Hoy 05/04, hablamos también del ERE de la Ford en Pais Valencià; del error del TSJM al inhabilitar a Isabel Serra; y del paso por los juzgados de Donald Trump.
Categoría: Trabajo
Modificaciones a la malla curricular ¿Cuál es el verdadero problema? | DESACUERDO
Hace más de un mes, el magisterio urbano de Bolivia, que agrupa a los maestros de la educación fiscal, inició una protesta a nivel nacional que cada día se radicaliza más. Se oponen, entre otras cosas, a la actualización de una malla curricular que incluye robótica, programación, ajedrez o educación sexual. ¿Qué hay detrás de esta movilización?
Juan Grabois: «El candidato del Frente de Todos no puede ser un neoliberal» | OTRAS VOCES
En esta segunda entrega de Otras Voces, Dina Bousselham entrevista a Juan Grabois, abogado, docente y militante popular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y recientemente precandidato del Frente Patria Grande en Argentina. En esta entrevista, Grabois nos cuenta su recorrido personal marcado desde los 17 años por la lucha de los cartoneros que supuso el inicio de un largo camino defendiendo a los clases más humildes. Marxista, peronista y cristiano, su proyecto de emancipación para argentina no es otro que poner en el centro la economía popular como motor eje fundamental. Según Grabois, la mayor deuda que tiene Argentina no es con el FMI, sino la deuda interna que tiene el Estado con el pueblo argentino: un tema que tiene que ver con la redistribución de la riqueza.
Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de un diputado del PP que blindó una concesión millonaria del grupo
La constructora contrató a la hija del actual diputado del PP en Cantabria César Pascual, entonces gerente del hospital de Valdecilla, en noviembre de 2013, cuando le adjudicó un contrato de 900 millones
Ferrovial manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España
La constructora Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de César Pascual, actual diputado del PP en Cantabria. La primera de esas contrataciones se produjo en 2013, cuando Pascual, entonces gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, adjudicó un multimillonario contrato para la gestión no sanitaria de este centro al grupo de la familia Del Pino, al que luego blindó durante más de dos años de posibles indemnizaciones por incumplimientos de contrato.
El polémico macrocontrato de Valdecilla, marcado por sobrecostes, deficiencias y lo que partidos políticos y sindicatos de Cantabria han tachado de «privatización encubierta”, comprendía terminar las obras de ampliación de este centro, cuya fachada se derrumbó en 1999 (murieron cuatro personas), y la concesión de todos los servicios no sanitarios, con un coste para la Administración de más de 900 millones de euros durante 20 años.
El contrato se adjudicó a Ferrovial, protagonista en las últimas semanas por su polémico traslado a Países Bajos, que va a plantear a sus accionistas el próximo 13 de abril. Fue la elegida en alianza con la empresa local Siecsa. Con el Gobierno cántabro entonces con mayoría absoluta del PP, esa adjudicación fue el colofón a casi dos décadas de obras, costes disparados, problemas económicos y retrasos continuos en la renovación del centro.
La consejera de Sanidad era entonces la actual líder popular en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que nada más asumir esa cartera, en 2011, nombró gerente de Valdecilla a César Pascual. Fue este, y no la consejera, quien firmó la resolución del “contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización de una actuación global e integrada” en el hospital cántabro.
Tras un proceso de “diálogo competitivo”, Ferrovial acabó presentando la única oferta, tras apearse del proceso otras tres UTES formadas por grandes constructoras como OHL, ACS, Acciona o San José. Según la documentación disponible en la plataforma de contratación del Estado, Pascual firmó la adjudicación el 23 de noviembre de 2013. Y ese mismo mes, Ferrovial contrató a su hija Andrea Pascual como ingeniera en el New Doha International Airport de Qatar, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.
“Mi hija se incorporó en efecto el mismo mes pero estaba contratada con anterioridad”, asegura Pascual en un correo electrónico. El diputado, que ya ha anunciado en el Parlamento cántabro que no irá en las listas del PP para las elecciones del próximo 28 de mayo, explica que su hija “estaba trabajando en Marruecos para una empresa francesa y Ferrovial le ofreció un contrato muy sustancial en Qatar”. Y los contratos y visados para trabajar allí “no se formalizan en una semana ni mucho menos. No todos los ingenieros de caminos españoles dominan inglés y francés y menos aceptan trabajar en países árabes, sobre todo si son mujeres”.
Pascual defiende que su actuación en el procedimiento fue “intachable” y no tenía motivos para inhibirse ni hubo conflicto de interés. Argumenta que “la adjudicación del contrato se formalizó al único licitador que quedó después de todo el proceso y por tanto no cabía un supuesto posible trato de favor. El informe técnico dijo que cumplían y mi obligación como órgano de contratación era adjudicar. Si se hubiese dado el caso de más de un licitador obviamente me hubiera abstenido de la mesa de contratación como hubiera sido mi obligación pero no se dio el caso”.
Según Pascual, “para que exista un conflicto de intereses debe existir la posibilidad o la oportunidad de anteponer interés privado a la hora de elegir o tomar una decisión. En este caso no se dieron ninguna de las dos circunstancias: ni hubo que elegir ni tuve que decidir nada puesto que al cumplir los requisitos era obligada la adjudicación”.
Andrea Pascual sigue en Ferrovial: es actualmente project manager de Ferrovial en la ampliación del aeropuerto JFK de Nueva York, una de las obras más emblemáticas que el grupo de la familia Del Pino tiene entre manos.
El diputado popular reconoce asimismo que su hijo César también trabaja como ingeniero en la multinacional de los Del Pino. Se incorporó en 2018 y es jefe de producción en el proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.
“Mi hijo entró en Ferrovial, como entró la mitad de su promoción”, dice. “Aprobó ingeniería de caminos a curso por año, sin repetir, y estaba entre los mejores”. “Las empresas, OHL, Ferrovial, todas, se disputan a los mejores”. “No tengo nada con Ferrovial, he trabajado con todas las empresas que se han adjudicado contratos de construcción, he estado 42 años en la Administración”, afirma Pascual, que dice que publicar un reportaje sobre sus relaciones con la multinacional es “inútil porque ya he anunciado mi retirada de la política”.
El diputado autonómico del PP, médico especializado en gestión sanitaria, fue director gerente de Valdecilla desde 2011 hasta 2015. En junio de ese año, cuando el PP ya enfilaba la salida del Gobierno cántabro y estaba en funciones, firmó una resolución relativa a la interpretación de una cláusula del contrato con Ferrovial que, en la práctica, impidió a la Administración regional sancionar y penalizar durante dos años a la adjudicataria por incumplimientos del contrato. “Ese blindaje no se ha hecho en ninguna concesionaria de Madrid”, dice una fuente del sector.
2 millones de perjuicio
Pascual adoptó esa resolución el 17 de junio de 2015, tres semanas después de las elecciones autonómicas de ese año. En ella establecía “que el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios, sea de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura”. La otra condición era la puesta en marcha de una nueva herramienta informática, Aurora, para “registrar todas las incidencias que se puedan producir”.
“Yo entendía que el tema de las penalizaciones del contrato entraba en vigor cuando se hiciera el traslado del hospital viejo al nuevo, porque entendía que el funcionamiento del hospital viejo no se lo podía achacar a Ferrovial”, explica al teléfono Pascual. “Con este contrato ha habido muchísima polémica siempre” y el PSOE “ha planteado muchísimos recursos y demandas y los perdió todos”, añade.
El Gobierno cántabro del PRC y el PSOE declaró esa resolución lesiva para el interés público en abril de 2017, por entender que se emitió sin el informe jurídico preceptivo que exige la Ley de Contratos del Sector Público y se basó en “una interpretación forzada” del contrato de concesión, amparada en “lagunas” legales que no existían. Esto provocó, según la resolución del Ejecutivo cántabro, “que se favorezca de manera exclusiva al contratista, y que se opere en perjuicio de la Administración contratante”.
En 2019, la entonces consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real (PSOE), cifró ese perjuicio en “más de dos millones de pérdidas para los intereses públicos” durante esos más de dos años. La decisión de Pascual de bloquear posibles indemnizaciones la anuló en febrero de 2019 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Santander, a instancias del Gobierno cántabro. Pero Ferrovial recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) revocó esa decisión.
“La justicia me dio la razón, no a mí; se la dio a Ferrovial”, dice por teléfono Pascual, que asegura que los tribunales determinaron que su comportamiento “no fue lesivo para el Gobierno”.
En febrero de 2020, el TSJC anuló la suspensión cautelar de la resolución de Pascual que decretó el Gobierno cántabro en noviembre de 2016. Su principal argumento fue que, en contra de lo que planteó el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, sí hubo un informe jurídico, del que se encargó no la Administración, sino dos empresas externas, una UTE formada por la consultora de construcción estadounidense Hill International y Antares Consulting, dedicada al sector sanitario.
El TSJC dictaminó que si bien “no se cumple” el requisito de que ese informe lo firmara la Consejería o la Dirección General de Sanidad de Cantabria, el hospital de Valdecilla “es una entidad dependiente del Organismo Autónomo llamado Servicio Cántabro de Salud. De modo que parece, en principio, desvinculado de la organización o dependencia de las Consejerías o Direcciones Generales del Gobierno de Cantabria. Parece no dependiente ni de su organización jerárquica, ni presupuestaria… etcétera”.
“Por lo que, es lógico que los servicios de asesoramiento jurídicos también tuvieran que ser propios, y por lo tanto se entiende que el director del Hospital, en un momento dado, y teniendo en cuenta la complejidad del Contrato a implantar”, externalizara la asesoría jurídica, según la sentencia del TSJC.
“No sé a qué se debe esa insistencia en considerar que yo tuve un posible trato de favor con Ferrovial cuando ha quedado demostrado en los numerosos recursos judiciales que tuvo el proceso que se realizó con absoluta trasparencia y ajustado a derecho”, señala Pascual, que asegura que “ni un solo proceso judicial falló en contra del contrato”.
No obstante, sí ha habido resoluciones en ese sentido, como la que dictó en marzo de 2021 el Tribunal Supremo, que obligó a Ferrovial y Siec a costear el mantenimiento del sistema quirúrgico robotizado Da Vinci IS3000, que supone más de 163.000 euros al año y tiene implicaciones sobre el resto de tecnología presente o futura del centro, según indicó entonces el Ejecutivo cántabro.
“Otra cuestión es que políticamente a algunas fuerzas no les gustasen los contratos de colaboración público privada”, dice Pascual. “Pero una cosa es la valoración política y otra muy diferente que el contrato no fuera exquisitamente formalizado ateniéndose a la ley de contratos”.
Ambulancias en Madrid
Los caminos de Ferrovial y Pascual volvieron a cruzarse en 2018, año en que la constructora contrató a su hijo César. Él era director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid con Cristina Cifuentes como presidenta. Y fue imputado junto a otros tres altos cargos por supuesta prevaricación en el concurso sobre el transporte de ambulancias a hospitales del SUMMA (Servicio de Urgencia Médica de Madrid) que adjudicó el servicio a Ferrovial.
Finalmente, a principios de 2019, y con Pascual ya cesado en el Gobierno madrileño, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid archivó la querella que presentó la empresa que quedó primera en el concurso, Ambulancias Alerta, cuya oferta fue la más barata, de 72,3 millones. Esta empresa aportó grabaciones en las que los altos cargos del gobierno madrileño (entre ellos Pascual) presionaban para que renunciaran al contrato porque, sostenían, habían ofrecido una rebaja excesiva. Alerta renunció y el contrato se lo quedó por 76 millones la segunda clasificada, Ferrovial, que ya prestaba ese servicio.
“Participé en una investigación por un conflicto con Ambulancias Alerta, pero no tenía nada que ver con Ferrovial. Se mezcla todo. Yo no era órgano de contratación ni estaba en la mesa de contratación”, dice Pascual, que tras archivarse ese procedimiento fue número 7 de la candidatura del PP de Cantabria para las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
La adjudicataria del contrato del hospital de Valdecilla pertenece a Ferrovial Servicios, cuya venta al fondo Portobello cerró hace un año Ferrovial, aunque conserva una participación del 24,7% en esa filial, rebautizada como Serveo. Según El Economista, a finales de 2022 Ferrovial y Portobello contrataron a Santander para tratar de vender esa concesión. Según fuentes del mercado, actualmente no está en venta.
Presidente Maduro ratifica compromiso en lucha anticorrupción
El jefe de Estado destacó que no se detendrán en la lucha contra los bandidos y la corruptela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra la corrupción.
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Durante la inauguración de la II Feria Nacional de Criabúfalos Caracas 2023, el mandatario expresó que «cuando procedimos a tirar esta operación anticorrupción, estábamos en la certeza que estábamos dando un golpe a las mafias podridas de la corrupción».
«En esta etapa es apenas un golpe de muchos más que vamos a dar contra las bandas de mafiosos enquistadas. (…) No nos vamos a detener en la lucha contra los malamañosos, los corruptos, los bandidos, contra la corruptela», aseveró el jefe de Estado.
Además, recordó que ha dirigido personalmente esta investigación desde hace semanas, junto con un grupo importante de funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Fiscalía General, «con paciencia, con mucha intuición y profundidad».
«Voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado a un pueblo en circunstancias verdaderamente excepcionales», manifestó.
Por otro lado, el presidente Maduro instó a los organismos de investigación y la Fiscalía a garantizar que los recursos robados sean reintegrados al Estado para su posterior inversión en programas sociales.
«Los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país, que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo más temprano que tarde», dijo.
Los grupos, sobre el acuerdo entre Podemos y Sumar: «La izquierda no puede permitirse la desunión»
Portavoces de los distintos grupos parlamentarios (Podemos, ERC, EH Bildu, Más Madrid, Compromís, etc) se pronuncian sobre el acuerdo entre Podemos y Sumar. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, ha intentado mostrar positivismo tras el fracaso de la negociación de ayer entre estos dos grupos para lograr un pacto de mínimos, que promulgue unas primarias. En líneas generales, el resto de portavoces han mostrado su deseo de avanzar hacia una confluencia. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Las trabajadoras de la residencia pública de Alcalá retan a Ayuso: «Hay ancianos que han muerto por desnutrición»
Este centro de mayores ha sido denunciado hasta en cuatro ocasiones por la mala calidad de sus comidas, y en estos momentos se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.
Residentes, familiares y trabajadoras de la residencia Francisco de Vitoria en Alcalá se manifiestan contra la gestión de la Comunidad de Madrid, a 25 de marzo de 2023. — Cedida a Público
«He cuidado de ancianos que se han muerto después del verano por desnutrición y deshidratación. Se están cometiendo negligencias por todas partes«, denuncia Cristina González, auxiliar de enfermería en la residencia pública Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, en Madrid. En una conversación con Público, la trabajadora critica, junto a familiares de algunos residentes, las malas condiciones nutricionales bajo las cuales «malviven» los mayores del centro. Este geriátrico ha sido denunciado hasta en cuatro ocasiones por la mala calidad de sus comidas, y en estos momentos se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.
Todas ellas califican la situación de «alarmante» e incluso las familias llegan a reconocer que temen por las vidas de sus mayores. «Después de la covid, se empezaron a admitir residentes nuevos, pero nosotras seguimos siendo las mismas», explica González. La profesional asegura que, a pesar de la insistencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en hacer ver que hay «personal por encima de las ratios», en la residencia de Alcalá hay turnos que tan sólo disponen de una persona para atender un módulo de 22 personas.
«Un 25% de mis compañeras están de baja porque no soportan ni este volumen de trabajo ni la presión y la carga que supone ser consciente de que los ancianos no están bien aseados porque no disponemos de toallas y tiempo suficiente para lavarlos», lamenta González. «Sólo en el turno de tarde, somos diez manos menos que hace un año con 100 residentes más», añade. La saturación, tal y como cuenta la empleada, repercute inevitablemente en la calidad de los cuidados y la atención que se puede dar a los ancianos. Así, por ejemplo, tienen menos capacidad de controlar lo que come cada uno.
Familiares y trabajadores denuncian que los residentes de Alcalá han perdido peso de manera «drástica»
Esta descoordinación, sumada a la mala calidad nutricional de los menús, ha provocado que en los últimos meses decenas de familias hayan sido testigos de cómo sus padres y madres han perdido peso de manera «drástica», algunos llegando a adelgazar 20 kilos. Las propias trabajadoras han fotografiado en numerosas ocasiones el pescado congelado o la verdura podrida que, se supone, tenían que comer los ancianos. En este sentido, alertan de que hay dietas que «ni siquiera están firmadas y supervisadas por médicos».
«Desde el verano pasado hasta ahora hemos notado que el tema de el mal aspecto y sabor de la comida ha dejado de ser puntual», sostiene González. Las trabajadoras han solicitado, «casi implorado», que se rescinda el contrato con el proveedor actual. Pero la gerencia no parece estar dispuesta a pagar más de cinco euros al día por los alimentos de los ancianos. De hecho, justifica la licitación espetando que el centro «no es un balneario». Una coyuntura poco novedosa, pues los convenios entre la Comunidad de Madrid y las empresas que ofrecen los servicios externalizados acostumbran a ser a la baja.
La dirección del centro, por su parte, se ha limitado a indicar que «es lo que hay». «Parece que tampoco encuentra mayor inconveniente en que las cantidades sean claramente insuficientes y no se privan de ofrecer un litro de zumo para 24 residentes«, reprocha Julia, hija de una de las ancianas que vive en este centro de mayores. Ella misma detalla que ha podido constatar el mal sabor de boca que dejan los triturados que le dan de comer a su madre, la cual ya ha sido diagnosticada de desnutrición severa, anemia y deshidratación.
El caso del padre de Maite, también residente, es todavía más desolador. Él entró a vivir a la Francisco de Vitoria el pasado diciembre sin ningún achaque más que el Alzheimer y poco más de dos meses después se dirime entre la vida y la muerte. Durante las primeras tres semanas, asegura su hija, perdió cinco kilos y la deshidratación le ha producido varias infecciones de orina que han derivado en una grave prostatitis. «Antes de todo esto, enfermó de covid y ni siquiera fueron capaces de hacerle un test para aislarle. Cuando fui a verle, le encontré incapaz de moverse y prácticamente inconsciente», narra Maite.
Las trabajadoras, gracias a quienes han salido a la luz estas deficiencias, no claudican e insisten en que «van a seguir luchando hasta que la Fiscalía dirima si esta precariedad extrema en la que viven los mayores está o no fuera de la ley». «Si seguimos así, los ancianos se seguirán muriendo y nosotras continuaremos dándonos de baja. Pero no seremos cómplices«, remarcan. Algunas incluso han sido amenazadas por sus jefes por «hablar más de la cuenta».
La guinda del pastel se la han puesto, recientemente, los altos niveles de legionela que detectó el Ayuntamiento de Alcalá durante una inspección sanitaria. Según detalló el consistorio, se encontraron «varias muestras con más de 8.000 de unidades formadoras de colonias» en el agua de las duchas del centro, cuando se considera que más de 1.000 unidades ya representan «una situación grave, donde se requiere una actuación inmediata».
Con todo, el equipo directivo de la residencia se limita a tirar balones fuera y edulcorar los problemas. Es más, las trabajadoras señalan que el equipo directivo ha tratado de interrumpir las denuncian que han intentado trasladar a gerencia. Este medio ha intentado contactar con el director, Carlos Girón, pero no ha recibido contestación.
La Marea Blanca no se rinde en Madrid con miles de personas en la manifestación contra la gestión de Ayuso
Decenas de miles de personas han recorrido el centro de Madrid por una «sanidad madrileña pública, universal y de calidad» convocados por sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas por la sanidad pública.
Cabecera de la manifestación convocada por diferentes organizaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad, 26/03/2023. — Juan Carlos Hidalgo / EFE
Una semana después del acuerdo entre el sindicato médico AMYTS y la Consejería de Sanidad que puso fin a la huelga de médicos pese a no incluir la contratación de más profesionales, una nueva manifestación en defensa de una sanidad «pública, universal y de calidad» ha recorrido Madrid un domingo más.
Decenas de miles de personas han recorrido, más de 50.000 según los organizadores, las arterias centrales de la capital en un día plenamente primaveral, llamados por asociaciones en defensa de la sanidad pública, sindicatos y organizaciones vecinales y de consumidores.
Convocada en Plaza de España a las 12 horas y con destino Atocha, el comunicado conjunto reclama «apostar claramente por la Atención Primaria» con financiación y recursos, mantener todos los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, acabar con «las privatizaciones y externalizaciones encubiertas». Los organizadores, con esta marcha, protestan ante la ausencia de medios que afecta «a la correcta atención y salud de los y las pacientes» y «la sobrecarga de trabajo que el personal sanitario tiene que soportar».
«El estado de salud de la sanidad pública madrileña es mala. Las causas son la financiación más baja de España, que además gran parte de ese dinero se va a conciertos privados con ánimo de lucro, y unas grandes listas de espera interesadas para que acusan a la sanidad privada», ha agotado Carlos Castaño, médico de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).
El sanitario, traumatólogo en el Hospital Gregorio Marañón de la capital, considera un «maltrato profesional» a los profesionales de la salud por, entre otras causas, tener las guardias peor pagadas de España y no tener acceso a la jornada de 35 horas que sí disfrutan otros trabajadores públicos.
En su opinión, el acuerdo que puso fin a la huelga de Atención Primaria es un «éxito» pese a no solucionar todos los problemas que afectan a la base del sistema sanitario porque «limita las agendas y así mejora la atención a los pacientes». Para el presidente de AFEM, la subida salarial alcanzada «supone un incentivo para que los médicos que quieren hacer primaria no se vayan a otras comunidades. Esperemos que se cumpla».
Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha lanzado un mensaje a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso: «No vamos a desaparecer, hasta que recuperemos nuestro sistema público de sanidad«.
Desde el sureño y popular distrito de Villaverde ha venido Ángeles para defender la salud pública del «robo que está haciendo Ayuso no poniendo el dinero que tiene que poner. No hay médicos y no han reabierto las urgencias como dijo». El acuerdo de Atención Primaria «ya estaba prometido de antes, pero la situación sigue igual. Tengo una cita con el médico de cabecera para dentro de más de un mes».
La protesta ha contado con la asistencia de los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras. También han participado los partidos de la oposición de izquierda PSOE, Más Madrid y Podemos, con la presencia de Juan Lobato, Mónica García, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor.
La marcha se ha cerrado con la lectura de discursos finales en la Glorieta de Carlos V por parte del presentador El Gran Wyoming y la actriz Lola Manzanares: «Es necesario y urgente conseguir mayor financiación para la sanidad pública madrileña. Un año más vuelve a estar a la cola de las comunidades autónomas. En los presupuestos de 2023 la Comunidad de Madrid aumentó las inversiones en Sanidad. Es urgente mejorar las condiciones laborales del personal sanitario».
«El Gobierno del Partido Popular deja de lado a una población vulnerable cada vez más desamparada para que acudan a la sanidad privada. La sanidad pública es un obstáculo para el afán privatizador del PP madrileño. La ciudadanía junto a los profesionales sanitarios nos hemos unido para defender una sistema sanitario público, universal y de calidad», ha destacado la arenga de cierre.
Esta enésima protesta sanitaria madrileña ha sido precedida en Andalucía por las organizadas este sábado en las ochos provincias por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas para parar la privatización sanitaria y reducir las listas de espera. El sábado hubo también movilización por la sanidad pública en Canarias.
Santos Cerdán: «Al PSOE nos gustaría un entendimiento entre Podemos y Sumar»
Ser secretario de organización de una fuerza política nunca es un cargo fácil. Desde el verano de 2021 el puesto en el PSOE lo ocupa Santos Cerdán (Milagro, Navarra, 1969). El dirigente navarro lleva cerca de Pedro Sánchez desde sus exitosas primarias de 2017. Él fue el encargado de llevar los avales a la sede de Ferraz, uno de los momentos icónicos en aquel proceso frente a Susana Díaz. Compagina las tareas orgánicas con su escaño en el Congreso y es el coordinador del Comité Electoral de los socialistas de cara a las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Cerdán atiende a Público en una entrevista sobre la expectativas electorales del PSOE, el papel del PP de Alberto Núñez Feijóo, la situación a la izquierda de los socialistas y otras cuestiones de actualidad. Periodismo, investigación y compromiso para construir un mundo más igualitario.
Los responsables de los «protocolos de la vergüenza» en las residencias de Madrid declaran por primera vez en un juzgado
El exdirector de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, declaran como testigos en una investigación sobre las muertes en los centros de mayores durante la primera ola de la covid.
Varias personas se manifiestan durante un homenaje-vigilia por las víctimas de la covid, a 18 de marzo de 2023, en Madrid. — Gustavo Valiente / Europa Press
Tres años después de que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso aprobara los protocolos que impidieron que casi la totalidad de los residentes en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid fueran derivados a hospitales cuando estalló la pandemia de la covid-19, un juzgado va a investigar en qué condiciones murieron estas personas. Así, por primera vez declararán como testigos ante un juez el entonces responsable de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
La comparecencia tiene lugar este jueves 23 de marzo a partir de las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. El primero en testificar será, previsiblemente, Mur, como firmante de los documentos, y sobre las 11.00 horas lo hará Reyero.
Durante la primera ola de la covid, entre marzo y abril de 2020, 7.291 mayores perdieron la vida en los geriátricos madrileños sin ser trasladados a un centro hospitalario. «Nosotros ya sabíamos que las derivaciones estaban paralizadas antes del 18 de marzo, cuando se firmó el primer protocolo», explica en una conversación con Público María Jesús Valero, portavoz de Marea de Residencias. Ella misma cuenta, entre el dolor y la indignación, que su padre fue uno de los fallecidos. Desde entonces, no ha parado de mover cielo y tierra para que «la cruda verdad» sobre lo ocurrido se esclarezca.
Cuando arrancó la pandemia en 2020 se firmaron hasta cuatro de los llamados «protocolos de la vergüenza», los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. En esos documentos se expresaba específicamente la orden de no desplazar a personas que tuvieran un problema cognitivo o de movilidad. «Todo el mundo sabe que prácticamente cualquiera que esté en una residencia tiene, o bien una, o las dos afecciones. Así que se libraron pocos», critica Valero. Junto a otras familias víctimas de esta «desastrosa» gestión han llegado a presentar en los tribunales más de 300 querellas, de las cuales solo hay 106 abiertas.
«Más grave, aún si cabe, son las llamadas a centros de salud a causa de otras patologías diferentes a la covid que tampoco trasladaban», lamenta Valero que recuerda que el número total de fallecidos se eleva a los 9.470 residentes. La comunidad trató de apaciguar las aguas bajo la excusa de que sus decisiones se tomaron en base a criterios clínicos, pero Marea de Residencias y Verdad y Justicia dudan de esa versión e insisten en la necesidad de una investigación a fondo: «Queremos saber por qué se decidió que nuestros familiares murieran solos y sin condiciones sanitarias dignas», dice.
«Nosotros queremos dejar claro que apoyamos esta iniciativa del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid. Hasta el momento, es el único que se ha atrevido a llamar a declarar a los auténticos responsables y ha cumplido con el auto del Tribunal Supremo que mandaba indagar el origen y la autoría de estas resoluciones prohibitivas», asevera Valero.
Las trabajadoras se suman a las denuncias
El Gobierno de Ayuso nunca llegó a medicalizar los geriátricos, como se había comprometido cuando se dispararon los casos de coronavirus. De hecho, fueron los propios trabajadores de los centros de mayores quienes denunciaron inicialmente la «situación de descontrol» en el confinamiento.
«No teníamos nada, ni medios, ni un mal gotero para que pudieran hidratarse. Ya no digo salvarles o alargarles la vida, sólo dejarles morir con dignidad«, recuerda María Ángeles Maquedano, auxiliar en una residencia. La trabajadora confiesa que las semanas que transcurrieron desde que se declaró el estado de alarma hasta Semana Santa (cuando «por fin empezaron a llevarse a la gente a los hospitales») fueron las peores en sus 15 años de experiencia en el sector.
Maquedano asegura que no se dio un trato adecuado a los mayores «porque no había recursos de ningún tipo» y narra cómo los residentes se contagiaron al no poder separar entre los infectados con covid y los que no «por una cuestión de espacio y de falta de directrices». Al presagiar lo que se vaticinaba y enterarse de las primeras muertes, muchos familiares intentaron sacar a sus mayores de los centros, pero la mayoría no lo consiguió. «Nos contactaban hasta por redes sociales para saber algo de los residentes porque la dirección del geriátrico no facilitaba ninguna información, y apenas podían comunicarse con ellos«, afirma la auxiliar.
Llama la atención que no haya sido hasta ahora cuando hayan llamado a declarar a Reyero, cuando fue él mismo quien reconoció tras dimitir, en unas declaraciones recogidas por este medio, que el Gobierno de Ayuso le negó la ayuda que pedía para poder salvar las vidas de los residentes. Es más, la propia Audiencia de Madrid ha llegado incluso a considerar «improcedente» que declararan los responsables. Por ello, aunque las asociaciones por la verdad y la dignidad de los fallecidos en las residencias reciben la noticia de la investigación en el juzgado con los brazos abiertos, aún no dan nada por conseguido y ponen la vista en Europa como próximo escalón jurídico al que apelar.