La Base 4×87 | Armas europeas para el exterminio de palestinos

En el programa de hoy, 13/2/24, Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan las relaciones comerciales de la Unión Europea con Israel que están sirviendo sostener la campaña militar de Israel en Gaza. Además, hablan del plan de Israel de acabar con el «único lugar seguro» que quedaba en Gaza y donde se refugiaban más de 1,4 millones de desplazados palestinos, la ciudad fronteriza de Rafah. Con la participación de la diputada y Secretaria General de Podemos Ione Belarra. Entra en https://apoya.canalred.tv/ y hazte suscriptor de Canal Red. Síguenos también en nuestras redes sociales:

También desde la cárcel se puede hacer lawfare

Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba, encarcelado desde octubre de 2022, llevará al banquillo de los acusados al periodista canario Carlos Sosa

El juez Salvador Alba, actualmente en prisión, a su llegada a un juicio en su contra — Foto cedida por Canarias Ahora

Gara Santana

Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba, encarcelado desde octubre de 2022, llevará al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora (cabecera asociada a eldiario.es desde las islas).

El encargado de abrir el juicio oral es un juzgado de Madrid por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa, motivo por el que el magistrado lleva dos años en prisión. La jueza, que asume parte de los postulados de la querella del exmagistrado, exige a Sosa una desproporcionada fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.

Este caso nos pone frente a una nueva modalidad de Lawfare, donde el delincuente lo ejerce desde la cárcel y hace creer a la opinión pública que la víctima de acoso es el victimario. Se trata de un ataque frontal a la libertad de información ya que al exigir una fianza tan elevada envía un peligroso aviso a navegantes para cualquier medio independiente que quiera (porque debe) denunciar la corrupción política y judicial

Por el momento, hasta cuatro asociaciones de prensa han mostrado su apoyo al periodista canario. Desde la Asociación de prensa de Las Palmas se decidió en junta directiva y por mayoría absoluta amparar a Carlos Sosa y mantiene que se le acusa de estos delitos por el mero hecho de ejercer la profesión periodística. “Entendemos que el compañero ha cubierto los principios deontológicos”, aseguran en un comunicado.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de investigación también respaldan públicamente a Sosa y ven “con profunda preocupación la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada en contra del criterio de Fiscalía”. La última organización en mostrar su apoyo ha sido Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en un comunicado rechaza el auto judicial de apertura de juicio oral contra Sosa y exige que se respete el derecho a la libertad de información y rechazan “que se intente asfixiar el periodismo libre”.


Madrid –

El presidente de la Audiencia de Madrid y un vocal del CGPJ participan en un acto de Mayor Oreja contra la amnistía

El juez Juan Pablo González, recusado en el procedimiento de la trama Gürtel por su afinidad con el PP, y el miembro del CGPJ José María Macías estarán este jueves en una charla de la asociación que dirige el exministro.

Fotografía de archivo del exministro Jaime Mayor Oreja.
El exministro Jaime Mayor Oreja en una imagen de archivo.  EUROPA PRESS

Jaime Mayor Oreja tiene buenos contactos en el mundo judicial. El exministro del Interior en el Gobierno de José María Aznar ha logrado que tres magistrados en activo, todos ellos con puestos significativos en el ámbito de la Justicia, se sumen a su campaña pública contra la ley de amnistía.

La cita tendrá lugar este jueves a última hora de la tarde. La plataforma Neos que dirige Mayor Oreja ha reservado una sala del Hotel Intercontinental de Madrid, situado en el número 49 del Paseo de la Castellana, para celebrar allí un encuentro bajo un lema elocuente: Asalto a la justicia.

En la mesa estarán varios rostros conocidos del ámbito judicial. Uno de los conferenciantes será Juan Pablo González, actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2001 y 2008.

Este magistrado fue recusado en el juicio por la trama Gürtel debido a su afinidad con el PP. No en vano, González participó en conferencias de la Fundación FAES y contó con el apoyo de los populares en distintos momentos de su trayectoria profesional.

La conferencia organizada por la plataforma que dirige Mayor Oreja contará también con la participación de José María Macías, vocal del CGPJ y socio de Cuatrecasas, uno de los despachos de abogados más importantes del país.

Macías no oculta sus diferencias con el Gobierno en torno a la ley de amnistía. En distintas apariciones públicas y también a través de la red social X (antes Twitter), el jurista ha criticado al Ejecutivo por impulsar esa medida.

«Se empieza a materializar la destrucción del Estado de derecho»

«¿Es que en algún momento ha habido alguna duda de que el objetivo era perseguir a los jueces? Se empieza a materializar la destrucción del Estado de derecho», escribió el pasado 17 de noviembre en un mensaje publicado en X junto a una noticia sobre la iniciativa de Junts y PNV en el Congreso para que se investigase la denominada Operación Catalunya.

La magistrada Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM) también figura en el elenco de ponentes que este jueves estarán en el Hotel Intercontinental.

Gómez Garrido también se ha mostrado contraria a otorgar una amnistía a independentistas catalanes, una medida que catalogó como «inconstitucional desde el origen», según consta en un mensaje que publicó en la red social X.

«A los jueces se les puede atizar impunemente sin coste real, ya que no  pueden defenderse, ni juegan en el mismo campo ni con las mismas armas», afirmó el pasado 19 de enero en otro texto, en el que criticaba las declaraciones formuladas por la vicepresidenta Teresa Ribera en torno a la ley de amnistía.

«El ciudadano de a pie debe someterse a la acción de la justicia. El político amigo se sitúa por encima de la ley y la mera invocación de estar ‘haciendo política’ debería servir para suspender la aplicación del Estado de Derecho», subrayó entonces.

El evento organizado por la plataforma de Mayor Oreja contará también con la intervención de Teresa Freixes, catedrática en Derecho y miembro del Foro de Profesores, otra de las entidades de la órbita «constitucionalista» que se opone a una amnistía.

«Creciente descrédito»

El acto tendrá además como invitado al exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, quien a día de hoy figura como presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), una organización conformada por juristas que rechaza la ley de amnistía.

De hecho, el acto de este jueves servirá para presentar el manifiesto lanzado por PCIJ en el que denuncia las «amenazas políticas que cuestionan la independencia del Poder Judicial» y advierte sobre la «intención de algunos partidos políticos de colonizar ideológicamente la Justicia».

«Los ciudadanos españoles no pueden permitir que el poder político socave la independencia del Poder Judicial mediante la colocación de jueces afines, de los que se espera resuelvan en un sentido favorable a los intereses o ideología de quien los designa para consolidar su hegemonía ideológica», critica.

Alerta además sobre el «creciente descrédito de la función jurisdiccional de los jueces y tribunales a través de las opiniones vertidas por algunos ministros y diputados de diversas formaciones políticas conduce a dinamitar el modelo constitucional, situando a los jueces como un blanco político sin posibilidad de reacción ni defensa».