La proposición no de ley que los de Gabriel Rufián han decidido debatir justo ese día se presentó el pasado mes de julio, ante la aparición de las informaciones sobre las investigaciones judiciales abiertas en Suiza sobre las presuntas irregularidades cometidas por Rey emérito, quien a principios de agosto decidía fijar su residencia en Emiratos Árabes.
La iniciativa, recogida por Europa Press, persigue que el Congreso inste al Gobierno a «impulsar todas aquellas modificaciones reglamentarias del ordenamiento jurídico a fin y efecto de que todas las personas sean efectivamente iguales ante la ley y, en consecuencia, deban responder ante la administración de justicia en las mismas condiciones».
Eliminar la irresposabilidad
En concreto, apelando al «principio democrático y de igualdad», ERC aboga por la eliminación «por completo» de «las prerrogativas de inviolabilidad e irresponsabilidad que puedan amparar comportamientos delictivos o irregulares de la persona del jefe del estado, la Casa Real y cualquier miembro de la Corona».Actualmente es el artículo 56 de la Constitución es el que establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».Asimismo, la proposición no de ley de ERC insta al Gobierno a derogar la reforma que se hizo en 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, por la que se extendía el aforamiento al Rey emérito, la Reina Sofía, la Reina Letizia y la Princesa Leonor.
Sánchez, a favor de limitarla
Esta iniciativa pondrá a prueba una semana más a los dos grupos que integran el Gobierno de coalición, que podrían volver a dividir sus votos al igual que ocurrió en el Pleno anterior hasta en dos ocasiones.El pasado mes de julio, al albur de la investigación a Juan Carlos I que llevó a ERC ha registrar esta iniciativa, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se declaró partidario de limitar la inviolabilidad del Rey dentro de la revisión de los aforamientos de otros cargos públicos.»Este es un Gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones, ahora con el Gobierno de coalición y previamente en solitario, una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado», señaló en una entrevista a ‘eldiario.es’ e ‘Infolibre’.El pasado 13 de enero, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, retomó el asunto. Según explicó, la inviolabilidad del Rey Felipe VI «se puede abordar perfectamente», si bien dejó claro que debe hacerse con consenso. En este sentido, dijo confiar en contar con el apoyo del PP, aunque descartó que Unidas Podemos se sume a esa reforma al tratarse, dijo, de un partido republicano.
Otro motivo de choque
El mismo día que Calvo hacía esa reflexión la Mesa del Congreso vetaba con los votos de PSOE, PP y Vox, el debate sobre la creación de una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I impulsada por Unidas Podemos y otros seis partidos, pese a que esta vez la iniciativa contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara.Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, planteaban que esa investigación afectase sólo al presunto uso de esas tarjetas tras la abdicación del jefe del Estado en junio de 2014, dada la inviolabilidad del titular de la Corona.Los ‘morados’ y sus confluencias tienen pendiente presentar otras propuestas dentro de su anunciada batería de iniciativas relativas a la Corona. Más allá de limitar la inviolabilidad a los asuntos que le competan como jefe del Estado, dejando fuera sus actividades privadas, quieren «poner luces y taquígrafos» y «acabar con las cloacas de la Monarquía», en palabras del presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens.Así, defienden someter a la Corona al principio de transparencia y obligando, por ejemplo, a los miembros de la Familia Real a publicar sus declaraciones de bienes y patrimonio en el Portal de Transparencia.Unidas Podemos también es partidaria de que el Gobierno despoje a Juan Carlos I del título de emérito que le concedió el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando abdicó y de que se prohiba por ley al jefe del Estado pronunciar discursos sin el aval de Moncloa.