La orden fija unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su atención a medios en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, a 20 de enero de 2023. — Álex Cámara / EUROPA PRESS
«La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación«, reza la orden elaborada por el Gobierno andaluz que abre la veda a la privatización de la sanidad pública.
Su publicación este jueves supone un antes y un después en la historia de la sanidad andaluza, ya que permitirá los conciertos con la empresa privada en atención primaria, estableciendo una serie de tarifas –que asumiría el Servicio Andaluz de Salud– por disponer de sus servicios.
En concreto, la orden tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios.
La orden, cuyo borrador ha generado en las últimas semanas críticas tanto desde los grupos parlamentarios de la oposición de izquierdas al Gobierno andaluz del PP-A como por parte de sindicatos del sector sanitario, incluye un anexo con las tarifas máximas que se fijan para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio.
El anexo incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de conciertos, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde se fijan unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
Asimismo, el SAS fija una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta que se concierte para estancias de uno a siete días de duración, de 150 euros diarios para las que se prolonguen de ocho a 30 días, y de 125 euros para las estancias de más de 30 días.
El importe máximo que se fija para un día de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750 euros, y para estancias por casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas que oscilan entre los 200 y los 130 euros diarios según la duración de las mismas, en función de si se prolongan de uno a siete días, de ocho a 30 días o de más de 30 días.
Por otro lado, el anexo de la orden de tarifas también incluye precios por procedimientos de radioterapia y protonterapia, con importes máximos que oscilan entre los 42.000 euros que se contemplan para un tratamiento completo de protonterapia pediátrico con anestesia, y los 3.000 euros que el SAS podría pagar por concertar un tratamiento completo de radioterapia sin ingreso.
Microsoft abrirá en un breve periodo de tiempo tres centros de datos en la Comunidad de Madrid, una inversión en la región que se calcula creará más de 13.200 empleos, entre directos e indirectos. Un proyecto por el que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva trabajando todo este último año con reuniones constantes con la multinacional tecnológica y en el que se han implicado varios ministerios y hasta el propio Sánchez. La última reunión para cerrar los últimos flecos del proyecto se producía este viernes en Madrid cuando el número dos de la compañía, Brad Smith, viajó a la capital para reunirse con la vicepresidenta económica Nada Calviño y el secretario general de Asuntos Económicos de Moncloa, Manuel de la Rocha.
En el marco de estas negociaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajaba la semana pasada a Londres, una visita a la capital inglesa en la que trató de apropiarse de esta inversión de Microsoft agendando un encuentro con la vicepresidenta corporativa de Ventas de Microsoft, Cindy Rose.
La presidenta madrileña atendió a varios medios de comunicación españoles que la siguieron en el viaje y aseguró que la puesta en marcha de la Oficina de Impulso a los Centros de Procesamiento de Datos (OICPD) por la Consejería de Administración Local y Digitalización “está sirviendo a este proyecto para su desarrollo”. Una forma de tratar de apropiarse de una inversión que ha negociado en su totalidad el Gobierno central.
Los tres centros de datos se espera que aterricen en Madrid en apenas unos meses. Se ubicarán en los municipios de Algete, Meco y San Sebastián de los Reyes. El propio presidente del Gobierno ha estado implicado personalmente en este proyecto hasta el punto de que se ha reunido personalmente en dos ocasiones con los directivos de la compañía. La última vez el pasado mes de abril cuando Sánchez mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Microsoft, Brad Smith, el director ejecutivo de la compañía, Satya Nadella, y el presidente de Microsoft España, Alberto Granados. En el encuentro, se abordaron los futuros planes de la compañía en nuestro país.