Entrevista al presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y portavoz de la campaña de Más Madrid, Eduardo Rubiño. «Si de algo ha podido presumir Almeida esta legislatura es de cuestiones heredadas de Carmena», ha afirmado durante la entrevista realizada por Sato Díaz.
Categoría: Trabajo
La dura crítica del presidente de la Asociación de Médicos a Ayuso y el Zendal: «Es un almacén, se puede alquilar a Amazon»
Montaje del Hospital Zendal si se atendiese a la propuesta del presidente de Amyts.
El Hospital Isabel Zendal fue la gran obra de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero sus resultados, como era de prever, no están siendo los prometidos. Lo cierto es que se ha convertido en una gran estructura que apenas sirve para lo que fue construido y casi no alberga pacientes.
El presidente de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Daniel Bernabéu, intervino en Todo es Mentira para criticar los recursos que se han destinado para crear un hospital que no cumple su función y que obliga a cambiar la normativa de todos los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid porque no la cumple.
La última jugada de Ayuso relacionada con el Zendal es su plan de omitir la exigencia de luz natural en los hospitales para que el centro cumpla la normativa madrileña. Algo que ha molestado a Bernabéu.
El presidente de Amyts ha criticado que el Zendal fuese construido después de la peor parte de la pandemia y se le otorguen méritos que deberían ser atribuidos a las zonas habilitadas en Ifema para paliar la covid.
Además, ha criticado que es una infraestructura limitada que obliga a cambiar la normativa sobre hospitales para cumplir el «casi capricho» de su construcción, cuando había otros centros que podían ser mejorados o rehabilitados.
«Si se quiere aprovechar es un almacén de oficinas, para logística. Se puede alquilar a Amazon. Es un edificio interesante que responde a ese patrón», ha criticado Bernabéu.
El comentario del presidente de Amyts se ha llevado la ovación tuitera, que han visto sus dotes de agente inmobiliario y secundan su propuesta de darle un uso verdaderamente útil al Zendal, dadas las circunstancias.
El Boletín Oficial de Andalucía publica la orden de la Junta que permite la privatización de la atención primaria
La orden fija unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su atención a medios en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, a 20 de enero de 2023. — Álex Cámara / EUROPA PRESS
«La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación«, reza la orden elaborada por el Gobierno andaluz que abre la veda a la privatización de la sanidad pública.
Su publicación este jueves supone un antes y un después en la historia de la sanidad andaluza, ya que permitirá los conciertos con la empresa privada en atención primaria, estableciendo una serie de tarifas –que asumiría el Servicio Andaluz de Salud– por disponer de sus servicios.
En concreto, la orden tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios.
La orden, cuyo borrador ha generado en las últimas semanas críticas tanto desde los grupos parlamentarios de la oposición de izquierdas al Gobierno andaluz del PP-A como por parte de sindicatos del sector sanitario, incluye un anexo con las tarifas máximas que se fijan para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio.
El anexo incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objeto de conciertos, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y otro de consultas, donde se fijan unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de «alta resolución».
Asimismo, el SAS fija una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta que se concierte para estancias de uno a siete días de duración, de 150 euros diarios para las que se prolonguen de ocho a 30 días, y de 125 euros para las estancias de más de 30 días.
El importe máximo que se fija para un día de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750 euros, y para estancias por casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas que oscilan entre los 200 y los 130 euros diarios según la duración de las mismas, en función de si se prolongan de uno a siete días, de ocho a 30 días o de más de 30 días.
Por otro lado, el anexo de la orden de tarifas también incluye precios por procedimientos de radioterapia y protonterapia, con importes máximos que oscilan entre los 42.000 euros que se contemplan para un tratamiento completo de protonterapia pediátrico con anestesia, y los 3.000 euros que el SAS podría pagar por concertar un tratamiento completo de radioterapia sin ingreso.
Alejandro Jacinto y la «cara de la indecencia»: Florentino, Villar Mir y Del Pino
La diputada y candidata de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha mostrado lo que ha llamado «la cara de la indecencia» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Zendal deja de admitir pacientes para rehabilitación por falta de personal y material
Comisiones Obreras denuncia que los terapeutas ocupacionales se llevan patinetes y utensilios de su propiedad para trabajar con los enfermos porque no disponen de recursos.
Señalización del Hospital Público Enfermera Isabel Zendal, en Madrid. — Alejandro Martínez Vélez / EUROPA PRESS
Los trabajadores del Hospital Isabel Zendal alertan de que el centro no puede admitir más pacientes derivados de otros hospitales para rehabilitación por falta de recursos. La joya de la corona de Isabel Díaz Ayuso, a la que ha destinado una nueva partida de cerca de dos millones de euros para mantenimiento, aparte de tener inoperativos prácticamente dos tercios del edificio, no dispone de los materiales adecuados para trabajar en la recuperación de los pocos pacientes que acoge.
Tal y como han podido confirmar fuentes de Comisiones Obreras (CCOO), el Zendal ya no admite a pacientes con amputaciones. En la plantilla actual disponen de seis fisioterapeutas y dos terapeutas ocupacionales, una cifra que —aseguran— «no es suficiente para asumir la carga de trabajo existente». En este sentido, ponen de relieve la situación de crisis que se desencadena cuando alguno de ellos se da de baja o falta por otras razones: «no dan a basto».
«Los terapeutas ocupacionales se llevan utensilios de su propiedad para trabajar con los enfermos porque no tienen recursos materiales y tienen que recurrir a su imaginación para tratarlos», detalla Ismael de la Torre, delegado de CCOO en el Zendal. En concreto, los trabajadores se ven obligados a comprar con su dinero «patinetes, cubos o pelotas» para llevar a cabo los ejercicios de rehabilitación.
El Zendal, un hospital cuya construcción supuso un desembolso de más de 170 millones de euros y que tenía como objetivo descongestionar el resto de centros de la región, no dispone de medios para ello. De hecho, tanto los sindicatos como los propios empleados ponen en duda su viabilidad. Pues el centro ni siquiera dispone de equipo sanitario propio, sino que subsiste con médicos, enfermeros y auxiliares detraídos de otros hospitales.
Para más inri, la recolocación ha tenido lugar en un contexto en el que las Urgencias de centros como el Hospital Universitario La Paz está saturadas recurrentemente y las listas de espera para fisioterapia y terapia ocupacional llegan, en algunos hospitales de Madrid, hasta los dos años de espera.
De la Torre considera que no hubiera hecho falta este centro si se hubiera puesto en marcha la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, rehabilitado el antiguo Hospital Puerta de Hierro y contratado personal para abrir las camas que se cerraron en los hospitales del SERMAS en la última década. Si bien, llama a que, una vez construido, se rentabilice la inversión.
«Material pudriéndose en el subsótano»
Asimismo, un trabajador anónimo del propio Zendal se ha puesto en contacto con este medio para denunciar que, sin embargo, en los subsótanos del hospital «hay materiales, como colchones, jeringas y uniformes, que se están echando a perder por no darles uso». Critica que Pabellón 1, el único con pacientes, «no se ha llegado a llenar del todo nunca» y lamenta que el centro se haya convertido en «una especie de geriátrico, una residencia hecha hospital».
El facultativo explica que los palés almacenados «se están pudriendo debido a que el subsótano se inunda de agua». Asegura que «hay respiradores que se compraron para la covid, pero que están defectuosos y no se han usado ni se pueden usar para nada». Además, se suma a las denuncias sobre la escasez de bienes para la atención a los pacientes y señala que los enfermos «han usado pantalones de recambio de los sanitarios porque durante mucho tiempo no ha habido ropa de cambio, como camisones».
Ayuso intenta apropiarse de la apertura de tres centros de datos de Microsoft en Madrid acordada por el Gobierno
La presidenta de la Comunidad de Madrid viajó a Londres la semana pasada y trató de apropiarse de una inversión de la multinacional en la región que el Gobierno lleva meses trabajando
Bolivia rechaza amnistía para los presos políticos del golpe de 2019
Gobierno boliviano informa que no habrá impunidad y que no habrá una ley de amnistía para los presos políticos por la crisis política y social de 2019.
Se trata de un año con decenas de muertos y centenas de heridos en 2019 en Bolivia. Tras el triunfo de Morales en las elecciones presidenciales del mismo año, la oposición no aceptó el resultado y orquestó un golpe de Estado, con el apoyo de jefes policiales y militares, que derivó en la renuncia del líder indígena para evitar más actos violentos.
Tras los incidentes capturaron muchos funcionarios acusados de tener papel en el golpe de Estado. Ahora y 5 años después, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, aseguró que el mandatario Luis Arce no aprobará ninguna amnistía para personas que cometieron delitos y añadió que responderán ante la justicia para que no prime la impunidad.
Con tales palabras la ministra respondió ante el ultimátum del dirigente cívico de la región de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien en la víspera advirtió al presidente Arce que tiene hasta el 25 de febrero, para amnistiar a los golpistas. Prada subrayó que en el país suramericano no hay presos políticos. Además, la ministra recordó que varios de los procesados deben responder por los delitos que cometieron durante los últimos años.
El diputado afirmó que lo que busca la oposición es impunidad para los hechos acontecidos en el golpe de 2019. Entre los presos políticos por la crisis de 2019 está la expresidenta interina, Jeanine Áñez, encarcelada desde 2021 y sentenciada a 10 años de prisión. También está encarcelado desde diciembre, el entonces gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su supuesta responsabilidad en el golpe de estado. Los funcionarios bolivianos dicen que los autores de las masacres de 2019 deben ser castigados.
Dijo que la justicia en el país sudamericano tiene que defender a los derechos del pueblo boliviano. Aseveró que la justicia debe hacer investigación y sanciones correspondientes a los acusados de los masacres de 2019.
AMLO llama “espuria” a Boluarte y pide la liberación de Castillo
El presidente de México ha llamado “espuria” a su homóloga peruana, Dina Boluarte, mientras ha desdeñado la injusta destitución del exmandatario Pedro Castillo.
“Consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo porque él [Castillo] fue electo por el pueblo, además violaron la Constitución”, ha puesto de relieve el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante la prensa.
El mandatario se ha referido a la actual crisis en Perú y ha señalado que hay encuestas que muestran que “la presidenta espuria (Boluarte) tiene el 15 por ciento de aceptación, el 85 por ciento la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90 por ciento del rechazo”.
“Aun así ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza. Ya van más de 60 asesinados y en esas mismas encuestas la mayoría de la gente de Perú está pidiendo que se convoque elecciones, que sea el pueblo que decida”, ha indicado López Obrador.
En este contexto, ha enfatizado que su país seguirá apoyando al “presidente injustamente destituido” de Perú, Pedro Castillo, y continuará pidiendo que lo liberen.
Desde el arresto de Castillo, a principios del pasado diciembre después de su destitución, se han registrado protestas masivas casi a diario en todo el país suramericano, dejando un trágico número de muertos debido a la represión militar y policial.
Efectivamente, los manifestantes piden la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación de Castillo. Esto, mientras que actualmente, el Congreso no ha podido llegar a un acuerdo sobre la fecha de las elecciones anticipadas.
Feijóo financia a EDA TV con Dinero Público
La Xunta de Feijóo pagó 50.000 euros al canal ultra de Javier Negre días antes de su llegada a Madrid El gobierno del ahora líder del Partido Popular contrató al conocido propagandista de ultraderecha a través de tres contratos de publicidad del Xacobeo para, supuestamente, patrocinar el Camino de Santiago.
Mascarillas y soterramiento de la A-5: las sospechas de corrupción que salpican la campaña de Almeida
Varios millones de euros destinados a mascarillas adulteradas y en comisiones abultadas en la compra de material contra la pandemia. Es el saldo judicial de una legislatura al que ahora se suma la investigación de la Fiscalía por un contrato presuntamente amañado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto ‘‘99 logros, 99 días’, en el centro cultural ‘Juan Genovés’, el 18 de febrero de 2023, en Aravaca (Madrid), para abrir la precampaña electoral para los comicios municipales del 28 de mayo. — Alejandro Martínez Vélez / EUROPA PRESS
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afronta la próxima campaña electoral municipal con un saldo negativo por escándalos relacionados con la compra de mascarillas y otro material para hacer frente a la pandemia. Y ahora además se ha abierto un frente en la Fiscalía Anticorrupción por la contratación de una empresa vinculada a un hermano del concejal de Medio Ambiente.
Este miércoles se supo que la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias, el 17 de febrero, por un contrato de tres millones de euros que la concejalía de Medio Ambiente de Madrid otorgó en agosto de 2020 a la empresa Subterra SL. En dicha mercantil trabaja, según la denuncia que investiga la Fiscalía, el hermano de Borja Carabante, concejal de Medio Ambiente y Movilidad.
El soterramiento de la Carretera de Extremadura (A-5), dentro de la operación Campamento, fue una de las promesas estrella de Martínez-Almeida en este legislatura, pero aún no se ha desarrollado. En agosto de 2020 el Ayuntamiento de Madrid adjudicó un contrato, como primer paso para avanzar en el proyecto Ejecución del Paseo Verde del Suroeste, soterramiento de la A-5- Paseo de Extremadura, a la unión de empresas (UTE) formada por Esteyco, SA y Subterra Ingenieria SL, mercantil en la que trabaja Rafael Carabante, hermano del concejal Borja Carabante.
La concejal del Grupo Mixto Marta Higueras denunció la adjudicación como presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. La denuncia va dirigida contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el concejal Carabante, así como contra las empresas adjudicatarias. La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación al respecto, que no supone aún la imputación de los denunciados.
Comisiones millonarias por las mascarillas
El caso Mascarillas es otra de las preocupaciones del Ayuntamiento de Madrid, personado en la investigación del juez Adolfo Carretero como perjudicado en la presunta estafa al consistorio y a la ciudadanía madrileña por las comisiones de cinco millones de euros por la venta de mascarillas, test y guantes al comienzo de la pandemia.
El juez investiga a Alberto Luceño y Luis Medina por las comisiones abultadas pero aún no ha descartado el presunto trato de favor que pudieron recibir los comisionistas. El aristócrata Luis Medina contactó a través de una antigua profesora con un primo de Almeida, consiguiendo el mail de la mano derecha del alcalde, Matilde García Duarte, coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid.
A partir de ahí arrancó el caso Mascarillas, cuya investigación ha desvelado que Alberto Luceño había falsificado un carné del CNI, presentándose como colaborador de los Servicios Secretos. Pero quedan flecos por investigar que apuntan directamente al Ayuntamiento de Madrid, como por ejemplo si el consistorio protegió adecuadamente el dinero público.
Según el juez, Luceño pudo usar la falsa identidad como agente colaborador del CNI para «facilitar el presunto engaño realizado al Ayuntamiento de Madrid en el negocio criminalizado que se investiga».
Más mascarillas: un tío del concejal Fanjul fue el hilo
Otra investigación que apunta al Ayuntamiento de Madrid en esta legislatura es otro caso de compra de mascarillas. El Juzgado de Instrucción 30 de Madrid investiga la adquisición al empresario Philippe H. Solomon, responsable de la consultora Sinclair & Wilde, de 500.000 mascarillas adulteradas al principio de la pandemia, por las que el equipo de Martínez-Almeida pagó 2,5 millones de euros.
En este caso, la intermediadora es una economista que llegó al Ayuntamiento de Madrid a través de un tío de Borja Fanjul, segundo teniente de alcalde.
La economista, Araceli Vida, negó a este diario que ella hubiera actuado como comisionista en el negocio de mascarillas de Sinclair & Wilde. Varios correos electrónicos aportados a la causa prueban que ella llegó al Ayuntamiento de Madrid a través de un tío de Borja Fanjul, concejal del PP y segundo teniente de alcalde. Araceli Vida niega el cobro de comisiones, pero hay que tener en cuenta que su despacho, Aifos Servicios Legales y Consultoría SL, contrató después una veintena de veces con el consistorio.
Microsoft abrirá en un breve periodo de tiempo tres centros de datos en la Comunidad de Madrid, una inversión en la región que se calcula creará más de 13.200 empleos, entre directos e indirectos. Un proyecto por el que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva trabajando todo este último año con reuniones constantes con la multinacional tecnológica y en el que se han implicado varios ministerios y hasta el propio Sánchez. La última reunión para cerrar los últimos flecos del proyecto se producía este viernes en Madrid cuando el número dos de la compañía, Brad Smith, viajó a la capital para reunirse con la vicepresidenta económica Nada Calviño y el secretario general de Asuntos Económicos de Moncloa, Manuel de la Rocha.
En el marco de estas negociaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajaba la semana pasada a Londres, una visita a la capital inglesa en la que trató de apropiarse de esta inversión de Microsoft agendando un encuentro con la vicepresidenta corporativa de Ventas de Microsoft, Cindy Rose.
La presidenta madrileña atendió a varios medios de comunicación españoles que la siguieron en el viaje y aseguró que la puesta en marcha de la Oficina de Impulso a los Centros de Procesamiento de Datos (OICPD) por la Consejería de Administración Local y Digitalización “está sirviendo a este proyecto para su desarrollo”. Una forma de tratar de apropiarse de una inversión que ha negociado en su totalidad el Gobierno central.
Los tres centros de datos se espera que aterricen en Madrid en apenas unos meses. Se ubicarán en los municipios de Algete, Meco y San Sebastián de los Reyes. El propio presidente del Gobierno ha estado implicado personalmente en este proyecto hasta el punto de que se ha reunido personalmente en dos ocasiones con los directivos de la compañía. La última vez el pasado mes de abril cuando Sánchez mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Microsoft, Brad Smith, el director ejecutivo de la compañía, Satya Nadella, y el presidente de Microsoft España, Alberto Granados. En el encuentro, se abordaron los futuros planes de la compañía en nuestro país.