La Audiencia de Málaga los condena a dos años de prisión, suspende la ejecución de la pena con el voto discrepante del presidente del tribunal e impone que hagan un curso de educación sexual

Dos policías locales de Estepona, Juan Carlos G. y Vicente Julián P., abusaron sexualmente de una chica de 18 años aprovechando su condición de autoridad y que la muchacha estaba ebria. Los policías, todavía de servicio, la intimidaron, se personaron en su domicilio y la presionaron para que se fuera con ellos. Como no pudieron, se apoderaron de las llaves de la casa, subieron al apartamento y allí uno le tocó los pechos y le introdujo los dedos en la vagina. Después, el otro la penetró vaginalmente, en ambos casos sin consentimiento. La víctima sufrió síndrome de estrés postraumático y necesitó tratamiento médico farmacológico y psicoterapéutico.

Según el relato de la denunciante, momentos después de que los tres amigos llegaran a su edificio, se personaron los agentes en el coche particular de uno de ellos y, tras mantener una breve conversación amistosa, propusieron a los jóvenes subir al domicilio, a lo que accedieron al ser policías, y, una vez allí, se produjeron los hechos denunciados.

A las seis y media de la madrugada, una vez allí, y tras acceder al piso, uno de los agentes, según el relato de la Fiscalía, preguntó al resto: «Bueno, ¿cómo se empieza una orgía?». Los acusados supuestamente trataron de convencer a la víctima de hacer un trío, a la que afirmaron que «cuántas chicas quisieran estar en tu lugar y liarse con dos policías a la vez» y, aunque la joven se negó, la desnudaron, uno de los agentes le metió los dedos en la vagina y otro la penetró sin preservativo.

Por este hecho, la víctima ha requerido tratamiento médico farmacológico y psicoterapéutico presentando síndrome de estrés postraumático por el que ha estado en tratamiento.

Acuerdo entre las partes pese a la petición inicial de la Fiscalía

El pasado 22 de abril tuvo lugar una vista en la que la Fiscalía, la acusación particular y las defensas de ambos acusados presentaron un escrito conjunto en el que se acordó además la inhabilitación para empleo o cargo público de los policías y la prohibición de comunicarse con la joven durante 10 años.

La sentencia se dictó en base a la conformidad de ambos acusados con el nuevo escrito de acusación presentado conjuntamente por todas las partes procesales, a pesar de que en un principio la Fiscalía pedía 30 años de prisión para los acusados y consideraba «agresión sexual» los hechos. Tras este acuerdo, no se consideró necesaria la celebración de un juicio.

Los magistrados fundamentan este acuerdo en que ninguna de las partes se opone a la suspensión, a que los abusadores ya han indemnizado a la víctima y en la «escasa probabilidad» de que reincidan; y la conformidad entre las partes solo puede ser acatada por el juez.