del aeropuerto JFK de Nueva York, una de las obras más emblemáticas que el grupo de la familia Del Pino tiene entre manos.
El diputado popular reconoce asimismo que su hijo César también trabaja como ingeniero en la multinacional de los Del Pino. Se incorporó en 2018 y es jefe de producción en el proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.
“Mi hijo entró en Ferrovial, como entró la mitad de su promoción”, dice. “Aprobó ingeniería de caminos a curso por año, sin repetir, y estaba entre los mejores”. “Las empresas, OHL, Ferrovial, todas, se disputan a los mejores”. “No tengo nada con Ferrovial, he trabajado con todas las empresas que se han adjudicado contratos de construcción, he estado 42 años en la Administración”, afirma Pascual, que dice que publicar un reportaje sobre sus relaciones con la multinacional es “inútil porque ya he anunciado mi retirada de la política”.
El diputado autonómico del PP, médico especializado en gestión sanitaria, fue director gerente de Valdecilla desde 2011 hasta 2015. En junio de ese año, cuando el PP ya enfilaba la salida del Gobierno cántabro y estaba en funciones, firmó una resolución relativa a la interpretación de una cláusula del contrato con Ferrovial que, en la práctica, impidió a la Administración regional sancionar y penalizar durante dos años a la adjudicataria por incumplimientos del contrato. “Ese blindaje no se ha hecho en ninguna concesionaria de Madrid”, dice una fuente del sector.
Pascual adoptó esa resolución el 17 de junio de 2015, tres semanas después de las elecciones autonómicas de ese año. En ella establecía “que el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios, sea de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura”. La otra condición era la puesta en marcha de una nueva herramienta informática, Aurora, para “registrar todas las incidencias que se puedan producir”.
“Yo entendía que el tema de las penalizaciones del contrato entraba en vigor cuando se hiciera el traslado del hospital viejo al nuevo, porque entendía que el funcionamiento del hospital viejo no se lo podía achacar a Ferrovial”, explica al teléfono Pascual. “Con este contrato ha habido muchísima polémica siempre” y el PSOE “ha planteado muchísimos recursos y demandas y los perdió todos”, añade.
El Gobierno cántabro del PRC y el PSOE declaró esa resolución lesiva para el interés público en abril de 2017, por entender que se emitió sin el informe jurídico preceptivo que exige la Ley de Contratos del Sector Público y se basó en “una interpretación forzada” del contrato de concesión, amparada en “lagunas” legales que no existían. Esto provocó, según la resolución del Ejecutivo cántabro, “que se favorezca de manera exclusiva al contratista, y que se opere en perjuicio de la Administración contratante”.
En 2019, la entonces consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real (PSOE), cifró ese perjuicio en “más de dos millones de pérdidas para los intereses públicos” durante esos más de dos años. La decisión de Pascual de bloquear posibles indemnizaciones la anuló en febrero de 2019 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Santander, a instancias del Gobierno cántabro. Pero Ferrovial recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) revocó esa decisión.
“La justicia me dio la razón, no a mí; se la dio a Ferrovial”, dice por teléfono Pascual, que asegura que los tribunales determinaron que su comportamiento “no fue lesivo para el Gobierno”.
En febrero de 2020, el TSJC anuló la suspensión cautelar de la resolución de Pascual que decretó el Gobierno cántabro en noviembre de 2016. Su principal argumento fue que, en contra de lo que planteó el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, sí hubo un informe jurídico, del que se encargó no la Administración, sino dos empresas externas, una UTE formada por la consultora de construcción estadounidense Hill International y Antares Consulting, dedicada al sector sanitario.
El TSJC dictaminó que si bien “no se cumple” el requisito de que ese informe lo firmara la Consejería o la Dirección General de Sanidad de Cantabria, el hospital de Valdecilla “es una entidad dependiente del Organismo Autónomo llamado Servicio Cántabro de Salud. De modo que parece, en principio, desvinculado de la organización o dependencia de las Consejerías o Direcciones Generales del Gobierno de Cantabria. Parece no dependiente ni de su organización jerárquica, ni presupuestaria… etcétera”.
“Por lo que, es lógico que los servicios de asesoramiento jurídicos también tuvieran que ser propios, y por lo tanto se entiende que el director del Hospital, en un momento dado, y teniendo en cuenta la complejidad del Contrato a implantar”, externalizara la asesoría jurídica, según la sentencia del TSJC.
“No sé a qué se debe esa insistencia en considerar que yo tuve un posible trato de favor con Ferrovial cuando ha quedado demostrado en los numerosos recursos judiciales que tuvo el proceso que se realizó con absoluta trasparencia y ajustado a derecho”, señala Pascual, que asegura que “ni un solo proceso judicial falló en contra del contrato”.
No obstante, sí ha habido resoluciones en ese sentido, como la que dictó en marzo de 2021 el Tribunal Supremo, que obligó a Ferrovial y Siec a costear el mantenimiento del sistema quirúrgico robotizado Da Vinci IS3000, que supone más de 163.000 euros al año y tiene implicaciones sobre el resto de tecnología presente o futura del centro, según indicó entonces el Ejecutivo cántabro.
“Otra cuestión es que políticamente a algunas fuerzas no les gustasen los contratos de colaboración público privada”, dice Pascual. “Pero una cosa es la valoración política y otra muy diferente que el contrato no fuera exquisitamente formalizado ateniéndose a la ley de contratos”.
Los caminos de Ferrovial y Pascual volvieron a cruzarse en 2018, año en que la constructora contrató a su hijo César. Él era director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid con Cristina Cifuentes como presidenta. Y fue imputado junto a otros tres altos cargos por supuesta prevaricación en el concurso sobre el transporte de ambulancias a hospitales del SUMMA (Servicio de Urgencia Médica de Madrid) que adjudicó el servicio a Ferrovial.
Finalmente, a principios de 2019, y con Pascual ya cesado en el Gobierno madrileño, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid archivó la querella que presentó la empresa que quedó primera en el concurso, Ambulancias Alerta, cuya oferta fue la más barata, de 72,3 millones. Esta empresa aportó grabaciones en las que los altos cargos del gobierno madrileño (entre ellos Pascual) presionaban para que renunciaran al contrato porque, sostenían, habían ofrecido una rebaja excesiva. Alerta renunció y el contrato se lo quedó por 76 millones la segunda clasificada, Ferrovial, que ya prestaba ese servicio.
“Participé en una investigación por un conflicto con Ambulancias Alerta, pero no tenía nada que ver con Ferrovial. Se mezcla todo. Yo no era órgano de contratación ni estaba en la mesa de contratación”, dice Pascual, que tras archivarse ese procedimiento fue número 7 de la candidatura del PP de Cantabria para las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
La adjudicataria del contrato del hospital de Valdecilla pertenece a Ferrovial Servicios, cuya venta al fondo Portobello cerró hace un año Ferrovial, aunque conserva una participación del 24,7% en esa filial, rebautizada como Serveo. Según El Economista, a finales de 2022 Ferrovial y Portobello contrataron a Santander para tratar de vender esa concesión. Según fuentes del mercado, actualmente no está en venta.
En este vídeo vamos a analizar la intervención polémica que se hizo viral de la pastora evangélica Yadira Maestre en un acto del PP junto a Feijóo, Ayuso y Almeida.
Estos documentales deberían ser transmitidos en los sistemas de televisión publica de nuestros paises. La información es poder, por eso quienes detentan el poder todo el tiempo quieren controlar la información. Me quedo con dos magistrales frases del Maestro Galeano: «Con el dinero ocurre al revés que con las personas: cuanto más libre, peor» y «La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo»…
El jefe de Estado destacó que no se detendrán en la lucha contra los bandidos y la corruptela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra la corrupción.
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Durante la inauguración de la II Feria Nacional de Criabúfalos Caracas 2023, el mandatario expresó que «cuando procedimos a tirar esta operación anticorrupción, estábamos en la certeza que estábamos dando un golpe a las mafias podridas de la corrupción».
«En esta etapa es apenas un golpe de muchos más que vamos a dar contra las bandas de mafiosos enquistadas. (…) No nos vamos a detener en la lucha contra los malamañosos, los corruptos, los bandidos, contra la corruptela», aseveró el jefe de Estado.
Además, recordó que ha dirigido personalmente esta investigación desde hace semanas, junto con un grupo importante de funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Fiscalía General, «con paciencia, con mucha intuición y profundidad».
«Voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado a un pueblo en circunstancias verdaderamente excepcionales», manifestó.
Por otro lado, el presidente Maduro instó a los organismos de investigación y la Fiscalía a garantizar que los recursos robados sean reintegrados al Estado para su posterior inversión en programas sociales.
«Los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país, que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo más temprano que tarde», dijo.
Portavoces de los distintos grupos parlamentarios (Podemos, ERC, EH Bildu, Más Madrid, Compromís, etc) se pronuncian sobre el acuerdo entre Podemos y Sumar. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, ha intentado mostrar positivismo tras el fracaso de la negociación de ayer entre estos dos grupos para lograr un pacto de mínimos, que promulgue unas primarias. En líneas generales, el resto de portavoces han mostrado su deseo de avanzar hacia una confluencia. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Este centro de mayores ha sido denunciado hasta en cuatro ocasiones por la mala calidad de sus comidas, y en estos momentos se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.
Residentes, familiares y trabajadoras de la residencia Francisco de Vitoria en Alcalá se manifiestan contra la gestión de la Comunidad de Madrid, a 25 de marzo de 2023. — Cedida a Público
«He cuidado de ancianos que se han muerto después del verano por desnutrición y deshidratación. Se están cometiendo negligencias por todas partes«, denuncia Cristina González, auxiliar de enfermería en la residencia pública Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, en Madrid. En una conversación con Público, la trabajadora critica, junto a familiares de algunos residentes, las malas condiciones nutricionales bajo las cuales «malviven» los mayores del centro. Este geriátrico ha sido denunciado hasta en cuatro ocasiones por la mala calidad de sus comidas, y en estos momentos se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.
Todas ellas califican la situación de «alarmante» e incluso las familias llegan a reconocer que temen por las vidas de sus mayores. «Después de la covid, se empezaron a admitir residentes nuevos, pero nosotras seguimos siendo las mismas», explica González. La profesional asegura que, a pesar de la insistencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en hacer ver que hay «personal por encima de las ratios», en la residencia de Alcalá hay turnos que tan sólo disponen de una persona para atender un módulo de 22 personas.
«Un 25% de mis compañeras están de baja porque no soportan ni este volumen de trabajo ni la presión y la carga que supone ser consciente de que los ancianos no están bien aseados porque no disponemos de toallas y tiempo suficiente para lavarlos», lamenta González. «Sólo en el turno de tarde, somos diez manos menos que hace un año con 100 residentes más», añade. La saturación, tal y como cuenta la empleada, repercute inevitablemente en la calidad de los cuidados y la atención que se puede dar a los ancianos. Así, por ejemplo, tienen menos capacidad de controlar lo que come cada uno.
Familiares y trabajadores denuncian que los residentes de Alcalá han perdido peso de manera «drástica»
Esta descoordinación, sumada a la mala calidad nutricional de los menús, ha provocado que en los últimos meses decenas de familias hayan sido testigos de cómo sus padres y madres han perdido peso de manera «drástica», algunos llegando a adelgazar 20 kilos. Las propias trabajadoras han fotografiado en numerosas ocasiones el pescado congelado o la verdura podrida que, se supone, tenían que comer los ancianos. En este sentido, alertan de que hay dietas que «ni siquiera están firmadas y supervisadas por médicos».
«Desde el verano pasado hasta ahora hemos notado que el tema de el mal aspecto y sabor de la comida ha dejado de ser puntual», sostiene González. Las trabajadoras han solicitado, «casi implorado», que se rescinda el contrato con el proveedor actual. Pero la gerencia no parece estar dispuesta a pagar más de cinco euros al día por los alimentos de los ancianos. De hecho, justifica la licitación espetando que el centro «no es un balneario». Una coyuntura poco novedosa, pues los convenios entre la Comunidad de Madrid y las empresas que ofrecen los servicios externalizados acostumbran a ser a la baja.
La dirección del centro, por su parte, se ha limitado a indicar que «es lo que hay». «Parece que tampoco encuentra mayor inconveniente en que las cantidades sean claramente insuficientes y no se privan de ofrecer un litro de zumo para 24 residentes«, reprocha Julia, hija de una de las ancianas que vive en este centro de mayores. Ella misma detalla que ha podido constatar el mal sabor de boca que dejan los triturados que le dan de comer a su madre, la cual ya ha sido diagnosticada de desnutrición severa, anemia y deshidratación.
El caso del padre de Maite, también residente, es todavía más desolador. Él entró a vivir a la Francisco de Vitoria el pasado diciembre sin ningún achaque más que el Alzheimer y poco más de dos meses después se dirime entre la vida y la muerte. Durante las primeras tres semanas, asegura su hija, perdió cinco kilos y la deshidratación le ha producido varias infecciones de orina que han derivado en una grave prostatitis. «Antes de todo esto, enfermó de covid y ni siquiera fueron capaces de hacerle un test para aislarle. Cuando fui a verle, le encontré incapaz de moverse y prácticamente inconsciente», narra Maite.
Las trabajadoras, gracias a quienes han salido a la luz estas deficiencias, no claudican e insisten en que «van a seguir luchando hasta que la Fiscalía dirima si esta precariedad extrema en la que viven los mayores está o no fuera de la ley». «Si seguimos así, los ancianos se seguirán muriendo y nosotras continuaremos dándonos de baja. Pero no seremos cómplices«, remarcan. Algunas incluso han sido amenazadas por sus jefes por «hablar más de la cuenta».
La guinda del pastel se la han puesto, recientemente, los altos niveles de legionela que detectó el Ayuntamiento de Alcalá durante una inspección sanitaria. Según detalló el consistorio, se encontraron «varias muestras con más de 8.000 de unidades formadoras de colonias» en el agua de las duchas del centro, cuando se considera que más de 1.000 unidades ya representan «una situación grave, donde se requiere una actuación inmediata».
Con todo, el equipo directivo de la residencia se limita a tirar balones fuera y edulcorar los problemas. Es más, las trabajadoras señalan que el equipo directivo ha tratado de interrumpir las denuncian que han intentado trasladar a gerencia. Este medio ha intentado contactar con el director, Carlos Girón, pero no ha recibido contestación.
Marga Prohens reconoce que ha sido un error comer con un corrupto que actualmente disfruta de un tercer grado, una foto que pudo filtrarse a la prensa por alguien de su misma formación: “Si no lo supiera [quién pasó la foto a los medios], no estaría capacitada para ser presidenta del PP”
El PP desaprueba la comida de su líder balear con un histórico dirigente condenado por corrupción
La foto se filtró a OKDiario y desde el PP sospechan que se trata de fuego amigo. “Alguien del Partido Popular le ha traicionado” al enviar la foto a la prensa, le preguntó este lunes una periodista a Marga Prohens en una entrevista en la televisión Canal4, a lo que la líder popular responde: “Sabrá la persona que lo ha hecho por qué lo ha hecho. En un momento donde se hablan de candidaturas y unos están más pendientes del personalismo que del proyecto, han querido hacer esto”.
“Ya debe saber quién lo ha filtrado, ya que las fotos están tomadas en un sitio muy concreto, ya sabe quién se sentaba ahí”, pregunta de nuevo la periodista, a lo que Prohens responde: “Si no lo supiera, no estaría capacitada para ser presidenta del PP (se ríe). No éramos 500”.
“Aquellos que pretendan utilizar esto políticamente se lo deberían pensar dos veces porque he sido muy transparente y muy clara en todas las cosas que se me han preguntado siempre a lo largo de mi vida política”, respondió Prohens. “He demostrado ser muy firme contra la corrupción (…). Siempre digo que la corrupción en el PP a quien más daño ha hecho es a los afiliados de base del PP. Cuando ocurrieron estos hechos yo no estaba en política”, dijo en referencia al caso que terminó con Rodríguez en prisión.
Cabe destacar que Rodríguez fue una figura muy importante dentro del Govern del expresidente Jaume Matas, quien terminó acumulando más de ocho años de cárcel en condenas y más de 50 de inhabilitación por numerosos delitos durante su gestión al frente del Ejecutivo balear. Rodríguez y Matas compartieron el banquillo de los acusados, en medio del reguero de casos de corrupción que asolaron al PP balear a partir de 2003. La condena contra Rodríguez llegó después de que el exjuez José Castro comenzara a tirar de la manta en 2012, descubriendo la contabilidad en B del partido y el amaño de contratos públicos a favor de Over Marketing.
La cúpula del PP balear se reunió este viernes en Palma en un almuerzo privado el que participaron entre 50 y 60 personas, entre ellas, el citado Rodríguez, según avanzó este sábado OkDiario. La información, que explicaba que la comida fue organizada por Rodríguez, concluía detallando que “la cita sirvió no solo para recordar los viejos tiempos pasados, sino para hacer piña de cara a la inminente campaña electoral y negociar el perfil de los integrantes de la candidatura municipal (Palma) que encabezará el presidente de la formación, Jaime Martínez”.
“Evidentemente, no fue una decisión acertada porque si lo fuera no estaría hoy (ayer), otra vez, hablando de esta comida”, reconoció Prohens en Canal4. El PP, a través de su portavoz de Campaña, Borja Sémper, desaprobó este lunes la presencia de la líder del PP balear con Rodríguez. Después de haber sido preguntado sobre la posición de Génova respecto a la comida del partido en la isla, Sémper manifestó que la presencia de la candidata del PP al Govern “no fue la mejor de las decisiones”.
“Entienda que no conozco la agenda de ningún dirigente, con quién come o con quién cena, pero los compañeros en Balears han dicho que no fue la mejor de las decisiones, algo a lo que me adhiero”, se limitó a señalar Sémper en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. Al ser preguntada de nuevo por esta cuestión, Prohens volvió a repetir que se trataba de una “comida privada” y que no iba a dar “más explicaciones” porque el asunto “carecía de importancia”.
Prohens negó que se tratara de una reunión para fijar candidatos y candidatas a las listas de la candidatura municipal de Palma. “Qué torpe hubiera sido. Las listas las hacemos nosotros y José María Rodríguez no está en el PP. Es una persona que ha estado en el partido y ha sido importante pero como tantas otras también”, dijo sobre esta cuestión.
La líder del PP balear protagonizó otra polémica en la misma tertulia de Canal4. Mientras se hablaba sobre turismo, Prohens anunció que iba a derogar la Ley Turística de Balears de 2022 (recuperando el “espíritu” de la ley de 2012, aprobada por el conseller de Turismo Carlos Delgado durante la presidencia de José Ramón Bauzá) y aseguró que “poner camas elevables es la ‘mayor tontería’ que hemos oído en política turística”, en referencia a una de las reivindicaciones de las camareras de pisos incluida en la nueva norma aprobada el año pasado.
“Crecer en valor no significa decir a los hoteleros ‘ustedes tienen que poner camas elevables’, que creo que es la mayor tontería que hemos oído en política turística en los últimos tiempos, sino adaptar las infraestructuras para que estén preparadas para recibir a este turista de calidad”, dijo Prohens.
Estas declaraciones han causado la indignación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; de la ministra de Igualdad, Irene Montero y de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que han mostrado su apoyo a la organización Kellys Unión Balears. “Lo que tilda la presidenta del PP en Balears de ‘tontería’ es una de las principales reivindicaciones de las camareras de piso para proteger su salud”, ha dicho Díaz, indicando que es “una medida de seguridad básica”.
En el mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Igualdad, que ha indicado que Prohens “no se ha molestado en hablar con una sola camarera de pisos”. Montero ha lamentado que la dirigente del PP balear no se había molestado en “saber todas las consecuencias médicas de mover y levantar decenas de camas al día”. “La mayor tontería en política es no tener ni un mínimo de empatía”, ha concluido la ministra.
La presidenta del Govern, Armengol, definía la posición del PP como “clasista” y “desconectada de la realidad de las trabajadoras” del sector turístico. “Las camas elevables evitan enfermedades profesionales a miles de camareras de pisos. Menos ignorancia y más respeto a la gente trabajadora”, aseguró.
La comida de Prohens con Rodríguez, condenado por corrupción, se ha hecho pública apenas un mes después de que el PP celebrara un acto nacional del partido en Eivissa. El candidato del PP al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, asistió a una comida en un acto con la cúpula del PP ibicenco en la isla. Entre ellos se encontraba el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, tras haber admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Balears por presunta prevaricación administrativa, tráfico de influencias y coacciones.
En el acto de precampaña también estaban Marga Prohens, candidata del PP al Govern y José Vicente Marí Bosó, presidente del PP insular. Estos dos últimos elogiaron al presidente del Consell d’Eivissa: “Quiero para los próximos años en nuestra isla la tranquilidad de Vicent Marí gobernando el Consell Insular”, dijo Marí Bosó. “Gracias por lo que has conseguido”, añadió Prohens. Esta concluyó: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”.
