El juez Juan Pablo González, recusado en el procedimiento de la trama Gürtel por su afinidad con el PP, y el miembro del CGPJ José María Macías estarán este jueves en una charla de la asociación que dirige el exministro.
Jaime Mayor Oreja tiene buenos contactos en el mundo judicial. El exministro del Interior en el Gobierno de José María Aznar ha logrado que tres magistrados en activo, todos ellos con puestos significativos en el ámbito de la Justicia, se sumen a su campaña pública contra la ley de amnistía.
La cita tendrá lugar este jueves a última hora de la tarde. La plataforma Neos que dirige Mayor Oreja ha reservado una sala del Hotel Intercontinental de Madrid, situado en el número 49 del Paseo de la Castellana, para celebrar allí un encuentro bajo un lema elocuente: Asalto a la justicia.
En la mesa estarán varios rostros conocidos del ámbito judicial. Uno de los conferenciantes será Juan Pablo González, actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2001 y 2008.
Este magistrado fue recusado en el juicio por la trama Gürtel debido a su afinidad con el PP. No en vano, González participó en conferencias de la Fundación FAES y contó con el apoyo de los populares en distintos momentos de su trayectoria profesional.
La conferencia organizada por la plataforma que dirige Mayor Oreja contará también con la participación de José María Macías, vocal del CGPJ y socio de Cuatrecasas, uno de los despachos de abogados más importantes del país.
Macías no oculta sus diferencias con el Gobierno en torno a la ley de amnistía. En distintas apariciones públicas y también a través de la red social X (antes Twitter), el jurista ha criticado al Ejecutivo por impulsar esa medida.
«Se empieza a materializar la destrucción del Estado de derecho»
«¿Es que en algún momento ha habido alguna duda de que el objetivo era perseguir a los jueces? Se empieza a materializar la destrucción del Estado de derecho», escribió el pasado 17 de noviembre en un mensaje publicado en X junto a una noticia sobre la iniciativa de Junts y PNV en el Congreso para que se investigase la denominada Operación Catalunya.
La magistrada Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM) también figura en el elenco de ponentes que este jueves estarán en el Hotel Intercontinental.
Gómez Garrido también se ha mostrado contraria a otorgar una amnistía a independentistas catalanes, una medida que catalogó como «inconstitucional desde el origen», según consta en un mensaje que publicó en la red social X.
«A los jueces se les puede atizar impunemente sin coste real, ya que no pueden defenderse, ni juegan en el mismo campo ni con las mismas armas», afirmó el pasado 19 de enero en otro texto, en el que criticaba las declaraciones formuladas por la vicepresidenta Teresa Ribera en torno a la ley de amnistía.
«El ciudadano de a pie debe someterse a la acción de la justicia. El político amigo se sitúa por encima de la ley y la mera invocación de estar ‘haciendo política’ debería servir para suspender la aplicación del Estado de Derecho», subrayó entonces.
El evento organizado por la plataforma de Mayor Oreja contará también con la intervención de Teresa Freixes, catedrática en Derecho y miembro del Foro de Profesores, otra de las entidades de la órbita «constitucionalista» que se opone a una amnistía.
«Creciente descrédito»
El acto tendrá además como invitado al exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, quien a día de hoy figura como presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), una organización conformada por juristas que rechaza la ley de amnistía.
De hecho, el acto de este jueves servirá para presentar el manifiesto lanzado por PCIJ en el que denuncia las «amenazas políticas que cuestionan la independencia del Poder Judicial» y advierte sobre la «intención de algunos partidos políticos de colonizar ideológicamente la Justicia».
«Los ciudadanos españoles no pueden permitir que el poder político socave la independencia del Poder Judicial mediante la colocación de jueces afines, de los que se espera resuelvan en un sentido favorable a los intereses o ideología de quien los designa para consolidar su hegemonía ideológica», critica.
Alerta además sobre el «creciente descrédito de la función jurisdiccional de los jueces y tribunales a través de las opiniones vertidas por algunos ministros y diputados de diversas formaciones políticas conduce a dinamitar el modelo constitucional, situando a los jueces como un blanco político sin posibilidad de reacción ni defensa».